El Senado de la Nación

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo del corriente año.

Señor presidente:

El Día Internacional de la Mujer fue establecido por las Naciones Unidas en 1975. Su origen se remonta al 8 de marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la ciudad de Nueva York. Las protagonistas de otro hecho similar fueron, también, empleadas textiles neoyorquinas: en 1908 las obreras iniciaron una huelga en la fábrica Cotton y tomaron el establecimiento. Ellas pedían igualdad de salario entre hombres y mujeres, descanso dominical y reducción de la jornada laboral. Las huelguistas fueron encerradas y el edificio fue incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres. Se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha de ésta por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.

En 1910, en el Congreso Internacional de la Segunda Internacional de Copenhague, fue propuesta esa fecha como Día Internacional de la Mujer. La proposición la realizó la revolucionaria alemana Clara Zetkin, que integraría, años después, el grupo revolucionario alemán “Espartaco”, junto a Rosa Luxemburgo.

Tiempo después, las Naciones Unidas tomaron esa fecha como un hito importante en las luchas de las mujeres para conseguir la igualdad de derechos, la participación plena en la sociedad.

Las mujeres buscaron la igualdad con el hombre y el primer acto fue la lucha por el voto.

En nuestro país, en 1919 se presenta el primer proyecto de ley en el Parlamento nacional para otorgar el voto a las mujeres. En el año 1921 se presenta otro proyecto para el otorgamiento del voto de la mujer, que tuvo la misma suerte que el anterior; hubo iniciativas posteriores con el mismo destino. En 1928 el gobernador de la provincia de San Juan, Federico Cantoni, otorgó el voto a las mujeres, hasta que en 1946 el gobierno peronista logró sancionar los derechos cívicos de la mujer.

En los comienzos del siglo XX, aparecieron los primeros movimientos feministas y de liberación de la mujer, como expresión de las militantes del Partido Socialista y del movimiento anarquista.

Pocas causas promovidas por este organismo han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las Nacional Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental.

La mujer ingresó a la política en la Argentina –con derechos para elegir y ser elegida– en 1946, por la lucha de Eva Perón.

De ella podemos ampliar que fue una de las figuras más relevantes en la lucha por la emancipación política de la mujer trabajadora y por su acción y propaganda fue establecido el derecho al sufragio para las mujeres argentinas. Entre sus libros más importantes figuran Historia del peronismo y La razón de mi vida. Fogosa oradora, conmovía a las masas populares y hablaba con la voz de “los que no tienen voz”. Acompañó a Juan Perón en su campaña política, en su triunfo electoral de febrero de 1946 y en la labor de gobierno. Adquirió un liderazgo que persiste en el recuerdo y en la conciencia de los sectores trabajadores y del pueblo. Inspiró la Fundación Eva Perón basada en la ayuda social y en los principios de la ayuda mutua, no en la caridad.

Desde su liderazgo tuvo especial dedicación por los niños, ancianos y enfermos, principalmente de las clases obreras.

El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades a favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.

Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos que corresponda, incluya en el listado de edificios a finalizar, a la Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos del departamento de Fiambalá de la provincia de Catamarca; debido a la falta de condiciones mínimas en que se encuentra el edificio escolar, corriendo riesgo la salud y vida de los estudiantes.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que corresponda, incluya entre las escuelas a finalizar, la Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos, del departamento de Fiambalá de la provincia de Catamarca.

Las escuelas del interior de mi provincia, siguen desnudando falencias en materia edilicia. En este caso, que no es uno aislado, sino uno más de tantos existentes en la provincia de Catamarca, los afectados son 200 alumnos de la Escuela Nº 128, quienes se encuentran recibiendo clases en un edificio que no reúne las condiciones mínimas que debe tener un establecimiento educativo.

Desde su creación, la Escuela Nº 128 funcionó en precarias construcciones de adobe, y las diferentes ampliaciones que se realizaron, no tuvieron una planificación previa. Las aulas no solamente son insuficientes, sino también de pocas dimensiones, sin iluminación ni ventilación adecuada, razones por lo cual es imprescindible, necesario y urgente la construcción de un nuevo edificio para la escuela. La realidad estructural marca que donde nuestros niños toman sus clases, el edificio no reúne las condiciones para funcionar como una escuela.

Posteriormente se logró obtener un terreno. Se solicitó a educación provincial que construya una escuela más segura y acorde con lo que diariamente necesitan los alumnos. Según se conoce públicamente, desde educación manifestaron que para iniciar las gestiones de un nuevo edificio era necesario un terreno propio.

La comunidad consiguió el terreno de casi 1 hectárea, pero ahora siguen las acciones dilatorias desde el Ministerio de Educación de la provincia, quienes deben actuar con celeridad, e incluir la construcción en un plan nacional o provincial.

Se requiere a la brevedad el aporte nacional con objeto de finalizar las construcciones: para los casos de creación de nuevos establecimientos, se deberá garantizar que los mismos pertenezcan al sector de enseñanza pública de gestión estatal y que estén destinados a la atención de población escolar con alto NBI.

Para los casos de sustitución de edificios existentes, se deberá demostrar que el edificio resulta claramente inadecuado para la actividad escolar o que el grado de deterioro u obsolescencia del mismo resulta un factor de riesgo para la seguridad física de la comunidad educativa.

Es cierto también, que esto se podría haber solucionado hace tiempo, pero también es cierto que después de tantos reclamos a las autoridades competentes, éstas no se han preocupado por el tema, la ineficiencia y la ineficacia han superado los reclamos de los interesados.

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en relación a los beneficios concedidos a través del régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones que derivan de la ley 25.924, los siguientes puntos, teniendo en cuenta que esta Honorable Cámara se apresta a tratar la continuidad de dicho régimen por un plazo de tres (3) años y es necesario hacer público todos los elementos que permitan evaluar la implementación del mismo.

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que han solicitado los beneficios de dicho régimen de promoción de inversiones y no han sido acogidos por el mismo, especificando:

a) Clasificación de las empresas por tamaño (grandes, pequeñas y medianas), según la normativa vigente y por origen del capital (nacional o extranjero).

b) Descripción del proyecto de inversión detallando objetivo, sector o rama de actividad, ubicación geográfica, monto total de la inversión y del beneficio fiscal solicitado, generación de puestos de trabajo comprometidos, aumento absoluto de exportaciones (en dólares estadounidenses) y exportaciones netas (neto de exportaciones menos importaciones) e integración nacional del proyecto (costo de insumos, partes y piezas de origen nacional/costos totales de insumos, partes y piezas y servicios), tal cual figura en los anexos I y II del decreto reglamentario 1.152/04.

c) Razones por las cuales no les fue concedido el beneficio.

2. Descripción de los proyectos aprobados detallando a) y b) del punto anterior.

3. Grados y plazos de cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas beneficiadas (plazos temporales, montos de inversión, generación de puestos de trabajo, aumento absoluto de las exportaciones e integración nacional del proyecto).

4. Impacto, en porcentaje, de las inversiones generadas a través de este régimen en relación al total de la inversión realizada en el país durante cada año que estuvo en vigencia y en relación al PBI de cada período.

Señor presidente:

Durante el presente mes de febrero esta Honorable Cámara de Senadores comenzó a tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional (expediente P.E.-722/07), el cual propicia darle continuidad por el término de tres (3) años al régimen de promoción de inversiones que fue instituido mediante la ley 25.924 aprobada en el año 2004.

Entre los fundamentos destacados para aprobar el proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo se señaló el impacto positivo que tuvo el mencionado régimen como generador de importantes niveles de inversión durante su vigencia. En consecuencia, sería importante que los legisladores, y la opinión pública en general, conozcamos la dimensión de las inversiones realizadas al amparo de la ley 25.924.

Asimismo, en la fundamentación del proyecto se señala también que “para alcanzar un desarrollo económico dinámico y equilibrado, dadas las heterogeneidades intersectoriales e interregionales existentes, resulta necesario aplicar una estrategia de desarrollo productivo que establezca prioridades respecto de los sectores industriales y las regiones geográficas a atender para establecer la asignación del cupo fiscal previsto en el proyecto de ley propiciado”. Agregándose además que “la medida propuesta se enmarca en las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional tendientes a implementar políticas activas que incentiven dichas inversiones, apuntando a la expansión económica, a su sostenimiento en el tiempo, contribuyendo de tal manera al incremento de la demanda laboral”.

En función de los expresado en estos fundamentos, y teniendo en cuenta que han transcurrido ya más de tres años de la puesta en marcha del régimen de promoción de inversiones que propicia la ley 25.924, al cual el presente proyecto de ley le daría continuidad en el próximo trienio, nos parece recomendable y necesario hacer una evaluación de lo realizado hasta ahora.

Por ello, solicitamos a través de este pedido de informes dar a conocer públicamente sus resultados, para que la opinión pública y los legisladores estén al corriente y puedan manifestarse en relación a los costos y beneficios que trae aparejado la aplicación de dicho régimen, considerando elementos tales como la generación de empleo, el desarrollo regional y la equidad, la promoción de sectores o ramas industriales, el incremento de las exportaciones y la integración nacional de los proyectos promovidos.

Señor presidente, en función de lo expuesto y de la importancia que le otorgamos al desarrollo de políticas activas que promuevan la inversión productiva orientadas por el Estado en función del bien común, y al estricto cuidado de los recursos públicos, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación que, creemos brindará valiosos elementos de juicio al conjunto de los legisladores y de la comunidad para evaluar la pertinencia del instrumento de promoción propuesto por el Poder Ejecutivo y los resultados de su ejecución en los últimos años.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, realizadas a partir del 1° de octubre de 2004, inclusive, que al 30 de septiembre de 2007 conformaren el saldo a favor de los responsables, a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la ley 23.349 –Ley de Impuesto al Valor Agregado–, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, les serán acreditados contra otros impuestos, incluidos sus anticipos, a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y, por el remanente del saldo resultante de la referida acreditación, podrá solicitarse su devolución.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento y las condiciones que deberán observarse –que no se indiquen en la presente– para acceder a la acreditación y/o devolución mencionadas, entre las cuales se deberá considerar como factor esencial que el solicitante disponga la realización de nuevas inversiones.

Art. 2° – El requisito de realización de nuevas inversiones por parte del solicitante, establecido en el artículo anterior, no se considerará cumplido cuando las inversiones se encuentren amparadas en regímenes tributarios vigentes o futuros destinados a la promoción de las mismas.

Art. 3° – Se considerarán nuevas inversiones aquellas que tengan principio efectivo de ejecución dentro de los quince (15) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. A estos fines, se entenderá que existe principio efectivo de ejecución, cuando se haya producido la incorporación al patrimonio de bienes asociados a la inversión, por un monto no inferior al quince por ciento (15 %) de la inversión necesaria para acceder a la acreditación y/o devolución correspondiente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 4° de la presente ley.

En el caso de que el solicitante posea inversiones en curso, se considerará nueva inversión a la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva efectuada luego de los quince (15) meses inmediatos anteriores al de la entrada en vigencia de la presente ley y en la medida que no haya sido considerada nueva inversión para regímenes tributarios vigentes o futuros destinados a la promoción de las mismas.

Art. 4° – A los efectos del acogimiento al régimen, y sin perjuicio de la evaluación que realice la autoridad de aplicación en los términos del artículo 1° de la presente ley, la inversión a realizar por los solicitantes deberá ser, al menos, igual al importe a acreditar y/o devolver.

Art. 5° – La acreditación y/o devolución se realizará en proporción al grado de avance de la nueva inversión. La autoridad de aplicación podrá disponer la verificación profesional del grado de cumplimiento de la misma a fin de hacer efectiva dicha acreditación y/o devolución.

Art. 6° – No será de aplicación el régimen establecido en el presente artículo cuando al momento de la solicitud de acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los contribuyentes.

Art. 7° – Los bienes de capital comprendidos en el presente régimen son aquellos que revisten la calidad de bienes muebles –excepto automóviles– o inmuebles, amortizables para el impuesto a las ganancias.

Art. 8° – No podrá realizarse la acreditación prevista en esta ley contra obligaciones derivadas de la responsabilidad solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación como agentes de retención o de percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica.

Art. 9° – Cuando los bienes de capital se hayan adquirido en los términos y condiciones establecidos en la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra, sólo podrán computarse a los efectos de este régimen cuando al 30 de septiembre de 2007 se haya ejercido la citada opción, encontrándose habilitado el cómputo del crédito fiscal correspondiente a la misma.

Art. 10. – A efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley, el impuesto al valor agregado correspondiente a la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, se imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.

Art. 11. – Las acreditaciones o devoluciones previstas en este artículo no podrán realizarse cuando los referidos créditos fiscales hayan sido financiados mediante el régimen establecido por la ley 24.402.

Art. 12.- Cuando el contribuyente efectúe la respectiva solicitud de acreditación y/o devolución con posterioridad al momento en que haya dado cumplimiento al requisito de realización de nuevas inversiones, se entenderá, a los fines de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 56 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que la acreditación y/o devolución resulta procedente a partir del referido momento.

Art. 13. – Para la asignación del cupo fiscal, la autoridad de aplicación considerará las nuevas inversiones, la productividad y el valor agregado del trabajo, la antigüedad del crédito fiscal, el monto del saldo técnico a favor en el impuesto al valor agregado por la compra de bienes de capital y la iliquidez generada por la indisponibilidad del saldo técnico.

Art. 14. – El monto a ser acreditado y/o devuelto no podrá exceder el del saldo técnico a favor del beneficiario a la fecha de acreditación y/o devolución. Asimismo, dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.

Art. 15. – A los fines del régimen indicado en el artículo 1º de la presente ley, establézcase un cupo fiscal destinado a la acreditación y devolución previstas en el mismo, que ascenderá a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), los que se asignarán de acuerdo con el mecanismo dispuesto en la presente ley y con las normas reglamentarias que establezca el Poder Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta los criterios objetivos mencionados en el artículo 13 de la presente ley. Dicho cupo deberá destinarse íntegramente a las pequeñas y medianas empresas, entendiéndose a estos fines por pequeña y mediana empresa a la definida en la resolución 675 del 25 de octubre de 2002 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del entonces Ministerio de la Producción. En el supuesto de que la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción emitiere una nueva resolución que modifique los parámetros indicados, dicha modificación será tenida en cuenta a los fines de la categorización que prevé el presente régimen.

El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso nacional sobre la distribución del cupo establecido en el presente artículo.

Art. 16. – No podrán acogerse al régimen quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:

a)Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las ley 19.551 y sus modificaciones o ley 24.522, según corresponda, a la fecha que se establezca como vencimiento para el acogimiento;

b)Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o la Administracion Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las ley 23.771 y sus modificaciones o ley 24.769, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

c)Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 17. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se hubiere generado hasta el 30 de septiembre de 2007, inclusive, y correspondan a inversiones en bienes muebles –excepto automóviles– o inmuebles que revistan a dicha fecha la calidad de amortizables para el impuesto a las ganancias.

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a mis pares con el objeto de someter a consideración un proyecto de ley, el cual busca cumplir con las mandas constitucionales impuestas al Congreso de la Nación.

En tal sentido, el artículo 75, inciso 18 de nuestra Constitución Nacional señala como atribución del Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país promoviendo, entre otros, la industria.¹ Asimismo, el primer párrafo del inciso 19 del mencionado artículo indica que corresponde al Congreso “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.²

Consecuentemente con esta manda, y teniendo en cuenta la desventaja financiera que implica para determinados factores económicos la acumulación de “saldos técnicos” en el impuesto al valor agregado, es que se considera viable a los fines de promover la productividad de nuestra economía posibilitar a aquellos contribuyentes pymes que acumulen saldos técnicos del impuesto mencionado el acceso a la acreditación de los mencionados “saldos técnicos” contra otros impuestos, y/o en su caso, a la devolución de los mismos.

Que en este punto es de remarcar la importante adhesión que presentó el régimen instaurado por la ley 25.988, reglamentada por el decreto 379/2005, la cual dispuso una situación similar a la propuesta en el presente proyecto para los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, realizadas a partir del 1° de noviembre de 2000, inclusive, que al 30 de septiembre de 2004 conformaren el saldo a favor de los contribuyentes.

Que con la intención de complementar la mencionada norma, y en sintonía con el proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo nacional, es que se considera importante, a los fines de los objetivos señalados, posibilitar a los contribuyentes que encuadren en las características descritas ut supra lograr aplicar los “saldos técnicos” inmovilizados al desarrollo de proyectos productivos que motoricen la economía nacional y ayuden a paliar la deficiencia de acceso al crédito por la cual atraviesan los emprendimientos pequeños y medianos de la economía nacional.

Sin embargo, y teniendo en cuenta el sacrificio fiscal que importaría la medida, es que se ha previsto en el presente proyecto un cupo fijo y previsible de doscientos millones de pesos, destinado exclusivamente a la pequeñas y medianas empresas, sector al cual se les hace más complejo el acceso al financiamiento.

En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación

Su beneplácito al conmemorarse el pasado 5 de febrero del corriente año los cincuenta años de la creación del Consejo Nacional de Actividades Científicas y Tecnológicas (Conicet), institución pionera en la investigación científica del país.

Señor presidente:

La investigación científica en la Argentina cumple uno de los principales roles para el desarrollo de los grandes avances médicos, técnicos, científicos que produce el país.

Hace exactamente 50 años, un 5 de febrero de 1958, un grupo de pioneros encabezado por el doctor Bernardo Houssay fundaban la institución que transformaría totalmente la actividad científica: ese día, el decreto número 1.291 creaba el Consejo Nacional de Actividades Científicas y Tecnológicas (Conicet).

El Conicet fue creado como un ente autárquico del Estado con sede en la ciudad de Buenos Aires, dependiendo directamente de la Presidencia de la Nación.

El organismo obtuvo entonces una amplia gama de instrumentos que se juzgaban adecuados para elevar el nivel de la ciencia y de la tecnología en la Argentina al promediar el siglo y que aún hoy constituyen el eje de sus acciones: las carreras del investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la investigación y desarrollo, el otorgamiento de becas, el financiamiento de proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características.

Conicet ha centrado su misión en fomentar y subvencionar la investigación científicotecnológica y las actividades de apoyo que contribuyan al avance científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Hoy, para cumplir con su objetivo, el Conicet cuenta con casi 5.200 investigadores, más de 5.600 becarios y 2.300 técnicos que realizan tareas de investigación en los centros e institutos que funcionan en todo el país. Su tarea se desarrolla en cinco grandes áreas: agrarias, ingeniería y de materiales; biológicas y de la salud; exactas y naturales; sociales y humanidades; y tecnología.

En su quincuagésimo aniversario, el Conicet continúa trabajando para mantener su sólido compromiso con la comunidad, con el fin de hacer de la Argentina un país mejor y con la firme convicción de que sólo con trabajo y esfuerzo podrá contribuir a la inserción de nuestro país en la sociedad del conocimiento, paradigma del nuevo siglo.

Los festejos por el cincuentenario se realizarán en abril próximo, cuando se celebre el día del investigador, conmemorando el nacimiento del doctor Bernardo Houssay, fundador y primer presidente del consejo.

Aunque todavía queda mucho camino por delante, el Conicet de hoy es una de esas grandes riquezas del país que merece nuestro genuino agradecimiento. Porque como alguna vez dijo el propio Houssay, “las conquistas del presente son sueños juveniles realizados y que alguna vez se tuvieron por imposibles”.

Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de que la ciencia esta al alcance de todos y es una herramienta más para evolucionar como sociedad, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Su preocupación por la disponibilidad, acceso y mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres cordilleranas patagónicas.

Señor presidente:

Las áreas de montaña, que cubren una cuarta parte de la superficie de la tierra y albergan al 10 por ciento de su población, son polos excepcionales de diversidad cultural e inestimables reservas de recursos naturales y de diversidad biológica.

Constituyen la fuente de suministro de los grandes ríos que proporcionan el agua dulce indispensable para la vida en la tierra, además de ser sitios donde se desarrollan importantes actividades productivas, en muchos casos vinculadas a la agricultura, forestación, minería, turismo y la generación de energía.

Sin embargo, las regiones montañosas se encuentran entre las más expuestas a la degradación ambiental, la creciente urbanización y los efectos del cambio climático.

La Región Patagónica no es ajena a esta situación global, presentando particularidades propias entre las cuales se puede destacar:

– La existencia de diversas jurisdicciones en un entramado territorial, incluyendo las municipales, provinciales y nacional, las comisiones de fomento, las comunidades mapuches, y el límite con la República de Chile.

– Un crecimiento continuo, acelerado en los últimos años de la mano de las expectativas en el sector turismo, de las expectativas de ganancias en el sector inmobiliario, del interés extrarregional en obtener activos inmobiliarios en estas zonas geográficas, de una migración interna y regional en busca de trabajo en algunos casos y de mejorar la calidad de vida en otros.

– La necesidad de importantes inversiones del Estado en obras de infraestructura para acompañar este crecimiento, especialmente en obras de vinculación terrestre y aérea, y en obras de saneamiento, sean de agua potable, cloacas, plantas de tratamiento de efluentes y gestión de residuos sólidos.

– Escaso ordenamiento territorial y un limitado desarrollo institucional, en general no integrado entre las diferentes jurisdicciones. No existe un marco legal propio para estas regiones, sino más bien la aplicación de normativa sectorial que se aplica en toda la extensión de los territorios provinciales y nacionales.

– Bajo nivel de control y fiscalización del Estado.

– Un importante potencial para el desarrollo de múltiples actividades productivas, de menor y mayor riesgo, desde nuevos productos turísticos e inmobiliarios hasta explotaciones energéticas y mineras.

El crecimiento en estas zonas limítrofes, tanto de población como de actividades productivas, se ha producido hasta el presente con cierto grado de equilibrio basado principalmente en la capacidad de absorción y de recuperación del ambiente, aunque en algunos casos puntuales existen evidentes signos de contaminación y daño ambiental, mientras que en otros se han implementado acciones tendientes a revertirlos.

Ya se comienzan a percibir síntomas que requieren actuar en forma preventiva y precautoria para limitar los daños futuros, principalmente aquellos que no puedan ser revertidos o su costo sea demasiado elevado.

La disponibilidad de agua en algunas zonas de la cordillera patagónica se ha reducido en el transcurso de las últimas décadas, no pudiendo establecerse fehacientemente hasta el momento si su causa es el calentamiento global o si responde a ciclos naturales. Es un tema que está ingresando en diversos grupos de investigación nacionales e internacionales, y que llevará un tiempo su confirmación.

De igual forma sucede con la disponibilidad de nieve y de hielo. La primera se observa en el acortamiento de las temporadas invernales de los centros de esqui y la necesidad de complementar la nieve natural con nieve artificial, agregando tensión a la disponibilidad de agua para otros usos, principalmente domésticos, pequeña agricultura y ganadería. La segunda se observa en la reducción de las superficies ocupadas por los glaciares, muchos de ellos aparentemente condenados a su desaparición dentro de algunas décadas.

El acceso a las fuentes de agua superficial también se ha visto limitado en los últimos años, ya sea por la restricción al ingreso que algunos propietarios han impuesto a los cursos de agua que atraviesan sus predios, no respetando los derechos públicos del camino de sirga, o bien porque los cuerpos de agua tales como lagos o lagunas han quedado completamente incluidos dentro de una propiedad.

La calidad del agua superficial de ríos, arroyos, lagos y humedales, al igual que la calidad del agua subterránea, se están viendo comprometidas en muchos casos por la deficiente gestión de efluentes, sean estos provenientes de las aguas cloacales, de los basurales a cielo abierto y de actividades productivas que no atiendan debidamente las medidas de mitigación ambiental.

En algunas regiones, la demanda de agua y cupos otorgados para su uso está alcanzando la oferta disponible de un recurso que cada vez se reduce más, lo cual hace presagiar litigios en un horizonte relativamente cercano.

Por ser una región relativamente joven en su desarrollo, en la zona patagónica cordillerana se presenta la oportunidad de actuar a tiempo, acompañando el crecimiento y desarrollo con normativa que permita preservar sus recursos naturales y limitar los daños para la propia región y su zona de influencia, principalmente la de aguas abajo, donde hay predominio de valles con importantes actividades frutihortícolas.

Por todo lo expuesto, expreso mi preocupación por la disponibilidad, el acceso, y el mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres- cordilleranas patagónicas, solicitando a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

De interés parlamentario las Jornadas Técnicas Comahue 2008, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que se llevarán a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad del Neuquén, entre los días 19 y 21 de mayo del corriente año.

Señor presidente:

La industria petrolera en la Argentina se encuentra en un momento clave de su desarrollo, del cual no es ajeno la provincia del Neuquén, cuya producción tiene una participación destacada a nivel nacional.

Al mismo tiempo que se cumple el centenario del descubrimiento de petróleo en la Patagonia, se enfrenta una situación en la cual los yacimientos en producción entran en una etapa de madurez, al mismo tiempo que la economía nacional e internacional crece demandando cada vez más recursos energéticos.

Esta doble exigencia, de restricción de reservas y de necesidad de mayores volúmenes de producción, presenta desafíos a la industria, la cual debe extremar el uso de sus recursos humanos y técnicos disponibles.

Las jornadas que se proponen declarar de interés parlamentario en la presente iniciativa, tienen como objetivos generar un ámbito propicio para la presentación de trabajos y conformación de grupos de debate, referidos a los temas de producción de petróleo y gas en yacimientos maduros, con énfasis en el planteo de los problemas y restricciones en la incorporación de nuevas reservas, la declinación de la producción y la gestión de los activos hidrocarburíferos.

Las jornadas pretenden el intercambio de información y la puesta en común de experiencias, entre los especialistas de la comunidad energética, al igual que la difusión de nuevas tecnologías, ideas innovadoras y el estado de la situación actual en cuanto a la investigación y desarrollo sobre la materia.

Estas jornadas son organizadas por el IAPG, a través de su Comisión de Producción y su Seccional Comahue, y se llevarán a cabo en la ciudad del Neuquén, en los días 19, 20 y 21 de mayo de 2008 con sede en el Museo Nacional de Bellas Artes de esa ciudad.

Considerando que la exploración en búsqueda de nuevos yacimientos es clave en el desarrollo provincial y regional, el presente proyecto tiene en cuenta la importancia de aprovechar los recursos disponibles remanentes con nuevas tecnologías, las cuales deben ser ambientalmente seguras para preservar el resto de los recursos naturales provinciales y la salud de la población.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

Expresar beneplácito por el 50º aniversario de la creación del Fondo Nacional de las Artes, que ha desarrollado su labor de manera permanente y sostenida, desde su creación, a través del apoyo técnico y el fomento económico de las actividades artísticas y culturales, no sólo hacia el interior, sino también hacia el exterior de nuestro país.

Señor presidente:

La Real Academia Española, define cultura entre otros significados, como el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y en grupo social”.

Desde esta definición podemos inferir que la cultura es todo aquello creado colectivamente por los hombres y socialmente transmitido de generación en generación, y siempre es una respuesta de adaptación al medio que dan los seres humanos de una sociedad.

Por lo tanto la “cultura” se compone de una variedad de elementos que podemos denominar rasgos y que pueden ser materiales o inmateriales.

Los rasgos materiales corresponden entonces a la llamada “cultura material” y los rasgos o elementos inmateriales, o sea no tangibles, a la “cultura inmaterial” (valores, creencias, símbolos, normas).

Por otra parte, si entendemos el arte como la “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”, observamos como el arte se fusiona con la cultura, y se transforma en la expresión propia de una sociedad, de sus valores, símbolos, creencias y normas.

El Fondo Nacional de las Artes, cumplió el 3 de febrero de 2008, medio siglo al servicio de la cultura. Creado mediante decreto ley 1.224/58, comenzó a funcionar en el mismo año y desde allí en forma ininterrumpida. En el año 1993 comenzó con la edición de libros a través del fondo editorial.

Nacido como un sistema financiero especializado para apoyar y fomentar las distintas expresiones culturales, artísticas, literarias de todo el país, se convirtió rápidamente en el llamado “banco nacional de la cultura”. La idea de su creación, asentaba su eje en que las actividades culturales y artísticas necesitaban ser promovidas con ayuda económica y técnica, sin dejar de lado el aspecto “industrial o comercial”.

A través de este organismo se buscó dar impulso al desarrollo del arte atendiendo además de la expresión y creación, su aspecto productivo necesario para que la actividad del artista pueda ampliarse no sólo puertas adentro del país sino también hacia el exterior.

Para ello los objetivos de su fundación radican en otorgar créditos destinados a estimular, desarrollar, salvaguardar y premiar las actividades artísticas y literarias en la República y su difusión en el extranjero; otorgar créditos para construir y adquirir salas de espectáculos, galerías de arte, estudios cinematográficos y cualquier otro inmueble necesario para el desarrollo de labores artísticas; como, asimismo, para la adquisición o construcción de maquinarias y todo tipo de elementos o materiales que requieran estas actividades; administrar, fiscalizar y distribuir, conforme a las disposiciones legales, fondos de fomento a las artes, dispuestas en leyes dictadas o a dictarse.

Existieron otras instituciones pioneras en financiamiento público de las artes, como el Arts Council of Great Britain (Gran Bretaña, 1945) o el Canada Council (Canadá, 1957). Sin embargo el Fondo Nacional de las Artes, fue concebido como un organismo autónomo, para administrar, recaudar y distribuir los fondos de fomento a las artes y volcarlos a la actividad privada, a través de créditos. Todo ello le dio su carácter distintivo.

El Fondo Nacional de las Artes, apoyó en forma ininterrumpida hasta la actualidad, gran cantidad de disciplinas, todas trascendentes en el sentido del rescate, difusión y preservación del arte argentino. A saber, arquitectura y urbanismo, artes aplicadas, artes plásticas, cinematografía, danza y ballet, diseño gráfico e industrial, expresiones folklóricas, fotografía y audiovisuales, letras e industria editorial, música e industria fotográfica, radiofonía, teatro y otras artes del espectáculo, televisión y video. El requisito primordial es que todas estas manifestaciones “revelen aptitud para contribuir positivamente a la cultura del país”.

En estas competencias, las personas e instituciones dedicadas al arte han encontrado un camino para el desarrollo a través de prestamos, financiación de concursos, exposiciones y muestras; subvención a bibliotecas, museos y archivos; financiación de misiones culturales al interior y exterior del país; concesión becas y otorgamiento de premios.

El acceso cotidiano a los bienes y servicios culturales y artísticos, se ha intensificado cada vez más. Por ello las actividades artísticas y culturales constituyen en sí un sector de actividad económica, con personalidad propia, pero que comparte características semejantes a otras actividades donde se requieren reglas claras que conduzcan al desarrollo, como cualquier otro sector económico.

Según la UNESCO, “las actividades culturales y artísticas agregan valor económico y social a las naciones e individuos. Constituyen una forma de conocimiento que se traduce en empleos y abundancia, consolidándose la creatividad –su materia prima– para fomentar la innovación en los procesos de producción y comercialización. Al mismo tiempo, son centrales en la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural, así como para el aseguramiento del acceso democrático a la cultura. Las industrias culturales tienen esta doble naturaleza culturaleconómica y participan en la economía en términos de la creación y de la contribución del empleo al producto interno bruto”.

“Promover la creatividad, contribuir a una mejor calidad de los bienes culturales, fomentar la apertura de nuevas fuentes de empleo cultural, estimular renovados modos de trabajo artístico y de relación con el público, apoyar la iniciativa de las instituciones culturales privadas, fomentar la mejor utilización y adecuada retribución del talento, favorecer el acceso del mayor número de personas a los bienes culturales y al patrimonio común de todos los argentinos, estimular la excelencia, son algunos de los parámetros de acción de un sistema moderno de financiamiento cultural”. Edwin Harvey, director de Asuntos Jurídicos (1958-1973) y presidente del Fondo Nacional de las Artes (1983-1989).

Así, el arte tiene un propio valor para aquellos que la producen, para aquellos que la consumen para su disfrute privado, para aquellos que aportan donaciones voluntarias para financiarla y para aquellos que contribuyen por medio de sus impuestos.

Los 50 años ininterrumpidos de funcionamiento del Fondo Nacional de las Artes, muestra que ha sido útil a los fines planteados, a pesar de los avatares sufridos en distintas épocas, como también de la reducción del presupuesto suficiente y necesario. “La perennidad del Fondo Nacional de las Artes, constituye una experiencia público institucional que a pesar de las vicisitudes (limitación drástica de sus recursos propios, tentativas de disolución del organismo, disgregación o desnaturalización de la composición del directorio, fallidas intervenciones a la institución, transferencia de jurisdicción, proyección de organismos paralelos, etcétera) por las que ha pasado en distintas épocas, ha cumplido sus primeros 50 años dentro de la vida pública nacional”. Edwin Harvey, director de Asuntos Jurídicos (1958-1973) y presidente del Fondo Nacional de las Artes (1983-1989).

Recuperar su plenitud es el gran objetivo ahora. La tarea de estos años ha contribuido al desarrollo del arte en el país y a su apertura al mundo; también a encontrar y rescatar talentos, ya que grandes artistas se han iniciado o encontrado apoyo en algún momento de su carrera en esta institución. Que otras personas o instituciones puedan desarrollar su expresión y creatividad será el desafío futuro; siempre en pos de afianzar cada vez más la identidad cultural de nuestro país.

Por todo ello señor presidente, solicito a este honorable cuerpo, se apruebe el proyecto en cuestión.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Expresar pesar por el robo del “corazón incorrupto” del sacerdote franciscano fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, reliquia que se encontraba guardada en el interior de una urna de vidrio dentro del convento de San Francisco –declarado monumento histórico nacional–, en la ciudad capital de la provincia de Catamarca.

Señor presidente:

El 22 de enero de 2008, sucedió un hecho que no podemos dejar pasar sin realizar una mención de repudio.

En la ciudad de Catamarca, fue sustraído del convento de San Francisco el “corazón incorrupto” de fray Mamerto de la Ascensión Esquiú; reliquia de un valor intangible incalculable no sólo para el pueblo de la provincia de Catamarca, sino también para todos los argentinos.

Este hombre de fe, cuyo prestigio fue un ejemplo, nació un 11 de mayo de 1826, en el departamento provincial Piedra Blanca, actualmente llamado “departamento Fray Mamerto Esquiú”, cerca de la capital catamarqueña.

Sus padres fervorosos cristianos, fueron don Santiago Esquiú y doña María de las Nieves Medina. A los cinco años de edad, para cumplir una promesa, su madre lo vistió con sayal de San Francisco de Asís, desde entonces lo llevó durante toda su vida. Su educación fue en la escuela del pueblo donde desde muy temprana edad comenzó a leer y escribir. Luego continúa sus estudios en la ciudad de Catamarca, en la escuela del convento de San Francisco, verdadero centro espiritual y cultural, donde según Nicolás Avellaneda “los hijos de los labriegos aprenden latín”. Esta escuela era considerada la mejor de la región.

Tras la muerte de su madre en mayo de 1836, y con su inmenso dolor a cuestas, este joven ingresa a los diez años de edad al convento de San Francisco, en la ciudad de Catamarca. El 13 de julio de 1841, el padre guardián fray Wenceslao Achával, le dio los hábitos de novicio. A los 12 años inicio el estudio de la filosofía y a los 14 los de teología. El 14 de julio de 1842, a los 17 años hizo sus votos, pero como no tenía edad para profesar debió quedar a la espera de una dispensa para ello. En 1849, tras realizar distintas tareas docentes, pudo celebrar su primera misa el día 15 de mayo.

En 1843 se desempeña como maestro de su querida escuela en San Francisco y en 1844 es nombrado su director. Se desempeña con eficiencia y es llamado “el mejor maestro de su tiempo”.

Entre sus tareas como docente comprometido con la causa, logra la reforma del plan de estudios e incorpora nuevas materias. Suprime el rigor de los castigos, eliminando los azotes, el decía “sólo cariño”.

También se desempeñó como bibliotecario del convento, incorporó nuevos libros, con parte de lo que el colegio le daba como estipendio.

Dejo la enseñanza para practicar filosofía y teología –cátedras logradas con su esfuerzo– no sólo en el colegio sino también en el Seminario Conciliar (La Merced), donde colaboró con la redacción del plan de estudios y el reglamento.

En filosofía, reemplazó los textos en uso por otros más modernos. Lo mismo en teología, y además los tradujo al latín. También enseñó teología en Tarija y Sucre, Bolivia.

Pasó 30 años frente a sus alumnos; 19 en Catamarca y 11 en Bolivia. Fue docente por vocación. Enseñó con dedicación y paciencia, con humildad y caridad. Para él la docencia fue un segundo sacerdocio.

En la bendición de la piedra basal de la capilla Nuestra Señora del Huerto (Salta 1880) dijo: “Un colegio que prescinde de Dios, prescinde de la verdadera ciencia; y la mayor cultura que allí se diera a las inteligencias las hará más monstruosamente mutiladas”.

El 9 de julio de 1853, a los 27 años y con motivo de la jura de la Constitución Nacional, en la iglesia matriz de Catamarca, Mamerto Esquiú dio un sermón en defensa de la Carta Magna, y la inclusión de los derechos civiles de los extranjeros y la libertad de cultos, ante los cual existía cierta oposición de algunos sectores.

Con motivo de la asunción de las autoridades nacionales, el 28 de marzo de 1854 pronuncia un nuevo sermón, luego de esto el gobierno federal dispone la impresión por separado de los dos “sermones patrios”, que serían enviados a las autoridades de gobierno y eclesiásticas y una copia guardada en el Archivo Nacional.

En 1855 es nombrado vicepresidente de la convención que le debía dar a la provincia su constitución y el 25 de mayo de 1856 pronuncia un nuevo sermón con motivo de la instalación del gobierno provincial. Ese mismo año y accediendo a los reclamos populares, es elegido diputado de la Legislatura provincial por el departamento Valle Viejo.

Según detalla el fray Juan Alberto Cortés en su publicación Vida popular de fray Mamerto Esquiú, publicado por Ediciones Castañeda, “Fray Mamerto fomentó, inspiró y ejecutó la industria minera, la creación de la renta pública, la instalación del alumbrado público, la construcción de escuelas, la introducción de la imprenta, etcétera”; también “En esta parte de su vida asume el periodismo como un modo más de expresión de su personalidad. El primer periódico catamarqueño denominado ‘El Ambato’, contuvo los primeros ensayos de Esquiú. Artículos sobre la religión y la patria, la inmigración, la educación y otros, mostraban sus intereses y su profunda vocación patriótica”.

Los acontecimientos que se precipitaban sobre la patria, las luchas internas que significarían la derrota de la Confederación de Pavón provocaron que fray Mamerto Esquiú, se trasladara a Bolivia, al convento franciscano de Tarija, centro de irradiación espiritual, apostólica y misionera.

Con la muerte del arzobispo de Buenos Aires, Mariano José de Escalada, el Senado con fecha 22/8/72 propone a fray Mamerto Esquiú para cubrir tal cargo, designación que fue rechazada por el fray con una renuncia fechada el 12 de diciembre de 1872.

En 1878, tras la muerte de monseñor Alvarez, el Senado de la Nación vuelve a consignar a fray Mamerto en la terna para el obispado de Córdoba. Cargo que acepta y lleva a cabo con su vocación natural.

“Predicó en casi todas las iglesias y capillas de Córdoba, dio ejercicios espirituales en varios lugares, tanto los monasterios, hospitales y cárceles fueron testigos del paso y de la voz del infatigable obispo. Creó el Taller de la Sagrada Familia, lugar de trabajo para la mujer sin recursos, y diversas obras de esta índole en estrecha colaboración con los párrocos.

”El seminario diocesano se vio enriquecido por la labor promotora de fray Mamerto, que en el ámbito de los estudios terciarios bregó por el restablecimiento de los estudios teológicos”. Vida popular de fray Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones Castañeda.

Hombre de grandes virtudes y de una vida intensa en experiencias, vocación y servicio, murió en la posta de “El Suncho” provincia de Catamarca, el 10 de enero de 1883. Mientras regresaba de una gira apostólica por La Rioja.

El gobierno nacional, pasados dos días de sepultura, dio la orden para que se desentierre el cuerpo y se lo traslade a la ciudad de Córdoba, para practicar la autopsia correspondiente.

Cuando se extrajo el corazón de fray Mamerto, llamó la atención la incorruptibilidad del corazón, que fue extraído y colocado en un recipiente con alcohol para enviarlo al museo de ciencias naturales de Buenos Aires, lo cual no llegó a concretarse porque lo reclamaba su hermano.

“Una vez recuperado el corazón de fray Mamerto por su hermano, pasó por Catamarca hospedándose en el convento de San Francisco, en donde los frailes le suplicaron lo dejara allí, donde el fray se iniciara en su vida franciscana. Es así como en la actualidad el corazón de fray Mamerto Esquiú se encuentra en una urna de vidrio en el convento”. Vida popular de fray Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones Castañeda.

Como se puede observar en la vida de este sacerdote franciscano, su aporte al pueblo argentino fue vasto y muy enriquecedor; no sólo desde su vocación religiosa sino también desde la docencia, la filosofía, la teología y la transmisión de la palabra no sólo con la evangelización sino también, palabras que guiaron la vida social y política, en momentos cruciales de nuestra patria, como fue la instauración de la primera Carta Magna, “corazón del pueblo argentino”.

Por todo ello, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo se apruebe el proyecto en cuestión.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Su beneplácito por el informe presentado por la Organización Mundial del Turismo, en el que se consigna que la República Argentina es el segundo país de América en el ranking de las naciones que han registrado un crecimiento marcado en el arribo de turistas, superando a los Estados Unidos.

Señor presidente:

La República Argentina es el segundo país de América en el ranking de las naciones que han registrado un crecimiento marcado en el arribo de turistas, superando a los Estados Unidos.

Así lo dio a conocer recientemente la Organización Mundial del Turismo, en un detallado informe que demuestra que el turismo en todo el planeta superó las expectativas al pasar de ochocientos millones de viajes registrados en 2006 a novecientos millones en 2007.

La Argentina trepó a la segunda colocación en el ranking de América, al alcanzar un crecimiento del 11 por ciento en el número de arribos respecto de la temporada anterior.

El enorme volumen de turistas y el gran movimiento económico consolida al turismo como una de las mayores y mejores exportaciones del país y también como fenomenal generador de puestos de trabajo, según las declaraciones del secretario de Turismo de la Nación, señor Enrique Meyer.

Delante de la Argentina, en el primer lugar del ranking mundial, se encuentra la República de Chile, que experimentó un crecimiento del 12 por ciento. El informe, que se dio a conocer en la Feria Mundial de Turismo, que se desarrolló en Madrid, indica que en los Estados Unidos el número de arribos de turistas creció un 10 por ciento.

De acuerdo al informe, Oriente Medio sumó cuarenta y seis millones de llegadas de turistas internacionales y sigue representando una de las historias de éxito del decenio hasta ahora, a pesar de las continuas tensiones y amenazas.

La región se está convirtiendo en un destino fuerte al aumentar el número de sus visitantes con mucha más rapidez que el total mundial, y Arabia Saudita y Egipto se cuentan entre los destinos de mayor crecimiento en 2007.

La región de las Américas recobró dinamismo y duplicó con creces su índice de crecimiento, después del 2 por ciento registrado en 2006. La región se vio respaldada por la recuperación del mercado receptor de los Estados Unidos y los fuertes resultados de los destinos de América Central y del Sur, que resultaron favorecidos por la fortaleza del euro y por una afluencia turística constante desde los Estados Unidos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación

Su adhesión a la conmemoración, el 6 de marzo del corriente año, del Día Nacional del Escultor, instituido por la Sociedad Argentina de Escultores, en honor al nacimiento de Miguel A. Buonarroti.

Señor presidente:

El 6 de marzo de 1475 nació en Italia, en el pueblo de Caprese, Miguel Angel Buonarroti (Miguel Angel), arquitecto, pintor, escultor y poeta. De esencia florentino, mantuvo los lazos con Florencia, su arte y su cultura, desde muy temprano mostró sus dotes no sólo para la escultura, en la que empezó a despuntar, a pesar de la negativa familiar.

El 28 de junio de 1488 comenzó sus estudios en el taller de Ghirlandaio donde pasó ocho años como aprendiz y luego, bajo la supervisión de Bertoldo di Giovanni comenzó a frecuentar el jardín de los Médicis de San Francisco, donde estudió las esculturas antiguas allí reunidas.

Ante la admiración de sus primeras obras, Lorenzo el Magnífico lo acogió en su Palacio de la Vía Larga entre 1489 y 1492, época en la que Miguel Angel se contacto con las teorías absolutistas de Platón que marcarían su vida tanto en sus obras artísticas como en su producción como poeta.

Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492, Miguel Angel huye de Florencia, pasando por Venecia, instalándose en Bolonia, hacia 1496 decide partir a Roma, ciudad que lo vio triunfar generando una época de intensísima actividad generadora de arte, sin haber alcanzado los treinta años se convierte en un artista puntero.

Antes de 1501 ya había esculpido La Piedad del Vaticano, en 1504 realiza el David, obra cumbre de la escultura y de una gran complejidad por lo estrecho que es el mármol, colocado delante del Palacio del Ayuntamiento de Florencia, convirtiéndose en la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. La Piedad es su única obra firmada, entre marzo y abril de 1508 recibe el encargo de Julio II de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina, obra que termina en soledad cuatro años después.

El 18 de febrero de 1564 falleció Miguel Angel, a la edad de ochenta y ocho años, fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles de Roma, más tarde su cuerpo fue llevado a Florencia donde está enterrado actualmente en la iglesia de Santa Croce, sobre su tumba se hallan tres figuras llorosas que simbolizan la pintura, la escultura y la arquitectura.

Por los expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Su adhesión al cumplirse el 8 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres corrientes como artífices de la historia y sus luchas por participar en la sociedad, en pie de igualdad con el hombre.

Señor presidente:

La idea del Día Internacional de la Mujer surgió a fines del siglo XIX, período de machismo y de turbulencia, gran crecimiento de la población e ideologías radicales. Pese a las diferentes fechas y motivos de celebración, la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo, hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas ciento cuarenta y seis mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton, de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron, ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.

En el estudio realizado por Isabel Alvarez González y publicado bajo el título Los orígenes y la celebración del Día Internacional de la Mujer 1910-1945 (KRK Ediciones, Oviedo 1999), el incendio que se vincula con la celebración de esta fecha no fue el 8 de marzo sino el 25 de marzo de 1911, pocos días antes de la celebración del primer Día Internacional de la Mujer, en la empresa Triangle Shirtwaist.

La manifestación de mujeres a las que muchas veces se hace referencia, no habría ocurrido el 8 de marzo de 1908 ni del 1857, como muchas fuentes señalan, sino el 27 de septiembre de 1909; a partir de 1908, según otras fuentes, en el marco de una huelga de más de trece semanas de las empleadas y empleados del sector textil que realizaron en el East Side de Nueva York. Participaron más de veinte mil obreros, en su inmensa mayoría mujeres.

Durante las trece semanas que duró la huelga, padecieron hambre, ataques, detenciones (más de seiscientos), despidos, etcétera, pero a pesar de todo consiguieron las peticiones reclamadas. El 8 de marzo de 1909 se convocó a una manifestación reclamando mejoras para las mujeres emigradas y la abolición de la explotación infantil, así como el derecho al voto de las mujeres.

En 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista. Siete años más tarde, cuando se conmemoraba este día en Rusia –febrero de 1917 para el calendario ortodoxo–, las obreras textiles tomaron las calles reclamando “pan, paz y libertad”, marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX, que desembocara en la toma del poder por la clase obrera, en el mes de octubre del mismo año.

Clara Zetkin (1857-1933) fue dirigente del Partido Socialdemócrata alemán y organizadora de su sección femenina, fundó el periódico “La Igualdad”, que se transformó en uno de los canales de expresión más importante de las mujeres socialistas de su época. Combatió contra la dirección de su partido cuando ésta se alineó con la burguesía nacional votando los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial.

Lentamente y a medida que el feminismo fue cobrando importancia en el mundo, el Día de la Mujer fue perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos.

Año tras año miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos derechos y defender los ya adquiridos, luchando contra aquellas leyes que las discriminan o que rechazan el principio de igualdad de sexos, y de oportunidades.

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 158 del capítulo II titulado Régimen de las licencias especiales, del título V De las vacaciones y otras licencias, de la ley 20.744 de contrato de trabajo por el siguiente:

Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:

a)Por nacimiento de hijo, diez (10) días corridos;

b)Por nacimiento múltiple, veinte (20) días corridos;

c)Por nacimiento de hijo con discapacidad, quince (15) días corridos. Este término se extenderá a veinticinco (25) días corridos en caso de tratarse de nacimiento múltiple que incluya casos individuales o conjuntos con discapacidad;

d)Por nacimiento pretérmino, quince (15) días corridos;

e)Por obtención de guarda de hijo con fines de adopción, diez (10) días corridos;

f)Por obtención de guarda con fines de adopción múltiple, veinte (20) días corridos;

g)Por obtención de guarda con fines de adopción de hijo con discapacidad, quince (15) días corridos;

h)Por fallecimiento de la madre en el acto de nacimiento o en los treinta (30) días subsiguientes, tanto del parto como del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, los días de licencia laboral que le hubieren correspondido a aquella, según lo dispuesto en el artículo 177 de esta ley;

i)Por matrimonio, diez (10) días corridos;

j)Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo o de padres, tres (3) días corridos;

k)Por fallecimiento de hermano, un (1) día;

l)Por enfermedad de hijo, un máximo de diez (10) días por año calendario;

m)Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 177 del capítulo II De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de contrato de trabajo por el siguiente:

Artículo 177: Prohibición de trabajar – Conservación del Empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.

En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que la trabajadora no hubiese gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días, pudiéndose acrecentar en un plazo de treinta (30) días si la atención del hijo requiriera tratamientos especiales.

En caso de nacimiento múltiple, el descanso posterior al parto se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a partir del segundo.

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los noventa (90) días posteriores a la obtención de guarda con fines de adopción.

La trabajadora podrá hacer uso del derecho a treinta (30) días de licencia posterior al parto cuando su hijo naciere sin vida.

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o la obtención de la guarda con fines de adopción, o requerir su comprobación por el empleador.

La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.

Garantízase a toda mujer durante la gestación o durante un año posterior a la obtención de la guarda con fines de adopción, el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a su empleador establecida prece- dentemente.

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora de los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.

Art. 3° – Sustituyese el artículo 178 del capítulo II De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de contrato de trabajo por el siguiente:

Artículo 178: Despido por causa de embarazo, maternidad o adopción – Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo o, en su caso, el del nacimiento.

De la misma forma se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad cuando fuese dispuesto dentro de los siete y medio (7 y 1/2) meses posteriores a la fecha en que hubiere obtenido la guarda con fines de adopción, siempre y cuando haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho.

En las condiciones anteriormente citadas, se dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.

Art. 4° – Incorpórase como artículo 179 bis al capítulo II De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de contrato de trabajo, el siguiente texto:

Artículo 179 bis: Toda trabajadora a quien se otorgara una guarda con fines de adopción podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para fortalecer la integración del hijo a su familia adoptiva, en el transcurso de la jornada de trabajo, por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha de la obtención de la guarda con fines de adopción.

La trabajadora podrá hacer uso de las salas maternales y guarderías en los términos del artículo 179.

Art. 5° – Incorpórase como artículo 186 bis al capítulo II De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de la Ley de Contrato de Trabajo el siguiente texto:

Artículo 186 bis: Las disposiciones contempladas en los artículos 183, 184, 185 y 186 serán reconocidas a la trabajadora a quien se otorgara la guarda con fines de adopción.

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En todo el mundo –situación a la que la Argentina no es ajena– los cambios demográficos, culturales y socioeconómicos han afectado profundamente la composición y estructura de las familias, así como también los roles que las sociedades otorgan a varones y mujeres impidiendo que muchos de éstos puedan disfrutar plenamente de sus derechos tanto en la vida pública como privada y, en consecuencia, el ejercicio de una maternidad y paternidad responsables.

Tal como señala Matilde Mercado, la reforma constitucional del año 1994 marca un punto de inflexión en la consagración de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres al dotar de jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22) y suministrar los instrumentos para promover medidas de acción positiva que garanticen esa igualdad real y el pleno goce de los derechos constitucionales (Mercado, Marcela; La división sexual del trabajo: permanencias y cambios; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo, Editorial Biblos; 2000).

En particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho al trabajo, los Estados deberán adoptar medidas para, entre otras cosas, prohibir el despido por motivos de embarazo y los despidos a consecuencia del estado civil de las mujeres. Asimismo, a establecer licencias por maternidad con sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes sin pérdida del empleo, la antigüedad o los beneficios sociales. De la misma forma, los alienta a suministrar servicios sociales de apoyo para permitir que los padres combinen sus obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente fomentando la creación y desarrollo de redes de servicios destinados al cuidado de los niños y niñas (salas maternales y guarderías). Con el mismo fin, se insta también a prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en aquellos trabajos que puedan resultar perjudiciales (CEDAW, artículo 11.2).

Si bien en las últimas décadas se han producido notables avances en materia de protección de la maternidad, los mismos no han conseguido resolver el problema fundamental que experimentan la mayoría de las mujeres trabajadoras –si no todas– en algún momento de su vida profesional: la maternidad como un obstáculo para la igualdad de oportunidades y trato. Las trabajadorasmadres se encuentran ante la amenaza de perder su trabajo, ver interrumpidos sus ingresos y tener que hacer frente a los peligros de su salud por las escasas precauciones que se adoptan para defender su empleo y los derechos que de él se derivan (Mercado; ob. cit.; pág. 49).

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el cambio en la asignación de roles dentro de la familia abren una serie de interrogantes respecto de las políticas públicas que deben implementarse para la protección de las mujeres. Si ante la creciente precarización del mercado laboral –señala Laura Golbert– son pocas las mujeres que se pueden incorporar al mercado formal de trabajo y, en consecuencia, acceder a los servicios de la seguridad social, entonces, “cabe preguntarse cuáles fueron las políticas adoptadas para la protección de estas trabajadoras. ¿Se tuvo en cuenta este doble rol que hoy desempeñan las mujeres en su condición de trabajadoras y jefas de hogar? ¿Se han previsto intervenciones que protejan específicamente a las mujeres embarazadas?” (Golbert, Laura, ¿Ser madre o trabajar?: la situación de las mujeres en el mercado laboral; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo, Editorial Biblos, 2000; pág. 76).

En nuestro país, las mujeres sufren, al igual que los varones, las consecuencias de la pérdida de una legislación protectora de sus derechos como trabajadoras. En muchos casos, “las actuales leyes de protección de la mujer –en particular, las de maternidad y crianza de los hijos– actúan más como un factor adicional de discriminación por sexo que como un amparo real: sus posibilidades de ser empleadas, pese a que sus salarios son, en general, más bajos que los de los varones, son menores por el hecho de ser potencial o realmente madres. Cuando el Estado interviene […] lo hace colocándolas en el lugar de ‘grupo vulnerable’. En estas circunstancias una trabajadora […] debe pensar seriamente si está dispuesta a ser madre, cuando el mercado y el Estado parecen aconsejarle que mejor no tome esta decisión” (Golbert, Laura; ob. cit.; pág. 95).

No obstante las garantías constitucionales, lo cierto es que aún persisten en la legislación laboral argentina preceptos que niegan u obstaculizan la igualdad de trato y oportunidades. Por ello es que se considera necesario realizar una actualización del sistema normativo que regula el trabajo urbano (ley 20.744) en lo referente al fortalecimiento del ejercicio de una maternidad y paternidad responsables.

En relación con la protección de la maternidad, la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744) prohíbe el trabajo de la mujer durante cuarenta y cinco días antes del parto y cuarenta y cinco o sesenta después (30 días como mínimo obligatorio para el preparto), período durante el cual su salario es reemplazado por una asignación familiar de igual monto (artículo 177). Asimismo, garantiza el derecho a la estabilidad en el empleo durante la gestación (artículo 177). Se crea una presunción de despido por causa de embarazo y se impone una indemnización agravada para tal supuesto (artículo 178).

Por otra parte, la ley autoriza un descanso diario de dos turnos de media hora para la lactancia (por un período no superior a un año posterior a la fecha de nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario amamantar al/la niño/a por un lapso más prolongado) y se impone a los empleadores la habilitación de salas maternales y guarderías en función del número de trabajadoras ocupadas (artículo 179).

Finalmente, se abre la posibilidad de que la mujer rescinda su contrato de trabajo con una indemnización reducida o quede en situación de excedencia voluntaria por un plazo mínimo de tres meses y máximo de seis, con posterioridad al vencimiento de los períodos de prohibición de trabajo por maternidad o para atender a un/a hijo/a menor de edad enfermo/a (artículos 183 a 186).

En primer lugar proponemos la modificación del artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo (capítulo II De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres) a los fines de establecer que en caso de nacimiento múltiple el descanso posterior al parto se extienda en 30 días. En el caso de nacimiento pretérmino, proponemos que el descanso posterior al parto se incremente en un plazo de 30 días si la atención del niño o de la niña requiera de tratamientos especiales. Finalmente, se prohíbe el trabajo del personal femenino durante los 90 días posteriores a la obtención de guarda con fines de adopción. Ello responde a la necesidad de adecuar nuestra legislación a recientes fallos de la Justicia que equiparan los derechos de la maternidad biológica a la adoptiva.

En diciembre de 2005, un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo resolvió que las madres que adoptan hijos/as tienen derecho al mismo régimen de licencias por maternidad que las biológicas. La jueza federal María Carrión de Lorenzo resolvió así el reclamo de una funcionaria judicial a quien el Consejo de la Magistratura le había reducido a 60 días –en lugar de 90– la licencia por maternidad tras haber adoptado una niña de 19 días de vida.

Si bien la mujer había obtenido del tribunal en el que trabaja la licencia completa, cuando el expediente llegó al Consejo de la Magistratura ese cuerpo resolvió que no correspondía equiparar a la maternidad por adopción con la biológica amparándose en un decreto del año 1979. La funcionaria presentó una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, obteniendo una medida cautelar innovativa que dejó sin efecto la decisión del consejo.

En el fallo se expresa: “Aparece como más adecuado a derechos y, fundamentalmente, a la justicia, respetar los derechos del niño que ha sido dado en guarda a los fines de adopción, permitiéndole a éste tener la mayor cantidad de contacto real posible con, este caso, quien asume el rol de madre de familia (conf. artículo 3.1, 20 y 21, entre otros, de la Convención sobre los Derechos del Niño). Debe tenerse presente, al efecto, que la señora no pretende más que noventa días corridos, tiempo éste que coincide con la licencia prevista para el caso de maternidad –con parto– en el cuerpo normativo antes citado y que se presenta como prudente a los fines del otorgamiento de una licencia de la naturaleza de la analizada” (Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, expte. 41.476/2005, c/EN - Consejo de la Magistratura PJN s/, 14 de diciembre de 2005).

En segundo lugar, proponemos la modificación del artículo 178 respecto de los despidos por causa de embarazo, a los fines de incorporar como causal de despido el otorgamiento de una guarda con fines de adopción.

En tercer lugar, sugerimos la incorporación de un artículo 179 bis con la finalidad de reconocer a la trabajadora que haya recibido una guarda con fines de adopción la posibilidad de disponer de 2 descansos de media hora para fortalecer el vínculo del niño o la niña con su familia adoptiva y poder, asimismo, hacer uso de las guarderías y salas maternales del establecimiento en donde preste servicio.

En cuarto lugar, incorporamos un artículo 186 bis (capítulo IV Del estado de excedencia, título VII Trabajo de mujeres) a los fines de reconocer a la trabajadora a quien se otorgara una guarda con fines de adopción las disposiciones contempladas en los artículos 183, 184, 185 y 186 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En relación con la protección de la paternidad, la ley no contempla de manera suficiente la presencia del padre junto a su hijo o hija tal vez por la subestimación del rol del padre. En este sentido, la legislación laboral argentina no contempla, más allá del otorgamiento de dos días de licencia posteriores al parto (Ley de Contrato de Trabajo, artículo 158, inciso a), la eventualidad de que la presencia del padre sea requerida en el hogar por un lapso mayor. Esta licencia, al incluir necesariamente un día hábil (en caso de que coincida con un día domingo, feriado o no laboral – Ley de Contrato de Trabajo; artículo 160) “muestra claramente que su primer propósito no es permitir la presencia del padre en la familia sino facilitarle la realización de trámites administrativos relacionados con el nacimiento” (Ackerman, Mario, La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y convencionales y en la jurisprudencia argentina; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo; Editorial Biblos, 2000).

Asimismo, señala Ackerman, “esta exclusión del padre, tanto de la licencia por nacimiento como del beneficio de excedencia, permiten también advertir que, para el supuesto caso de que tanto él como la madre se desempeñaran en relación de dependencia y el ingreso de la mujer fuera superior o ella tuviera la necesidad de permanecer en el empleo por una conveniencia propia, una preferencia del grupo familiar o un requerimiento del empleador, o si fuera necesario que el padre asistiera al hijo enfermo, la ley no ofrece ninguna respuesta aceptable ya que todos sus instrumentos se apoyan en el receso laboral de la trabajadora” (Ackerman; ob. cit., pág. 31).

La reconocida investigadora Catalina Wainerman señalaba hace algunos años que “es un hecho que, cualquiera sea el status educacional de las mujeres, su situación familiar –definida en términos de la presencia o ausencia de un compañero o de hijos en el hogar– impone límites a sus posibilidades de desempeñar un rol en la fuerza de trabajo” (citada en Ackerman, ob. cit., págs. 31-32).

Efectivamente, al no proporcionársele al varón facilidades para permanecer en el hogar, a la vez que se le otorga a la mujer un beneficio por demás precario, indirectamente se aleja a las mujeres del empleo. “Esto ha llevado, además, a que las mujeres con mayor propensión a participar de la fuerza laboral sean, amén de las mujeres que llegaron a los niveles más altos de la escala educacional, las que no tienen compañero y las que no tienen hijos” (Ackerman, ob. cit., pág. 32).

Para Ackerman, esta situación produce una segunda manifestación de discriminación indirecta debido a que la falta de reconocimiento de beneficios al trabajador varón tiene un doble efecto negativo. Por un lado, es discriminatorio para el trabajador varón, a quien su condición de padre le representa mínimas ventajas monetarias (en términos de asignaciones familiares), “pero no le otorga facilidades que le permitan asumir los derechos y deberes inherentes al ejercicio responsable de la paternidad”. Por otro lado, desde la perspectiva de la mujer, la inexistencia de tales beneficios para el varón impacta negativamente sobre ella, “pues el menor costo que significa para el empleador la contratación de varones se transforma en un nuevo argumento –rara vez manifestado en forma expresa– que desaconseja la contratación de mujeres. En estos términos, la protección unilateral –necesaria, pero insuficiente– opera, en los hechos, como un nuevo mecanismo de discriminación indirecta o invisible” (Ackerman, ob. cit., pág. 32).

En este sentido, proponemos la modificación del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (capítulo II “Régimen de las licencias especiales”, del título V “De las vacaciones y otras licencias”) a los fines de extender a 10 días la licencia por nacimiento de hijo/a. Asimismo, incorporamos la misma cantidad de días de licencia para quien obtenga una guarda con fines de adopción. Ambas propuestas en el camino de dar apoyo a la familia, reconocer los derechos del varón a una mayor participación en la crianza de sus hijos/as y los derechos de éstos a disfrutar de su padre.

Asimismo, contemplamos una licencia de 20 días en caso de nacimiento múltiple y de obtención de guarda con fines de adopción múltiple. Por otra parte, se establecen 15 días corridos de licencia por nacimiento de hijo/a con capacidades especiales (con la posibilidad de extenderlos a 25 en caso de tratarse de nacimiento múltiple), 15 días por nacimiento pretérmino y 15 días por otorgamiento de guarda para la adopción de hijo/a con capacidades especiales.

Nuestra legislación no contempla la situación de vulnerabilidad familiar y del niño o de la niña recién nacidos en el caso de fallecimiento de la madre durante el parto o en los días subsiguientes. Estamos convencidos de que la ausencia de la madre en estos momentos sólo puede ser aliviada en parte con la completa disponibilidad del padre. Y éste sólo puede encontrar la calma emocional pasando mayor tiempo en su ámbito familiar. Por ello proponemos incluir la regulación expresa de este caso, estableciendo que el padre podrá hacer uso de la licencia laboral que le hubiere correspondido a aquélla.

Finalmente, se incorpora la posibilidad de que el trabajador goce de un máximo de 10 días por año calendario ante enfermedad de su hijo/a.

Tal como lo estableció la Cumbre sobre Desarrollo y Población de 1997, entendemos que es preciso que varones y mujeres participen e intervengan en igualdad de oportunidades en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza de sus hijos e hijas y el mantenimiento del hogar.

Sin embargo, para que el varón adquiera progresiva conciencia de esta mayor responsabilidad, son necesarias políticas educativas y sociales que fomenten la plena participación de varones y mujeres en el mercado de trabajo y en el progreso y desarrollo de las sociedades en que viven, en el entendimiento de que la promoción de leyes en fomento de la igualdad contribuye a eliminar aquellos estereotipos, actitudes y prácticas que refuerzan las desigualdades.

Promover la participación activa del varón en la paternidad responsable no sólo demanda la implementación de políticas educativas en este sentido. Como sociedad, debemos evitar toda situación de discriminación derivada de la paternidad, especialmente en los ámbitos institucionales y en el mundo del trabajo.

En este contexto, el Estado, a través de sus instituciones y de su legislación, debe profundizar los modos en que brinda su apoyo, protección y las garantías de igualdad a varones, mujeres, niñas y niños en la primera instancia en que se desarrollan sus afectos, acceden a la educación primera y establecen los primeros vínculos.

En tiempos en que muchas veces es necesario insistir en la lucha por aquellos derechos adquiridos décadas atrás –como el derecho al trabajo, al salario digno, a la alimentación, a una vida en igualdad de oportunidades para todos y todas–, debemos avanzar en el camino del fortalecimiento de nuestros derechos.

Esta iniciativa recepta una propuesta de mi autoría de modificación expresada en el expediente S.-1.840/04 (reproducción del expediente S.-3.164/02), donde se sugería la modificación del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo a los fines de extender la licencia al trabajador de dos (2) a cinco (5) días por nacimiento de hijo/a y de contemplar una licencia especial en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o los días subsiguientes, otorgando al padre una licencia de treinta (30) días corridos.

También se reconoce como antecedente la proposición de ley 122/000175, sobre regulación del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Congreso de los Diputados de España (25 de noviembre de 2005).

Afirma Rosalía Cortés que no podemos negar que existe una tensión entre una mayor participación femenina en el mercado de trabajo, el deterioro de los servicios públicos básicos, el retroceso de cláusulas protectoras de licencia por maternidad y el hecho de que la responsabilidad de la crianza infantil continúa siendo adjudicada casi con exclusividad a las mujeres. Entonces, cabe preguntarse si es posible diseñar un modelo institucional que reduzca estas tensiones. Y si la respuesta es afirmativa, este diseño debería tener en cuenta la recomendación de Jane Humphries: “Quizá el mayor desafío consista en promover nuevas formas de organización familiar y económica que permitan tanto a los varones como a las mujeres combinar actividades económicas bien remuneradas con paternidad responsable” (Cortés, Rosalía, Arreglos institucionales y trabajo femenino; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo; Editorial Biblos, 2000; pág. 105).

El proyecto tiene su antecedente en una iniciativa de mi autoría presentada en el mes de abril de 2006 (S.-1.174/06), que contó con dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social (O.D.–450/06), pero que perdió estado parlamentario por renovación de la Cámara. Receptamos, en esta oportunidad, las observaciones que distintos/as senadores/as le realizaron durante su tratamiento en comisión.

Con el convencimiento de que la paternidad y la maternidad responsables se construyen en las prácticas cotidianas pero se fortalecen desde las instituciones, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 24 del capítulo II “Licencias y feriados nacionales”, del título I “Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional de trabajo agrario, por el siguiente:

Artículo 24: El trabajador tendrá derecho a las siguientes licencias especiales pagas:

a)Por matrimonio: diez (10) días corridos;

b)Por nacimiento de hijo: diez (10) días corridos;

c)Por nacimiento múltiple: veinte (20) días corridos;

d)Por nacimiento de hijo con discapacidad: quince (15) días corridos. Este término se extenderá a veinticinco (25) días corridos en caso de tratarse de nacimiento múltiple que incluya casos individuales o conjuntos con discapacidad;

e)Por nacimiento pretérmino: quince (15) días corridos;

f)Por obtención de guarda con fines de adopción: diez (10) días corridos;

g)Por obtención de guarda con fines de adopción múltiple: veinte (20) días corridos;

h)Por obtención de guarda con fines de adopción de hijo con discapacidad: quince (15) días corridos;

i)Por fallecimiento de la madre en el acto de nacimiento o en los treinta (30) días subsiguientes, tanto del parto como del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, los días de licencia laboral que le hubieren correspondido a aquélla, según lo dispuesto en el artículo 113 de esta ley;

j)Por fallecimiento de hijos o de padres, de cónyuge, o de la persona con la que estuviere unido en aparente matrimonio en las condiciones establecidas en la presente ley: tres (3) días corridos, de los cuales uno (1) por lo menos deberá ser hábil;

k)Por fallecimiento de hermano: un (1) día hábil;

l)Por enfermedad de hijo: un máximo de diez (10) días por año calendario;

m)Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, hasta un máximo de diez (10) días por año calendario.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 113 del capítulo V “Trabajo de mujeres y menores”, del título III “Disposiciones generales”, de la ley 22.248, de régimen nacional de trabajo agrario, por el siguiente:

Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del personal femenino permanente durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.

En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que la trabajadora no hubiese gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días, pudiéndose acrecentar en un plazo de treinta (30) días en caso de ser requeridos tratamientos especiales al menor.

Si el nacimiento fuere múltiple, el descanso posterior al parto se extenderá en un término de treinta (30) días por cada hijo a partir del segundo.

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los noventa (90) días posteriores a la obtención de guarda con fines de adopción.

La trabajadora podrá hacer uso del derecho a treinta (30) días de licencia posterior al parto cuando su hijo naciere sin vida.

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador mediante la presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o la constancia de obtención de la guarda con fines de adopción, o requerir su comprobación por parte del empleador.

La trabajadora gozará de las asignaciones que le confieran los sistemas de seguridad social garantizándose a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que correspondiere al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que previeren las reglamentaciones respectivas.

Si como consecuencia del embarazo o parto la trabajadora permanente no pudiere desempeñar sus tareas excediendo los plazos de licencia previstos precedentemente, será acreedora, previa certificación médica, a los bene- ficios del artículo 47.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 115 del capítulo II “De la protección de la maternidad”, del título I “Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional de trabajo agrario, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 115: Garantízase a la mujer trabajadora permanente el derecho a la estabilidad en el empleo durante la gestación y hasta el vencimiento de la licencia a que se refiere el artículo 113 o en un plazo de un año posterior a la obtención de la guarda con fines de adopción. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practicare la notificación a que se refiere el artículo precedente.

Sin perjuicio de las demás indemnizaciones que pudieren corresponder, la violación de este derecho obligará al empleador al pago de otra cuyo importe será equivalente al que hubiere percibido la trabajadora hasta la finalización de la licencia a que se refiere el artículo 113.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 117 del capítulo II “De la protección de la maternidad”, del título I “Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional de trabajo agrario, por el siguiente:

Artículo 117: Toda trabajadora madre de lactante dispondrá de los descansos necesarios para amamantar a su hijo durante la jornada de trabajo de acuerdo a las prescripciones médicas, por un período no superior a un (1) año desde la fecha de nacimiento, salvo que dichas prescripciones aconsejaren la prolongación de la lactancia por un lapso mayor.

En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para la atención de los hijos de aquéllas hasta la edad y en las condiciones que en el instrumento reglamentario se establezcan.

Art. 5° – Incorpórese como artículo 117 bis al capítulo II “De la protección de la maternidad”, título I “Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional de trabajo agrario, el siguiente:

Artículo 117 bis: Toda trabajadora a quien se otorgara una guarda con fines de adopción podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para facilitar la integración del hijo a su familia adoptiva, en el transcurso de la jornada de trabajo, por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha de la obtención de la guarda con fines de adopción.

La trabajadora podrá hacer uso de las salas maternales y guarderías en los términos del artículo 117.

Art. 6° – Sustitúyese el artículo 118 del capítulo II “De la protección de la maternidad”, del título I “Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional de trabajo agrario, por el siguiente:

Artículo 118: Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora permanente obedece a razones de embarazo o maternidad cuando fuere dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio (7 y 1/2) anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre que la mujer hubiere cumplido con la obligación de notificación fehaciente prescrita en el artículo 113 precedente.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad cuando fuese dispuesto dentro de los siete meses y medio (7 y 1/2) posteriores a la fecha de otorgamiento de la guarda con fines de adopción, siempre y cuando se hubiere cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho.

En tales casos, el despido dará lugar a una indemnización especial equivalente a doce (12) veces el importe del último sueldo, que se acumulará a cualquier otra legalmente prevista.