1. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, su inmediata intervención ante la existencia de barreras paraarancelarias en el estado de Río Grande del Sur de la República Federativa de Brasil, mediante la ley 102/05 que obliga a pasar por un análisis de residuos de agroquímicos a los productos agrícolas exportados desde nuestro país, así como de los restantes Estados miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), como arroz, trigo, porotos, cebollas, cebadas y avenas, y sus derivados.

2. Solicitar la inmediata intervención del Consejo del Mercado Común, por su intermedio al Grupo Mercado Común, para evitar que se apliquen estos tipos de barreras sanitarias sin el consenso de todos los Estados miembros del Mercosur.

3. Informar a la Comisión Parlamentaria Conjunta de la existencia de esta ley del estado de Río Grande del Sur de la República Federativa del Brasil.

Señor presidente:

A pesar de que, según las informaciones a las que pudimos acceder, esta ley fue aprobada sin el consenso del Ejecutivo del estado de Río Grande del Sur y del Ejecutivo nacional de la República Federativa del Brasil es preocupante que una norma de esta característica esté vigente porque produce una nueva barrera de tipo sanitaria que provoca, lo que en comercio internacional se conoce como una barrera paraarancelaria.

Al prohibir el tránsito de los productos agrícolas que no hayan pasado por ese análisis de residuos de agroquímicos, no permite que nuestros granos o sus derivados puedan llegar a ningún otro estado de este país vecino.

Este tipo de barrera tiene antecedentes, como por ejemplo en contenido de grasas en los lácteos, que al variar de un estado a otro ha provocado más de un inconveniente en las exportaciones de nuestro productores a ese país.

Esta medida se contrapone con el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto que buscaba una unión más estrecha entre los pueblos y un desarrollo económico regional.

Tanto es así, que en su artículo 1º el Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991, establece: …“Este mercado Común implica:

”La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier medida equivalente.

”El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a los terceros Estados o agrupamientos de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicocomerciales regionales e internacionales.

”La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes.

”El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”

Es muy evidente que esta norma dictada por el estado de Río Grande del Sur no se condice con lo establecido el este Tratado y que además entorpece el avance en la búsqueda de un grado de integración para alcanzar el Mercado Común y nos sigue manteniendo dentro de la etapa de unión aduanera imperfecta según las características propias del Mercosur.

Por todo lo expuesto, esperamos que los señores legisladores acompañen este proyecto de resolución.

–A las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y del Mercosur.

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, para que a través de los organismos que correspondan:

1. Inicie tratativas con el hermano país de la República Oriental del Uruguay, a efectos de arribar a un acuerdo para que se solucione el conflicto suscitado por la instalación de dos plantas de celulosa en la ciudad de Fray Bentos (ROU), a través de un dictamen vinculante que será emitido por una comisión de especialistas en industrias papeleras y medio ambiente, que deberán proceder a realizar un estudio pormenorizado sobre el eventual daño ambiental que la instalación de las mismas pueda irrogar.

2. Suscriba los acuerdos necesarios para que la comisión encargada de emitir el dictamen sobre el impacto ambiental que eventualmente producirían las papeleras aludidas en el párrafo anterior, esté compuesta por 2 (dos) representantes del Estado argentino, 2 (dos) representantes del Estado uruguayo y 3 (tres) representantes nombrados por los restantes Estados Partes del Mercosur, estos últimos seleccionados entre los más renombrados especialistas internacionales, debiendo emitir el correspondiente dictamen aprobado por la mayoría simple de sus miembros.

3. Constituir en un plazo que no exceda de 60 días esta comisión, estableciéndose que en un plazo de 90 días, a partir de su conformación, la misma logre un dictamen vinculante.

Señor presidente:

Es público y notorio el conflicto suscitado entre los dos países vecinos, la República Argentina, y la República Oriental del Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa, Ence y Botnia, en la localidad de Fray Bentos (Uruguay), para el cual debemos procurar y es factible una solución regional.

Se han adoptado distintas medidas por parte de vecinos de la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, que se encuentra frente a las costas de la localidad de Fray Bentos, futuro asiento de las citadas papeleras, oponiéndose drásticamente a su instalación, basados en el hecho del grave impacto ambiental que ocasionarían las mismas, no sólo a las aguas del río Uruguay, sino también a todos los ciudadanos que habitan la zona. Estas medidas han repercutido en las relaciones internacionales de los dos países vecinos y amigos lo cual podría zanjarse mediante un dictamen vinculante, como el de esta comisión.

Se ha expresado desde Uruguay que las plantas de celulosa no impactarán en el medio ambiente, expresando sus autoridades que brindan todas las garantías necesarias para que ello suceda, protegiendo el medio ambiente y a las personas que viven en estos lugares. En cambio desde la órbita del gobierno argentino, a través de estudios realizados y dictámenes emitidos, se ha expresado que el daño ambiental existe y que estas plantas ocasionarán serios perjuicios difíciles de reparar en el futuro.

Evidentemente existen posiciones encontradas, y nada mejor que terceras personas, pero con un elevado grado de profesionalismo y de conocimientos científicos en cuanto a la protección del medio ambiente, realicen junto a especialistas de ambos países un dictamen, el cual deberá ser vinculante, expresando en él si dichas plantas contaminan o no el medio ambiente, y en su caso, qué medidas deberían adoptarse para que la protección del mismo se encuentre garantizada.

Ello podrá llevarse a cabo a través de una negociación que deben comenzar las autoridades argentinas y uruguayas para arribar a un acuerdo plasmado mediante un convenio con la firma de ambos gobiernos donde se establezcan las bases y condiciones para que esta comisión inicie su trabajo, debiendo estar compuesta por un número igual de representantes nombrados por los respectivos países y los propuestos por los países que integran (Estados Partes) el Mercosur y seleccionados entre los mejores del mundo en el tema ambiental y de industria papelera, los que emitirán un dictamen final con las recomendaciones que se estimen pertinentes, con la obligación que éste sea suscrito por mayoría simple, en caso de existir desacuerdos y/o desavenencias entre sus miembros.

Habiéndose peticionado oportunamente al gobierno de la Nación Argentina que concurra con una presentación judicial ante la Corte Internacional de La Haya, entendemos que ésa debería ser la última instancia, adoptando previamente los canales de comunicación entre estos países hermanos, tal lo propuesto en esta resolución.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Recursos Naturales…

Expresar la total solidaridad con los familiares del oficial de policía de la provincia de Santa Cruz, señor Jorge Sayago, quien falleció en el marco de los hechos de violencia producidos entre los días 6 y 7 de febrero del corriente año en la localidad de Las Heras.

Repudiar enérgicamente los hechos de violencia acaecidos en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, llamando a la reflexión a quienes se manifestaron de tal modo para que en lo sucesivo se eviten hechos de esa naturaleza, los que le han costado la vida a un trabajador de las fuerzas de seguridad, donde además resultaron heridos civiles y otros integrantes de la fuerza.

Instar a la Justicia de la provincia de Santa Cruz para que investigue a fondo los hechos anteriormente descritos, logrando el esclarecimiento de los mismos y la condena a los responsables del brutal asesinato.

Brindar el total apoyo al gobierno de la provincia de Santa Cruz ante esta situación.

Señor presidente:

Como consecuencia de los hechos de violencia que asolaron la localidad de Las Heras en la provincia de Santa Cruz, los días 6 y 7 de febrero, ha perdido la vida el oficial de la policía de esa provincia, señor Jorge Sayago.

El mismo fue objeto de una inusitada agresión por parte de manifestantes que concurrieron a la comisaría de aquella localidad exigiendo la liberación de un dirigente gremial que había sido detenido por orden judicial.

Este suceso merece el más enérgico de los repudios.

Instamos a la convivencia democrática, al respeto irrestricto a la ley, a la protección de la vida en el marco del estado de derecho, por lo que los graves hechos de Las Heras deben ser investigados con todos los elementos y recursos necesarios a fin de esclarecer los mismos; poniendo en el lugar que la Justicia determine a los responsables del asesinato del trabajador de la policía de aquella provincia.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior.

Dirigirse al Poder Ejecutivo a los efectos de declarar de interés nacional la reactivación y modernización del puerto de Diamante, provincia de Entre Ríos, como política estratégica de desarrollo productivo y comunicación en el contexto provincial, regional, nacional y vía del Mercosur, considerando su inserción estratégica en la hidrovía Paraná-Paraguay.

Señor presidente:

El puerto de Diamante, localizado en la provincia de Entre Ríos, kilómetro 533 del río Paraná, margen izquierda, a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Paraná, es un enclave estratégico no sólo para el desarrollo regional sino también, para la integración y crecimiento económico de los países que integramos el Mercosur.

El puerto de Diamante es el último puerto de ultramar del río Paraná y el único puerto de ultramar de la provincia de Entre Ríos, próximo a dos grandes capitales provinciales, las ciudades de Santa Fe y de Paraná.

En los últimos años incrementó su actividad y cambió el predominio de los embarques de madera por los de cereales y se carga más de 870.000 toneladas anuales de maíz, soja y trigo.

Pero para poder sostener este crecimiento y fomentar el desarrollo industrial, es indispensable contar con una zona lo suficientemente amplia como para llevar a cabo las operaciones de carga y almacenaje, una zona competitiva en cuanto a costos, puesto que se evitarían los gastos en dragado o en uso de remolcadores y facilitarían las operaciones de carga y descarga simultáneas.

Para alcanzar esto es necesario llevar de 22 a 30 pies el calado en los puertos de Diamante y Santa Fe, a 34 en Rosario, y a 10 pies desde Santa Fe hacia el Norte. A lo que hay que agregar la posibilidad de operar con embarcaciones ultramarinas sobre el canal principal del rió Paraná aprovechando las condiciones naturales de la hidrovía Paraguay- Paraná, así como también la realización de los estudios por parte de Vías Navegables para la modernización de ese puerto.

Tener alrededor de 30 pies y una altura de 3 metros y medio en el río permitiría salir a completar cargas a puertos marítimos o para exportación reduciendo ostensiblemente los gastos de transporte. Lograr este dragado permitirá competir a la altura del puerto de Rosario.

Esto posibilitaría que todas las embarcaciones que vengan desde el Norte hacia Diamante podrán embarcar allí en buques que saldrían directamente a los puertos marítimos o a sus destinos de exportación.

También debe ser abordada la obra de pavimentación interna de las calles para soportar el intenso tránsito de carga y permanente movimiento. Así como también la de red vial adyacente, la cual cumple un rol importante para el puerto, ya que significa el final de un derivador de tránsito ya construido que tiene nuestra provincia como es la ruta 12 que une las localidades de El Pingo, María Grande, Sosa, Tabossi, Seguí, Crespo y Diamante.

A este derivador confluyen, comenzando en la ruta 12, las rutas 127 de Paso de los Libres, 18 de Concordia, 39 de Concepción del Uruguay y 11 de Gualeguaychú, transformándose así en un moderno cinturón que evita congestionar el tránsito vehicular y absorbe al mismo tiempo el gran tráfico de carga que se prevé para los próximos años dentro de la provincia. Además desde hace algunos años se realizan gestiones para rehabilitación del ramal Crespo-Puerto Diamante, de suma importancia para los sectores productivos, pues vincula todo el territorio provincial con el puerto cerealero más importante de la Mesopotamia.

En esta dirección, la Cámara de Diputados entrerriana aprobó un proyecto que declara de interés provincial los estudios para ejecutar las obras del plan maestro para el puerto diamantino.

Por ello, señor presidente, dada la importancia para el desarrollo estratégico de la región; lo que aporta este proyecto de reactivación y modernización del puerto de Diamante al crecimiento económico de la Nación, mediante el fomento de obras de infraestructura de estas características y aprovechando el potencial del puerto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Intereses Marítimos… y del Mercosur.

De interés parlamentario el programa de TV por cable “Mateando con la ciencia”, transmitido en vivo los días martes de 22 a 23 horas, por Multicanal Norte-Oeste del Gran Buenos Aires, a través de la señal de NVT.

Señor presidente:

La ciencia es una cuestión dejada de lado en la Argentina, este programa televisivo denominado “Mateando con la ciencia” tiene un contenido social, además de científico, y creemos que ésta es la forma más adecuada para que todos los ciudadanos y ciudadanas entendamos y realmente valoremos el verdadero espíritu de la ciencia. No sólo como ciencia en sí, sino también por todo lo que la ciencia puede aportar a nuestro país y a la ciudadanía en su conjunto.

Dicho programa pone énfasis en remarcar la necesidad de educar, concientizar, no acallar, simplemente explicarle a la sociedad acerca de los mitos y realidades de los diferentes protagonistas de la energía y su impacto ambiental. Los núcleos temáticos son justamente todos los inherentes a la energía y su dinámica ambiental, donde se ponen de manifiesto los reales problemas energéticos, ecológicos y ambientales.

Es necesario estar bien informado a través de programas que con seriedad y objetividad, puedan transmitir en términos sencillos los temas difíciles sin subestimar su contenido científico; “Mateando con la ciencia” uno de ellos.

Es por eso que tenemos el total convencimiento de que iniciativas como éstas deben ser valoradas y apoyadas no solamente por el sector político, sino también por todos los sectores sociales y fundamentalmente por el sector industrial, ya que un elevado desarrollo científico resultaría de gran aporte para este último.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A las comisiones de Comunicaciones… y de Ciencia y Tecnología.

Solicitar al Ministerio de Planificación Federal para que, a través de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, informe sobre el procedimiento de controles aplicados a las obras incluidas en el Plan Nacional de Obras Municipales para la ciudad de Santa Fe.

Que informe –además– si se han constatado los avances de ejecución de las mismas y se ha completado la remisión de fondos por el total de $ 539.369. En el caso de haberse ejecutado parcial o totalmente algunos de los 30 proyectos programados, se informe sobre las medidas a aplicarse al municipio de Santa Fe, dado que se ha producido una investigación “de oficio” por parte de la fiscalía provincial a cargo del doctor Héctor Millén, ante lo que se ha denominado “obras virtuales en la ciudad de Santa Fe”.

Señor presidente:

En noviembre de 2002 el ex presidente Eduardo Duhalde, mediante un decreto, puso en marcha el Plan Nacional de Obras Municipales, cuyo sentido era “el fomento de obras y servicios de infraestructura a nivel local”. En recientes ediciones el diario “El Litoral” de Santa Fe dio a conocer un seguimiento de los 30 proyectos presentados por un total de $ 539.369.

De ese total, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación consigna una ejecución del 100 %, pero se ha detectado que pese a ese avance presupuestario y de partidas giradas al municipio, varios de los proyectos no se han concretado.

En el convenio firmado y en la disposición 24 del 10 de diciembre de 2002 se detallaba que la condición indispensable para el giro de partidas era el avance de las obras con certificación fehaciente de los porcentajes ejecutados.

En tal sentido consigna el medio citado en su edición del día 25 de enero, en la página 6: “Sin embargo, el municipio local recibió un total de lo presupuestado sin que hayan progresado las mejoras por las cuales se recibían esa plata. La Nación concretó siete giros: el 12 de febrero de 2003, el 18 de junio de 2003, el 17 de octubre de 2003, el 13 de febrero de 2004, el 27 de febrero de 2004, el 24 de marzo de 2004 y el 3 de mayo de 2005. La mayoría de los embolsos fue efectuada durante la actual gestión municipal.

”Además de la certificación del municipio, era imprescindible para la entrega de las remesas de la Nación que un organismo provincial avale la concreción de las mismas. En el caso de Santa Fe, esto le competía a la Secretaría de Municipio y Comunas de la provincia.

”Para desandar todo este andamiaje de hechos, causas y responsabilidades intervino el fiscal Héctor Millén. Como primera medida envió un oficio al intendente Martín Balbarrey. Luego hizo lo propio con el organismo nacional y el provincial y, además, pidió a la Unidad Regional I que realice un croquis con relevamiento fotográfico de los 30 lugares indicados en la web nacional (www.obraspublicas.gov.ar/plan).”

Es por ello, señor presidente, que solicito el acompañamiento de mis pares y que informe el ministro de Planificación Federal sobre las gestiones realizadas tendientes a aclarar estas presuntas anomalías.

–A las comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Municipales.

Expresar su preocupación frente a las versiones que indicarían la decisión de la orden religiosa católica de Santo Domingo de proceder al cese de sus actividades en la ciudad de Santa Fe y el eventual cierre del templo histórico donde se desarrollan las mismas.

Señor presidente:

La orden de Santo Domingo es de las más antiguas que se instalaron en la ciudad de Santa Fe. Entre los años 1600 y 1604 llegaron al emplazamiento original de Santa Fe de la Vera Cruz (Santa Fe la Vieja-Cayastá) los primeros frailes de la orden y han compartido vida y fe religiosa con una mayoría importante de ciudadanos santafesinos por más de cuatro siglos.

En el histórico convento se encuentra la habitación en la que pernoctó el general Manuel Belgrano en 1810 de paso hacia Asunción en la campaña al Paraguay.

También su templo es custodio de los restos de la primera patricia argentina: Gregoria Pérez de Denis, quien donó sus bienes a Belgrano para financiar “la causa americana”; del ex gobernador de Córdoba Juan Bautista Bustos y de otros vecinos ilustres de la ciudad.

En fecha reciente, a través de los medios periodísticos, hemos tomado conocimiento de la decisión –de la instancia superior– de cerrar el convento y trasladar a los actuales sacerdotes hacia otros destinos. Independientemente de la gravedad que supone el cierre del convento que ha sido declarado monumento histórico de la Nación y que es objeto, por la gravedad de tal determinación, de un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional que se presenta por cuerda separada y es el objeto del presente proyecto expresar la profunda preocupación de la feligresía católica santafesina por este posible cierre de actividad de una orden religiosa que se ha mantenido por más de cuatro siglos como parte del patrimonio religioso cultural de la ciudad que no parece haber sido adecuadamente tenido en cuenta al momento de tomar tal decisión.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

En el año 1982, a través del decreto 388 del 24 de febrero, el Poder Ejecutivo nacional declaraba como monumento histórico nacional al convento de Santo Domingo y templo Nuestra Señora del Rosario, incluyendo el atrio y la reja ornamental que lo circunda. Ejemplo de arquitectura eclesiástica pero, además escenario de acontecimientos históricos, este monumento viene atravesando una serie de degradaciones y falencias por falta de mantenimiento, lo que amerita la pronta intervención del gobierno nacional, para que a través de un relevamiento de los deterioros se realice una tarea de rescate y puesta en valor del edificio, tanto en lo concerniente al templo como al convento.

Es por ello, señor presidente, que solicito el acompañamiento de mis pares para que tomen una pronta intervención dos organismos del Estado: la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos y la Dirección Nacional de Arquitectura a los efectos de proceder a la restauración de los edificios.

Señor presidente:

El convento Santo Domingo es una de las instituciones más antiguas de la ciudad de Santa Fe, a la que ha acompañado en todas las vicisitudes de su historia.

Desde los albores de nuestra patria fue el lugar elegido para celebrar reuniones que los hombres del interior efectuaron para concretar luego la Independencia argentina.

Tal como señala fray de la Cruz Saldaña Retamar, en el año 1600 queda instalado en la vieja ciudad de Santa Fe el convento de la Orden Dominicana. El mismo fue denominado con la advocación de San Pablo Primer Ermitaño y su iglesia bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario. Trasladada la ciudad al sitio actual, la iglesia y el convento ocuparon el lugar que hoy forman las esquinas de calles Tres de Febrero y Nueve de Julio.

La influencia de la Orden Dominicana en los acontecimientos de Santa Fe fue notoria. En sus claustros funcionaron las primeras escuelas, sus sacerdotes participaron en las reuniones de los cabildos y en la firma de los tratados, como en el caso de fray Mariano Amaro, amigo del general Artigas.

El templo fue como un viejo santuario de los viejos santafesinos y el 1811 se oye en su recinto uno de los primeros sermones alusivos a la fecha histórica del 25 de Mayo.

En 1810 había estado alojado en sus celdas el general Manuel Belgrano, que en marcha al Paraguay con sus expedicionarios prefirió alojarse en el convento. Fue en esta misma iglesia donde concurría doña Gregoria Pérez de Denis, la ilustre patricia que donó sus bienes para el ejército de Belgrano.

En el atrio de la iglesia se efectuaban en épocas coloniales la jura de los nuevos reyes y el paseo del estandarte real. Luego, en el tiempo de la emancipación, allí evolucionaron los Blandengues y los Dragones de la patria. Anexo a la iglesia estuvo en otras épocas el cementerio, donde muchas personalidades ilustres encontraron el descanso eterno.

Las crónicas históricas, las memorias de la época, los estudiosos como Cervera, han dejado documentado en sus páginas todo el pasado de este templo y convento. La iglesia sufrió transformaciones a través del tiempo, desde la primitiva hasta la de hoy. Hubo una época, la de la última reconstrucción del templo en 1895, que se llamó a esta iglesia “el Vaticano de Santa Fe”.

La planta del templo, que tiene la forma de una cruz latina, ocupa 75 metros de largo por 12 de ancho y sus cruceros son de 9 por 5 metros. Consta de una sola nave con predominio de una línea arquitectónica jónica. Ostenta dos torres elegantísimas, de corte airoso, que descuellan con valentía sobre los edificios del barrio sur de la ciudad; la cúpula, única en su género en Santa Fe, se eleva a 50 metros de altura y sirve de faro o guía a los grandes buques que ingresan al puerto santafesino.

El templo y convento donde el general Belgrano preparó y organizó su marcha al Paraguay encierra en sus ámbitos restos ilustres. Allí están los de la patricia Gregoria Pérez de Denis, los de Francisco Antonio Candioti, llamado “el príncipe de los gauchos” y gobernador de Santa Fe; los de los padres del brigadier general don Estanislao López; los del gobernador de Córdoba, general Juan Bautista Bustos; los del gobernador fusilado en la Posta de Vergara, don Domingo Cullen; los del fundador del Museo de Arte de Santa Fe, don Martín Rodríguez Galisteo; los de Patricio y Tomás Cullen, los de Bartolomé Aldao y tantos otros que figuraron en la historia de Santa Fe. En el panteón de la comunidad, al pie del retablo del altar mayor, están las cenizas de fray Mariano Amaro, firmante del Tratado del Arroyo de la China; de fray Victoriano Piedrabiena, de fray Hermenegildo Argañarás, de fray Antonio de la Cruz del Valle, de fray Agustín de Santa María Ferreiro, de fray Cornelio Etchave y otros que tuvieron significación especial en la vida religiosa y civil de la ciudad.

Entre los objetos de valor que aún guarda esta iglesia se distinguen:

– Una diadema de plata del patriarca Santo Domingo de irreprochable ejecución, donada por la familia de doña Rosa de Lacoizqueta, en 1972.

– Una diadema de plata del patriarca San Francisco.

– Cuatro confesionarios de columnas salomónicas, trabajados por un esclavo del convento a principios del siglo XVIII.

– Un retablo de madera (antigüedad del Calvario), hecho por los portugueses en el siglo XVIII.

– Una imagen de vestir de Jesús Nazareno.

– Una imagen de madera (colonial) de la Virgen del Tránsito.

– Una imagen de madera de San Raimundo de Peñafort.

– Una imagen de vestir del patriarca San Francisco.

– Un lienzo de la Asunción de María, de la escuela italiana en la época de su gloria.

– Dos grandes pilas de mármol para agua bendita, donadas por don Zenón Lassaga.

– Valiosas pinturas como El cuzqueño y San Ignacio de Loyola.

El interior del templo decorado y estucado ostenta 20 magníficos medallones pintados por don Juan Cingolani, pintor del Vaticano; representan santos y beatos de la Orden Dominicana cuyas imágenes no se encuentran en los altares de la iglesia.

Los vitraux de la cúpula, traídos y donados por la señora Rosa Galisteo de Rodríguez, ocho en total, representan escenas de la vida de nuestro santo padre santo Domingo de Guzmán.

Los altares existentes actualmente son los siguientes:

1) El mayor, con la imagen de madera la santísima Virgen del Rosario y de los patriarcas Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, de madera tallada y vestidos de lona y cola. En la parte superior un cuadro con la imagen de San Pablo Primer Ermitaño, patrono del convento.

2) A la derecha le sigue el altar de Jesús Nazareno (antiguamente del Calvario, del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Pilar). Es el retablo más antiguo que posee la iglesia y data del siglo XVIII.

3) Altar de San José, de mármol. Donado por don Apolinario Cisterna y señora en el año 1903. A ambos lados las imágenes de Santa Teresita del Niño Jesús y de San Ramón Nonato. En el nicho del centro la santísima Virgen de Guadalupe, patrona de la arquidiócesis.

4) Altar del Santísimo Nombre de Jesús (reformado) –antiguamente del Sagrado Corazón de Jesús– con la imagen del Dulce Nombre de Jesús, que lloró el 8 de octubre de 1908.

5) Altar del Sagrado Corazón de Jesús (anteriormente de la Virgen del Tránsito) costeado por Esmeralda Rodríguez de Zapata.

6) Altar de Santo Tomás de Aquino, costeado por dona Josefa Comas de Cullen.

7) Altar de San Martín de Porres (anteriormente de San Raimundo de Peñafort) costeado con dádivas del pueblo santafesino.

8) Altar de San Vicente Ferrer, donado por doña Tomasa Iriondo de Cullen.

9) Altar de Santa Rosa de Lima (reformado y decorado), con las imágenes de San Juan Macías y Santa Catalina de Siena.

10) Altarcamarín de la Virgen del Rosario de Pompeya, con las imágenes de Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. A ambos lados del altar hay dos grandes lienzos con la Virgen del Rosario de Fátima y la Virgen de Lourdes (éste donado por la colectividad francesa en 1944).

El púlpito de cedro fue mandado construir por el padre fray Lucas Rodríguez Cotelo en 1871.

Las cruces de hierro que coronan las torres de la iglesia tienen las siguientes inscripciones: “Año 1895”, una; “Caritas me fecit” (construido con la caridad de los fieles), la otra.

El altar del Santísimo Nombre de Jesús, reformado después del hecho prodigioso del 8 de octubre de 1908, fue bendecido por el maestro general de la Orden de los Predicadores fray Luis Theissling, el 16 de junio de 1918. Fue el primer maestro de la orden que visitó nuestro país y en testimonio de ello plantó el airoso pino que se conserva en el jardín conventual.

El relicario que guarda las lágrimas del Niño Jesús fue donado por la señora Tomasa Iriondo de Cullen en 1917.

La imagen del Niño Jesús fue encomendada por el reverendo padre fray Jacinto Estévez al escultor valenciano Valero y llegó al puerto de Buenos Aires el 13 de marzo de 1906. Según expresa el padre Estévez quería una imagen que impresionara a los santafesinos y los sacara de su apatía. El escultor, residente en Barcelona, imploró a la virgen y por inspiración creó la imagen como la vio.

Este conjunto de elementos, espacio arquitectónico y grandes volúmenes, conforma un complejo patrimonial de real valía y es compromiso de nuestras generaciones preservar y acentuar sus rasgos, como testimonio vivo de la historia y como ejemplo de noble arquitectura.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.

–A las comisiones de Cultura y de Relaciones Exteriores y Culto.

Declarar de interés turístico y educativo el proyecto Parque Interactivo del Agua, el cual se enmarca en el plan de recuperación ambiental del lago Pedro Antonio Francisco Candioti y el perilago del Parque del Sur General Manuel Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Señor presidente:

El proyecto en cuestión prevé la construcción de un museo interactivo que tenga el agua como eje temático e incluya un fuerte concepto del cuidado del medio ambiente. También tiene en cuenta una completa oferta para alentar el turismo receptivo y para ello propone un restaurante, bar, paseo, mirador, muelle y un buen aprovechamiento de la zona de balneario y juego.

Actualmente, la zona es visitada anualmente por 180.000 personas aproximadamente, de las cuales casi 120.000 son escolares. Esta iniciativa es creada para potenciar un uso sustentable del área combinando la educación, la cultura e historia y el turismo.

Cabe destacar que ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe y por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a usted la aprobación del presente proyecto.

–A las comisiones de Recursos Naturales…, de Turismo y de Educación.

Artículo 1º – El nivel polimodal o su equivalente, en todas sus modalidades y orientaciones en todo el ámbito del Sistema Educativo Nacional, es de carácter obligatorio y asistido a partir de la sanción de la presente ley.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben efectuar los estudios técnicos necesarios, utilizando los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Educativo, a los efectos de lograr que en un plazo inferior a los ocho (8) años el nivel polimodal o equivalente sea de carácter obligatorio y asistido en todo el territorio nacional.

Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional contribuye con los esfuerzos de las distintas provincias y jurisdicciones a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos en el nivel polimodal o equivalente a través de:

a)Programas especiales de obligatoriedad asistida destinados a familias que viven en situación de pobreza;

b)Capacitación permanente del personal docente para mejorar la calidad educativa;

c)Instrumentación de programas alternativos en el ámbito escolar para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje.

Art. 4º – El Ministerio Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, junto con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben dar a conocer cada año, en el mes de abril, el estado de implementación de la presente ley, desagregando la información por escuela y por alumno.

Art. 5º – A efectos del cumplimiento de la presente ley el Poder Ejecutivo contemplará la partida presupuestaria correspondiente.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Esteban J. Bullrich. – Guillermo E. Alchouron. – José R. Brillo. – Silvia G. Esteban. – Esteban E. Jerez. – Eusebia Jerez de Sosa. – Hugo Martini. – Federico Pinedo. – Pablo G. Tonelli. – Paula M. Bertol.

Señor presidente:

Es tiempo de materializar la equidad educativa en la Argentina y para ello deben encararse todas y cada una de las políticas públicas que conduzcan a lograr dicho objetivo. En tal sentido, hoy proponemos al pleno de este cuerpo la extensión del sistema formal a catorce años de escolaridad obligatoria.

Esta iniciativa se enmarca en el proceso que colectiva y unánimemente hemos abierto con la sanción de la ley de financiamiento educativo en diciembre próximo pasado, ley que expresa el compromiso político de priorizar la educación como herramienta igualadora de las oportunidades en el desarrollo individual de nuestros habitantes.

La falta de recursos económicos ya no será excusa para que todos los alumnos accedan y finalicen el tercer ciclo de la escuela general básica, sin importar el distrito en el que cursen sus estudios.

Para ello el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, contribuirá –a solicitud de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires– al desarrollo y alcance de las metas propuestas mediante la organización y coordinación de diversos programas especiales destinados para resolver las falencias estructurales y coyunturales del sistema educativo distrital.

Señor presidente, históricamente hubo dificultades para garantizar la escolarización más allá de la escuela general básica y, actualmente, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación, un 64 % de la población de 20 años y más no cuenta con certificado de nivel medio¹. Es tiempo que las provincias y jurisdicciones generen estrategias de recuperación de niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje; ello exige el desarrollo de programas alternativos especiales dentro del sistema educativo formal, y el Estado nacional hoy cuenta con las herramientas financieras que permiten la colaboración.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Esteban J. Bullrich. – José R. Brillo. – Silvia G. Esteban. – Esteban E. Jerez. – Eusebia Jerez de Sosa. – Pablo G. Tonelli. – Paula M. Bertol.

Nota:

¹ Informe de escolarización de jóvenes y adultos, publicación 2005. www.me.gov.ar.

–A las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

Artículo 1º – El nivel inicial de la educación formal queda conformado por jardines maternales y/o escuelas infantiles para niños/as de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad y por jardines de infantes para niños/as de tres (3), cuatro (4) y cinco (5) años de edad, siendo estos dos últimos años de carácter obligatorio y asistido.

Art. 2º – Los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en acuerdo con los municipios, garantizarán el acceso y permanencia de los niños y niñas en la educación inicial obligatoria y la calidad en la prestación de servicios de jardín maternal y/o escuelas infantiles en lo concerniente a salud, cuidados, nutrición y educación, en concordancia con los objetivos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Art. 3º – Todos los establecimientos que presten servicios de educación inicial, sean de gestión estatal o privada, serán autorizados y supervisados por las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 4º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, adecuarán, dentro de los lineamientos de la política educativa nacional, los contenidos básicos comunes, los diseños curriculares y las formas de evaluación del nivel inicial, en concordancia con los artículos 1º y 4º de la presente ley.

Art. 5º – Las distintas jurisdicciones deberán adecuar sus sistemas educativos, para dar cumplimiento a la presente ley, en un plazo que no exceda los cinco años a partir de su puesta en vigencia.

Art. 6º – El Ministerio nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, junto con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben dar a conocer cada año, en el mes de abril, la implementación de la presente ley en lo concerniente a la obligatoriedad de las salas de 4 y 5 años, desagregando la información por establecimiento y por alumno, detallando el grado de avance en el cumplimiento de la misma.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Esteban J. Bullrich. – Guillermo E. Alchouron. – José R. Brillo. – Esteban E. Jerez. – Eusebia Jerez de Sosa. – Hugo Martini. – Federico Pinedo. – Pablo G. Tonelli. – Paula M. Bertol.

Señor presidente:

La educación es la gran herramienta de equidad, pero sólo si se la maneja con equidad. Sólo si realmente trabajamos con políticas educativas concretas podremos asegurar que todos los niños del país tienen igualdad de oportunidades, y ésa es la base del desarrollo sustentable: un pueblo educado y con acceso al mundo.

Una de las grandes inequidades de hoy es la imposibilidad para las familias de bajos ingresos de enviar a sus hijos a la escuela desde los 3 o 4 años. Por el contrario, los porcentajes de escolaridad en edad tan temprana en el quintil más alto de ingresos están en el 89,9 %, mientras que en el quintil más bajo ese porcentaje es del 29,1 %. Esta diferencia abre una brecha que tiene, sin lugar a dudas, influencia en la evolución de ambos quintiles, que al llegar a la educación terciaria son 73,5 % y 16 % respectivamente.

En todo el país, a pesar de las distancias y diferencias existen posibilidades reales, no mera retórica. En efecto, todos los estudios y estadísticas nos señalan que una escolarización temprana ofrece mayores oportunidades de desarrollar aprendizajes sin dificultades en los alumnos, condición incorporada de ciertos sectores sociales, pero que aun excluye a los sectores menos favorecidos. Por eso proponemos incluir en la obligatoriedad de la educación formal también a la sala de cuatros años del nivel inicial. Ofrecer la oportunidad por parte del Estado y cultivar desde esta iniciativa la actitud de los padres de llevar a sus hijos a la escuela en edades tempranas.

Sarmiento marcaba la paradoja de que cuanta más educación necesita una persona menos educación solicita, ya que no comprende el valor de ese bien. Debemos trabajar desde una política educativa intencional para lograr recuperar la esperanza de superación de los hijos, que alguna vez en la historia de nuestro país la escuela ofreció a los padres.

Debemos asegurar que esos padres estarán ocupados y preocupados por la educación de sus hijos, que sean ellos los que reclamen una buena educación, que sean ellos los que exijan una educación de calidad para todos desde que el niño es pequeño. Y este trabajo comienza desde el primer momento en que el niño ingresa a un establecimiento, así sea para sus cuidados mientras sus papás trabajan. El tiempo que algunos niños pequeños viven en un jardín maternal o guardería es muy valioso, y debemos aprovecharlo no sólo para estimularlo sino para detectar posibles trastornos que lo lleven a futuro a padecer dificultades en su aprendizaje.

A tales efectos este proyecto propone también formalizar a los establecimientos que trabajan para la contención de niños pequeños, de 45 días a 2 años de edad, que por mera necesidad de sus papás permanecen jornadas diarias intensas al cuidado de otros adultos. Formalizar con contenidos educativos, con la atención de profesionales especializados y con la supervisión educativa.

Actualmente los jardines maternales están a cargo de los municipios o de la gestión privada. Muchos de ellos funcionan en forma eficiente y seria. Muchos otros, lamentablemente, funcionan en forma improvisada, lo que nos da la pauta que esta brecha de edad en la vida del individuo no está trabajada con intencionalidad.

La importancia de la educación inicial en Iberoamérica quedó claramente definida en el año 2001, cuando se constituyó la Red Iberoamericana de Educación Inicial con motivo del Seminario “Taller para la Constitución de la Red de Información y Comunicación de la Educación Iberoamericana. Area prioritaria: Educación inicial”, realizado en Brasilia y convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación de Brasil, y que culminó con la elaboración del Plan Marco de Cooperación para el Fortalecimiento y Extensión de la Educación Inicial en Iberoamérica (aprobado por unanimidad por los ministros de Educación en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en República Dominicana, celebrada en julio de 2002).

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha establecido cuáles son los desafíos para la región y cada país miembro cuenta con los lineamientos específicos para llevarlos a cabo. Podemos destacar entre estos lineamientos los planteados por la Argentina: definición y fortalecimiento de la especificidad pedagógicodidáctica del nivel inicial. Definir la especificidad del nivel inicial considerando los siguientes aspectos: en primer término, reconocer el lugar de la infancia y el carácter formativo del nivel en relación a la misma; en segundo término, la necesidad del fortalecimiento de una propuesta pedagógicodidáctica que inscriba el aporte de las diferentes áreas en una propuesta que considere este carácter formativo, y por último la articulación con los otros niveles de escolarización asumiendo su responsabilidad específica en términos educativos.

Entre los demás países miembros pueden rastrearse los siguientes lineamientos en donde se destaca la importancia del primer período de la infancia:

– La necesidad de invertir en la educación de la primera infancia (0-6 años).

– Privilegiar la atención de los niños de 0 a 3 años.

– Promover acciones de difusión, sensibilización y capacitación dirigidas a docentes, padres de familia, autoridades y comunidades en general sobre la importancia de la educación inicial.

– Creación de criterios de calidad para la educación infantil.

– Generar espacios para la recreación de los niños.

– Responder a la población meta con características específicas, necesidades e intereses particulares.

– Llegar a las poblaciones rurales y rurales dispersas.

– Mejorar la calidad del servicio educativo que garantice el éxito, fundamentado, entre otros, por el aporte de las neurociencias.

– Realizar estudios longitudinales del proceso educativo y de su influencia en el desarrollo de los niños desde los primeros años de vida hasta la culminación del primer grado, atendidos tanto en vías no formales como en instituciones.

– Consolidar redes.

– Sensibilización y difusión en los medios de comunicación masiva sobre la importancia de la educación preescolar.

Recientemente, el Riken Brain Science Institute de Japón publicó un artículo en la revista “Neuroscience Research”, Nº 47 del año 2003, destacando la gran importancia social que tiene la comprensión de los períodos críticos del desarrollo del sistema nervioso. Señala la atención que este tema ha demandado en la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) al tomar la iniciativa de ligar las ciencias del cerebro con la educación por entender que los éxitos alcanzados en esta empresa potenciarán el desarrollo económico de los pueblos.

Señor presidente, si contamos con su apoyo para acompañar nuestra propuesta de extender la obligatoriedad hacia abajo y de incluir también el jardín maternal en el nivel inicial del sistema educativo formal, nos apoderamos en conjunto de la valiosa oportunidad de pensar a la educación para la verdadera equidad, indicador que hoy sabemos influye en la calidad de la educación por la que tanto trabajamos.

Esteban Bullrich. – José R. Brillo. – Esteban E. Jerez. – Eusebia Jerez de Sosa. – Pablo G. Tonelli.

–A las comisiones de Educación, de Familia… y de Presupuesto y Hacienda.

Su repudio respecto de las expresiones vertidas por el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obeid, justificando la expulsión del ciudadano argentino José Ignacio García Hamilton de la República de Cuba por parte del gobierno de ese país.

Esteban Bullrich. – Guillermo E. Alchouron. – José R. Brillo. – Nora Ginzburg. – Hugo Martini. – Federico Pinedo. – Pablo G. Tonelli. – Paula M. Bertol.

Señor presidente:

Como integrante de una generación de argentinos que considera que los derechos de libertad de pensamiento y libertad de expresión son esenciales para el funcionamiento de la democracia y porque no quiero que se repitan los errores del pasado, cuando se censuraba y se perseguía a los que pensaban distinto del gobierno de turno, es que presento este proyecto de declaración para repudiar las expresiones del señor Jorge Obeid, gobernador de la provincia de Santa Fe, en cuanto justifican la expulsión por parte del gobierno de la República de Cuba del doctor José Ignacio García Hamilton por ser el autor de un libro contrario al pensamiento político reinante en dicho país.

Esteban Bullrich. – José R. Brillo. – Nora Ginzburg. – Hugo Martini. – Federico Pinedo. – Paula M. Bertol.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto Balestrini.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley 4.278-D.-04 de mi autoría y otros señores diputados, que fuera presentado bajo el expediente 4.278-D.-04, publicado en el Trámite Parlamentario Nº 92, BAE Nº 19.

Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.

Artículo 1° – Modifíquese el texto del artículo 7° de la ley 24.588, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 7º: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercerá en el ámbito de su territorio la competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes.

La Policía Federal continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad auxiliar de justicia en los ámbitos correspondientes a la jurisdicción federal.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional suscribirán los convenios necesarios para la ejecución de esta norma, dentro de los 180 días de publicada la presente.

Los gastos correspondientes en materia de seguridad serán absorbidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez que le sean transferidas las partidas presupuestarias actualmente afectadas a los gastos correspondientes al cumplimento de las funciones de policía de seguridad y protección de las personas y bienes en la ciudad de Buenos Aires, debiendo disminuir en la medida equivalente el porcentual de distribución primaria del gobierno nacional en la coparticipación federal de impuestos y aumentar en el mismo porcentual la distribución secundaria correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires integra el Consejo de Seguridad.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Adhieren al presente proyecto los señores diputados: Roy, González (M. A.), Argüello, Monti y Vanossi.

Señor presidente:

En 1994 la reforma de la Constitución Nacional modificó el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires. Se pretendía así concluir con 114 años en los cuales los ciudadanos de la Capital Federal eran ajenos a circunstancias elementales garantizadas por el sistema republicano de gobierno como ser la elección del entonces intendente municipal, dado que su designación era facultad exclusiva del presidente de la Nación, que no podía legislar en materias fundamentales para su existencia y desarrollo puesto que su Legislatura de origen lo era el Honorable Congreso de la Nación.

El 8 de noviembre de 1995 el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 24.588, Ley de Garantía de los Intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

El presente proyecto de ley viene a derogar el artículo 7º de la llamada ley Cafiero, para que sea la Ciudad de Buenos Aires la que regule lo referido a las fuerzas de seguridad en su territorio, al igual que las provincias argentinas.

Asimismo deberá establecerse si estas fuerzas coexistirán –y de qué modo– con la policía o si se hará un traspaso de la misma a la órbita de la Ciudad. Creemos que esto debe ser decidido entre el Poder Ejecutivo de la Nación y de la Ciudad. Lo único que hace este proyecto es habilitar a la Ciudad a tener su propia fuerza de seguridad, y para ello se le permite participar en el sistema de seguridad interior y en el consejo que creó la ley 24.059.

Este proyecto propone acercar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires el tema de su seguridad. De aprobarse, serán las autoridades locales las que establezcan la organización de la policía, bajo un escrutinio más estricto de sus habitantes. De este modo, de la seguridad de los habitantes de la Ciudad se ocuparán ellos mismos y no la Nación entera. Es paradójico que la única fuerza nacional de seguridad se ocupe casi en su totalidad de la seguridad de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, aun para quienes propugnan un alcance semipleno de la misma, supone el reconocimiento de la facultad de disponer lo necesario para proveer a la preservación de la seguridad pública, como deber irrenunciable del Estado hacia sus habitantes. Este es, por otra parte, el alcance que en similares términos plasma la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 34 (fin esencial de la ciudad-Estado, expresamente declarado en el estatuto organizativo como un deber propio e irrenunciable).

La Constitución de la Ciudad dispuso en su artículo 80, inciso 2, “c” que será atribución de la Legislatura “legislar en materia de seguridad pública, policía y penitenciaria” y en el artículo 104, inciso 14, que será atribución de la Ciudad “establecer la policía de seguridad, conducir la policía local e impartir las órdenes necesarias para resguardar la seguridad y el orden público”.

Que la ciudad cuente con su policía es una necesidad primaria para dar cumplimiento a las prescripciones de la constitución local y poder satisfacer la demanda de más y mejor seguridad en el distrito. Brindar seguridad a los habitantes de la ciudad es una facultad propia derivada de su autonomía que no puede ser limitada, ya que surge del propio texto constitucional.

Como diputados nacionales, representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el mandato expreso de nuestra ciudadanía y la obligación constitucional de bregar por la modificación de la ley 24.588.

Adhieren al presente proyecto los señores diputados: Vanossi, Roy, Monti, González (M. A.) y Argüello.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación Penal, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Municipales.

1º – Rendir homenaje al doctor Ramón Carrillo, quien fuera el primer ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación y padre del sanitarismo nacional, al cumplirse el próximo 7 de marzo el centenario de su nacimiento.

2º – Designar con el nombre de “Doctor Ramón Carrillo” a la sala de reuniones de la Comisión de Salud de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Señor presidente:

El próximo día 7 de marzo se cumplirán cien años del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, eminente médico, profesor universitario, pionero de la salud pública y de la medicina asistencial.

El doctor Carrillo nació en la provincia de Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906, en el seno de una tradicional familia de rancia estirpe santiagueña, fue el primogénito de 11 hermanos.

Ya desde la escuela primaria se destacó como brillante alumno, egresando como bachiller a los 16 años con medalla de oro en el Colegio Nacional de Santiago del Estero.

Inició su preparación profesional en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires donde se recibió, en 1929, con medalla de oro al mejor promedio de su promoción.

En 1930 le otorgaron una beca universitaria para perfeccionarse en neurología en Europa. En Francia y Holanda aprendió y practicó a la par de profesionales alemanes, británicos, norteamericanos y logró concretar importantes investigaciones en su especialidad.

Regresó a nuestro país con un conocimiento científico de avanzada, pero también había tomado conciencia de la dependencia cultural, tecnológica y científica que nuestro país soportaba.

Comprendió así, cuál es el núcleo de la independencia y al reencontrarse con amigos y compañeros de la juventud, con quienes había frecuentado en una bohemia literaria los cafetines de Buenos Aires, renovó sus ideales nacionales. Fue lector incansable de Enrique Banchs, José Pedroni, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Armando y Enrique Discépolo y entrañable amigo de Homero Manzi.

En 1938 sus trabajos de investigación merecieron el Premio Nacional de Ciencia. A los treinta y ocho años ya era un destacado neurólogo y neurocirujano, consagrado, además, en los centros especializados de Europa.

Fue profesor titular de la cátedra de neurología, titular del servicio de neurología del Hospital Militar Central, decano interino de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría y director de los Archivos Argentinos de Neurología.

Su destacada trayectoria hacía suponer que su carrera, tanto profesional como de investigación científica, seguiría en ascenso, pero el año 1943 marca una etapa no sólo en su vida sino en la del país.

En 1944 conoce al coronel Juan Domingo Perón y, a su requerimiento, colabora con el gobierno en la planificación y organización de la política sanitaria.

Fue para el doctor Carrillo la gran oportunidad de volcar sus conceptos sanitaristas en una política concreta, comenzando de esta forma su incansable tarea junto al fundador del justicialismo quien lo designa, en 1946, a cargo de la recién creada Secretaría de Salud Pública de la Nación. En ese mismo año contrae enlace con Isabel Susana Pomar, con quien compartió el resto de su vida.

En 1948 para descansar de tanto trabajo, adquiere el casco de una vieja estancia en la localidad de Adrogué: tres hectáreas arboladas donde Carrillo y su familia disfrutarían de la paz y tranquilidad del lugar, llamando a su casa “Villa Antares” que significa “estrella de paz”.

Esta propiedad en la actualidad es patrimonio histórico del municipio de Almirante Brown, encontrándose en trámite su expropiación por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Con la creación en 1949 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación, el doctor Carrillo se convierte en el primer ministro de Salud de la Nación Argentina y el primer planificador y ejecutor de la política sanitaria con sentido orgánico y social. La nueva denominación del Ministerio incorpora el concepto de asistencia y ayuda comunitaria a la tradicional función de atención médica.

El doctor Ramón Carrillo afirmaba “…no puede haber medicina sin medicina social, y esta no puede existir sin una política social del Estado”; “no más médicos sin enfermos, ni enfermos sin médicos”. Su tesis suponía asistencia individual y familiar, eficiente, continua, completa y gratuita con libre elección del médico por el paciente.

Sostenía el padre del sanitarismo argentino: “El hombre sano o enfermo, en función de la sociedad, es el objetivo trascendente de la medicina contemporánea. Ese hombre es un ser que vive en familia, que tiene mal o bien una vivienda y un hogar, que concurre a sitios de distracción, que trabaja y produce o desea producir más, que configura en su espíritu aspiraciones justas, ambiciones pequeñas o desmedidas, que anhela recibir el fruto compensatorio de su trabajo; que siente, sufre y goza de alegrías sencillas, estados de ánimo que en conjunto crean un ambiente psicológico y social, que no es otro que el propio mundo interior. Cuando llega la enfermedad, ésta no sólo perturba el funcionamiento de sus órganos, sino también todo ese conjunto de esfuerzos acumulados y de sacrificios que, por lo general, se vienen abajo estrepitosamente. Los médicos, si sólo vemos la enfermedad, si sólo indagamos el órgano enfermo, corremos el riesgo de pasar por alto ese mundo, ese pequeño mundo que envuelve al individuo con algo imponderable, como una delicada red tejida de ensueños y esperanzas. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como unidad psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana”.

El eminente neurólogo se transformó en planificador sanitario y elaboró el Plan Analítico de Salud Pública (centralización normativa y descentralización operativa), que incluía la “teoría del hospital” (su administración y arquitectura). La formación de una conciencia sanitaria permitió poner en marcha campañas masivas de prevención y erradicación de enfermedades endémicas, la lucha contra el paludismo, la fiebre amarilla, la tuberculosis, venéreas, viruela, rabia, y el descenso de la mortalidad infantil.

Promovió la capacitación de todos los agentes vinculados a la salud y, en esa época, egresaron de la Facultad de Ciencias Médicas, los primeros médicos higienistas, luego llamados sanitaristas.

Durante su gestión se dictaron normas para la regulación del ejercicio profesional, organización gremial, estatuto profesional y caja de jubilaciones.

En 1956 el presidente Perón expresó sobre el doctor Carrillo: “Sería largo historiar la acción proficua y decidida de este primer ministro de Salud Pública...”, y tras delinear las cifras contundentes que daban cuenta de los resultados de las políticas puestas en marcha relacionadas con la erradicación de enfermedades, organización sanitaria, medicina preventiva, incremento de la disponibilidad de camas hospitalarias, terminó sosteniendo que “...podrán morir argentinos por miseria fisiológica, pero ya no mueren más por miserias sociales”.

Su quebrantada salud lo alejó de la función pública en 1954 viajando a Estados Unidos para tratar su enfermedad. Durante su estadía en el país del norte se produjo la caída del gobierno del general Perón, convirtiéndose en un exiliado. En Buenos Aires, sus bienes personales y familiares fueron confiscados, y su gestión y su conducta sometidas a comisiones investigadoras.

Moralmente destruido se trasladó a Belem do Pará en la zona del Amazonas, donde sus dolencias se acentuaron.

Perón, desde Venezuela, ofreció trasladarlo donde fuese necesario, pero ya era tarde y su estado físico no lo permitía.

El 20 de diciembre de 1956 falleció, en plena pobreza, rodeado de su esposa, hijos y hermano; pero muy lejos de su patria a la que tanto amó y a la que tanto le brindó.

En 1972, cumpliéndose el último deseo del doctor Carrillo, gracias al esfuerzo de su señora esposa y de la comisión de homenaje, cuyos presidentes honorarios fueron el doctor Raúl Matera y el doctor Carlos Argañaraz, sus restos fueron repatriados y descansan en Santiago del Estero, su tierra natal.

Merece destacarse las palabras del doctor Raúl Matera en esa ocasión: “La justicia llega tarde o temprano. Hoy su obra, fruto de su talento y de su ímpetu, es reconocida e imitada. Hoy aparece radiante, plena de luz, su inconfundible acción a favor de la Nación”.

–A las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Artículo 1° – Disponer la celebración de la Semana de la Cultura Italiana, la que tendrá lugar durante la tercera semana del mes de octubre de cada año.

Art. 2º – Durante el transcurso de la misma se realizarán encuentros culturales, académicos, científicos, y todo tipo de presentaciones artísticas representativas de Italia en nuestro país.

Art. 3º – Invitar a los gobiernos provinciales para que adhieran a la presente ley.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente para su cumplimiento.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El siglo XIX encontró a los argentinos en una patria libre y generosa después de llegar a la pacificación nacional y, sobre la necesidad de una unión federal se aprobó la Constitución Nacional en 1853 “...para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Determina asimismo en su artículo 20: “...los extranjeros gozan en el territorio de la Nación todos los derechos civiles del ciudadano…”.

Teniendo en cuenta el precepto alberdiano, “gobernar es poblar”, se buscó incrementar el interés de los extranjeros en emigrar a estas tierras y colaborar en el progreso social y económico. Porque no sólo se trataba de cambiar de residencia sino también de comunidad.

A diferencia de otros inmigrantes europeos (franceses, belgas, alemanes, etcétera) los italianos no aportaron capitales, pero sí el esfuerzo humano y sus deseos de progreso, sin los cuales no hubiera bastado el dinero de los otros para alcanzar los objetivos previstos.

Sin embargo, la mayor riqueza que incorporaron fueron los hijos, para poblar esta nación hospitalaria que los recibió con el corazón abierto, incrementando notablemente la tasa demográfica.

Sarmiento comparaba a la inmigración con nuestros ríos y expresó: “…de cuatro siglos a esta parte la sociedad argentina recibe las multitudes que por diversas vías remontan el turbulento Plata, después que el océano les ha arrojado hacia esta vastísima tierra, como restos de las tempestades se vuelcan en los abundantes y siempre renovados y múltiples remolinos de la vieja civilidad, los cuales todavía guardan la visión histórica de propagar aquella tierra ignota y desierta entre las estirpes humanas que hasta ahora han tenido la fuerza y la dignidad de transmitirse…”.

Entre 1938 y 1948, fueron miles los integrantes de la comunidad itálica que ingresaron a la Argentina incluyendo a los perseguidos del régimen fascista y del nazismo, cuando el presidente Juan Domingo Perón impulsó una política inmigratoria para favorecer a todos ellos y a los europeos en general.

El 21 de febrero de 1947 se firmó en Roma el Convenio Argentino-Italiano sobre la Inmigración “con el propósito de restablecer la corriente inmigratoria entre Italia y la Argentina y tomando en consideración los lazos de amistad, fraternidad y de sangre que unen a ambas naciones y con el fin de ofrecer a los emigrantes la posibilidad ilimitada de procurar su propio progreso por medio del esfuerzo individual sobre la base de igualdad de oportunidades”.

Este último ciclo se destacó por la gran cantidad de intelectuales, profesionales, industriales, técnicos y trabajadores diversos, muchos de ellos miembros de la “burguesía acomodada”, que llegaron a estas tierras.

Los italianos que arribaron a nuestro país en grandes grupos eran laboriosos, de incomparable resistencia y perseverancia, soportaron duros trabajos bajo las inclemencias del tiempo, afrontaron un futuro a veces incierto pero conservaron siempre la esperanza y se volcaron a esta tierra con su esfuerzo para sembrar su simiente.

Son dos repúblicas que se entrelazan en una interacción que va más allá de la reciprocidad protocolar y diplomática, y que hunde sus raíces al desarrollo propio de nuestra patria y su constitución como nación.

La “italianidad” originaria que contribuyó a la formación de la cultura argentina de hoy se puede notar claramente en muchas de nuestras costumbres, no sólo gastronómicas sino también en el lenguaje, con la aparición del “lunfardo” que sin dudas fomentó la integración de ambas nacionalidades. Este modo de comunicación que prescinde de las lenguas ha creado una peculiaridad cultural, con alcance nacional.

Los italianos contribuyeron al afianzamiento de las comunidades que poblaron mediante la fundación de asociaciones de socorros mutuos, hospitales, teatros, clubes, asociaciones de cada región de Italia, no sólo en Buenos Aires sino en todas las ciudades del interior de nuestro país.

Otro aporte invalorable de la comunidad italiana es el amor por el arte lírico, el bello canto y una laboriosidad ejemplar para los criollos.

Contamos hoy con un fluido intercambio comercial, religioso, artístico, cultural, deportivo, etcétera. Son algunos de los hitos, conceptos, actividades e instituciones que hemos sabido cultivar mutuamente con la cultura italiana.

Esta percepción, comprendida y afirmada por vía de la construcción política, como el presente proyecto, nos dará una posibilidad, sin otra opción de inserción y proyección en el mundo de hoy, dentro de una estrategia propia y sustentable.

Es muy común hoy ver la necesidad y vocación a la vez de nuestros connacionales, de adquisición de la doble ciudadanía, pues muchos de nosotros somos descendientes de aquellos que vinieron de Italia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y reverdecen a diario la idea de seguir perteneciendo a la patria de sus antepasados.

La cultura determina a los pueblos porque implica una historia, una tradición y un carácter que marcan el reconocimiento entre los propios y las diferencias entre los ajenos. Por eso es necesario celebrar su particularidad como ahora sucede con la Semana de la Cultura Italiana, porque aquí los descendientes no se desprenden de sus raíces y por el contrario, la extienden.

Intensificando la relación de nuestro país con Italia y sus múltiples regiones, sus ciudades y comunas a través de estos vínculos de fraternidad y amistad es que se hace imperioso concretar esta mentada semana italiana.

Es de hacer notar que el Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano lleva adelante la política de cooperación en el mundo, mediante la Dirección de Cooperación de la Embajada de Italia en nuestro país.

La actual Oficina de Cooperación para el Desarrollo, que en la Argentina está representada por la Oficina del Gobierno Italiano, impulsa la cooperación de su país con el Cono Sur de América instituyendo alianzas operativas.

Cabe destacar que mediante ley 13.239 del 15 de septiembre de 2004 se estableció en la provincia de Buenos Aires la celebración de la Semana de Italia.

La exposición en los diversos eventos, de imágenes documentales, manifestaciones artísticas, demostración de documentos históricos de cada región, e incluso de sus comunas, expresiones musicales de las mismas, son algunas de las ventajas en el tema cultural.

La celebración de convenios con las universidades que se encuentran en cada región itálica tanto con la Universidad Nacional de Buenos Aires como las provinciales, son algunos ejemplos del posible y múltiple intercambio a efectuar en el futuro a nivel educacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente ley.

–A las comisiones de Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.