La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, por medio del Ministerio de Defensa, brinde ante esta Honorable Cámara, información precisa y detallada sobre los siguientes puntos:

* Especifique el motivo y qué tipos de tareas realizó el Ejército Argentino en conjunto con la Policía de Entre Ríos en la localidad de Chajarí, los días viernes 8 y sábado 9 de junio del corriente año.

* Identifique a la autoridad competente que autorizó dicho accionar, en caso de haber prestado autorización para la realización de dicho operativo.

Señor presidente:

El presente pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional tiene por objeto conocer los motivos y tareas que presuntamente realizó el Ejército Argentino en colaboración con la Policía de la Provincia de Entre Ríos en la localidad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, los días 8 y 9 de junio del 2018; como así también la autoridad competente que autorizó el supuesto accionar.

Ante las diferentes publicaciones periodísticas -como las del “Diario El Sol Digital de Concordia” y “Concordia al Día Noticias”, del día 10/06/2018, entre otras- que dieron cuenta de un supuesto accionar informal e ilegal del Ejército Argentino en cooperación con la policía provincial en tareas de control, vigilancia y prevención de delitos y, a raíz de las recientes declaraciones, tanto del Presidente Mauricio Macri, del Ministro de Defensa Oscar Aguad como de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en referencia a la intención de disponer del Ejército Argentino para llevar a cabo tareas de seguridad interior, es que consideramos necesario que se precise la información correspondiente.

Recordamos que las FFAA tienen prohibido intervenir en temas relacionados a la seguridad interior. Esta posibilidad se encuentra hoy prohibida a través de distintas leyes, reconocidas como “las leyes de la democracia”. Desde 1988 hasta hoy las Fuerzas Armadas tenían negado por ley intervenir en la vida interna del país. Bajo el gobierno de Raúl Alfonsín se sanciona la Ley Nº23.554 de Defensa Nacional, donde se establece que la función de las fuerzas es enfrentar las agresiones de origen externo; luego en 1992, bajo el gobierno de Carlos Menem se sanciona la Ley Nº24.059 de Seguridad Interior, en la que se prohíbe que las FF.AA. actúen en dispositivos de seguridad interior. Posteriormente en el año 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, fue aprobada la Ley de Inteligencia Nacional que prohíbe a los militares intervenir en estas áreas. Finalmente, en el año 2006, y bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se reglamentó por Decreto Nº 727 la ley de Defensa limitando el empleo de las Fuerzas Armadas únicamente ante "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”.

Por otro lado, tanto la prevención del terrorismo y del narcotráfico como la contención de la conflictividad social y la protesta, fueron (y son) argumentos esgrimidos en diferentes etapas de nuestra vida democrática para justificar un posible rol de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno. Desde 1983, las coyunturas socialmente críticas han sido utilizadas para legitimar prácticas militarizadas de las instituciones y fuerzas de seguridad o para reclamar la intervención directa de las fuerzas armadas en el restablecimiento del "orden público". La apelación a esta posible intervención constituye un reto que nos obliga a reforzar los consensos en torno del principio de la demarcación y de sus fundamentos histórico políticos.

El debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los objetivos de la defensa nacional en democracia no puede saldarse con una orientación de la política por fuera del marco normativo actual, que podría tener serias repercusiones para nuestro país. Por ello, es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática.

En síntesis, la no intervención castrense en la seguridad pública fue el pilar del sistema político e institucional democrático. Por eso, la intervención de aquéllas en supuestos no contemplados por la normativa, aparece como una posible puerta de entrada para la participación de los militares en asuntos internos.

Por todos los motivos expuestos y ante la gravedad institucional de estos acontecimientos, que implican una militarización de la estructura de la seguridad interior, solicito a mis pares el acompañamiento con su firma en este proyecto de resolución.