18/05/2006 - (TP 53)

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 1º – Prorrógase a partir del vencimiento establecido en la ley 26.084 por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias.

Art. 2º – Suspéndanse por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias, incluso los procedimientos de ejecución extrajudicial.

Art. 3º – Prorrógase por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, a partir de su vencimiento, el plazo al que alude el artículo 3º de la ley 26.084.

Art. 4º – La presente ley es de orden público y queda comprendida en el marco de la ley 25.561, de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, y concordantes.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

–A las comisiones de Justicia, de Vivienda… y de Presupuesto y Hacienda.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital suscripto en Buenos Aires el 10 de octubre de 2001, que consta de veintinueve (29) artículos, un (1) protocolo y una (1) fe de erratas, cuyas fotocopias autenticadas en español e inglés forman parte de la presente ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito en Beijing –República Popular China– el 28 de junio de 2004, que consta de veintidós (22) artículos y dos (2) anexos, cuyas fotocopias autenticadas en castellano e inglés forman parte de la presente ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Transportes.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Exención Recíproca con Respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio Provenientes de la Operación de Aeronaves en el Transporte Internacional, suscripto en Luxemburgo –Gran Ducado de Luxemburgo–, el 24 de junio de 2004, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Transportes y de Presupuesto y Hacienda.

Declarar de interés nacional de esta Honorable Cámara la realización de la “A todo trigo” y “Agrotendencias”, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de mayo de 2006 en la Federación de Centro y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata.

Señor presidente:

El Congreso “A todo trigo”, que se realizará en la Federación de Centro y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales los días 18 y 19 de mayo, en el cual los acopiadores serán los anfitriones para sumergirse en el tratamiento de los aspectos más relevantes y actualizados referidos a la producción de trigo con el lema “Nuevos conocimientos aplicados a la producción”. Es la oportunidad también para acceder al análisis sobre las tendencias en la demanda internacional y local del trigo y sus productos, su impacto en las decisiones de producción y comercialización.

El fin también es crear un espacio para agregar el tratamiento de las perspectivas de los mercados mundiales y nacionales correspondientes a los granos forrajeros y oleaginosos, con lo cual se abarca la temática del seminario “Agrotendencias”.

Dentro de este marco se ofrece a la cadena agraria dos intensos días de análisis y discusión para considerar valiosos aportes de investigadores, profesionales, expertos extranjeros y nacionales sobre todo lo relacionado con el trigo, y a su vez también participar en los análisis de las perspectivas de mercado de los principales granos.

En materia productiva, para que los conceptos de sustentabilidad sean compatibles, es crucial conocer el funcionamiento del cultivo, manejo, nutrición y fertilización, enfermedades, ecofisiología, mejoramiento genético y uso de imágenes para permitir reducir de esta forma la incertidumbre en la toma de decisiones e identificar qué herramientas tecnológicas tendrán al momento de su aplicación mayor impacto sobre el rendimiento, disminuyendo la brecha entre el rendimiento real (actual) y el potencial, y sobre los distintos aspectos vinculados con la calidad del cultivo.

El conocimiento acabado de la tecnología y ciencia aplicada a la producción de trigo, así como del comportamiento y las tendencias que experimentan los mercados de los principales commodities, tanto en su faz local como en los mayores competidores, se torna una necesidad que el productor y los distintos agentes que integran la cadena agrícola no pueden desconocer a la hora de tomar sus decisiones más importantes. Es significativo conocer el diagnóstico actual, pero más lo es aún proyectar a futuro posibles escenarios.

Es por ello importante puntualizar el trabajo de la federación en enfatizar la necesidad de estos congresos, toda vez que en nuestro país las decisiones de producción, comercialización, industrialización y exportación de granos se toman a riesgo de cada uno de los operadores y en función de la tecnología disponible y de las expectativas del comportamiento de los mercados.

Por todo lo aquí expuesto, estas jornadas nos ofrecen la posibilidad de compartir con reconocidos expertos de distintas latitudes, analizando estas variables, lo que nos dará la oportunidad de participar en los espacios de debate donde se discuta no sólo el comportamiento de los mercados en los próximos ciclos, sino también las tendencias de vanguardia en el mundo en cuanto al desarrollo de los mismos.

Siendo esto de suma importancia para el desarrollo de nuestra Nación, tenga a bien, señor presidente, la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

1. Su honda preocupación por el ingreso clandestino al país de contingentes de inmigrantes indocumentados.

2. Del mismo modo, vería con agrado que se intensifiquen los controles por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas de seguridad que operan en las fronteras a efectos de evitar hechos que violan las normas de orden nacional que rigen la inmigración.

Señor presidente:

El incendio ocurrido el 29 de marzo pasado en el barrio de Caballito, Capital Federal, y otros hechos similares, aunque de menor magnitud, que han tenido como protagonistas a ciudadanos extranjeros indocumentados, generalmente de países limítrofes, han puesto en evidencia un sinnúmero de situaciones que los afectan en su integridad como personas.

Atento el cariz que han tomado estos hechos y su cada vez más frecuente reiteración, se hace imprescindible y urgente que las autoridades nacionales con competencia en el tema se aboquen inmediatamente a la intensificación de los controles pertinentes, dotando a la fuerzas de seguridad de todos los medios necesarios para cumplir con total eficacia tal función, a fin de evitar consecuencias tales como ilegalidad, discriminación y marginalidad de extranjeros.

En el Preámbulo de nuestra Constitución se sostiene que debemos “…asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es nuestro deber, entonces, velar también por los derechos de aquellos hermanos que han llegado a esa tierra en busca de una vida mejor.

Por estas consideraciones, que estimo resultan lo suficientemente contundentes para justificar la urgencia de su tratamiento, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, priorice la asignación de fondos públicos para la construcción del túnel del paso fronterizo “Agua Negra” que une a la provincia de San Juan con la IV Región de Chile, cuyos estudios de factibilidad técnico y económicos se encuentran en avanzado estado de ejecución con recursos propios de la provincia; IV Región Chilena y el Consejo Federal de Inversiones.

Juan C. Gioja. – Margarita Ferrá de Bartol.

Señor presidente:

El avance en las comunicaciones entre los distintos pueblos de la Tierra es sinónimo de unión entre los mismos que la habitan.

Esta es una realidad, que avanza día a día y permite la integración con las distintas culturas, los progresos tecnológicos y científicos y el desarrollo económico a través del comercio exterior entre las distintas economías.

Estos procesos de composición económica son, sin duda alguna, una realidad que avanza en forma permanente hacia una futura unificación cultural, sin perder en ese recorrido la identidad que es patrimonio de cada pueblo y de cada nación.

Es por eso, señor presidente, que establecer lazos de conexión con nuestros hermanos chilenos, es un hito simbólico, plasmando un hecho que se inició con la firma del tratado de paz y amistad en el año 1984 entre la Argentina y Chile.

Dicho tratado estableció la Comisión Binacional Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física y en la VII reunión, celebrada en Santiago de Chile en el año 1992. Se facultó al grupo técnico mixto, cuyos integrantes, representantes de las direcciones de Vialidad junto con los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, establecieron el desarrollo de este túnel fronterizo Paso de Agua Negra, con el estudio de viabilidad técnico y económico y el plan director de obras de acuerdo a un calendario coordinado y establecido.

Existe un gran interés por parte de Chile en cumplir estos objetivos pactados entre la delegación de la IV Región chilena y la provincia de San Juan, solicitando:

1. La construcción de caminos acordes al proyecto en cuestión, tanto del lado argentino como el chileno.

2. Habilitación para el transporte de cargas y pasajeros, de modo de estimular la inversión en este rubro transportes.

3. Realizar infraestructura de controles fronterizos.

Todo esto, con el objeto de conectar a la Argentina con Asia/Pacífico y estimular inversiones en el puerto de Coquimbo, del lado chileno, de modo de abaratar costos y aumentar la competitividad en las exportaciones de ambos países.

Es un gran paso más, en que nuestra república no debe estar ajena a esta corriente integracional entre los distintos pueblos del mundo, siendo la provincia de San Juan un eslabón fundamental en la cadena de negociación de estos mercados en cuestión.

Por tal motivo, es que veo la necesidad de poner de relevancia, la gran importancia que significará unir a dicha provincia, por medio de la construcción del túnel del paso de Agua Negra, que cruzará la cordillera de los Andes a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 13,9 kilómetros por bajo la cordillera de los Andes, llegando por el otro lado, a la República de Chile, a la altura de la IV Región.

Esto conformará el corredor bioceánico que va a unir a Porto Alegre, Brasil, con el puerto de Coquimbo, Chile, pasando por las provincias argentinas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Juan.

Esta obra tan importante, para el futuro corredor bioceánico, permitirá ahorrar un tiempo considerable hacia China, para las exportaciones de soja argentina y brasileña, estimándose su construcción en 60 meses.

Con una “conexión”, podemos afirmar, que nos “conectaremos” con muchos países y podemos definirlo, como un paso estratégico, ligándonos comercial, económicamente y culturalmente con Asia/Pacífico.

San Juan será el punto de convergencia indispensable para otras provincias, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, entre otras, que tendrán esa importante conexión para sacar su producción hacia la apertura de esos nuevos mercados y promotor para encarar la recuperación del ex ferrocarril General Belgrano, que será de gran valor estratégico para sacar las producciones de la región del NOA hacia esa “puerta” bioceánica.

No puede negarse que será un hecho trascendente, que favorecerá a una mayor competitividad de nuestra economía al bajar los costos del transporte, dado que reduce de gran manera este factor preponderante en la competitividad, reflejado directamente en el costo de las exportaciones, permitiendo alcanzar mayores distancias, hacia las plazas de la zona en cuestión.

Estos mercados asiáticos, que hoy experimentan un crecimiento económico anual que va desde el 7 % al 12 % del PBI, representarán para nuestro país una unión directa y participativa con los mismos.

Nuestro país, con un gran perfil productor de alimentos, irá sin duda alguna sin prisa y sin pausa a generar exportaciones con mayor valor agregado en estas cuestiones, e impulsará también a otros perfiles productivos, presentes y a futuro, de otros no tradicionales, estimulando a las inversiones económicas y consecuentemente, su desarrollo social.

Este fuerte atractivo para las inversiones de capital internas y externas, a partir de esta apertura económica competitiva, generando consecuentemente y casi en forma directa, un “contagio” no sólo a la región central de nuestro país sino también para el resto del país y para el Mercosur será por añadidura.

Nuestra provincia de San Juan, cuna de don Domingo Facundo Sarmiento, quien estaría orgulloso de este gran paso hacia el desarrollo, y que quienes tenemos la representación del pueblo, estamos conduciéndolo hacia una realidad mediante este gran proyecto de apertura económica y cultural hacia una mayor calidad de vida de los pueblos y especialmente del pueblo argentino.

Este paso central cordillerano, será también un paso importante para el desarrollo de nuestra provincia, ligada directamente a nuestros jóvenes que son y serán la fuerza de nuestro querida nación, dándoles la oportunidad de desarrollarse en su propia tierra, sin que tengan que emigrar hacia otras latitudes, prevaleciendo sin vacilar la preservación de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestra soberanía, la que sin duda se verá comprometida por el crecimiento de las poblaciones del mundo y lo procesos migratorios, así como también por las influencias climatológicas producidas por el calentamiento global, referentes al aumento del nivel de los océanos, que deberá ser un factor a tener en cuenta por las futuras migraciones que argentina recibirá.

Debemos tener presente que abandonar un lugar será sinónimo de pérdida de soberanía y el estar, será administrar nuestra patria en todos los sentidos, en la que nunca debemos dejar de participar.

Retomando el concepto del citado cruce fronterizo, es válido resaltar también, que facilitará y abaratará el intercambio económico entre los países del Mercosur, teniendo en cuenta que el comercio entre países vecinos como ser Brasil con Chile, Chile con la Argentina y viceversa, impactará en un menor costo del transporte camionero, y consecuentemente sobre el valor de las mercaderías transportadas impactando positivamente en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de las distintas naciones hermanas.

En épocas de nevadas sobre la cordillera y zonas propias de influencia, a partir del paso de Agua Negra, el tránsito de mercaderías circulará en tiempo y forma, dado que se circulará en toda su travesía protegido bajo techo.

Es innegable que esta “conexión bioceánica” será impulsora del desarrollo del transporte en sus distintas modalidades, así como también la consecuente evolución de infraestructura en hoteles y polos turísticos que comenzarán a generar un crecimiento incalculable, no sólo para el turismo del Mercosur, sino también externo a este.

La belleza de la cordillera de los Andes, será la protagonista de esta cuestión, la que el hombre vence con su inteligencia y con la ayuda de Dios los desafíos que la naturaleza pone en su frente.

El puerto de Coquimbo, en la hermana República Chilena, será un eslabón importante para nuestra economía y dado que es de aguas profundas, permitirá la entrada de buques de grandes portes que hoy surcan los océanos. Su actividad, actualmente esta a un 40 % de su infraestructura operativa, teniendo un 60 % restante para ser explotado a través del nuevo esquema estratégico bioceánico.

Esta hermana república, ya está realizando algunas obras de infraestructura de rutas de transporte, que llegan hasta la zona del futuro túnel, existiendo un gran entusiasmo a nivel de la población de la IV región chilena y de su gobernante, par del gobernador, ingeniero José Luis Gioja, evidenciando que esto es un logro para el desarrollo de los pueblos hacia una mejor calidad de vida.

Deberá ser motivo de gran atención para el desarrollo de futuras políticas internacionales y técnicas diplomáticas, tener en cuenta que intereses estratégicos de otras naciones, de otros procesos integracionales, buscarán formas para interferir en las buenas relaciones con nuestros países hermanos, de modo de tratar de afectar nuestra competitividad económica con técnicas que puedan producir efectos similares como la de los subsidios económicos que se utilizan y que no deben escapar a nuestro conocimiento.

Más tarde, cuando el desarrollo de nuestra zona de comercio sea fuerte, podrán pensarse tal vez en otros procesos de integración económica, actuando como bloque Mercosur, pero siempre teniendo en cuenta que los procesos integracionales deberán tener desarrollos económicos similares antes de aceptar cualquier tratado de libre comercio.

El crecimiento de nuestro país ya es un hecho, está en marcha y a la cabeza con la expresa voluntad de nuestro presidente Kirchner, promotor de viejos proyectos estratégicos olvidados por anteriores conducciones y que hoy se están materializando en beneficio del crecimiento como nación y consecuentemente el bienestar de nuestro pueblo.

Asociado a esto, estará todo el desarrollo de infraestructura de comunicaciones necesario para conectar las vías de circulación terrestres entre San Juan-Chile, San Juan-Brasil, San Juanotras provincias, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y las provincias del NOA y el NEA que sumarán parte importante y de valor estratégico con el desarrollo de infraestructura de transporte y el consecuente crecimiento económico para estas regiones.

Un hito histórico será este “túnel” cordillerano, en el paso de Agua Negra, en el centrooeste de nuestro país, así como ha sido y sigue siendo el conocido canal de Panamá, que permite también una conexión del transporte naviero a Asia-Pacífico.

Es por ello, señor presidente que debo expresar este hecho relevante, que no sólo tendrá implicancias en la economía de nuestro país, sino también en el desarrollo de la región Mercosur, impactando en el aumento de los distintos PBI de cada uno.

El poder de compra de los pueblos será más importante, transformándose en un círculo virtuoso económicamente hablando, favoreciéndose el intercambio de bienes y servicios, es decir, tendremos y seremos parte de un mercado con mayor poder adquisitivo, favoreciéndose la evolución del Mercosur y, consecuentemente, ser más atractivos para inversores de capital, fortaleciendo los lazos de unión, para que excusas o pequeños intereses particulares de sus partes, no se vean seducidos por las potencias que quieran dividir este importante bloque estratégico mundial, que puede alimentar al mundo con su producción.

Por las razones expuestas, es que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, priorice la asignación de fondos públicos para la construcción del túnel del paso fronterizo Agua Negra, que como expresara anteriormente, une a la provincia de San Juan con la IV Región de Chile y que cuyos estudios de factibilidad técnico y económicos se encuentran en avanzado estado de ejecución con recursos propios de la provincia; IV Región chilena y el Consejo Federal de Inversiones.

Por todo lo expresado, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.

Juan C. Gioja. – Margarita Ferrá de Bartol.

–A la Comisión de Transportes.

Declarar de interés parlamentario el seminario internacional “La minería sanjuanina factor de desarrollo regional” a realizarse entre el 28 y 29 de junio en la provincia de San Juan.

Juan C. Gioja. – Margarita Ferrá de Bartol.

Señor presidente:

La minería en nuestro país ha crecido notoriamente en los últimos años. Un indicador de ello es el incremento de fuertes inversiones realizadas en distintos puntos del territorio nacional, con proyectos a largo plazo, brindando recursos económicos y desarrollo sustentable para las provincias productoras y para la Nación. Esta situación genera un importante valor agregado a la economía nacional por todo lo que implica la industria minera.

Por ello, siempre es oportuno crear y promover ámbitos donde se pueda compartir nuevas visiones y experiencias con relación a la promoción y reactivación de las actividades productivas asociadas con los recursos mineros.

En concordancia a estas ideas, y en el marco del diseño de desarrollo estratégico de la actual gestión de gobierno es que se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio en la provincia de San Juan, el seminario internacional “La minería sanjuanina factor de desarrollo regional”.

Que este encuentro internacional se realice en la provincia cuyana no es un detalle menor teniendo en cuenta que durante los últimos años y desde fines de siglo, dicha provincia ha impulsado a la actividad minera desde el desarrollo y el trabajo mancomunado de las empresas inversoras junto con el apoyo y promoción del gobierno de la provincia.

“La minería sanjuanina: factor de desarrollo regional” es un evento donde los participantes podrán tomar contacto con las empresas mineras nacionales como internacionales, contando con el auspicio de las embajadas de Canadá, México, Sudáfrica, Perú y Australia. Y en cuanto a las temáticas principales, los temas a abordar serán: desarrollo y medio ambiente; proyectos mineros; política económica; tratado binacional; financiamiento de proyectos; actividades sociales como visitas a yacimientos mineros y lugares turísticos de la provincia.

La importancia de este encuentro representa el crecimiento de la producción minera en la provincia en estos últimos años. Por ello es importante que el Estado comprometa todo su esfuerzo y su vocación de trabajo, de manera permanente, para que la producción minera sea una realidad. Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Juan C. Gioja. – Margarita Ferrá de Bartol.

–A la Comisión de Minería.

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la realización de la Expo Daireaux 2006, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de mayo de 2006, en la Quinta Municipal de Daireaux, provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

El importante evento al que hacemos mención es una exposición ganadera, una muestra comercial y de micro emprendimientos.

Posibilita la participación en charlas técnicas de capacitación y actualización destinadas a los asistentes, relacionadas con distintos tópicos entre los que podemos mencionar siembra directa, eficiencia de la cosecha y de los mercados, capacitación en marketing, etcétera.

Están previstas demostraciones dinámicas de diversas actividades tales como cosecha de maíz y soja, pulverización, siembras directa y semi estacionaria entre otras.

El objetivo de Expo Daireaux 2006 es dar a conocer la región mostrando su potencialidad no sólo agropecuaria, sino también productiva en materia de servicios y negocios, vinculando a proveedores y a posibles clientes.

El evento al que hacemos referencia, moviliza a todas las fuerzas vivas, orgullosas de esta exposición modelo en esta importante zona de la provincia de Buenos Aires.

Son responsables de la organización la Municipalidad de la Ciudad, la Sociedad Rural, la Agrupación Productores en Cambio, la Escuela Técnica 1 y la Asociación Civil Familias Unidas.

Es por ello, señor presidente, que solicito la aprobación de este proyecto de resolución, pues estamos convencidos de que estos lugares de encuentro entre todos los actores relacionados con el campo y el comercio fortifican los lazos de una comunidad entre sí y con otras zonas, favoreciendo la integración, único camino al real crecimiento.

–A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos correspondientes, informe sobre las siguientes cuestiones:

– Puesto que los directores de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) tienen ya sus mandatos vencidos y no se conocen los funcionarios que los reemplazarán a partir del jueves 18 de mayo, explique las razones de dejar sin directivos a la UIF, colocando así a la República Argentina circunstancial e indefinidamente sin investigación financiera para la prevención y sanción de la legitimación de activos de origen ilícito.

– ¿Por qué con posterioridad a la última evaluación favorable de esta unidad por parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) se toma la decisión de disolver el actual equipo de la UIF?

– ¿Qué problemas o deficiencias motivan la decisión de no renovar los mandatos de los directores de la UIF y dejar a la Argentina en una situación de vulnerabilidad extrema frente al lavado de dinero?

– ¿Qué razones existen para desafectar a funcionarios ingresados por concurso y especializados en un área tan compleja como la investigación financiera para prevenir y sancionar el lavado de dinero?

– En caso de que se esté pensando en plantear un esquema alternativo, ¿qué medidas se encuentran previstas para la etapa de transición?

– ¿Cómo se va a comunicar a los organismos internacionales y países socios la suspensión temporal de la investigación financiera en nuestro país?

– ¿Qué organismo actuará como contraparte de las unidades de información extranjeras cuando requieran de nuestro país?

– ¿Qué efecto se espera lograr con esta medida de cara a la comunidad internacional?

– ¿Qué medidas se encuentran previstas para revertir el efecto negativo de que transitoriamente la Argentina no cuente con una unidad de información financiera “en funciones” frente a la comunidad financiera internacional, y cómo afectará a nuestro país en el acceso a créditos internacionales?

Señor presidente:

La ley 25.246 sancionada el 5/5/2000 preveía en su artículo 8º una integración de la UIF de 11 miembros:

a) Un funcionario del BCRA.

b) Un funcionario de la AFIP.

c) Un funcionario de la CNV.

d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Sedronar.

e) Un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

f) Un funcionario del Ministerio de Economía.

g) Cinco expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.

Esta integración fue modificada por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.500/01 (dictado en uso de las facultades delegadas por el Honorable Congreso de la Nación), que estableció una integración de cinco miembros:

a) Un funcionario del BCRA.

b) Un funcionario de la CNV.

c) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Sedronar.

d) Dos expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.

Con fecha 28 de noviembre de 2001, fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo nacional, los tres representantes de organismos públicos:

Doctora Alicia López, en representación del Banco Central de la República Argentina.

Doctor Alberto Rabinstein, en representación de la CNV.

Licenciado Marcelo Sain, en representación de la Sedronar.

Con fecha 16/5/02 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 830 designando a los dos funcionarios provenientes del concurso público: Carlos Del Río y María José Meincke.

Conforme al artículo 10 de la ley 25.246, los funcionarios durarán en sus cargos cuatro años, el que podrá ser renovado en forma indefinida.

El 30 de noviembre del año 2005 vencieron los mandatos de los representantes de organismos públicos.

Tanto la CNV como la Sedronar manifestaron por nota dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Iribarne, su intención de renovar el mandato de sus funcionarios.

El 12/5/06 se publicó en el Boletín Oficial, el decreto del Poder Ejecutivo nacional renovando el mandato del doctor Alberto Rabinstein.

Con fecha 15/5/06, los doctores Del Río y Meincke se notificaron de la decisión administrativa del señor ministro de Justicia, fechada el 11/5/06, por la que se resuelve que por no considerarse oportuna, en virtud de encontrarse a consideración del Poder Ejecutivo nacional para ser elevado al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley que modifica la integración de la UIF, no se renuevan los mandatos cuyos vencimientos operan el 16/5/06.

Así las cosas, con la estructura actual de la UIF, que prevé una integración de 5 miembros, con la renovación de mandato del doctor Rabinstein operada el pasado 12 de mayo, la UIF desde el día 17 queda virtualmente paralizada por la imposibilidad de tomar decisión alguna en relación a su misión específica (artículos 5º y 6º de la ley 25.246) y en lo atinente a las 89 colaboraciones que está prestando con distintos juzgados y fiscalías.

Resulta injustificado que se deje en suspenso el funcionamiento de la UIF y de las importantísimas atribuciones que la ley 25.246 y modificatorias le asignan, con el argumento de que el Poder Ejecutivo nacional presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma de la UIF.

Sin perjuicio de que puedan analizarse propuestas de reforma para jerarquizar y empoderar a la UIF en el cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inadmisible es que se paralice su funcionamiento hasta que esto ocurra.

Eventualmente, y previa sanción legislativa, podría reformarse la estructura de la UIF si es que el Congreso avala dicho proyecto. Mientras tanto, debe respetarse la jerarquía normativa que dispone el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Aceptar esta decisión implica reconocer lisa y llanamente que el Poder Ejecutivo nacional puede dejar en suspenso una ley no ya con un decreto –como desafortunadamente ocurre demasiado seguido con los decretos de necesidad y urgencia– sino con el argumento de que se presentará un proyecto de ley ante esta Honorable Cámara.

Por todo lo expuesto y ante lo grave de la situación, solicito la urgente aprobación del presente proyecto de resolución a mis pares.

–A las comisiones de Justicia y de Finanzas.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias a fin de evitar la eliminación del pago de arancel de aceite de oliva, así como también el 5 % en duraznos enlatados que se aplican al ingreso de estos productos provenientes de la Unión Europea.

La presente declaración ya cuenta con la sanción del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, Mendoza.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene su origen en un pedido efectuado por el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, Mendoza, mediante resolución 1.766/06, que solicita nuestra intermediación a fin de evitar la eliminación del pago de arancel del aceite de oliva, y de duraznos enlatados que se aplican al ingreso de estos productos provenientes de la Unión Europea.

El arancel de un dólar por kilo que se aplica al ingreso de aceite de oliva proveniente de la Unión Europea así como también el 5 % en duraznos enlatados provenientes de Grecia, desde hace cuatro años, quedaría sin efecto a partir del 1° de julio de 2006, lo que permitirá el ingreso de aceites a bajo costo, provenientes principalmente de España, Italia y Grecia.

Con la decisión del gobierno nacional el aceite español ingresaría hasta 15 % más barato al mercado nacional, en un marco de precios internacionales en baja, de 3.500 dólares por tonelada.

El fuerte subsidio que tiene la producción de aceitunas en la Unión Europea, produce una distorsión de los precios, que perjudica enormemente a los productores de los países que importan estos aceites de bajo costo.

Con esta nueva disposición, si es que no se logra revertir, el próximo año comenzaremos a ver los efectos negativos sobre la producción en las provincias olivícolas de la Argentina, que con gran esfuerzo van consolidando un polo productivo que genera mano de obra genuina tanto en el sector rural como el industrial. Sumado a lo expuesto, los costos de los insumos utilizados en la producción agrícola, se han incrementado continuamente y el aumento del precio interno de los bienes contrarresta el efecto de la devaluación de la moneda.

Representantes del sector de otras provincias productoras, están realizando las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para revertir esta situación y continuar con el arancel establecido en el año 2001 para proteger a los productores y fabricantes de aceite de oliva de la Argentina.

La competitividad es un factor preponderante en cualquier actividad económica. La región cuyana se ha convertido en la principal productora nacional de la industria olivícola, aportando el 85 % de las exportaciones nacionales del sector, siendo Mendoza la mayor productora en Cuyo.

La dolarización (3 a 1) en su momento favoreció al sector productivo agrario, pero actualmente por el proceso inflacionario que ha sufrido nuestra economía, deja un escaso margen de ganancias a nuestros productores olivícolas, así como también a nuestras industrias de conservas, quienes con la medida a adoptar por el Ministerio de Economía de la Nación se verán seriamente perjudicados en su actividad económica.

Los senadores mendocinos han elevado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo informe, a través de los organismos que correspondan, sobre las medidas adoptadas respecto de la política arancelaria que afecta la producción de aceite de oliva y durazno enlatado.

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.

–A las comisiones de Comercio y de Presupuesto y Hacienda.

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tenga a bien informar acerca de los siguientes puntos:

1. Qué controles se efectuaron sobre las medidas de seguridad que ofrecen las empresas concesionarias de transporte público ferroviario desde enero de 2006, dados los numerosos accidentes que han sufrido pasajeros de ese servicio público.

2. Qué controles se efectuaron desde enero de 2006 para asegurar el cumplimiento de frecuencias horarias e información al público sobre el servicio público de transporte ferroviario.

Señor presidente:

El transporte ferroviario que debería valorizarse por la comodidad que debe ofrecer, la celeridad y la baja contaminación ambiental se encuentra en estado de crisis. Son innumerables las tragedias provocadas por la desidia en el cuidado de las condiciones de seguridad. Es fácil comprobar que se prestan servicios de escasa frecuencia con unidades inseguras y viejas, con puertas que en mucho caso no se cierran al comenzar a desplazarse los trenes, lo que permite que pasajeros, para llegar a tiempo a cumplir sus obligaciones, deban viajar colgados de los estribos, lo que aumenta aún más el riesgo de sufrir accidentes, muchas veces irreparables.

Es deber de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte intervenir sin demora cuando algún acto o procedimiento de una empresa sujeta a su jurisdicción es violatoria de normas vigentes, o de algún modo afecta la seguridad de los pasajeros, debiendo ordenar al concesionario involucrado lo necesario para corregir o hacer cesar inmediatamente las condiciones o acciones contrarias a la seguridad.

El objetivo establecido en los contratos de concesión es ofrecer un mejor servicio de transporte público ferroviario, que sea eficiente, seguro y confiable.

Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.

–A las comisiones de Transportes y de Defensa del Consumidor.

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, disponga la instalación de un puente peatonal que atraviese la ruta nacional 7, a la altura de la calle Pedro Vargas del departamento de San Martín, Mendoza.

Señor presidente:

La ciudad de San Martín, Mendoza, creció durante los últimos años hacia el norte del centro urbano. La ruta nacional 7, que en ese tramo es de doble vía, se vio poblada a ambos costados por barrios como el Municipal, Judicial, Norte, Güemes, López, etc. Que se asientan sobre el costado norte de esa vía. La calle Pedro Vargas une el centro de San Martín con los barrios Norte, Güemes y Municipal siendo utilizada a diario por un gran número de peatones y de ciclistas que, no teniendo otra alternativa, deben atravesar la doble vía en un tramo muy peligroso. Lamentablemente ya se han producido en ese tramo numerosos accidentes sufridos por peatones y ciclistas, debido a las altas velocidades que se registran en ese tramo, la mayoría de ellos son mortales.

El presente pedido tiene su origen en la resolución 955 del Honorable Senado de la provincia de Mendoza. Que solicita nuestra intermediación ante el Poder Ejecutivo para la instalación de un puente peatonal que atraviese la ruta nacional 7 a la altura de la calle Pedro Vargas del departamento de San Martín, Mendoza.

Los accidentes de tránsito representan un importante problema de salud yendo un alto porcentaje de los ingresos a los hospitales públicos, constituyendo un significativo gasto para el Estado. El año pasado en Mendoza sucedieron 12.486 accidentes de tránsito. Solamente el Hospital Central de Mendoza gastó, en el 2005, ocho millones de pesos para la atención de los accidentados lo que equivale el 40 % del presupuesto de ese nosocomio.

En esta provincia la cifra de muertos por accidentes viales en lo que va del año sobrepasa los setenta casos. Mientras que el año pasado la cantidad de fallecidos por esta causa fue de 239 y el saldo de los heridos fue de 6843 personas.

Un puente peatonal solucionaría en gran parte este problema, por lo que su construcción debería ser una prioridad de la Dirección Nacional de Vialidad que es la encargada del mantenimiento de la ruta.

Por los motivos expuestos solicito la aprobación del presente proyecto.

–A las comisiones de Transportes y de Obras Públicas.

Artículo 1° – Adóptase para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el procedimiento establecido en la presente.

Art. 2° – Déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función.

Art. 3° – Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.

Art. 4° – Establécese que, producida una vacante en la Corte Suprema de la Nación, en un plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Art. 5° – Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la ley de ética de la función pública 25.188 y su reglamentación.

Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.

Art. 6° – Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.

No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2° de la presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación.

Art. 7° – Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.

Art. 8° – Se recabará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.

Art. 9° – En un plazo que no deberá superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.

En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento respectivo, a los fines del acuerdo.

Art. 10. – La autoridad de aplicación respecto del procedimiento aquí adoptado será el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pedro J. Azcoiti. – Alberto J. Beccani. – Hugo G. Storero. – Alicia E. Tate. – Oscar R. Aguad.

Señor presidente:

El artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la Nación Argentina determina que el presidente de la Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto.

Es pertinente que el ejercicio de esta facultad por parte del Poder Ejecutivo nacional sea reglamentada estableciendo parámetros a tener en cuenta para mejor selección del candidato propuesto de modo que su designación contribuya de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional.

Resulta necesario tener presente, a la hora del ejercicio de tal facultad, las circunstancias atinentes a la composición general del alto cuerpo en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal.

A ello deben sumarse los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir.

Para mejor cumplimiento de las finalidades indicadas resulta conveniente posibilitar, con la conformidad expresa de quien o quienes resulten motivo de solicitud de acuerdo, la acreditación de aspectos relativos a su trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, la concurrencia de los requisitos establecidos en la ley de ética de la función pública y del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas.

Corresponde también crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir.

Resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos en el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta reglamentación busca instrumentar.

El procedimiento así reglado y los dispositivos del presente se adoptan sin perjuicio de la competencia y los procedimientos establecidos por el Honorable Senado de la Nación en virtud de la atribución que el artículo constitucional citado le confiere y su propio reglamento determine.

Hemos hasta aquí reproducido en forma textual, tanto en el articulado del presente proyecto, como en los fundamentos; la parte dispositiva y los considerandos del decreto 222/2003 dictado por el Poder Ejecutivo nacional con fecha 19 de junio de 2003 y publicado en el Boletín Oficial 30.175 de fecha 20 de junio de 2003 en su página dos.

El citado decreto establece el procedimiento que deberá seguir el Poder Ejecutivo de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fija el marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de las vacantes que se produzcan.

Entendemos que ese decreto al que hoy pretendemos, a través del presente proyecto, darle rango de ley establece un mecanismo adecuado para la cobertura de las vacantes que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es justo reconocer la disposición presidencial de autolimitar sus facultades para la cobertura de las vacantes en la Corte, estableciendo un mecanismo como el detallado en el articulado del citado decreto.

Pero simultáneamente, llama la atención que el mismo Poder Ejecutivo nacional no haya cumplido a la fecha con lo dispuesto en el artículo 4º de ese decreto en cuanto al plazo para la cobertura de las vacantes existentes.

Existen en la actualidad diferentes proyectos legislativos en ambas Cámaras del Congreso de la Nación que impulsan una modificación en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ellos, sus autores fundamentan sus criterios por los cuales el número de integrantes debe ser modificado.

Entendemos que al margen del número de integrantes que se fije, ya sea en más o en menos miembros, o incluso que se mantenga la actual composición, lo que no puede hacerse es mantener situaciones irregulares como la actual, donde a pesar de existir vacantes las mismas no son cubiertas a pesar de la exigencia temporal mencionada del artículo 4º del decreto 222/2003, y generando una serie de dificultades para el funcionamiento cotidiano de la propia Corte.

Entendiendo que el decreto 222/2003 establece un mecanismo adecuado que merece una jerarquía mayor que el alcance legal que su rango de decreto le confiere, consideramos adecuado impulsar este proyecto de ley, en sintonía con la opinión del actual Poder Ejecutivo nacional sobre esta materia tan importante para el funcionamiento institucional de uno de los poderes de la república.

Pedro J. Azcoiti. – Alberto J. Beccani. – Hugo G. Storero. – Alicia E. Tate. – Oscar R. Aguad.

–A las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales.

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía y/o de las dependencias que correspondan, se sirva informar:

1. Los establecimientos autorizados para funcionar en el rubro 33 “depósito de pescado” en el ámbito geográfico de la cuenca del Río Paraná, es decir en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

2. Los establecimientos autorizados para funcionar en el rubro 46 Procesamiento de pescado en el ámbito geográfico de la cuenca del Río Paraná, es decir en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

3. Las inspecciones realizadas, fechas de las mismas, toneladas transportadas detallando especies y destino, en las que el SENASA haya intervenido respecto de los establecimientos de los apartados 1 y 2 de la presente.

4. Cantidad de toneladas de pescado exportadas por año, por los establecimientos indicados en los apartados 1 y 2 citados.

Señor presidente:

La depredación de la especie del pez sábalo (Prochilodus lineatus) en la cuenca del río Paraná ha llegado a niveles alarmantes como consecuencia de la sobre pesca con destino a la exportación, ya sea eviscerado, enfriado o congelado.

En virtud de lo anteriormente expuesto es imprescindible conocer información detallada de la información oficial respecto de los establecimientos autorizados que funcionan y de las cantidades registradas de operaciones de exportación que se han realizado.

Esta información es sensible para valorar adecuadamente la eficiencia de las políticas públicas que se han implementado y las posibles correcciones.

Por lo anteriormente expuesto es que solicito a los señores diputados la aprobación del presente proyecto de resolución.

–A la Comisión de Intereses Marítimos…

Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la ley 24.196 (actividades mineras), promulgada el 19 de mayo de 1993, en su capítulo VI (Regalías), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al ocho por ciento (8 %) sobre el valor boca mina del mineral extraído.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En los países hermanos de Latinoamérica como Chile, Perú y México inclusive, en los que la actividad minera cumple un rol primordial, ha llevado a muchos años de debate el aumento o el cobro de regalías (royalty, en inglés) a las empresas que explotan los minerales. En Perú los propios trabajadores mineros llegaron a decir: “La propuesta que tenemos son las regalías mineras del 10 por ciento, ya que el Estado también debe percibir el pago de una renta por el uso de los recursos que en este caso no son renovables, esa renta es la regalía minera del 10 por ciento sobre el valor neto de venta”. En Chile se desarrollaron largos debates sobre un proyecto conocido como Royalty I, que derivó en el que luego se convirtió en la ley Royalty II.

Esto llevó a que en Perú se promulgue el 24 de junio de 2004 la ley 28.258 que impone una regalía y en Chile, el 16 de junio de 2005, también se promulgó la ley 20.006 (Royalty II) que contempla un impuesto cuyo tipos van del 0,5 % al 5 % sobre la utilidades operacionales de las empresas mineras, este porcentaje se determina en razón de las ventas anuales y en la norma peruana el tipo va del 1 % al 3 % según el monto de la venta de los concentrados. La diferencia está en que el régimen chileno es menos oneroso que el peruano, pues el primero recae sobre las utilidades operacionales y el peruano sobre el valor de venta de los concentrados, existan o no utilidades (Rodrigo, Elías & Medrano). A pesar del avance de estos dos países se siguen escuchando voces que se podría haber avanzado en porcentajes mayores.

Tenemos que tener en claro que cuando hablamos de regalías (royalty), se entiende que está directamente relacionado con la explotación de los recursos naturales no renovables, y se aplica bajo el concepto de que se considera a los recursos naturales minerales con un bien en stock que conforma un capital natural de propiedad de toda la sociedad y que es necesario reponer económicamente cuando se exporta.

Si bien en los países desarrollados existe una tendencia a la reducción de las cargas a las extracciones, a los efectos de incentivar a la inversión, ello se debe a dos factores fundamentales: el primero es que las extracciones en esos territorios son cada vez más difíciles y en segundo lugar a los problema ambientales que acompañan a la explotación de algunos minerales; pero para ejemplo tomamos a Estados Unidos y Canadá que están en esa línea de política minera, en este último han bajado los impuestos específicos a la actividad minera del 20 % al 10 % y ha disminuido el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras de aproximadamente de 14 % al 8 %. Es decir que la legislación comparada sobre royalties nos lleva a que por ejemplo en los Estados Unidos para el caso de la producción de cobre y otros minerales no metálicos se cobra a nivel federal una tasa de impuestos a las utilidades, progresiva, que fluctúa entre un 15 % a un 35 %. Pero a nivel federal no se cobra royalty, aunque los estados sí, a valor de la producción que fluctúa entre un 3 % y un 10 %, además de un impuesto a la propiedad, entre un 4 % y un 7 % sobre la base de un tercio sobre el valor total de propiedad; lo que deja en evidencia que estamos muy por debajo de estos valores.

La otra cara de esta realidad son los reclamos que nos llegan de las provincias mineras como Catamarca, San Juan y Chubut, donde los pueblos luchan para poder detener o morigerar los peligros de contaminación que acompañan a las explotaciones mineras. Distintas fuentes de agua estarían en peligro por recibir el drenaje de ácidos y metales pesados procedentes de la minas, que están envenenando a la población, a los animales que crían y a las plantas que siembran y cosechan para su consumo; lamentablemente coincide que el origen de agua con mayor pureza, que es en nuestra cordillera, allí también se encuentran los minerales que son explotados para su exportación por empresas extractoras extranjeras. Estos pueblos merecen, como mínimo, un resarcimiento económico y un estudio pormenorizado de los daños que producen estas explotaciones y si son irreversibles o no, y para eso tiene que estar dirigido el incremento que estamos proponiendo y justificando mediante estos fundamentos, porque si lo que nos preocupa es la competitividad, ya demostramos hacia donde va la tendencia de los países mineros de la región. Existen provincia que cobran regalías a empresas mineras inglesas, canadienses y americanas, las que a su vez exigen reintegro por sacar la producción minera por los puertos del sur, esta diferencia le da un saldo a favor de las empresas, lo que en poca palabras podríamos expresar como que “les estamos pagando para que se lleven nuestros recurso no renovables”. Por eso creemos que una forma de contrarrestar o equilibrar los perjuicios que producen estas explotaciones mineras es incrementar el máximo permitido por la ley 24.196 en su artículo 22º; y teniendo siempre presente que la regalía es una reposición económica de la extracción de un recurso mineral no renovable y ése tiene que ser su fin último, y que no tiene nada que ver con lo que las empresas tributan por rentas y demás impuestos.

Por lo expresado en los párrafos precedentes, esperamos que los señores legisladores acompañen este proyecto de ley.

–A las comisiones de Minería y de Presupuesto y Hacienda.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, imparta las instrucciones necesarias para que los establecimientos educacionales que dependen de él, se abstengan, en todos los niveles educativos, incluido el universitario, de obligar a realizar cualquier tarea, como ser dictado de clases y/o toma de exámenes, entre otras, a aquellos alumnos que profesen religiones que les impiden realizar cualquier actividad los días sábados.

Señor presidente:

Es sabido que en el mundo religioso existen numerosas comunidades y religiones que profesan doctrinas que les impiden la realización de cualquier tarea, trabajo, etc., los días sábados, en lugar de los domingos, que es la práctica impuesta en el mundo.

Estas religiones son las llamadas comúnmente “sabatistas” y dependen de la ideología que profesan, en la cual entre sus postulados o costumbres o mejor dicho doctrina, se encuentra aquella que los obliga a descansar los días sábados y como tal, no realizan ninguna actividad, cualquiera sea ella, ese día, porque creen fervientemente que deben descansar el sábado, volviendo a sus actividades normales los días domingo, cuando el resto de la gente, ese día es el de su descanso semanal.

Según estadísticas existen diseminados en el mundo más de once millones (11.000.000) de personas que profesan este tipo de religiones, y más del 91 % de las mismas se encuentran fuera de los Estados Unidos de América, diseminados en más de doscientos (200) países, lo que denota un gran crecimiento dado en los últimos años.

Por ello, es necesario contemplar a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la posibilidad de implementar mediante el dictado de resoluciones que dicho ministerio por competencia posee, para instruir a los distintos estamentos y organismos que de él dependen, para contemplar que a los estudiantes que profesan este tipo de religión que no realiza ninguna actividad los días sábados, se les exima de realizar cualquier práctica académica ese día, ya sea toma de exámenes, clases, etc.

Con ello estaríamos respetando una creencia que se ha expandido a lo largo del mundo, y se evitaría entrar en un conflicto de intereses, para este tipo de estudiantes que ante el respeto que ellos tienen a sus reglas de conducta, le impiden realizar actividad un día que el resto de las personas normalmente lo hacen.

Cabe mencionar que el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, claramente establece la libertad de cultos de todos los habitantes del suelo argentino, al respetar que todos ellos profesen libremente su religión y como tal si ella le impide, como el caso que aquí tratamos, efectuar cualquier actividad un día determinado de la semana, que ellos lo toman como día de descanso, ante el imperativo de nuestra Carta Magna, las autoridades deberían respetárselo como tal. Ello además se condice plenamente con el principio que declara que todos “somos iguales ante la ley”, y ante ello los que habitamos este país, gozamos todos de los mismos derechos y prerrogativas, sean nativos o extranjeros, por este motivo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.

–A la Comisión de Educación.

1. Crear en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora que tendrá como objeto el análisis, evaluación e investigación del modo en que se lleva adelante el control estatal sobre la actividad del sector de los hidrocarburos sólidos, en particular en lo referente a la extracción, producción, exploración y exportación de petróleo, gas y sus derivados, y a la certificación de las reservas efectivas vigentes a la fecha.

En especial, la comisión deberá abocarse a la investigación de:

a) El contenido de los informes elaborados por la Auditoría General de la Nación y de su documentación respaldatoria, cuyo objeto consistiera en la actuación de la Secretaría de Energía de la Nación y la Aduana.

b) Estadísticas sobre inversiones en exploración por parte de empresas petroleras actuantes en la Argentina.

c) El resultado de la gestión realizada por la Comisión Nacional de Valores respecto a la baja de las reservas probadas, declaradas por la empresa YPF-Repsol el 26/1/06.

d) Métodos de control que utiliza el Estado para fiscalizar el volumen de extracción de petróleo y gas.

e) Las declaraciones juradas de las empresas petroleras y gasíferas en materia de extracción y producción de petróleo y gas.

f) Las declaraciones juradas de las empresas petroleras y gasíferas en materia de exportación de petróleo y gas y sus derivados. Cuáles fueron las acciones de fiscalización llevadas a cabo por la Secretaría de Energía y la Aduana.

g) Se investigue la evolución que registró la demanda interna y externa desde 1996 hasta la fecha.

h) Cuáles son los montos declarados por las empresas por los conceptos de venteo y consumo en yacimiento desde 1996 a la fecha.

i) A cuánto asciende la recaudación del Estado en concepto de impuesto a las ganancias y retenciones a la exportación.

j) Cuáles son los niveles de compromiso que asumió ENARSA con las empresas del sector hidrocarburífero y cuál es la documentación que avala los mismos.

k) Las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Defensa de la Competencia para lograr mejorar las condiciones de competencia en el mercado local de los hidrocarburos.

2. La comisión estará conformada por 7 a 11 señores diputados, designados por la Presidencia a propuesta de los diferentes bloques.

3. La comisión dictará su propio reglamento interno, debiendo garantizarse en él la plena vigencia de todas las garantías y derechos constitucionales.

4. El quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados. La comisión tomará las decisiones por mayoría absoluta de sus miembros, salvo en aquellas para las que la presente resolución establece expresamente una mayoría calificada.

5. La comisión investigadora tendrá su sede en el Congreso de la Nación.

6. A los efectos de poder desarrollar su tarea de investigación, la comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación.

b) Solicitar informes escritos u orales a organismos estatales, o el envío de documentación sobre los hechos que sean objeto de investigación. Asimismo, a toda persona jurídica de existencia física y/o ideal. La comisión podrá establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.

c) Ordenar la realización de pericias técnicas.

d) Requerir y recibir declaraciones testimoniales.

e) Realizar inspecciones oculares, debiendo dejarse constancia de sus resultados.

f) Conocer el estado de las causas judiciales y/o administrativas relacionadas con los hechos investigados y requerir la remisión de expedientes judiciales y/o administrativos o, en su defecto, copia certificada de los mismos. En el caso que los instrumentos o documentación remitida correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, se tomarán los recaudos necesarios para la garantía del mismo.

g) Requerir al juez competente el allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u otra clase de prueba vinculada a la investigación.

h) Requerir al juez competente el secuestro o retención de documentación que pudiera tener relevancia para la investigación.

7. Los requerimientos de allanamientos o secuestros efectuados al juez deberán ser decididos mediante el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la comisión investigadora y fundados en pruebas de la existencia de un hecho vinculado directamente con el fin de la investigación.

8. La Cámara de Diputados proveerá la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de esta comisión especial de investigación.

9. La comisión deberá elevar un informe a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados, dentro de los 80 días contados a partir de su constitución, pudiendo emitirse informes parciales sobre los avances de las investigaciones. El plazo de duración de la comisión investigadora podrá prorrogarse a resolución de la Cámara.

El informe final precisará las responsabilidades políticas que pudieran emerger de la investigación, procediendo, en caso de advertirse la posible comisión de delitos, de acuerdo con lo establecido en el siguiente artículo. Asimismo, deberán sugerirse las modificaciones normativas que estime convenientes como consecuencia de la investigación llevada a cabo.

El informe será dado a publicidad por los medios que la comisión estime pertinentes.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la comisión procederá a informar a la Cámara, en el transcurso de su desempeño, sobre todo aspecto que considere necesario.

10. Si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delitos, la comisión deberá formular las denuncias pertinentes ante la justicia ordinaria, aportando los elementos de prueba recopilados.

Señor presidente:

Detrás del anuncio extraoficial de Repsol YPF sobre sus intenciones de vender hasta un 20 % de las acciones, se esconde la modalidad más pura de patrimonialismo corrupto que se inserta en la nueva matriz de saqueo adoptada por el gobierno de Néstor Kirchner.

Tal como lo describiéramos en el informe publicado en el mes de marzo de este año, titulado “La nueva matriz del saqueo. Desestatización por desapoderamiento final. El nacimiento del patrimonialismo corrupto”, éste se caracteriza por el ascenso de quienes detentan posiciones de poder a ocupar roles de gobierno apropiándose de los derechos y bienes del Estado, transformándolos en propios.

La “patrimonialización del Estado” supone por tanto un conjunto de patrones vigentes o prácticas políticas que borran o confunden convenientemente, como regla general, la diferencia de lo público y lo privado, permitiendo la disposición de lo primero con total omisión a las reglas y leyes establecidas para el manejo de los bienes públicos.

Correo Argentino, ARSAT S.A., AYSA S.A. y Ferrocarril Belgrano Cargas exhibieron distintas formas de patrimonialismo corrupto.

La venta del 20 % de las acciones de Repsol YPF, por los motivos que más adelante expondremos, pone al descubierto palmariamente el modelo pergeñado para esta nueva matriz de saqueo.

¿Quiénes serán los nuevos titulares de estas acciones? Allí radica la cuestión.

Todo indica que se trata del empresario Cristóbal López, amigo del presidente de la Nación, y los recientemente incorporados al círculo de empresarios allegados al gobierno: los hermanos Bulgheroni.

Cristóbal Manuel López es un empresario radicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia que merced a su amistad con el entonces gobernador de Santa Cruz y actual presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pasó de trabajar en la forrajería de su padre a manejar un conglomerado de empresas de casinos, máquinas tragamonedas, servicios petroleros, medios de comunicación, producción de aceite de oliva, recolección de residuos y transporte público en todo el país. López se vinculó con los Kirchner a mediados de los 80, a través del ex cuñado del presidente, Armando “Bombón” Mercado, quien lo introdujo en el negocio petrolero a través del gremio de los petroleros (SUPE). Actualmente es titular de una petrolera (Oil M&S) que termina de ganar una licitación para explorar y explotar gas y petróleo en Brasil.

Carlos y Alejandro Bulgheroni representan a un grupo empresario que labra sus logros por la “cercana” relación con los gobiernos de turno, desde la época de la dictadura militar. Tuvieron intereses en la industria papelera, a través de la liquidada Papel de Tucumán, y en el mercado financiero a través del liquidado Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA). Su expansión se debe al negocio petrolero en América Latina así como en Asia Central.

Finalmente, el Estado nacional podría adquirir un 5 % de las acciones con el único objeto de fortalecer la estrategia ante la sociedad.

El gobierno pretendería, una vez más, engañar a la sociedad anunciando la “nacionalización” del petróleo. Pero la conducta de Néstor Kirchner en el proceso de privatización de YPF, la política en materia de hidrocarburos sostenida durante su gestión y los antecedentes de Cristóbal López y los Bulgheroni se contradicen abruptamente con una política de nacionalización del principal recurso energético.

Muy por el contrario, todo aquello deja al descubierto un negocio con visibles beneficiarios: el presidente de la Nación y su círculo de amigos. Es paradójico que quien tuviera un rol central en la privatización y entrega de YPF en 1994 termine, 12 años después, convirtiéndose presuntamente en uno de sus propietarios a través de un empresario sumamente cercano como es Cristóbal López.

Como es sabido, la energía es un elemento de importancia vital para el crecimiento de la economía de un país y su defensa debe ser siempre abordada atendiendo al carácter utilitario del recurso como un bien social consagrado a la satisfacción normal y regular de necesidades colectivas.

Nuestro país se caracteriza por la manipulación de su matriz energética, la ausencia de un plan específico y la entrega desmesurada de sus recursos sin controles del Estado, el que a través de los años desdibujó su accionar en beneficio del empresariado, que en este sector se encuentra mayormente concentrado en la firma Repsol YPF. Por tal motivo, hemos creído oportuno abordar los antecedentes, comportamiento empresario, incidencia en el mercado y futuro de Repsol YPF, en atención a la importancia que la misma tiene sobre nuestro mercado energético.

Más allá de la leyenda popular, en lo que hace a los hidrocarburos la Argentina es un país con poco petróleo. Lejos de la producción diaria por pozo que generan, por ejemplo, las naciones de Medio Oriente (500 metros cúbicos), nuestro país se ubica en el orden de los 9,4 metros cúbicos, situación que transforma al recurso en escaso y estratégico.

Sin embargo, la Argentina ha tenido a lo largo de su historia una política energética errada y cortoplacista, orientada por la necesidad de incorporar recursos al Tesoro nacional como forma de conjurar los problemas fiscales que aquejaban al sector público, dilapidando recursos naturales no renovables. El producto de tal concepción fue el desmembramiento de la vieja empresa Gas del Estado, el desarme del sistema eléctrico nacional, la venta de las áreas secundarias y centrales pertenecientes a YPF y la posterior privatización de los activos y acciones de la entonces petrolera estatal.

La Argentina, en la década del 90, estuvo signada por el desguace del Estado, que produjo entre otras cosas un profundo cambio en su matriz energética, cuyas consecuencias se proyectan hasta la actualidad. La privatización y la desregulación del sector supieron abrir paso a la lógica del mercado frente a la forzosa planificación de inversiones.

Esta entrega de uno de los recursos naturales más importantes del país no se podría haber logrado sin complicidades y silencios.

Es importante abordar el marco normativo que permitió la entrega de YPF y la desregulación de la actividad en nuestro país, para entender que el mismo esquema ideado por el menemismo, defendido por el entonces gobernador de Santa Cruz y por una parte importante de los diputados entonces justicialistas y hoy del Frente para la Victoria, no sólo continúa en nuestros días sino que con el correr de los años la matriz de saqueo se ha ido perfeccionando, acompañada a su paso por reglas hechas a medida de Repsol YPF y por un Estado incumpliente en su doble rol de regulador y controlador.

Es por ello que entendemos necesario comenzar este análisis aludiendo al decreto 1.055/89. Mediante esta norma el Poder Ejecutivo reglamentó los artículos 2°, 6°, 11, 95 y 98 de la ley 17.319, habiendo declarado de prioritaria necesidad la promoción, desarrollo y ejecución de planes destinados a incrementar la producción nacional de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados para asegurar el autoabastecimiento interno y un adecuado margen de reservas, alcanzar el desarrollo pleno de las industrias petroquímicas y obtener saldos exportables, privilegiándose la industrialización de los recursos en su lugar de origen (artículo 1°).

Respecto de yacimientos de hidrocarburos operados por YPF en los cuales se registraba, a criterio del Poder Ejecutivo, un reducido nivel de producción como consecuencia de su inactividad prolongada y/o estado de semiexplotación, establecía necesario tanto para su reactivación como para el incremento de su producción la aplicación de “esquemas de explotación” que permitan la participación del capital privado.

Por otro lado, en aquellos yacimientos operados por YPF que registraban un mayor nivel de producción el Poder Ejecutivo nacional buscó la aplicación de las llamadas “técnicas de producción asistida”, las cuales, conforme a lo expresado en la norma, requerían el aporte de moderna tecnología y capacidad económicofinanciera a fin de concurrir al desarrollo de los yacimientos asociada con YPF.

Un dato que no puede soslayarse y que hace a la esencia de la política desarrollada en la década de 1990 es el concepto de adjudicación de áreas en función del mayor monto en concepto de derecho de explotación como de asociación. Nótese que el decreto 1.055/89 adopta un criterio marcadamente fiscalista al determinar que las denominadas áreas de interés secundario se adjudicarían a la empresa que ofreciere el mayor monto en concepto de derecho de explotación. Pudo haberse utilizado como criterio aquella oferta que asegurara, por ejemplo, mayores volúmenes de producción con técnicas racionales de explotación que tiendan a la preservación del recursos y al abastecimiento del mercado interno. En consonancia con la pauta adoptada, el pago del derecho de explotación se efectuaría al Tesoro nacional al contado y antes de ingresar al área adjudicada, correspondiendo a éste liquidar un 4 % a las provincias, entre ellas las más beneficiadas Santa Cruz y Neuquén, que correspondieren en concepto de adelanto de regalías. Los hidrocarburos producidos por las empresas adjudicatarias de las áreas concursadas serían de libre disponibilidad.

Un criterio similar fue el seguido respecto de las denominadas “áreas de recuperación asistida” en las cuales la asociación con YPF en los porcentajes y responsabilidades correspondientes a la empresa asociada se efectuó teniendo en cuenta el mayor monto ofrecido en concepto de derecho de asociación.¹

Posteriormente, Carlos Menem dictó el decreto 1.212/89 que consagró la desregulación del sector hidrocarburos, estableciendo reglas tendientes a privilegiar “los mecanismos de mercado para la fijación de precios, asignación de cantidades valores de transferencia y/o bonificaciones en las distintas etapas de la actividad”.

Así las cosas, se eliminaron las denominadas cuotas de crudo, se flexibilizó la importación de petróleos crudos y de productos derivados del petróleo al no requerirse autorización previa, eximiéndose los aranceles de importación hasta alcanzar la condición o el término consagrado por el artículo 5° del mencionado decreto bajo análisis². A partir de ese momento, la importación de petróleo crudo y de sus derivados quedará sujeta a la política arancelaria general.

La norma también avanzó en todo lo atinente a la desregulación de refinerías y bocas de expendio como en la libertad de precios del petróleo y sus derivados, en todas sus etapas. En lo referente a los precios del gas natural para usuarios y productores, éstos serían fijados mensualmente por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Energía, hasta que se generen condiciones de mercado de múltiples oferentes.³

Una disposición singular es la contenida en el artículo 18, la cual merece un comentario aparte por su trascendencia institucional.

Ante todo, debe advertirse que el segundo párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 34 de la ley 17.319 establecen restricciones en cuanto a la titularidad de más de cinco permisos de exploración y más de cinco concesiones de explotación por parte de personas físicas o jurídicas, ya sea en forma directa o indirecta, respectivamente.

El decreto 1.212/89 encomendó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos elevar, en el plazo de 30 días, un proyecto de ley propiciando la eliminación de las limitaciones aludidas a fin de posibilitar la conversión de los contratos preexistentes al régimen previsto en el presente decreto y promover la participación del mayor número de empresas en concursos futuros.

Pero la norma determinó que hasta tanto no se produjera la derogación indicada, las limitaciones de la ley de hidrocarburos se aplicarían teniendo en cuenta el siguiente criterio: el cómputo de las limitaciones indicadas en los artículos 25, segundo párrafo, y 34, segundo párrafo, de la ley 17.319, cuando los titulares de los permisos y concesiones constituyeren una persona jurídica distinta o asumieren la forma de unión transitoria de empresas o asociación, la restricción se aplicaría exclusivamente respecto de dicha persona, unión transitoria de empresas o asociación con igual composición de integrantes.

En los hechos, el decreto implicó la “derogación” lisa y llana de las disposiciones de la ley de hidrocarburos toda vez que por vía reglamentaria se procuró una solución muy diferente a la consagrada en los artículos 25 y 34 de la ley 17.319. Lógicamente, jamás fue modificada la ley de hidrocarburos y tampoco el hecho fue subsanado por la actual administración Kirchner, quien ha mantenido la vigencia del decreto 1.212/89.

Debe destacarse que todas estas normas aún se encuentran vigentes y constituyen el estatuto legal que aseguran el régimen de la libre disponibilidad de los recursos hidrocarburíferos, definida como la posibilidad de comercializar el petróleo y el gas sin restricciones tanto en el mercado interno como externo.4

Finalmente, la ley 24.145 estableció tanto la desregulación como la venta de la compañía energética de todos los argentinos, implicó la legitimación de una política que puso por encima del desarrollo nacional la obtención de recursos para hacer frente a la problemática fiscal del Estado, condenando a la Nación a resignar sus recursos energéticos no renovables, escasos y estratégicos. Un ejemplo de lo afirmado lo tenemos en el decreto 1.055/89, norma que determinó que las áreas se adjudicarían a la empresa que ofreciere el mayor monto en concepto de derecho de explotación.