El Senado de la Nación

Su beneplácito por la realización de la Conferencia Anual sobre Microfinanzas en la Argentina, a desarrollarse los días 13 y 14 de octubre del corriente año, en la Sociedad Rural Argentina, organizada por La Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM) y Andares (Fundación para el Desarrollo de las Microfinanzas).

Señor presidente:

La Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM) y Andares (Fundación para el Desarrollo de las Microfinanzas) organizan la Conferencia Anual sobre Microfinanzas en la Argentina; la misma se desarrollará los días 13 y 14 de octubre del corriente año, y recibirá a más de 300 personas y 30 expositores nacionales e internacionales; es un espacio de intercambio y difusión de las mejores prácticas, y de reflexión acerca del presente y futuro de las microfinanzas en la Argentina.

El objetivo general de las jornadas es reunir a instituciones privadas y públicas e individuos que trabajan por las microfinanzas en la Argentina, facilitando la formación de vínculos y el intercambio de experiencias.

Los microemprendedores trabajan duro día a día y su principal problema para el crecimiento es la falta de capital, a su vez, los pequeños montos que necesitan no son atractivos para los bancos y todo termina en un círculo negativo que impide su desenvolvimiento.

Para la solución de este problema, es de vital importancia el desarrollo de las microfinanzas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.

–A la comisión de Economía Nacional e Inversión.

El Senado de la Nación

Su reconocimiento a la artista plástica Gloria Achucarro, por la obtención de la medalla de bronce en el concurso olímpico de esculturas con su obra Tiempo y ser, que expresa valores como la paz, la armonía, la superación y la competencia.

Señor presidente:

A pocas semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos de Beijing, la Argentina ya consiguió una medalla de bronce. La obtuvo la artista plástica Gloria Achucarro, quien participó del concurso olímpico de esculturas con su obra Tiempo y ser, que expresa valores como la paz, la armonía, la superación y la competencia.

Al concurso se presentaron 3.000 esculturas de todo el mundo, de las cuales se seleccionaron 290 que recorrieron más de 30 ciudades del mundo y ex sedes olímpicas, en una exposición itinerante que tuvo lugar entre el año pasado y el actual.

El público que visitaba la muestra en cada ciudad tenía la posibilidad de votar por las esculturas. En la última etapa del proceso, un grupo de jueces internacionales premió a las mejores 29 obras, entre las que estaba la escultura de la artista argentina.

Gloria Achucarro es correntina pero vive y tiene su atelier en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires, participó en numerosas muestras en la Argentina y en el exterior, se define fundamentalmente como modeladora y su materia es el barro. Es también diseñadora gráfica y opina que el arte actual está en una etapa de “mucho sin sentido, en la que le falta compromiso y profundidad”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación

Su preocupación por la decisión de las empresas líderes en medicina prepaga de aumentar sus cuotas en hasta un 17 % a partir del próximo mes de agosto del corriente año, afectando los bolsillos de más de un millón de beneficiarios.

Señor presidente:

Empresas líderes de medicina prepaga como Swiss Medical, Galeno, Medicus y Omint, enviaron a sus afiliados el anuncio de que las cuotas del servicio se incrementarán entre 14 y 17 por ciento. El alza, que afectaría los bolsillos de alrededor de un millón de beneficiarios, se aplicará en agosto en algunos casos y en septiembre en otros.

En promedio, el aumento será de un 15 % para los contratos que no contemplan copagos por consultas o prácticas médicas, entre el 85 y 90 % de los planes tiene esa característica.

En el caso de los contratos con copagos, está previsto que se eleve en 15 % el valor de los montos que los pacientes deben pagar al hacer uso de los servicios médicos. Así, por ejemplo, para estos beneficiarios la consulta médica o una radiografía valdrán alrededor de $ 23 y la realización de análisis clínicos, $ 17.

Según los directivos de las compañías, el principal motivo para la suba de cuotas es la negociación salarial en el sector de la sanidad.

Hasta el año pasado, la suba de sueldos se acordaba para los meses de diciembre, pero ahora el sindicato pidió el adelanto de las gestiones y así –si bien aún no está cerrada la paritaria– se daría una parte del aumento en agosto y otra en diciembre.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cobos.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle la reproducción del proyecto de ley creando una comisión de análisis y formulación de políticas para el mejoramiento y adecuación del sistema previsional, que figura bajo el expediente S.-1.035/06.

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase una comisión de análisis y formulación de políticas para el mejoramiento y adecuación del sistema previsional a la nueva realidad económica observada en el país a partir de la vigencia de las disposiciones de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (ley 25.561).

Art. 2º – La comisión estará integrada por nueve (9) miembros:

– Tres (3) representantes de la Cámara de Diputados.

– Tres (3) representantes de la Cámara de Senadores.

En ambos casos deberá garantizarse la representación de las minorías parlamentarias.

– Un (1) representante de la ANSES.

– Un (1) representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

– Un (1) representante del Ministerio de Economía.

Art. 3º – La comisión deberá ser constituida en un plazo no mayor de quince (15) días a partir de la fecha de publicación de la presente ley.

Art. 4º – La citada comisión tendrá como objetivos, sin perjuicio de otros que estime necesario abordar:

a)Analizar, evaluar y fijar pautas que permitan establecer los criterios y fuentes de financiamiento para solventar la movilidad de los haberes jubilatorios, de los beneficios que provienen de regímenes provinciales transferidos a la Nación como aquellos otorgados en el marco legal establecido por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241);

b)Evaluar el nivel de cumplimiento de la previsión presupuestaria contemplada en el artículo 32 de la ley 24.241, desde su vigencia hasta la publicación de la presente ley y realizar la correspondiente al presente ejercicio fiscal;

c)Analizar los efectos positivos y negativos que la aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241) y sus modificatorias ha ocasionado;

d)Formular un anteproyecto de reforma integral del sistema, el cual deberá prever las fuentes y formas de financiamiento que aseguren la viabilidad fiscal;

e)La comisión deberá cumplir su cometido en un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de su constitución.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por finalidad propiciar una metodología de trabajo para que el Congreso Nacional reinicie el análisis de una temática que desde su raíz ha generado y genera situaciones de inequidad social y que por su importancia deben ser abordadas con responsabilidad y atendiendo los diferentes universos involucrados y las distintas normativas aplicables, me estoy refiriendo a lo que constituye el sistema previsional argentino.

Previo a la implementación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241 y sus modificatorias se impulsó, como política de Estado, la transferencia a la Nación, por parte de las provincias de los regímenes provisionales provinciales que en la mayoría de los casos estaban organizados en cajas o institutos.

Eso determinó que a la fecha existan 11 provincias argentinas, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen transferidos a la Nación sus regímenes previsionales provinciales, por situación que limita la posibilidad cierta y concreta de abordar por sí mismas el problema de la movilidad salarial de las jubilaciones que el ANSES paga en su jurisdicción. Aspecto éste, el de la movilidad, que fue contemplado en todos los convenios que suscribieron las provincias al transferir sus cajas previsionales a la Nación, en cumplimiento de preceptos constitucionales y leyes vigentes al momento de otorgar las respectivas jubilaciones.

Realizando un somero análisis de las diferentes constituciones provinciales tenemos que por ejemplo la provincia de Catamarca en su artículo 180 dice: “…La ley organiza y garantiza el régimen de previsión social, que se ajusta a las siguientes pautas: 1. Jubilación ordinaria, con un haber igual al ochenta y dos (82 %) por ciento móvil de las remuneraciones de los cargos desempeñados en actividad”; la provincia de San Luis en su artículo 56: “…El haber previsional es móvil y guarda estrecha relación con la remuneración del mismo cargo en actividad. El Estado garantiza que la jubilación ordinaria sea, como mínimo, el ochenta y dos por ciento móvil de la remuneración correspondiente al cargo, oficio o función por el que haya optado el beneficiario, según la ley y que los demás beneficios sean discernidos en adecuada proporción con aquélla”; la provincia de Río Negro en su artículo 40: “…Son derechos del trabajador, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: …9. A la obtención de una jubilación justa, no menor del ochenta y dos por ciento del ingreso total del sueldo del trabajador activo, sujeto a aporte”, etcétera.

Cabe hacer notar que dentro de estas jurisdicciones provinciales existen jubilados por regímenes provinciales, ya derogados, que preveían expresamente un haber previsional equivalente al 82 % móvil y los que se jubilaron con posterioridad a la transferencia del sistema previsional provincial a la Nación o sea bajo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por ley 24.241, cuyos beneficiarios tienen calculado un haber jubilatorio que ni siquiera llega al 50 % de lo que percibía en actividad, ni hablar de los que optaron por acogerse al sistema de capitalización.

Las restantes provincias, que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, continúan en su jurisdicción con la vigencia de los regímenes previsionales provinciales que en su mayoría prevén normas más benignas y más beneficiosas para acceder a un beneficio previsional que el instituido por la ley 24.241 y, sobre todo, mantienen vigente el 82 % móvil para las jubilaciones que aún otorgan.

El mantenimiento de cajas provinciales, como consecuencia del sistema federal de gobierno que tiene constitucionalmente instituido nuestro país, hace que coexista el régimen nacional (hoy Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y los regímenes provinciales destinados fundamentalmente a los funcionarios y empleados de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El desarrollo de un único sistema de seguridad social a nivel nacional debería constituir un objetivo mayor a alcanzar, sin que ello signifique el abandono de esfuerzos complementarios a desarrollar por las provincias o sectores privados.

La profunda crisis política, económica y social del país, con su correlato de desempleo, tiene graves consecuencias en la protección social, la alta evasión y la elusión de aportes y contribuciones, la magnitud del trabajo informal: la pérdida de credibilidad del sistema y otros factores como consecuencia de la salida de la convertibilidad y la consiguiente devaluación instrumentada han sumido al sistema en una crisis económica y financiera. Por ello, no cabe dudas que la refundación de la seguridad social debe constituir una política de Estado, restituyendo la credibilidad y equidad al sistema.

El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna establece “…jubilaciones y pensiones móviles…”. Asimismo, hay numerosos tratados internacionales que promueven la salvaguarda de los derechos humanos, así la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Interamericana de Derechos Humanos constituyen una pauta en este sentido.

La anterior composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Chocobar, Sixto c/Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/reajustes por movilidad”, de fecha diciembre de 1996, le reconoció movilidad de los haberes de las jubilaciones y pensiones por leyes anteriores a la 24.241 ordenando un incremento del 13,78 % al tramo comprendido entre el 1º de abril de 1991 y el 31 de marzo de 1995, en función del artículo 53 de la ley 18.037, hoy derogada.

La actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, produjo un cambio en su criterio en “Sánchez, María del Carmen c/ANSES s/reajustes varios” de fecha 17/5/05.

Con fecha 16 de junio de 2005, la Cámara de la Seguridad Social, sala I en los autos “González, Elisa Lucinda c/ANSES s/reajustes varios” dispuso que la movilidad para el reajuste en el haber previsional se calcule de la siguiente manera: entre el 1º de abril de 1991 al 31 de marzo de 1995, la movilidad de haberes por el período 1º/4/91 al 31/3/95, será procedente conforme lo dispuesto por la CSJ en “Sánchez, María del Carmen c/ANSES s/reajustes”.

El criterio de esta sala en cuanto a que la movilidad de las prestaciones en el marco de la ley 18.037 no se había visto afectada por la sanción de la ley 23.928 (artículos 7º y 10) (“Echenique J. A. c/Caja de industria” S.N° 35.446 del 6.IX.92), receptado por el voto de la minoría en “Chocobar”, aparece ahora consagrado por el máximo tribunal en autos “Sánchez, María del Carmen c/ANSES” (S. 2.758. XXXVIII del 17/V/05) y en consecuencia el reajuste de haberes por movilidad durante el período 1º/4/91 al 31/3/95, se deberá ajustar a lo dispuesto en el referido pronunciamiento.

El pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa “Sánchez” obliga, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a rechazar “…toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles…” según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

A partir de la sanción de la ley 24.463, excepción hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos, no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones previsionales. Esto es, durante más de diez años el Congreso de la Nación no ejerció la atribuciónobligación de establecer por la ley de presupuesto la movilidad de las prestaciones del sistema público nacional.

A partir del lº/4/95, oportunamente este Tribunal entendió que, “…hasta tanto el Parlamento cumpla con el mandato autoasignado en el artículo 7º punto 2 de la ley 24.463…”, correspondía mantener un sistema de movilidad (“Pighin, Mario Héctor c/ANSES” S.79.195 del 1º/IV/97); no obstante lo cual la Corte Suprema, en la causa “Heitt Rupp” (H. 74 XXXIV) del 16/IX/99, reafirmó “…las atribuciones que cuenta el Congreso de la Nación para reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la ley de presupuesto…”, y en consecuencia rechazó el planteo de invalidez del artículo 7º punto 2 en cuanto lo consideró “…basado en agravios conjeturales…”.

En palabras de la Corte Suprema “…la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles…” (fallo “Sánchez”, considerando 4°), es deber de los magistrados, hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el cometido autoimpuesto conforme la norma cuestionada y en consonancia con las previsiones del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, hacer operativa la referida cláusula constitucional.

El Poder Ejecutivo nacional ha liberado el camino para la recomposición salarial de los distintos sectores activos de la vida laboral, tanto estatales como privados, teniendo en cuenta la espiral inflacionaria iniciada a partir de la salida de la convertibilidad operada en enero del año 2002.

Es así que los haberes de los activos se han incrementado significativamente sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber de los pasivos, violentándose de tal modo la naturaleza sustitutiva que deben tener las prestaciones previsionales, es que a fin de corregir tal distorsión se hace necesario que el Congreso de la Nación asuma su competencia en la materia, para ello debe buscarse un camino adecuado que dentro de un marco racional y legal se pueda atender la situación de desigualdad e inequidad por la que actualmente atraviesa la mayoría de los pasivos de nuestro país.

En el caso concreto arriba mencionado, la Corte Suprema de Justicia estableció que “los haberes del reclamante deberán ser objeto de reajustes semestrales, en cuanto el incremento de salarios según el índice que se individualiza”.

El principio de movilidad consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es una institución supralegal, que sencillamente ha tenido por objeto mantener en igual grado de dignidad a la persona a lo largo de toda su vida, y la ponderación de ello, en el tema previsional, es respetar la capacidad adquisitiva que se traduce con la consagración de la proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber de pasividad.

Sostiene el máximo tribunal en el fallo citado: “Desde enero del año 2002 la movilidad de la prestación se practicará en función del incremento que surja del índice general de las remuneraciones confeccionado por el INDEC. Este mecanismo de movilidad subsistirá en tanto, por quien corresponda, se haga operativo un sistema que se adecue a la manda constitucional emergente del artículo 14 bis.

”Pagar en favor del reclamante las diferencias entre los haberes percibidos y los recalculados conforme las pautas precedentes, en lo que excedan del 15 %.”

Estos argumentos y principios generales tales como la salvaguarda de la justicia en la solución del caso judicial, la inviolabilidad de la propiedad, la naturaleza alimentaria de los beneficios previsionales, la movilidad de las jubilaciones, su carácter integral, conllevan a la necesidad de integrar una comisión que se aboque a fijar pautas que permitan establecer criterios y fuentes de financiamiento con destino a solventar la movilidad de los haberes jubilatorios; elabore el pertinente informe para que este Congreso pueda cumplir con la debida pauta presupuestaria que prevé el artículo 32 de la ley 24.241; analice los efectos que la aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigente ha causado y por último que elabore un anteproyecto integral del sistema.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El senado la la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, informe sobre algunos aspectos referidos al estado de ejecución de obra de los Planes Federales de Vivienda I y II:

1. Cuál es el estado actual de obras a nivel nacional, regional (NOA) y provincial (provincia de Salta).

2. Cuáles son las razones que ameritaron demoras y, hasta en algunos casos, paralización de las mismas.

3. Cuál es el cronograma de distribución de obras previstos por el Plan Federal de Vivienda en el NOA para el corriente año.

4. Cuáles son los plazos estimados de finalización para aquellas obras que sufrieron postergaciones en su ejecución.

Señor presidente:

La desaceleración económica y la actual inflación, momento crítico político, económico y social, han provocado una parálisis de la obra pública en todo el país: caminos, hospitales, escuelas y especialmente en los planes federales de vivienda I y II.

La lenta marcha de la concreción de los mismos, genera malestar social frente a las promesas electorales incumplidas, y un descrédito de la representación de la gestión.

El elevado costo de los alquileres y la insuficiencia y dificultad de acceso a los créditos hipotecarios, generan en el plano de la vivienda una situación crítica, donde este contexto de precios disparados y escasez del crédito, contribuyen a generar una marcada crisis habitacional.

Acorde a la situación descripta, es de importancia destacar la concreción de un plan de vivienda de promoción estatal que garantice y asegure a las clases menos aventajadas el acceso a una vivienda digna, con condiciones de créditos laxos y accesibles.

La demora en la asignación de las partidas presupuestadas, genera a las gobernaciones locales una dificultad de base para dar cuerpo y concreción a los proyectos previstos, y no son excusa para frenar la promoción social de planes de vivienda ligada a una necesidad real habitacional.

Si bien la actividad privada continúa en alza, los emprendimientos desarrollados se concentran en sectores urbanos de alta capacidad económica, en detrimento de la urbanización destinada a sectores medios y bajos.

En el interior de las provincias la situación habitacional se ve complicada por la dificultad de acceso al crédito, la escasez de inversión privada y estatal, y una realidad en materia de alquileres que está elevando los precios de mercado, lo que vislumbra una crisis habitacional compleja en todo el territorio nacional, que no está garantizado, ni previsto en planes de contención social estatal.

Es necesario emplear métodos que concreten y garanticen la ejecución de obra prevista en el presupuesto anunciado para el corriente año, para que la necesidad de los argentinos no sean el objeto de vanas promesas electorales sino el ideal de sostener una nación donde el acceso a los derechos elementales asegurados constitucionalmente estén garantizados.

Por todo lo expuesto es que solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

El Honorable Senado de la Nación expresa su adhesión a la XIII Fiesta Nacional de la Pachamama de los Pueblos Andinos.

Señor presidente:

La XIII Fiesta Nacional de la Pachamama de los Pueblos Andinos se realizará a lo largo del mes de agosto en los pueblos de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, del departamento de Los Andes, provincia de Salta.

Culturalmente, la herencia que los pueblos originarios de la región dejaron en la impronta e identidad tradicional de los pueblos del Noroeste Argentino, ha dado nacimiento al culto y celebración por las deidades aborígenes.

La Pachamama, o madre Tierra, representa a la deidad femenina, presente en todas las tradiciones culturales y religiosas del mundo, que representa la fecundidad, la madre, y el poder del nacimiento de todas las cosas, de la creación y el proceso natural de la vida, de renovación. La leyenda cuenta que Su morada está en el Cerro Blanco, Nevado de Cachi, y se dice que en la cumbre hay un lago que rodea a una isla. Esta isla es habitada por un toro de astas doradas que al bramar emite por la boca nubes de tormenta. El mito de la Pachamama debió referirse primitivamente al tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la tierra: el tiempo que cura los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones, fecunda los campos. Pacha significa tiempo en lenguaje kolla, pero con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua, y el predominio de otras razas, finalizó confundiéndose con la tierra.

El primero de agosto es el día de la Pachamama. Ese día abundan rituales paganos, que dan color a un folklore que convoca a los pueblos del Norte en una celebración de renovación y ofrendas. El evento tiene un amplio efecto en el corredor turístico de la región, aportando un gran movimiento de visitantes en el circuito del NOA, no sólo del interior del país y de la Capital Federal, sino de proyección internacional.

La Fiesta Nacional de la Pachamama tiene lugar en San Antonio de los Cobres, Salta, uno de los sitios clave en los festejos, el pueblo salteño a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, reconocido turísticamente por el paseo del Tren a las Nubes.

Esta es una de las celebraciones culturales más significativa, tradicionales, y expresivas del país, convocando manifestaciones folklóricas tradicionales, celebraciones, rituales, y la evocación de una identidad cultural que hace a la historia e impronta cultural del Norte Argentino.

Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares, que nos acompañen en el presente proyecto con su voto favorable.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, informe:

1. Qué medidas ha adoptado el gobierno nacional respecto de la situación de ingreso ilegal de gas licuado de petróleo envasado en garrafas, proveniente de territorio boliviano, en las provincias norteñas fronterizas;

2. Cuántas plantas procesadoras y de envasado de gas licuado de petróleo se hallan habilitadas para funcionar en el NOA y en particular en la provincia de Salta;

3. Cuáles son los parámetros para establecer precios referenciales de venta respecto al valor de costo, y cuáles son las medidas adoptadas para sostener un precio referencial en todo el territorio de la provincia de Salta;

4. Cuáles son las medidas que la Secretaría de Energía de la Nación ha implementado para asegurar el aprovisionamiento de garrafas a precio referencial.

Señor presidente:

La ley 25.561, de emergencia económica, dispuso la pesificación y congelamiento tarifario en todos los servicios públicos y encomendó al Poder Ejecutivo iniciar procesos de renegociación de los contratos de concesión, sujetando dicha renegociación al cumplimiento de un conjunto de pautas, entre ellas amortiguar los incrementos de tarifas, de modo que éstos pudieran ser efectivamente afrontados por los consumidores.

El gas licuado de petróleo no ha sido alcanzado por la citada norma y, como consecuencia, se ha producido una situación de fuerte asimetría entre los consumidores del mismo y los de gas natural, en tanto dichos usuarios se vean favorecidos por la existencia de infraestructura de redes de gas natural o no, y bien si el servicio es suficiente como para suplir las necesidades de calefaccionado propias de la estación.

En efecto, con el congelamiento de las tarifas de gas natural y energía eléctrica se instala en la Argentina una situación en la que el consumidor de gas natural (unas 22 millones de personas), está cubierto por una legislación de emergencia que lo protege –al menos durante la transición– de incrementos en las tarifas, en cambio el consumidor de gas licuado de petróleo (unos 15 millones de personas), enfrenta los incrementos de precios en forma directa.

Teniendo en cuenta que el gas licuado de petróleo es consumido por el 44 % de la población del país, se observa la importancia que tiene este combustible sobre todo si a ello se le agrega que una proporción muy alta de quienes lo consumen pertenece a sectores de muy bajos recursos.

En medio de una crisis energética que asuela a la región en plena temporada invernal, es importante el aseguro del normal suministro del servicio de gas natural, y/o en su caso del gas licuado natural como alternativa.

En el norte salteño se viene generando una problemática sustentada en la necesidad. El suministro que ofrece el servicio de las empresas estatales proveedoras de gas natural en red, es insuficiente para las necesidades de consumo de los usuarios quienes se ven afectados no sólo por esta problemática sino también por las especulaciones que se generan en el mercado, respecto de los precios mínimos y máximos, donde quienes se benefician no son precisamente quienes más necesitan.

El gas licuado de petróleo envasado en garrafa se comercializa en compensación de la escasez de gas natural o bien entre quienes carecen de suministro de red; pero los precios de mercado oscilan entre grandes diferencias respecto de los precios referenciales establecidos por los organismos estatales de control, apartándose así de los criterios de protección a los derechos del consumidor y del usuario, contemplados dogmáticamente en la Constitución Nacional, y dejando su suerte librada a las especulaciones y la necesidad urgente de quienes menos tienen.

Este tipo de situación que ha encarecido y amenazado el normal suministro del producto combustible, trae a colación prácticas vedadas e ilegales como la entrada de garrafas provenientes de Bolivia, ya que allí el costo de la misma es inferior al 50 % del costo de este lado de la frontera.

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, una Comisión Especial Investigadora de aquellas operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas y/o irregulares respecto de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) de productos agropecuarios, en el marco de lo establecido en el artículo 87 del reglamento de este honorable cuerpo.

Art. 2° – La comisión creada en el artículo 1° de la presente será integrada por seis (6) senadores. La composición deberá respetar las representaciones partidarias de la Cámara, debiendo recaer al menos un tercio (1/3) de las designaciones en senadores del principal bloque de la oposición.

Art. 3º – Serán competencias de esta comisión:

a) El recopilar toda la documentación e información existente y concerniente sobre las operaciones en torno a las cuales se realizaron presentaciones anticipadas de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) de productos agropecuarios sin haber efectuado la correspondiente compra de los mismos.

b) Deberá, además, requerir toda la documentación que sirviera de antecedentes y fundamentos en la redacción de la ley 26.351, y de las resoluciones 125/08 y 64/08, así como también del proyecto del Poder Ejecutivo nacional P.E.-13/08.

c) Recopilar toda la documentación e información existente respecto de los porcentajes de retenciones vigentes y precio de venta de exportación del producto al momento de realizarse las operaciones. Así como también toda aquella información relativa a la tenencia de granos por parte de los exportadores en cuestión.

d) Producir un informe que contenga una síntesis y análisis de dicha documentación, la investigación de los procedimientos empleados respecto de aquellas operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas y/o irregulares mencionadas y la valoración acerca de esos mismos procedimientos.

Art. 4° – Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial Investigadora estará facultada a requerir y recibir información y documentación, y realizar investigaciones referidas a sus competencias, tanto en el sector público como en el privado. La comisión elevará a esta Cámara un informe con sus conclusiones.

Art. 5° – En su reunión constitutiva, los integrantes elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. También, designarán un secretario administrativo, debiendo requerir de la Presidencia de este Honorable Senado de la Nación los recursos necesarios para su normal desenvolvimiento.

Art. 6° – Todos los actos y documentos, emanados o recopilados por esta comisión, serán de libre acceso y reproducción para aquellos que manifiesten su interés, siendo así mismo públicas sus reuniones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del reglamento de este cuerpo.

Art. 7º – Comuníquese

Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Juan C. Marino. – Alfredo Martínez.

Señor presidente:

Las maniobras que fueran denunciadas públicamente sobre la presentación anticipada de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), sin haber efectuado la correspondiente compra de granos y/o cereales, tienen graves implicancias económicas.

Esto permitió a un grupo de empresas exportadoras de granos, congelar tanto la alícuota de los derechos de exportación (retenciones) como el valor FOB declarado, lo que constituye un motivo más que suficiente para justificar la creación de una comisión investigadora.

Algunas indagaciones señalan que dicha maniobra podría infringir un perjuicio al fisco que –si bien aún no ha sido exactamente cuantificado– pero que podría superar los 1.700 millones de dólares.

El nudo central es que, según fuentes gubernamentales las 57 empresas involucradas no pueden acreditar la tenencia o adquisición de los productos cuando registraron esas ventas externas. A los ojos de hoy, con los cambios normativos que pasaron a regular el comercio de granos y que cambiaron las reglas que imperaban el año pasado, se produjo una “elusión de impuestos”.

Así los hechos, podríamos estar ante un caso de tráfico de influencias y filtración de información sensible sobre las medidas económicas que el gobierno tenía previsto implementar, y que habría servido para dar origen a esta maniobra irregular.

Por todo lo expuesto y esgrimido aquí, es que solicito a mis pares me acompañen en la sanción de la presente iniciativa.

Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Juan C. Marino. – Alfredo Martínez.

– A la Comisión de Asuntos Constitucionales

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar tenga a bien dar por reproducido un dictamen emitido el día 6 de diciembre de 2006, por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, sobre el expediente S.-3.815/06: “Fernández de Kirchner: reproduce el dictamen emitido por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales sobre diversos proyectos de ley sobre juicio por jurados (referencia S.-2.314/03 - 3.898/04 y P.E.-214/04 Ex. Od. 1.777/04)”, publicado en el Orden del Día Nº 1.338/06.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional.

Art. 2° – Competencia. Serán juzgados por jurados los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias, tengan prevista una pena privativa de libertad con un máximo en la escala penal de ocho años o más de prisión o reclusión, y los que con ellos concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de ese código siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos.

La competencia de los jurados se determinará con la calificación que corresponda a los hechos por los que se requiera la elevación a juicio.

Los juicios por jurados se realizarán en el mismo lugar en que se hubiera cometido el hecho. Excepcionalmente, cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el juez podrá disponer de oficio o a pedido de parte, y mediante auto fundado, que el juicio se lleve a cabo ante otro tribunal en cuya jurisdicción sea posible la conformación de un jurado imparcial. La reglamentación establecerá los mecanismos para instrumentar la prórroga de jurisdicción en el caso señalado.

Art. 3º – Dirección del proceso. Una vez clausurada la instrucción y recibidas las actuaciones en el tribunal de juicio, se determinará por el modo que establezca la reglamentación cuál de sus integrantes estará a cargo en forma exclusiva de la dirección del proceso y del debate.

Art. 4º – Requisitos. Para ser jurado se requiere:

a)Tener entre veintiún y setenta años de edad;

b)Saber leer y escribir;

c)Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos;

d)Tener domicilio conocido;

e)Tener una residencia permanente no inferior a dos años en el territorio de la jurisdicción del tribunal competente.

Art. 5º – Incompatibilidades. No podrán cumplir funciones como jurado:

a)El presidente y vicepresidente de la Nación, los gobernadores y vicegobernadores de las provincias;

b)Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de gobierno y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires;

c)El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios de los Poderes Ejecutivos de la Nación, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires;

d)Los legisladores y funcionarios de los Poderes Legislativos de la Nación y de las provincias;

e)Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires;

f)Los integrantes de las fuerzas armadas y seguridad nacionales y provinciales, en actividad;

g)Los abogados, escribanos y procuradores matriculados;

h)Los ministros de un culto religioso;

i)Los vocales de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 6º – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del jurado:

a)Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa;

b)Los imputados en causa penal contra quienes se haya dictado auto de procesamiento u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;

c)Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los condenados a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos, mientras no sean rehabilitados.

Art. 7º – Integración. El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes.

Art. 8º – Registro de jurados. La Cámara Nacional Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo 4º y que no tengan las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 5° y 6°, separados por la provincia en la cual residen.

La Cámara Nacional Electoral comunicará este registro a las autoridades de aplicación de esta ley en las provincias y en el ámbito nacional a fin de que formen una lista de jurados por cada una de las circunscripciones judiciales en que se halle dividido su territorio, y la comuniquen a los tribunales penales respectivos, el primer día hábil del mes de diciembre de cada año.

Art. 9º – Exhibición de registros y observaciones. Dentro de los treinta días posteriores a su comunicación a los tribunales penales, éstos pondrán a disposición del público el registro de jurados de su jurisdicción a los fines de su adecuada publicidad en el Boletín Oficial respectivo.

Las observaciones al registro por errores materiales, incumplimiento de alguno de los requisitos legales por parte de los ciudadanos incorporados en la nómina o por la omisión de incluir a quienes se encuentren en condiciones de ser incorporados, podrán ser presentadas ante el juez con competencia electoral del distrito de que se trate dentro de los diez días contados a partir de la última publicación oficial, quien de inmediato las remitirá a la Cámara Nacional Electoral para su resolución a los fines de la elaboración de la lista definitiva.

Art. 10. – Sorteo. Dentro de los diez días hábiles previos al inicio del debate el secretario del tribunal interviniente elaborará por sorteo, en presencia obligatoria de las partes bajo pena de nulidad, una lista de jurados compuesta por treinta y seis ciudadanos.

Las partes y el personal del tribunal deberán guardar secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados para integrar el jurado.

Art. 11. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y excusaciones.

La audiencia no se podrá llevar a cabo con una antelación superior a los cinco días hábiles de la fecha estipulada para el inicio del debate. La notificación de la convocatoria deberá contener la transcripción de las normas relativas a los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de la función, las causales de excusación y las sanciones previstas para el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad.

El día fijado para la convocatoria, el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados, el cumplimiento de los requisitos del artículo 4°, la inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades de las contempladas en los artículos 5° y 6° y los indagará sobre los inconvenientes prácticos que eventualmente pudieran tener para cumplir su función.

Asimismo, el secretario informará a los jurados sobre la naturaleza de la función que les ha sido asignada, quiénes son los sujetos interesados a los fines de la excusación, los deberes y responsabilidades que dicha función implica y las penalidades previstas para los delitos vinculados con tal desempeño.

Art. 12. – Excusación. La función de jurado es una carga pública. El candidato a jurado deberá inhibirse por las mismas causales establecidas para los jueces en las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes –en segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad– hubieran recibido o recibieren, de alguno de los interesados, dádivas o beneficios de cualquier naturaleza.

También podrá eximirse de desempeñar la función de jurado quien alegare haber ejercido como jurado en otra oportunidad durante el mismo año calendario o tuviera algún impedimento o motivo legítimo de excusación, los cuales serán valorados por el juez.

A los efectos de las causales de excusación enumeradas, se considerarán “interesados”: el imputado, la víctima o el ofendido, el querellante o particular damnificado, el actor civil y el civilmente demandado.

La excusación deberá plantearse en oportunidad de la convocatoria prevista en el artículo 11, salvo que se produzca con posterioridad una nueva causal. En este último caso, podrá formularse hasta antes del inicio del debate. El juez deberá resolver en definitiva sobre la admisión o denegatoria de la excusación en el mismo acto.

Art. 13. – Recusación con causa. Con posterioridad al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 12, por prejuzgamiento público y manifiesto, por no gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo, a fin de poder comprender y darse a entender en forma inequívoca o por cualquier otro impedimento que pudiera afectar su imparcialidad o que justifique su apartamiento.

Si se tomara conocimiento de una causal de recusación con posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión del veredicto, deberá plantearse inmediatamente.

Acto seguido, se suspenderá el curso del debate hasta que el juez resuelva la cuestión luego de escuchar brevemente las manifestaciones de los asistentes. Contra la resolución podrá interponerse recurso de reposición.

Si se hiciera lugar a la recusación, el jurado será reemplazado por el suplente que siga en orden de turno y si hubiere ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó su apartamiento, se remitirán testimonios al juez competente para que se investigue su conducta conforme lo previsto en el artículo 41.

Art. 14. – Recusación sin causa. La parte acusadora y la defensa, podrán cada una, en oportunidad de la convocatoria prevista en el artículo 11, recusar sin causa hasta a cuatro de los ciudadanos sorteados como jurados.

En caso de existir varios acusadores o acusados, deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los candidatos que recusan sin alegación de causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas, pueden formular la recusación, hasta que se agote el cupo de recusables.

A fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a jurados sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tengan del hecho, de los imputados y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que los testigos.

Estos trámites se realizarán ante el juez y constarán en actas. Depurada la lista, serán sorteados los doce jurados titulares y los seis suplentes, pudiendo los demás ser incorporados también como suplentes.

Si el jurado sorteado fuera apartado se designará sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados titulares y suplentes será anunciada al concluir la audiencia.

Art. 15. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada la audiencia de selección de los jurados, el secretario notificará a cada jurado sobre el régimen de remuneraciones previsto en la normativa y dispondrá las medidas necesarias para comunicar a sus respectivos empleadores sobre su condición de tales y las previsiones legales al respecto.

En caso de resultar integrantes del jurado, personas con capacidades especiales, el juez deberá arbitrar en lo posible, todas las medidas necesarias para facilitar su participación en igualdad de condiciones que los restantes miembros.

Art. 16. – Deber de informar y de reserva. Los jurados deberán comunicar al juez los cambios de domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente que los inhabilite para integrar el jurado o que constituya una causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Todo ciudadano que hubiere participado de la audiencia preliminar contemplada en el artículo 11 y que resultara excluido de la conformación definitiva del jurado, deberá guardar reserva y no podrá dar a conocer la identidad de los otros convocados.

Art. 17. – Retribución y gastos. Las personas que se desempeñen como jurados podrán ser retribuidas por el Estado nacional o provincial, por el término y en las condiciones que fijen las respectivas normas reglamentarias.

Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad como integrantes del jurado y mantener sus privilegios laborales como si hubieran prestado servicios durante ese lapso.

Los gastos de transporte y manutención diaria serán resarcidos inmediatamente de acuerdo con los valores y procedimientos que se fijen reglamentariamente. Cuando sea pertinente, el juez arbitrará las medidas necesarias para disponer el alojamiento de los miembros del jurado a cargo del erario público.

Art. 18. – Previsión presupuestaria y administración de los recursos. El presidente de la Nación establecerá por vía reglamentaria el alcance de lo que será abonado en concepto de retribución y viáticos para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del tribunal de jurados en todo el país.

El proyecto de ley de presupuesto nacional que anualmente remite el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, deberá prever dentro de la jurisdicción correspondiente al Poder Judicial de la Nación, los recursos para hacer frente a los gastos derivados de la vigencia de esta ley.

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, determinará el área administrativa que tendrá a su cargo las tareas de administración, contables y operativas necesarias para satisfacer la implementación y funcionamiento que genere el juicio por jurados.

Las normas reglamentarias de cada jurisdicción provincial, determinarán los órganos encargados de efectuar la previsión presupuestaria para hacer efectiva la puesta en funcionamiento de los juicios por jurados, y los que serán responsables de las tareas de administración, contables y operativas correspondientes.

Art. 19. – Preparación del debate. El juez, previo a la incorporación del jurado, citará a las partes a una audiencia para que propongan las pruebas que pretendan producir durante el debate e interpongan los planteos de nulidad sobre lo actuado en la instrucción, las cuestiones de competencia y las excepciones que estimen procedentes. El juez resolverá sobre la procedencia de las pruebas en forma inmediata, y respecto de las otras cuestiones que se hubieren planteado dentro del tercer día.

El secretario labrará un acta en la que constará:

a)Las partes que concurrieron;

b)Las pruebas ofrecidas;

c)La resolución del juez;

d)Las cuestiones de nulidad, de competencia, las excepciones planteadas y las protestas para recurrir en casación que se hubiesen producido.

Art. 20. – Incorporación. Los doce jurados titulares y los seis suplentes convocados se incorporarán en la oportunidad prevista para el debate, prestando juramento ante el juez conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 21. – Incomunicación. Si las circunstancias del caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el juez podrá disponer que los integrantes titulares del jurado y los jurados suplentes no mantengan contacto con terceros, disponiendo el alojamiento en lugares adecuados y los viáticos pertinentes.

Art. 22. – Inmunidades. A partir de su incorporación al debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser molestado en el desempeño de su función, ni privado de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de juez competente en razón de haberse dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de recusación con causa.

Art. 23. – Facultades del juez. El debate será dirigido por el miembro del tribunal que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina. El juez no podrá ordenar la producción o incorporación de prueba que no fuere ofrecida o solicitada por las partes, ni interrogar al acusado, a los testigos ni a los peritos e intérpretes.

Art. 24. – Reglas para el debate. Una vez abierto el debate, las partes, comenzando por el fiscal y los otros acusadores, podrán presentar el caso brevemente al jurado, explicando lo que pretenden probar.

Toda la prueba deberá ser producida durante la audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer valer la realizada fuera de la audiencia, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción, en cuyo caso el juez podrá autorizar la incorporación de los actos definitivos y de imposible reproducción, que se hubiesen practicado con control de las partes y de conformidad con los recaudos formales exigidos por la ley.

Art. 25. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser incorporados al debate por lectura aquellos actos que por su naturaleza y características fueren definitivos y de imposible reproducción.

La lectura de los elementos esenciales de esta prueba en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el acuerdo de las partes.

Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá valor alguno, sin perjuicio de la presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización del juez. En todo caso se valorarán los dichos vertidos en la audiencia.

Art. 26. – Prohibición. Los integrantes del jurado no podrán conocer las constancias recogidas fuera de la audiencia, excepto las mencionadas en los artículos 24 y 25 que el juez autorice incorporar al debate, ni interrogar a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.

Art. 27. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para la concurrencia de los jurados. Si por la naturaleza del acto esto no fuera posible, se procederá a la filmación de la totalidad de lo ocurrido con el fin de su posterior exhibición a los jurados en la sala de audiencia al continuarse con el debate público.

Art. 28. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los artículos 25, 26 y 27, acarreará la nulidad del debate.

Art. 29. – Conclusiones. Terminada la recepción de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus conclusiones frente a los jurados, proponiendo su veredicto. El fiscal, los otros acusadores y el defensor del imputado, podrán replicar al solo efecto de refutar argumentos adversos a su postura que antes no hubieran sido discutidos. La última palabra siempre le corresponderá al defensor del imputado.

Art. 30. – Instrucciones para la deliberación y el veredicto. El juez, una vez clausurado el debate, explicará al jurado las normas que rigen la deliberación y le informará sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta y continua y sobre las disposiciones legales aplicables al caso, expresando su significado y alcance en forma clara.

Previamente, invitará a los jurados a retirarse de la sala y celebrará una audiencia con los letrados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica, las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones para el caso de interposición de recursos contra el fallo, en el acta que el secretario labrará al efecto.

Los letrados podrán anticipar sus propuestas de instrucción presentándolas por escrito, entregando copia al juez y los letrados de las demás partes.

Art. 31. – Lectura de las instrucciones. Deliberación y veredicto. Una vez finalizada la audiencia prevista en el artículo 30, el juez hará ingresar al jurado a la sala de debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole asimismo una copia de ellas por escrito. Inmediatamente después, el jurado pasará a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros estando vedado el ingreso a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad.

Si durante la deliberación los integrantes del jurado tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en el segundo párrafo del artículo 30 para su posterior aclaración.

Los jurados elegirán su presidente, bajo cuya dirección analizará los hechos. La votación será secreta.

El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:

a)¿Está probado o no el hecho en que se sustenta la acusación?

b)¿Es culpable o no es culpable el acusado?

El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de nueve votos.

Cuando el jurado no considere probado el hecho que sustenta la acusación o entienda que el imputado no es culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo requerirá el voto favorable al menos de siete de los miembros del jurado.

En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se absolverá al acusado. La sesión terminará cuando se obtenga un veredicto.

Art. 32. – Obligación de denunciar presiones para el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o inducciones externas que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado.

Art. 33. – Reserva de opinión. Los miembros del jurado están obligados a mantener en absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado. Las boletas utilizadas para la votación serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no tomen conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.

Art. 34. – Pronunciamiento del veredicto. Cuando se haya logrado el veredicto, el jurado será convocado de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o no culpable al o a los imputados.

Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.

Art. 35. – Determinación de la pena. Si el veredicto fuere de culpabilidad, inmediatamente después o de no ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a efectos de la determinación de la pena y de su monto, y luego procederá fundadamente a individualizar la pena o la medida de seguridad y corrección aplicables y a establecer la reparación civil correspondiente, si se hubiere reclamado en su oportunidad.

Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez y, en su caso, el debate continuará solamente para resolver las cuestiones civiles que se hubiesen planteado.

Art. 36. – Constancias y acta del debate. El juez deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate.

Sin perjuicio de la versión taquigráfica, grabación o filmación, el secretario levantará acta del debate que contendrá:

a)El lugar y fecha de la audiencia;

b)El nombre y apellido del juez a cargo del proceso, fiscal, defensores y mandatarios;

c)Los datos de identificación, domicilio o lugar de detención de los imputados;

d)El nombre y apellido de los jurados;

e)Datos personales de los testigos, peritos e intérpretes y mención del juramento;

f)Las demás circunstancias que indiquen el tribunal o las partes con su anuencia;

g)El acta prevista en el artículo 30 de la presente y las propuestas escritas de instrucciones sugeridas por las partes y la resolución del juez en cada caso;

h)Las conclusiones de los alegatos de las partes;

i)El resultado del veredicto.

Art. 37. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las reglas de las normas procesales de la jurisdicción correspondiente, pero deberá contener en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso y del veredicto del jurado.

Rigen, en lo que no resulten modificadas por las normas precedentes, las causales de nulidad previstas para la sentencia en los procedimientos sin jurados.

Art. 38. – Pedido de absolución. Cuando por razones fundadas en el curso del debate, aun antes de la etapa de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución, cesará de inmediato la función de los jurados y el juez deberá dictar sentencia absolutoria. El procedimiento continuará según lo establecido en el artículo 35, último párrafo.

Si el pedido de absolución no fuera por todos los hechos investigados o a favor de todos los imputados, se deberá plantear al momento de los alegatos y vinculará al juez en la medida requerida.

Art. 39. – Casación o recurso contra el fallo. Serán aplicables las reglas del recurso de casación o de los recursos contra el fallo previstos en cada provincia y constituirán motivos para su interposición:

a)Los previstos en el procedimiento común;

b)La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros;

c)La arbitrariedad de la decisión que rechace medidas de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado;

d)Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión;

e)Cuando el veredicto fuere descalificable por arbitrariedad manifiesta.

No procederá recurso alguno contra la sentencia absolutoria.

Art. 40. – Desobediencia. Las personas que resulten designadas para integrar un jurado, que maliciosamente se nieguen a comparecer al debate serán reprimidas con la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.

Art. 41. – Mal desempeño. Las personas que resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo falten a los deberes y obligaciones previstos en la presente ley incurrirán en el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal.

Art. 42. – Violación de secretos. Las personas que resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo violen los deberes de reserva establecidos en esta ley incurrirán en el delito previsto en el artículo 157 del Código Penal.

Art. 43. – Equiparación a funcionario público. Para los efectos de los artículos 41 y 42, se reputará funcionario público a las personas que fueran designadas para desempeñarse como jurado en un proceso penal.

Art. 44. – Difusión y capacitación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizará en todo el país cursos de capacitación para ciudadanos, a fin de promover el conocimiento y adecuado cumplimiento de la función judicial. La asistencia a dichos cursos no constituirá un requisito para ejercer la función de jurado, pero acreditará idoneidad suficiente para cumplirla.

Art. 45. – Aplicación supletoria. Será de aplicación supletoria a las disposiciones de la presente ley en la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Procesal Penal de la Nación, y en cada provincia la respectiva norma de rito.

Art. 46. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará dentro del plazo de un año, computado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, la implementación del juicio por jurados.

Art. 47. – Implementación. A partir de la reglamentación de esta ley dentro del plazo de dos años, deberán disponerse las medidas necesarias a fin de que sean juzgados por jurados los delitos dolosos seguidos de muerte.

Dentro de los cuatro años contados a partir de la reglamentación de esta ley, deberán disponerse las medidas necesarias a fin de que sean juzgados por jurados los delitos con pena privativa de libertad, cuyo máximo en la escala penal sea de doce años o más.

A partir de los cinco años contados desde la reglamentación de esta ley, deberán disponerse las medidas necesarias para la implementación del juicio por jurados para el juzgamiento de todos los delitos previstos en el artículo 2º.

En las jurisdicciones provinciales se aplicará el esquema gradual de implementación descrito en los párrafos precedentes, a partir de la reglamentación de esta ley en cada distrito.

La implementación a que se hace referencia en los párrafos precedentes deberá incluir las adecuaciones técnicas y logísticas necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema de juicio por jurados, así como las tareas de difusión y capacitación de la ciudadanía y de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, en el ámbito nacional y provincial.

Art. 48. – Aplicación. Esta ley se aplicará en la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del año de su implementación y en las jurisdicciones provinciales a partir de la fecha que cada distrito determine en su reglamentación, la cual no podrá exceder de los seis años de entrada en vigencia de la presente.

Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Oportunamente, y como consecuencia de la presentación de los expedientes P.E.-214/04, S.-2.314/03 del senador Jorge Yoma y S.-3.898/04 del senador Oscar Castillo, relativos a proyectos de ley sobre el establecimiento del juicio por jurados y en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 118 de la Constitución Nacional, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de este Honorable Senado de la Nación se abocaron a su estudio a fin de dictaminar sobre los mismos.

En el marco del trabajo parlamentario, los días 22 y 23 de abril de 2004 se llevó a cabo el Seminario de Juicio por Jurados, organizado por el senador Yoma, que contó con la presencia del entonces presidente de la Cámara Alta, don Daniel Scioli; del entonces ministro de Justicia, doctor Gustavo Beliz; y en el que participaron los doctores Ricardo Cavallero, Francisco Castex, Joaquín Da Rocha, Edmundo Hendler, Julio Maier, José Raúl Heredia, Gustavo Bruzzone y a través de una videoconferencia el doctor Peter Messitte, juez del distrito de Maryland, desde los Estados Unidos de América.

De la misma manera el 31 de agosto de 2004 expuso la profesora Valerie Hans, de la Universidad de Delaware, Estados Unidos.

En virtud de la tarea legislativa desarrollada, el día 5 de octubre de 2004, la comisión de Asuntos Constitucionales dispuso la creación de una subcomisión, conformada por los senadores Jorge Yoma, Vilma Ibarra, Liliana Negre de Alonso y Carlos Prades, para la consideración y análisis de los expedientes ut supra mencionados.

El 23 de noviembre de 2004, culminada la tarea de la subcomisión, ésta presentó a los demás integrantes de la comisión un proyecto de dictamen a fin de ser sometido a estudio de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

En tal sentido, se recibieron propuestas de modificaciones por parte de los senadores Mabel Müller, Laura Leguizamón, Vilma Ibarra, Guillermo Jenefes y Jorge Yoma, y observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Por otra parte en la reunión plenaria de comisiones del día 30 de noviembre de 2004 participaron, expresando su opinión al respecto, el entonces ministro de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rossatti y el subsecretario de Política Criminal de dicha cartera, doctor Alejandro Slokar.

Finalizada dicha etapa, y teniendo en cuenta las propuestas y modificaciones presentadas se dictaminó el 1° de diciembre de 2004, conforme surge de la Orden del Día N° 1.777/04.

Posteriormente, el 9 de marzo de 2005 el doctor Jeffrey Apperson, administrador de la Corte Federal del Distrito Oeste del estado de Kentucky, Estados Unidos, dictó una conferencia en el Honorable Senado sobre la implementación del juicio por jurados en el país del Norte.

Ahora bien, la Orden del Día Nº 1.777/04 perdió estado parlamentario, por la renovación parcial de la Cámara sin haber sido considerado oportunamente por el pleno de la Cámara, ante lo cual con fecha 23 de octubre de 2006 la entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, reprodujo el dictamen en cuestión, entendiendo que el mismo representaba la expresión de la voluntad de legisladores de los distintos bloques que en dicha oportunidad conformaban ambas comisiones y que a través de un concienzudo y profundo trabajo legislativo, y del consenso de todos ellos, se había arribado a un único despacho de comisiones, por lo que resultaba conveniente aprovechar el bagaje adquirido en todo ese tiempo volcado en el dictamen mencionado.

A su vez, dicho proyecto de ley, plasmado en el expediente S.-3.815/06, resultó dictaminado con modificaciones en la reunión plenaria de comisiones del 5 de diciembre de 2006 y publicado en la Orden del Día Nº 1.338/06. Sin embargo, dicho instrumento parlamentario corrió la misma suerte que su antecedente y caducó por la renovación parcial del Senado sin haber sido tratado por el Plenario.

A fin de dar cumplimiento a la manda constitucional de 1853/60, y en el entendimiento de que resulta provechoso contar con el texto elaborado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales en el año 2006 y otorgarle estado parlamentario a fin de que los actuales integrantes de las comisiones competentes analicen la propuesta y realicen las observaciones que estimen procedentes, es que propongo la reproducción del dictamen impreso en la Orden del Día Nº 1.338/06.

Con el objeto de evitar ser reiterativo, y referirme in extenso al instituto reglamentado al momento de tratarlo en comisión, me remito a los fundamentos de los proyectos que dieron origen a los dictámenes, las versiones taquigráficas de las respectivas reuniones de comisión, y los demás antecedentes aquí mencionados, que sirvieron de sustento al dictamen que hoy solicito se reproduzca y que reflejan acabadamente la importancia del establecimiento del juicio por jurados en el andamiaje del sistema judicial argentino.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifícase el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito (ley 24.449), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 68: Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo con las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no, siendo inoponible a dichos terceros cualquier tipo de franquicia pactada en el respectivo contrato de seguro que fuere superior a la suma de cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.

Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores.

Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40.

Previamente, se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo.

Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del artículo 66 inciso a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística.

Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.

Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago.

La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia del seguro.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Ley de Tránsito dispone, en su artículo 68, la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para poder circular con todo tipo de vehículo.

A ese respecto, resulta mayoritariamente aceptado que la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil responde a la necesidad tuitiva de dar protección eficaz a las numerosas víctimas de los accidentes de tránsito que ocurren, por las más diversas razones, en la Argentina. Por lo que el seguro obligatorio constituye una garantía instituida por el legislador para asegurarles a las víctimas una indemnización por los daños sufridos en un accidente de tránsito.

Aquí es necesario precisar que si bien el artículo 68 de la Ley de Tránsito impone la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a los que fije la autoridad en materia aseguradora.

La Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante resolución 25.429/97, declaró en emergencia a las empresas prestadoras del servicio de autotransporte público de pasajeros y sus aseguradoras debido, entre otras razones, a una alta siniestralidad en ese ámbito.

La misma resolución 25.429/97 aprobó las condiciones contractuales para el riesgo de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público, disponiendo que los aseguradores que optaren por brindar dicha cobertura “deberán adherirse expresamente a esta resolución”. Para paliar dicha emergencia, la superintendencia, en la misma resolución, estableció “lo que se denomina franquicia o descubierto a cargo del asegurado, disponiendo que el asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de pesos 40.000”.

Como resultado de la vigencia de esta resolución, la víctima de un accidente de tránsito causado por vehículos de transporte público sólo podrá reclamar a la compañía aseguradora, si el capital de la condena por daños supera los pesos 40.000 y sólo en la medida del excedente.

El quid de la cuestión radica en que al fijar un monto tan elevado en descubierto quedan comprendidos en el marco de la exoneración del asegurador la gran mayoría de los daños a cargo de las empresas de transporte (las que comprenden daños materiales y personales, por debajo de la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), que son los más importantes en número).

Esto importa, en los hechos, que los damnificados por los accidentes no tengan derecho a recuperar los daños experimentados por los accidentes. La garantía que ofrece la compañía aseguradora desaparece toda vez que la elevada franquicia se erige en un obstáculo legal para una efectiva percepción de la indemnización de daños. A su vez, las empresas de autotransporte no pueden, contratar otro seguro que cubriese los daños inferiores a pesos 40.000, porque, en la inteligencia de la resolución de la Superintendencia de Seguros, se trata de un riesgo no asegurable.

Cuestionada la legalidad y constitucionalidad de la resolución 25.429/97, una parte considerable de los tribunales han resuelto que la franquicia mediante la cual se excluye de la cobertura del seguro, y por lo tanto de la prestación del asegurador, una suma predeterminada en la póliza es oponible a terceros damnificados en virtud de que la responsabilidad del asegurador opera “en la medida del seguro”.¹ Otra parte, igualmente significativa, de los tribunales se ha pronunciado por la nulidad o la inoponibilidad de la franquicia respecto del damnificado.²

La Corte Suprema de Justicia ha entendido que asiste razón a los que defienden la oponibilidad de la franquicia de pesos 40.000. Adoptar un camino contrario significaría, según nuestro más alto tribunal, prescindir “de lo dispuesto en la ley 17.418 que específicamente establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro” y de la normativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación que prevé como cobertura básica del seguro de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros una franquicia de pesos 40.000.³

Si a la oponibilidad de la franquicia se suma la débil posición económica en que se encuentran en nuestro país las empresas de transporte público de pasajeros se observa la ineficacia, en los hechos, del sistema de protección de víctimas creado por la Ley de Tránsito. Por un lado, no pueden reclamar sus indemnizaciones a las empresas transportistas por el estado falencial de éstas. Por otro, tampoco lo pueden hacer a las aseguradoras ante la cuantía de las franquicias.

En función de lo antedicho, es claro que la “franquicia o descubierto a cargo del asegurado” desvirtúa lisa y llanamente la obligatoriedad del seguro de responsabilidad que exige la ley 24.449. Dentro de los límites de tal descubierto, el asegurado carece de seguro.

En esas circunstancias resulta necesario, como ya lo han manifestado pronunciamientos judiciales,⁴ encontrar una solución legislativa que, sin cuestionar el instituto de la franquicia, impida su fijación en valores que, por su irrazonabilidad, están alejados de una elemental noción de justicia.

Por ello, se propone aquí una alternativa que, respetando la libre contratación y la voluntad de las partes, limite sus efectos abusivos para con los terceros damnificados.

En virtud de lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Legislación General.

El Senado de la Nación

Su rechazo a la resolución emanada del Parlamento Europeo denominada “Directiva de retorno”, que constituye una violación a los derechos humanos básicos.

Señor presidente:

El Parlamento Europeo aprobó la “Directiva de retorno” el 18 de junio de 2008. Tras casi tres años de negociaciones, la Eurocámara la ha aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. La directiva, cuya aplicación está prevista para el 2010, se aplicará a nacionales de países no comunitarios que se encuentren en situación ilegal en un Estado de la Unión Europea.

Esta directiva posiciona a los inmigrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Esta directiva permite a los Estados de la Unión Europea expulsar a los inmigrantes, para lo que se dará un período de salida “voluntaria” del país, de un mínimo de 7 días a un máximo de 30 días (artículo 7º). Si no se van, los expulsarán. Transcurrido el plazo de retiro voluntario, en caso de que “haya argumentos fundados para creer que hay riesgo de fuga y no sea suficiente aplicar medidas menos coercitivas”, la autoridad judicial podrá decidir trasladarlos a centros de retención, donde permanecerán un período máximo de seis meses, ampliables a 12 meses más en caso de que la persona o el país tercero en cuestión no cooperen.

Se prevé la posibilidad de repatriar a los menores no acompañados, siempre y cuando sus familias o un centro de acogida se ocupen de ellos a su llegada. Además, los niños y las familias con menores “sólo serán internados como último recurso y ello por el menor tiempo posible” (artículo 15 bis).

Dichos planteos vulneran derechos humanos fundamentales, criminalizando a los inmigrantes, y significan la generalización antidemocrática de encierro arbitrario por un período indeterminado de tiempo y retorno forzoso sin posibilidad de poder volver a pisar el suelo europeo durante los siguientes cinco años.

Nos duele por ello a quienes hemos sido receptores de inmigración europea hace apenas algunas décadas, que tengamos que hablar hoy de lo anacrónico, desde el punto de vista de los derechos humanos, de la directiva de retorno aprobada por la Unión Europea.

Diversas ONG critican y rechazan la directiva de retorno aprobada por el Parlamento Europeo, entre algunas de ellas:

– Amnistía Internacional (AI) está “profundamente decepcionada” por la aprobación de la directiva, que, asegura, “no garantiza el retorno de los inmigrantes irregulares de manera digna y segura”. AI califica la norma de “un muy mal ejemplo para otras regiones en el mundo” y pide a los Estados miembro que ya aplican más garantías que las previstas en esta directiva, como España, que no aprovechen su aprobación para rebajarlas.

– La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) ha lamentado la decisión y espera que el Parlamento se la replantee en los dos años de plazo antes de la aplicación. Denuncia que su intención es “abrir aún más la brecha entre autóctonos e inmigrantes” y han anunciado una caravana europea de inmigrantes para el próximo mes de diciembre, para mostrar el descontento de los 18 millones de personas sin documentos que, según la organización, viven en Europa.

– Save the Children considera que la directiva “no reúne las garantías necesarias para la protección de los menores extranjeros no acompañados”. Considera que para el retorno de los menores no acompañados se debe exigir la absoluta seguridad de que la situación en origen es la adecuada para el retorno, ya que estamos ante niños y niñas que pueden sufrir represalias, maltrato, abusos, riesgo de caer en redes de explotación sexual o laboral.

– La asociación Jueces para la Democracia cree que la directiva devendrá en unas “escasísimas posibilidades de control judicial” ya que “se potencia la posibilidad de un poder administrativo exorbitante y autónomo con escasísimas posibilidades de control judicial real y efectivo”.

– La Asociación hispanoecuatoriana Rumiñahui, el grupo más importante de emigrantes ecuatorianos en España, expresó en un comunicado que “la Europa de las luces se ha convertido en una Europa de las tinieblas, la duración de la detención para los inmigrantes indocumentados será de hasta 18 meses: esa acción se convierte en una falta administrativa, en un crimen”, y la agrupación teme que el confinamiento de los inmigrantes irregulares se haga en “lugares inhumanos y degradantes que han sido calificados como ‘guantánamos europeos’”. “Esta directiva, que incumple con las normas mínimas internacionales de derechos humanos, impone una noción de legalidad e ilegalidad a conveniencia de los intereses económicos europeos y nos confirma que no somos iguales ante la ley”, advierte el grupo.

El Parlamento del Mercosur y los presidentes de los Estados parte de dicho bloque regional manifestaron su rechazo y su estupor ante semejante norma.