26/02/2008 - (TP 174)

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Créase la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

Art. 2° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá constituir delegaciones en el interior del país que dependerán en forma directa de la misma.

Art. 3° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia.

Art. 4° – Serán funciones de la agencia nacional de seguridad vial:

a)Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional;

b)Propiciar la actualización de la normativa en materia de seguridad vial;

c)Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las distintas jurisdicciones del país;

d)Evaluar permanentemente la efectividad de las normas técnicas y legales;

e)Establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional;

f)Autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la licencia nacional de conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas;

g)Colaborará con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Sumarios y el Consejo de Seguridad Interior, para coordinar las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial;

h)Diseñar el sistema de puntos aplicable a la licencia nacional de conducir, conforme a los principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su reglamentación;

i)Coordinar el funcionamiento de los organismos integrantes del sistema nacional de seguridad vial y representar, con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, al Estado nacional en el Consejo Federal de Seguridad Vial;

j)Entender en el registro de las licencias nacionales de conducir;

k)Entender en el registro nacional de antecedentes de tránsito;

l)Entender en el registro nacional de estadísticas en seguridad vial;

m)Crear un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de emisión,entrega, carga y digitalización así como el seguimiento de las mismas hasta el efectivo juzgamiento, condena, absolución o pago voluntario;

n)Coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del sistema de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos;

ñ)Autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de infracciones y el uso manual de estos sistemas por las autoridades de constatación; siendo la máxima autoridad en la materia, sin perjuicio de la coordinación de las pautas de seguridad, homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales competentes en la materia y le conformidad con las leyes 19.511 y 25.650;

o)Coordinar el sistema de control de tránsito en estaciones de peajes de rutas concesionadas conforme lo determine la reglamentación, para lo cual las empresas concesionarias deberán facilitar la infraestructura necesaria para su efectivización;

p)Participar en la regulación, implementación y fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital de vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial;

q)Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, como requisito para gestionar la licencia nacional de conducir, la transferencia de vehículos, con los organismos que otorguen la referida documentación;

r)Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial y los organismos nacionales con competencia en la materia, la formulación de un sistema de control de jornada y descanso laboral, su implementación y fiscalización. -Tendrá por objeto registrar por medios comprobables el cumplimiento de la jornada laboral, de las horas de efectiva conducción y del descanso mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional;

s)Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un programa anual de control efectivo del tránsito para el eficaz cumplimiento de la presente ley, encontrándose facultada a consultar, requerir la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo deberá ser informado anualmente al Honorable Congreso de la Nación, tanto de su contenido como de los resultados obtenidos en su ejecución;

t)Diseñar e implementar un sistema de auditoría nacional de seguridad vial;

u)Realizar y fomentar la investigación de  siniestros de tránsito, planificando las políticas estratégicas para la adopción de las medidas preventivas, pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas, por intermedio del observatorio permanente en seguridad vial;

v)Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial en materia de seguridad de los vehículos, infraestructura, señalización vial y cualquier otra que establezca la reglamentación;

w)Organizar y dictar cursos y seminarios de capacitación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño se vincule o pueda vincularse con la seguridad vial;

x)Elaborar campañas de concientización en seguridad vial y coordinar la colaboración, con los organismos y jurisdicciones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales competentes en la materia, en la elaboración de campañas de educación vial destinadas a la prevención de siniestros viales;

y)Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra entidad, nacional y/o internacional, a los efectos de realizar programas de investigación y capacitación, de personal en materia de seguridad vial.

Art. 5° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será presidida por el ministro del Interior, quien se encuentra facultado para:

a)Presidir las sesiones de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo, con voz y voto;

b)Solicitar sesiones extraordinarias de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo;

c)Designar y convocar al Comité Consultivo.

Art. 6° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 7° – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y funciones:

a)Ejercer la representación y dirección general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actuar en juicio como actora y demandada en temas de su exclusiva competencia, quedando facultado para absolver posiciones en juicio pudiendo hacerlo por escrito;

b)Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes;

c)Elaborar el plan operativo anual;

d)Convocar las sesiones de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo, y participar en ellas con voz y voto;

e)Convocar al Comité Consultivo por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su consulta las políticas planificadas y las que se encuentran en ejecución;

f)Convocar al Comité de Políticas y al Comité Ejecutivo y someter a su consideración las políticas planificadas y las que se encuentren en ejecución;

g)Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

h)Promover las relaciones institucionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas, o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia;

i)Poner a consideración del Comité de Políticas el plan estratégico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

j)Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

k)Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros;

l)Requerir a los distintos organismos de la administración pública nacional la comisión transitoria de personal idóneo en la materia que fuere necesario para el funcionamiento de la autoridad.

Art. 8° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será el organismo responsable de la coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232 del 11 de septiembre de 2007.

Art. 9° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será asistida por un comité de política, que tendrá como función proponer lineamientos de armonización federal en materia de seguridad vial, respetando las autonomías provinciales, y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes jurisdicciones ministeriales, con rango no inferior a secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de Economía y Producción representante de mayor jerarquía del Consejo Federal de Seguridad Vial.

Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será asistida por un comité ejecutivo, que tendrá como función coordinar la implementación de las políticas nacionales en materia de seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de la Secretaría de Transporte, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Organo de Control de Concesiones Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el Consejo Federal de Seguridad Vial.

Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será asistida por un comité consultivo, que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la temática de la seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la seguridad vial, que serán invitadas a integrarlo por el presidente de la agencia de seguridad vial.

Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:

a)Las partidas presupuestarias asignadas por la ley de presupuesto o leyes especiales;

b)Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las tasas administrativas que se establezcan en acuerdo con las autoridades locales en materia del sistema único de infracciones, licencias de conducir y otros servicios administrativos;

c)Las donaciones, aportes no reembolsables y legados que reciba y acepte;

d)Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos y/o activos;

e)Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores, provenientes de la gestión del organismo.

Art. 13. – Los ingresos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no estarán sujetos al impuesto a las ganancias, y sus bienes y operaciones reciben el mismo tratamiento impositivo que los actos y bienes del Gobierno nacional.

Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22 del título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modificatorias.

Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:

Inciso 26: Entender en la elaboración y aplicación de políticas estratégicas de armonización federal, la coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos al Sistema Nacional de la Seguridad Vial; concertar con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de las funciones de prevención y control del tránsito, sin que el ejercicio de tales funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones locales.

Art. 16. – Registro nacional de licencias de conducir. Créase el Registro Nacional de Licencias de conducir en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual deberán inscribirse la totalidad de los datos de las licencias nacionales de conducir emitidas, los de sus renovaciones o cancelaciones, así como cualquier otro detalle que determine la reglamentación.

Art. 17. – Registro nacional de estadísticas en seguridad vial. Créase el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar la información relativa a infracciones y siniestros de tránsito que se produzcan en el territorio nacional, de conformidad a lo que prevea la reglamentación.

Art. 18. – Observatorio de seguridad vial. Créase el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la Agencia Nacional de Aeguridad Vial, el cual tendrá por función la investigación de las infracciones y los siniestros de tránsito, de modo tal de formular evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen adoptar en la materia y realizará anualmente una estimación del daño económico producido por los accidentes viales en el período.

Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Art. 20. – Modifícase el artículo 2° de la Ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas, contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.

El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asimismo, podrá asignar las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a Gendarmería Nacional y otros organismos existentes, sin que el ejercicio de tales funciones desconozca o altere las jurisdicciones locales. Las autoridades locales correspondientes podrán disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrán dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente.

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el espíritu de esta ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas normas sobre uso de la vía pública deben estar claramente enunciadas en el lugar de su imperio, como requisito para su validez.

Art. 21. – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6°: Consejo Federal de Seguridad Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación y acuerdo de la política de seguridad vial de la República Argentina. Estará integrado por un representante de cada una de las provincias, un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo nacional. Los representantes deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo de su jurisdicción.

El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá su sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y recibirá apoyo para su funcionamiento administrativo y técnico.

Art. 22. – Deróganse los incisos e) y f) del artículo 7° de la ley 24.449.

Art. 23. – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 8°: Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Créase el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNAT), el que dependerá y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley, el cual registrará los datos de los presuntos infractores, de los prófugos o rebeldes, de los inhabilitados, de las sanciones firmes impuestas y demás información útil a los fines de la presente ley que determine la reglamentación.

A tal fin, las autoridades competentes deberán comunicar de inmediato los referidos datos a este organismo.

Este registro deberá ser consultado previo a cada trámite de otorgamiento o renovación de licencia nacional de conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la materia y/o para todo otro trámite que exija la reglamentación.

Adoptará las medidas necesarias para crear una red informática interjurisdiccional que permita el flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras en los trámites, asegurando al mismo tiempo contar con un registro actualizado.

Art. 24. – Modifícase la denominación del capítulo II del título III de la ley 24.449, por la siguiente:

Licencia Nacional de Conducir.

Artículo 25. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 13: Características. Todo conductor será titular de una licencia nacional de conducir ajustada a lo siguiente:

a)La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos provinciales autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitarán a conducir en todas las calles y caminos de la república, así como también en territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscripto el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo establezca la reglamentación;

b)La licencia nacional deberá extenderse conforme a un modelo unificado que responderá a estándares de seguridad, técnicos y de diseño que establezca la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se individualizará por la mención expresa, en campo predeterminado, de la autoridad local emisora y el número de documento nacional de identidad del requirente;

c)Las licencias podrán otorgarse con una validez de hasta cinco (5) años, debiendo en cada renovación aprobar el examen psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en cantidad superior a la que se determine por vía de la reglamentación, se deberán revalidar los exámenes teóricoprácticos;

d)Los conductores que obtengan su licencia por primera vez deberán conducir durante los primeros seis meses llevando bien visible, tanto adelante como detrás del vehículo que conduce, el distintivo que identifique su condición de principiante;

e)A partir de la edad de sesenta y cinco (65) años se reducirá la vigencia de la licencia nacional de conducir. La autoridad expedidora determinará, según los casos, los períodos de vigencia de las mismas, dentro de los parámetros que establezca la reglamentación;

f)La emisión de la licencia nacional de conducir y sus renovaciones se realizarán asignando a cada uno de sus titulares una cantidad fija y uniforme de puntos, a través de un sistema cuyas condiciones y características se determinarán en la reglamentación;

g)Todo titular de una licencia deberá acatar los controles y órdenes que imparta la autoridad de tránsito en el ejercicio de sus funciones;

h)La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga de carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley y su reglamentación permitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por intermedio de la autoridad de aplicación y comprobación correspondiente, restringir la circulación en jurisdicción nacional del titular de la licencia otorgada en infracción, y a la vez, hará visible al o a los funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan.

Art. 26. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 14: Requisitos:

a)La autoridad emisora debe requerir del solicitante:

1.Saber leer y para los conductores profesionales también escribir.

2.Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se refiere expresamente la reglamentación.

3.Asistencia obligatoria a un curso teóricopráctico de educación para la seguridad vial, en una escuela de conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

4.Un examen médico psicofísico que comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.

5.Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudadana, conducción, señalamiento y legislación.

6.Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los elementos de seguridad del vehículo y de las funciones del equipamiento e instrumental.

7.Un examen práctico de idoneidad conductiva. Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás personas con capacidades limitadas que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante específica; asimismo, para la obtención de le licencia profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad de dos (2) años.

8.La Agencia Nacional de Seguridad Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos exámenes señalados en los incisos 4, 5, 6 y 7.

b)La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo, todo aquel requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate.

Antes de otorgar una licencia se deberá requerir al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones penales en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría solicitada.

Art. 27. – Incorpórase como último párrafo del artículo 26 de la ley 24.449, el siguiente:

Artículo 26: …

Queda prohibida toda clase de publicidad relativa a bebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, o que sin estar localizadas en las áreas indicadas puedan ser visualizadas desde las mismas, sea que se encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción de la Nación, las provincias o sus municipios.

Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras previstas por la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo.

Art. 28. – Incorpórase como artículo 26 bis de la ley 24.449, el siguiente:

Artículo 26 bis: Venta de alcohol en la vía pública. Queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en estaciones de servicio, paradores, restaurantes u otros tipos de establecimientos, que tengan acceso directo desde caminos, rutas, semiautopistas o autopistas sea que se encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción de la Nación, las provincias o sus municipios.

Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras previstas por la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo.

Art. 29. – Incorpórase como último párrafo del artículo 29 de la ley 24.449, de condiciones de seguridad el siguiente:

Artículo 29: …

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático de luces, un sistema de desgrabación de registros de operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación y conforme los plazos de implementación que se acordarán con las terminales automotrices y los importadores de automotores.

Art. 30. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo imputado, que se domicilie a más de sesenta kilómetros del asiento del juez competente que corresponda a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su defensa por escrito mediante el uso de un correo postal de fehaciente constatación.

Cuando el imputado se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer o ser traído por la fuerza pública ante el juez mencionado en primer lugar.

Asimismo cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones que justifiquen una postergación mayor.

Para el caso de las infracciones realizadas en la jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema. El domicilio será el que conste en la licencia nacional de conducir o el último que figure en el documento nacional de identidad si el cambio de este último fuere posterior al que obra en la licencia de conducir y anterior a la fecha de la infracción. Cuando el conductor no hubiese sido identificado en el momento de la infracción el domicilio que se tendrá en cuenta será el del infractor presunto de acuerdo con la información suministrada por el Registro de la Propiedad Automotor.

Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez actuante podrá solicitar los informes pertinentes al juez o a las autoridades de constatación locales.

La reglamentación establecerá los supuestos y las condiciones para ejercer esta opción.

El Estado Nacional propiciará un sistema de colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita homogeneizar los procedimientos previstos a los fines del efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley y su reglamentación.

Art. 31. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:

7. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso p) del artículo 77 de la presente ley. En dicho caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá circular, siempre y cuando desciendan del mismo las personas que sean necesarias para adecuar el número de ocupantes a la capacidad para la cual fue construido.

8. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso r) del artículo 77 de la presente ley. En dicho caso, luego de labrada el acta, el vehículo será removido y remitido al depósito que indique la autoridad de comprobación donde será entregado a quien acredite su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos que haya demandado el traslado.

Art. 32. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley 24.449, el siguiente:

Artículo 72 bis: Retención preventiva - boleta de citación del inculpado - autorización provisional: En los supuestos de comisión de alguna de las faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o), s), w), x) o y) del artículo 77 de la presente ley, la autoridad de comprobación o aplicación retendrá la licencia para conducir a los infractores y la reemplazará con la entrega, en ese mismo acto, de la boleta de citación del inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha de su confección.

De inmediato, la autoridad de comprobación o de aplicación remitirá la licencia para conducir y la denuncia o acta de infracción respectiva al juez o funcionario que corresponda.

Dentro del referido plazo de treinta (30) días corridos, el infractor deberá presentarse personalmente ante el juez o funcionario designado y podrá optar por pagar la multa correspondiente a la infracción en forma voluntaria o ejercer su derecho de defensa.

En caso de optar por ejercer su derecho de defensa, el juez o funcionario designado podrá otorgar, por única vez, una prórroga de no más de sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la boleta de citación del inculpado para conducir. La prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten emitir la resolución, en cuanto al fondo del asunto, dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha en que se confeccionó la boleta de citación.

La vigencia de la prórroga no podrá exceder nunca el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de citación.

En caso de que el infractor no se presentara dentro del término de treinta (30) días establecido en el presente procedimiento, se presumirá su responsabilidad.

La licencia de conducir será restituida por el juez o funcionario competente, si correspondiere, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

a)Pago de la multa;

b)Cumplimiento de la resolución del juez o funcionario competente;

Si el infractor no se presentara pasados los noventa (90) días corridos desde la fecha de confección de la boleta de citación, se destruirá la licencia retenida y caducará la habilitación para conducir hasta tanto obtenga una nueva licencia de conformidad con el procedimiento establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo podrá otorgarse si previamente se abonó la multa o se dio cumplimiento a la resolución del juez o funcionario competente.

En el supuesto del inciso x) del artículo 77, además del pago de la multa o cumplimiento de la sanción que corresponda, el infractor deberá acreditar haber dado cumplimiento a la revisión técnica obligatoria.

Para los supuestos de retención cautelar de licencia no se aplicará la opción de prórroga, de jurisdicción contemplada en el artículo 71.

Art. 33. – Incorpóranse como incisos m) a y) del artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:

m)La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales;

n)La violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos en esta ley, con un margen de tolerancia de hasta un 10 % (diez por ciento);

ñ)La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una distancia del vehículo que lo precede menor a la prudente de acuerdo con la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la presente ley y su reglamentación;

o)La conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos;

p)La conducción de vehículos transportando un número de ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido el vehículo;

q)La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor;

r)La conducción de vehículos propulsados por el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial por lugares no habilitados al efecto;

s)La conducción de motocicletas sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario;

t)La conducción de vehículos sin que alguno de sus ocupantes utilice el correspondiente correaje de seguridad;

u)La conducción de vehículos transportando menores de diez (10) años en una ubicación distinta de la parte trasera;

v)La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar los requisitos establecidos por la presente ley;

w)La conducción de vehículos a contramano;

x)La conducción de un vehículo careciendo del comprobante que acredite la realización y aprobación de la revisión técnica obligatoria;

y)La conducción de un vehículo careciendo del comprobante que acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo 68 de la presente ley.

Art. 34. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 84: Multas. El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF, cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.

Las multas serán determinadas en la reglamentación desde un mínimo de 50 UF hasta un máximo de 5.000 UF.

Se considerarán como agravantes los casos en que la responsabilidad recaiga sobre los propietarios.

Para las comprendidas en el inciso l) del artículo 77, la reglamentación establecerá una escala que se incrementará de manera exponencial, en función de los mayores excesos en que los infractores incurran, con un monto máximo de 20.000 UF.

Accesoriamente, se establecerá un mecanismo de reducción de puntos aplicable a la licencia nacional del conducir conforme a los principios generales y las pautas de procedimiento que determine la presente ley y su reglamentación.

Art. 35. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 85: Pago de multas. La sanción de multa puede:

a)Abonarse con una reducción del cincuenta (50) por ciento cuando corresponda a normas de circulación en la vía pública y exista reconocimiento voluntario de la infracción. En todos los casos tendrá los efectos de una sanción firme;

b)Ser exigida mediante un sistema de cobro por vía ejecutiva cuando no se hubiera abonado en término, para lo cual será título suficiente el certificado expedido por la autoridad de juzgamiento;

c)Abonarse en cuotas en caso de infractores de escasos recursos, la cantidad de cuotas será determinada por la autoridad de juzgamiento.

La recaudación por el pago de multas se aplicará para costear programas y acciones destinados a cumplir con los fines de esta ley. Sobre los montos provenientes de infracciones realizadas en jurisdicción nacional se podrá afectar un porcentaje al sistema nacional de seguridad vial, conforme lo determine la reglamentación, o en su caso a la jurisdicción provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o local que haya intervenido en el juzgamiento en el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 71. La Agencia Nacional de Seguridad Vial celebrará los convenios respectivos con las autoridades provinciales.

Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 89: Prescripción. La prescripción se opera:

a)A los dos (2) años para la acción por falta leve;

b)A los cinco (5) años para la acción por falta grave y para sanciones;

En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo o judicial.

Art. 37. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, las reglamentaciones existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán aplicándose hasta su reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente.

Art. 38. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de la República a adherir a la presente ley.

Art. 39. – EL Poder Ejecutivo nacional en el plazo de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la presente deberá proceder a su reglamentación.

Art. 40. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijará las pautas de control y fiscalización del período transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la normativa anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

–A la comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda.

La Cámara de Diputados de la Nación

Su enérgico repudio al violento desalojo de un grupo de más de cincuenta familias de cartoneros del predio ubicado entre las calles La Pampa, Virrey Vértiz, Sucre y las vías del ferrocarril Mitre, donde se encontraban en protesta por la suspensión del servicio del “tren blanco” línea Mitre de la empresa TBA.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

Señor presidente:

En enero pasado la empresa TBA dispuso la suspensión del servicio del “tren blanco” de la línea Mitre, el cual permitía, desde el año 2004, el traslado de alrededor de 630 cartoneros.

A partir de esta decisión distintas familias elevaron un amparo a la justicia, el cual fue resuelto a favor por la jueza Martina Isabel Fons, del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, ordenando que se “restituya de forma inmediata” el servicio. La empresa de ferrocarriles hizo caso omiso a dicho fallo.

Frente a esta situación de imposibilidad de traslado, y en desacuerdo con la alternativa ofrecida por el Gobierno de la Ciudad de la utilización de camiones, más de 50 familias decidieron ocupar, en forma de protesta, el predio ubicado en la intersección de la calle La Pampa y las vías del tren.

La mañana del 22 de febrero de 2008, en vísperas de la celebración de una reunión entre el gobierno de la ciudad y los trabajadores con el fin de dialogar sobre la situación de estos últimos, y en virtud de una resolución efectuada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal Argentina desalojaron violentamente a los ocupantes del mencionado predio, golpeando a quienes allí se hallaban, en flagrante violación de los derechos humanos fundamentales, proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos internacionales, y nuestra Constitución Nacional.

El hecho puntual, que hoy nos toca describir, es un eslabón más en la cadena con la que los diversos poderes de turno han amarrado sus políticas al muelle de la desidia y la indiferencia.

A partir de la crisis económica y financiera del año 2001, el número de trabajadores de la actividad se ha incrementado enormemente debido a la falta de alternativas laborales que los capitanes de dichos buques no supieron/quisieron generar.

La situación se agrava aún más, ante el desconocimiento reinante. Se desconoce la función ecológica que el trabajo de recolección informal de residuos urbanos cumple. De hecho, la misma se reconoce en la ley 992 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, en su publicación “La justa” de junio de 2007 planteaba “…las 400 toneladas que recuperan cada noche los cartoneros de la ciudad, no solo aportan a la actividad empresaria, sino que reducen en casi un 10 por ciento el volumen que a diario parte hacia los rellenos sanitarios…”

Quizás, como lo señala Tamar Pitch, en el prefacio de su libro Responsabilidades limitadas. Actores, conflictos y justicia penal estamos viviendo el regreso de la vieja clasificación entre pobres dignos y pobres indignos, en donde estos últimos “[…] vienen a constituir las nuevas ‘clases peligrosas’ […]”. Al menos así, pareció quedar evidenciado en la resolución del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hablaba del peligro para la higiene y salubridad, y en el accionar de la Policía Federal Argentina por un lado, en tanto consideró que se trataban de un peligro para la seguridad pública, y por el otro, el posterior procedimiento de personal de limpieza que fumigó el lugar inmediatamente.

Se configura así el silogismo perverso de la exclusión social: los sucesivos gobiernos nacionales con la falta de políticas públicas “obligaron” a los grupos más desaventajados a buscar alternativas laborales que hoy en día pretenden erradicar; los cartoneros existen por la desidia y es ella misma quien pugna por hacerlos desaparecer.

El actual gobierno nacional, productor de un discurso inclusivo, protector de los derechos humanos, permitió la suspensión del servicio de trenes, que posibilitaba el traslado a los cartoneros. Su discurso parece congruente con la realidad: hoy vivimos una inclusión más en la lista de excluidos. El gobierno de la ciudad, en cambio, parece no incurrir en dicha paradoja discursiva, excluye sin más.

Por todo ello solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

–A la Comisión de Legislación Penal.

La Cámara de Diputados de la Nación

Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través de quien corresponda, tenga a bien facilitar la información que a continuación se requiere.

Que habida cuenta del desalojo llevado a cabo por la Policía Federal Argentina el 22 de febrero de 2008, en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informe:

1. La dirección del lugar donde se llevó a cabo dicho procedimiento, indicando calles, número, etc.

2. En virtud de qué orden se llevo a cabo el procedimiento, especificando si se trató de una resolución administrativa o judicial. Adjuntar copia de la misma.

3. Quién fue el/la firmante de la orden.

4. La fecha y hora en que recibieron la orden.

5. La dirección en la cual, según figure en la orden de desalojo, debía efectuarse el procedimiento.

6. Si los desalojados fueron notificados previamente. Indicar fecha, firmante, destinatarios, y dirección a la que iba dirigida dicha notificación, en su caso.

7. Qué cantidad de personas fueron arrestadas, cuánto tiempo permanecieron detenidas, en dónde, y pórque motivos.

8. Los motivos del arresto de un vecino del barrio. Indicar el lugar donde estuvo detenido y por cuánto tiempo.

9. Si hubo reportes de heridos. Indicar a dónde fueron trasladados.

10. Cuántas personas fueron desalojadas. Dónde fueron llevadas.

11. Si se hallaba en el lugar personal del Cuerpo de Infantería y, en su caso, cuáles fueron las razones de su presencia.

12. Dónde fue alojado el material de trabajo de los recicladores de basura.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

Señor presidente:

El día 22 de febrero de 2008 en horas de la mañana, la Policía Federal Argentina procedió a desalojar a unas 50 familias de recolectores informales de basura (“cartoneros”), que se hallaban ocupando un predio en el barrio porteño de Belgrano.

El procedimiento, según versiones de quienes allí se hallaban al momento del operativo, se realizó sólo en función de una orden administrativa dictada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del gobierno de la ciudad.

En virtud de dicha resolución, la Policía Federal Argentina desalojó violentamente a los ocupantes del lugar, arrestando a 9 personas, y ocasionando heridas a otras tantas, que debieron ser hospitalizadas.

Las fuerzas de seguridad, en un Estado de derecho, no pueden sino respetar los derechos humanos de las personas. Pero al parecer, eso está lejos de ser una realidad. Señala Eugenio Raúl Zaffaroni, en su Tratado de derecho penal que “[…] la policización es un proceso de asimilación institucional, violatoria de derechos humanos y tan selectivo como la criminalización y la victimizacion […] Quizás hallemos aquí la razón por la que los efectivos de la Policía Federal Argentina actuaron con semejante brutalidad.

Que lejos de respetar las declaraciones, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, el accionar de las fuerzas de “seguridad” violó manifiesta y organizadamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto lejos estuvo el Estado de asegurarles protección y cuidado a los niños que se hallaban en el lugar mientras se efectuó el procedimiento.

Quizás, como lo señala Tamar Pitch, en el prefacio de su libro Responsabilidades limitadas. Actores, conflictos y justicia penal estamos viviendo el regreso de la vieja clasificación entre pobres dignos y pobres indignos, en donde estos últimos “[…] vienen a constituir las nuevas ‘clases peligrosas’ […]” Al menos así pareció quedar evidenciado en la resolución del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hablaba del peligro para la higiene y salubridad, y en el accionar de la Policía Federal Argentina por un lado, en tanto consideró que se trataban de un peligro para la seguridad pública, y por el otro, el posterior procedimiento de personal de limpieza que fumigó el lugar inmediatamente.

Se trató de “desintoxicar”, de “limpiar”, de “barrer”, de “armonizar”, de “asegurar“. Se trató, en definitiva, de excluir y de expulsar, sin importar que para ello sea “necesario” vulnerar derechos humanos.

Es por la gravedad de lo expuesto que solicito a esta Honorable Cámara tenga a bien acompañar este proyecto en defensa de los derechos humanos fundamentales.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

–A la Comisión de Legislación Penal.

La Cámara de Diputados de la Nación

1. Instrumentar los mecanismos administrativos que correspondan, con el objeto de permitir que las comisiones permanentes de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación que se detallan en el artículo 2º del presente proyecto, sesionen al menos una vez al año en la Antártida Argentina.

2. Las comisiones que sesionarán anualmente en el Continente Antártico son las siguientes: Relaciones Exteriores y Culto; Ciencia y Tecnología; Defensa Nacional; Energía y Combustibles; Economías y Desarrollo Regional; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Turismo.

Sergio A. Basteiro. – Leonardo A. Gorbacz. – Carlos Raimundi. – Julián M. Obiglio. – Hugo N. Prieto. – Luciano R. Fabris. – Fernando Sánchez. – Susana Genem. – Gloria M. Bidegain. – Sergio Varisco.

Señor presidente:

El 12 de noviembre de 2004, en el año en que la Argentina cumplió el centésimo aniversario de presencia ininterrumpida en el Continente Antártico, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de esta Honorable Cámara de Diputados de La Nación sesionó en la Antártida, siendo aquella la primera vez en la historia que se realiza una sesión parlamentaria en ese territorio.

El hecho histórico de que éste sea el primer Parlamento del mundo que realizó actividades legislativas en ese continente ha motivado la presentación del presente proyecto, en la convicción de que tal acontecimiento reviste una gran importancia material y simbólica, por los argumentos que se detallan infra.

En este sentido, es importante destacar que el presente proyecto ha sido firmado en el propio suelo antártico por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación.

Lo anterior nos lleva a la ineludible necesidad de analizar la importancia de la presencia de legisladores argentinos en esa región, en especial aquellos que integran comisiones que, por sus características, fortalecen la vigencia plena del Tratado Antártico que consagra a la Antártida como un continente de paz e investigación científica.

La protección de los recursos vivos marinos y del medio ambiente antártico en general, en razón de la fragilidad de los ecosistemas antárticos y la influencia de los ambientes marinos y terrestres antárticos en el clima mundial, son realidades que merecen ser tratadas in situ.

También es importante la presencia de legisladores en esa región, para mostrar nuestro compromiso en la necesidad de encontrar soluciones racionales y duraderas, tendientes a evitar las preocupantes consecuencias ambientales que provoca la actividad humana, que se manifiestan en forma amenazante e imprevisible en el medio ambiente polar.

El hecho de que representantes del pueblo legislen en la Antártida Argentina contribuirá a que la población tome conciencia de la importancia que tiene para nuestro país la soberanía de su territorio y, en especial, esta región del denominado Continente Blanco.

Considerando además que este Congreso adhirió al Año Polar Internacional que se celebró en 2007, resulta oportuno que este Congreso de la Nación continúe dando señales concretas con relación a su interés en esa región inhóspita pero a la vez estratégica del planeta.

Para concluir, teniendo en cuenta que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación realizó una sesión especial en dicho territorio el pasado viernes 22 de febrero, cuando se celebra el Día de la Antártida Argentina y se cumplen 104 años de presencia ininterrumpida en suelo antártico, nos parece ocasión pertinente para dar impulso a este proyecto.

El presente es una representación del expediente D.-7.814/04, el cual ha perdido su estado parlamentario.

Por todo ello, señor presidente, solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente proyecto de resolución.

Sergio A. Basteiro. – Leonardo A. Gorbacz. – Carlos Raimundi. – Julián M. Obiglio. – Hugo N. Prieto. – Luciano R. Fabris. – Fernando Sánchez. – Susana Genem. – Gloria M. Bidegain. – Sergio Varisco.

–A la Comisión de Petición, Poderes y Reglamento.

La Cámara de Diputados de la Nación

Su preocupación por la endemia en el territorio del Paraguay, ante el estado de emergencia debido a la confirmación de veinte casos mortales de fiebre amarilla selvática y la posible llegada a zonas urbanas.

Instar a las autoridades nacionales para que instrumente los mecanismos necesarios para evitar la potencial expansión a nuestro territorio.

Señor presidente:

Ante la terrible situación por la que está atravesando el vecino país del Paraguay, es menester tomar medidas extremas de prevención a través de los organismos nacionales pertinentes, para evitar la propagación de este flagelo a nuestro territorio nacional.

La fiebre amarilla es una de las graves enfermedades tropicales del mundo, la cual es provocada por el arbovirus que se encuentra en estado de latencia en el mono aullador. Estos simios no transmiten en forma directa la enfermedad, pero sí puede ser transmitida por mosquitos de género haemagogus, que compartirían el hábitat con el primate. Dicho insecto actúa como agente transmisor del mal al picar a una persona; de esta manera pasa al área urbana y aunque el ser humano tampoco transmite la enfermedad a sus congéneres en forma directa, sí podrá hacerlo el Aedes aegypti (mosquito).

Esta enfermedad se caracteriza por un cuadro de súbita fiebre elevada acompañada de escalofríos violentos, dolores de cabeza, lumbares y musculares en general, postración, náuseas y vómitos. A continuación se produce una ictericia moderada y luego más severa. La muerte se produce de 7 a 10 días, luego del inicio de la enfermedad. La tasa de mortalidad en adultos no vacunados puede superar el 50 %.

Recordamos que la fiebre amarilla como el dengue son enfermedades eminentemente tropicales, agudas y graves, transmitidas por el mosquito cuyo vector principal es el Aedes aegypti.

En la Argentina se han registrado en varias ocasiones casos epidémicos: la más importante epidemia de dengue del año 1916, en ambas márgenes del río Uruguay, y las epidemias de fiebre amarilla urbana en 1871, en Buenos Aires, y de fiebre amarilla selvática en 1966, en las provincias de Misiones y Corrientes.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta el alerta en la República del Paraguay, instamos a nuestras autoridades a tomar medidas precautorias ante el potencial avance en virtud a las cercanías geográficas, así como también, realizar campañas para alertar a la población a los fines de reconocer los síntomas ante las primeras sospechas, y de esa manera asistir a los centros de salud más cercanos.

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Objeto. El presente proyecto tiene como objeto crear la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros.

Art. 2° – Sustitución de la libreta de trabajo. Sustitúyase la libreta de trabajo establecida en el decreto 1.335/73, y la resolución MTE y SS 17/98, por la modalidad de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros mencionada en el artículo precedente.

Art. 3° – Provisión de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros. Es obligación del empleador, a su costa, la provisión de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros, validada por la autoridad de aplicación. La misma tendrá carácter personal e intransferible.

Art. 4° – Requisitos. La Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros, contiene los siguientes requisitos:

–Nombre y apellido del titular

–C.U.I.L.

–Registro de conductor

–Legajo

–Fecha de ingreso

–Base a la que pertenece

–Nombre de la Empresa y C.U.I.T.

Art. 5º – Comisión Administradora. Créase la Comisión Administradora del sistema de la Tarjeta Magnética para el Transporte Automotor de Pasajeros, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Estará integrada por:

–Un (1) representante del MTEySS.

–Un (1) representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

–Un (1) representante de la/s entidades sindicales con personería gremial.

–Un (1) representante de la/s entidades sindicales sin personería gremial.

–Un (1) representante de las asociaciones civiles abocadas a la problemática de la seguridad vial.

–Un (1) representante del sector empresarial.

Art. 6º – Funciones. Son funciones de la Comisión Administradora:

a)Centralizar los datos informáticos que surjan en la implementación de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros y mantener actualizada la misma;

b) Recepcionar del empleador los datos laborales de los trabajadores, en especial francos, períodos de vacaciones, accidentes, enfermedad, altas y bajas de personal y todo otro dato que la Comisión considere oportuno, relacionado con la administración de la información requerida por el sistema;

c)Controlar y emitir opinión sobre el proceso licitatorio previsto en el artículo 7º;

d)Notificar a la autoridad administrativa de aplicación toda anomalía o infracción a la presente ley.

Art. 7º – Licitación pública. En el plazo de 30 días luego de la puesta en vigor de la presente ley, la autoridad administrativa de aplicación llamará a licitación pública para la confección y provisión de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros e implementación del sistema.

Art. 8º – Funcionamiento de la tarjeta magnética.

1. Toda cabecera de inicio de tareas tendrá su correspondiente posnet, donde el trabajador inserta la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros, la que expedirá un ticket con:

a)Sus datos completos;

b)Hora;

c)Origen.

2. El posnet estará conectado al centro de datos de la autoridad de aplicación. Cuando el trabajador finalice su jornada laboral, insertará la tarjeta obteniendo otro ticket con:

a)Datos completos;

b)Hora de finalización;

c)Destino.

3. En el caso de larga distancia cambiará el destino. El ticket siempre indicará el lugar de cabecera donde inicia el viaje el conductor.

4. Los posnet serán instalados en las cabeceras de la empresa en todo el país, tanto de corta, media y larga distancia.

5. El ticket deberá emitirse siempre por duplicado, y el original adjuntarse a la denominada “planilla de viaje”, quedando el duplicado en poder del trabajador.

6. En el caso de trayectos de larga distancia, los citados tickets deberán emitirse tanto para los conductores de la unidad como para los auxiliares de abordo.

7. En todos los casos, serán aplicables las previsiones sobre descanso entre jornada y jornada, estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73. La implementación del presente sistema deberá establecer un mecanismo tendiente a inhabilitar todo servicio que no respete el tiempo de descanso aludido en la normativa vigente. En este caso se prohíbe la actividad del trabajador y la toma de servicio.

Art. 9º – Fíjase en 180 días el plazo para implementar el sistema creado por la presente ley.

Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Patricia Bullrich. – Fernando A. Iglesias. – Horacio Alcuaz. – Claudia F. Gil Lozano. – Juan C. Morán. – Fernando Sánchez. – Griselda A. Baldata. – Adrián Pérez. – Elsa S. Quiroz. – Héctor Flores. – Elisa B. Carca. – Fernanda M. Reyes.

Señor presidente:

Atento a la iniciativa de la Unión de Conductores de la República Argentina, UCRA, respecto de las deficiencias del actual sistema de registro de entrada y salida del horario laboral, y las posibilidades de adulteración del actual sistema, presento este proyecto que tiene como finalidad la creación de un sistema integrado de información contemplada en la Tarjeta Magnética de Trabajo.

En la actualidad la libreta de trabajo para los trabajadores del transporte público de pasajeros se encuentra regulada por el decreto 1.335/75, modificada por el 1.038/97 y por la resolución del MTEySS 17/97.

El mencionado instrumento de regulación se ha transformado, con el correr del tiempo, en insuficiente y de fácil adulteración por los empleadores del sector, debido a que los trabajadores son sometidos a excesos en la jornada de trabajo y/o faltas de descanso ínter jornadas.

Dicho sistema ha contribuido a que en muchas ocasiones los empleadores no paguen las horas extras debidas o que las horas extras sean abonadas por fuera del registro legal, ocasionando severos perjuicios económicos a los trabajadores y al Fisco, por la evasión fiscal que dichas prácticas generan.

De acuerdo a los resultados de las inspecciones realizadas en los últimos años podemos constatar que una considerable cantidad de infracciones de tránsito fueron motivadas o relacionadas al incumplimiento en materia de descansos, falta de libretas y/o anotaciones incorrectas.

En el presente existen una serie de sistemas de regulación alternativos (tarjeta magnética o sistema digital) que posibilitarían el reemplazo del caduco y obsoleto sistema de libreta, permitiendo entre otros beneficios los siguientes: evitar adulteraciones de los elementos de control, evitar falta de pago de horas extras, lograr un mayor control por las empresas de ciertas situaciones que hacen a la seguridad y eficiencia del servicio (seguimiento satelital de la velocidad del vehículo, determinación de la cantidad de pasajeros trasladados, características del manejo, etc.), mayor control por los organismos del estado (realizar inspecciones a través de Internet donde se pueda determinar horarios de trabajo y de descanso de los trabajadores), mejorar la recaudación del fisco evitando la evasión impositiva, permitir una mejor regulación de la actividad laboral a través de mecanismos que no demandan costos excesivos para los empresarios ni para el estado, evitar las adulteraciones de los tacógrafos que impiden registrar los excesos de velocidad de los vehículos.

Todos los beneficios citados en el considerando anterior no deben ocultar el más importante de todos ellos, a saber: reducir los accidentes de tránsito que ocasionan lesiones graves y/o leves entre los conductores, peatones y/o pasajeros.

Dichos accidentes ocasionan daños no materiales y materiales para las víctimas directas, para las empresas del sector y para el mismo estado; ya que a una mayor cantidad de accidentes corresponde un incremento de horas de trabajo perdidas, un aumento de los pedidos legales indemnizatorios, pérdida o disminución de la capacidad de suministro económico de las familias de las víctimas, y un aumento del consumo de los presupuestos públicos del área de salud.

La finalidad de la creación de los instrumentos de control citados ha sido la de establecer mecanismos tendientes a que los organismos de contralor del Estado (Ministerio de Trabajo y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) pudieran realizar los controles pertinentes en distintos lugares del país y determinar de esta forma el cumplimiento de los descansos ínter jornadas y evitar los excesos en las jornadas de trabajo diarias.

El presente proyecto tiene por finalidad contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los conductores de transporte público, y a la disminución de los potenciales accidentes de tránsito que se pudieran derivar de las mismas.

Nuestro país se caracteriza por un incremento notable de los accidentes de tránsito en los últimos años.

En el año 2006 murieron en Argentina 7.557 personas en accidentes de tránsito. El promedio mensual fue de 629 víctimas, mientras que el promedio diario fue de 21 víctimas. En la provincia de Buenos Aires murieron 3.062 personas.¹

En comparación con otros países la situación de Argentina es crítica. Nuestro país llega a 1.058 muertos en accidentes de tránsito por cada millón de vehículos, mientras que en España sólo mueren 211 personas por cada millón de vehículos, en los EE.UU. la cifra es de 196 casos fatales y en Suecia de 123.²

En la escala de accidentes producidos en la Argentina, los de tránsito ocupan el 35,2 % del porcentaje global, instalándose en los primeros lugares de las estadísticas mundiales. Con un saldo de 9.000 víctimas fatales y 100 mil lesionados, los accidentes de tránsito superan las causas de muerte por cáncer, sida u otras enfermedades.

El país figura como el segundo entre 18 naciones de Latinoamérica en cuanto a cantidad de accidentes del tránsito. Lo reveló un estudio del área de Accidentología del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), y que arrojó una tasa nacional de 26,26 decesos por 100 mil habitantes, sólo superada por los 28,9 de México. El promedio en la región en tanto es de 16,73 muertes por cada cien mil habitantes, y sorprendió conocer que un gigante como Brasil ocupa el quinto lugar del estudio, con un puntaje de 18,53.³

Las jornadas de trabajo que no respetan los descansos legales necesarios contribuyen de manera inexorable a que los accidentes de tránsito aumenten. Es por ello que un nuevo instrumento de regulación de la actividad laboral de los trabajadores del sector se vuelve una necesidad imperiosa. El reemplazo del actual sistema de libreta por sistemas alternativos podrá lograr el objetivo propuesto.

En lo que respecta a los derechos laborales consagrados en nuestro texto constitucional, la jornada de trabajo debe ser limitada en el tiempo y registrada legalmente. El nuevo sistema de regulación laboral que proponemos contribuye a evitar el no pago de horas extras, el pago de horas de trabajo “en negro” y el establecimiento de jornadas de trabajo que posean una extensión horaria que se ajuste a los estrictos parámetros legales.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Patricia Bullrich. – Fernando A. Iglesias. – Horacio Alcuaz. – Claudia F. Gil Lozano. – Juan C. Morán. – Fernando Sánchez. – Griselda A. Baldata. – Adrián Pérez. – Elsa S. Quiroz. – Héctor Flores. – Elisa B. Carca. – Fernanda M. Reyes.

–A las comisiones de Legislación del Trabajo y de Transportes.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 79 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:

a)Del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares, así como de la actividad desarrollada por los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales.

Art. 2º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:

c)De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades cooperativas y por las actividad de los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, nacionales, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales.

Art. 3º – Los vocales de los tribunales de cuenta, miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de fiscalización, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no estén tributando el impuesto a las ganancias por las retribuciones que perciban por sus respectivas funciones, amparados en criterios interpretativos, asimilaciones a funciones similares no gravadas o cualquier otra circunstancia, quedan obligados respecto del período fiscal en curso y siguientes.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La derogación de los incisos p), q) y r) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto ordenado 1997 y modificatorias– eliminó la exención de dicho impuesto para las retribuciones logradas por sus respectivas funciones por los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público de todas las jurisdicciones e instancias, así como por los miembros de los órganos de fiscalización y por los legisladores.

La inequidad que significaba dicha medida de excepción debió entonces quedar salvada, pero no fue lo que ocurrió en todos los casos. Los legisladores comenzamos a pagar el impuesto a las ganancias como lo estipulaba la derogación de la exención, a partir del 1º de enero de 1996, y continuamos haciéndolo, al igual que lo hacían desde su creación el resto de los ciudadanos del país. Pero no ha ocurrido lo mismo con los otros funcionarios que habían estado alcanzados por la exención en cuestión.

Ello se debe a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la acordada 20/96, declaró “la inaplicabilidad del artículo 1º de la ley 24.631, en cuanto deroga las exenciones contempladas en el artículo 20, incisos p) y r) de la ley 20.628, para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”, y ello bastó para que fuera reproducida en todas las jurisdicciones y con alcance a los órganos de fiscalización. La acordada en cuestión fue suscrita por los entonces ministros doctores Nazareno, Moliné O´Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano y Bossert.

Para declarar la inaplicabilidad de la derogación de la exención, la Corte Suprema en su conformación de entonces argumentó que “… este Tribunal se pronunció hace varias décadas declarando violatoria de la garantía constitucional señalada (intangibilidad de las compensaciones de los jueces federales) a la disposición legal que comprendía como rédito sujeto a tributación a los haberes percibidos por los magistrados federales” (“Fallos” 176:73, del 23 de septiembre de 1936) (Considerando 5º). A continuación hizo mención de “que la reciente reforma constitucional ha reiterado en el artículo 110 la redacción del texto del artículo 96 de la Carta Magna de 1853, el cual había reconocido a favor del Poder Judicial la garantía en juego. […] la mencionada reiteración ha implicado, ciertamente, reconocer a la garantía en cuestión el alcance y contenido que, como derecho vivo, le había asignado esta Corte Suprema en cada uno de los supuestos en que fue llamada a intervenir como intérprete final de la Constitución Nacional” (considerando 7º), y a su vez justificó: “Que la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía, establecida por la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial de la Nación (considerando 8º).

En contraposición con los argumentos esbozados y la decisión adoptada por la Corte, se expresaron, entonces, los otros poderes del Estado. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo nacional, a través de sus competencias para impulsar y sancionar leyes, respectivamente. Al respecto, cabe mencionar dos antecedentes legislativos (en cuya tramitación tuve la oportunidad de tener intervención como senadora nacional) que por diversas circunstancias que a continuación esbozamos, no llegaron a sancionarse como leyes.

A comienzos del año 2002, el Poder Ejecutivo nacional envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados por el cual se disponía la tributación del impuesto a las ganancias sobre retribuciones de magistrados y funcionarios judiciales, aunque la misma se aplicaría, según dicha propuesta conocida como proyecto Vanossi –entonces ministro de Justicia– a quienes fueran designados a partir de la vigencia de la ley.

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto el 10 de abril de ese mismo año, pero consideró “de equidad y solidaridad que la carga tributaria debe aplicarse a todos los magistrados. Esta disposición vamos a hacerla extensiva a otros funcionarios, que mediante ciertas interpretaciones se han adosado a la posibilidad de no pagar. Debo mencionar el antecedente de la ley 24.631, por la que se derogaron las exenciones previstas para los magistrados, las jubilaciones y las dietas legislativas” (diputada Correa, miembro informante en el tratamiento de la Orden del Día 47/02).

Luego, ingresado el proyecto en el Senado como CD-13/02, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Interior y Justicia y de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, emitieron dictamen aconsejando la aprobación del proyecto enviado en revisión, el cual acompañé con mi firma en su momento como integrante de la última comisión mencionada. Sin embargo, la Orden del Día 1.684 del 27/12/2002 que publicaba dicho dictamen nunca llegó a tratarse en el pleno del cuerpo y finalmente dicha iniciativa caducó en la Cámara de Senadores.

Pero mientras la sanción del proyecto en revisión mencionado (CD-13/02) se dificultaba en el Senado, la Cámara de Diputados dio sanción en noviembre de 2002 a otro proyecto que establecía que los miembros de los tribunales fiscales, vocales de tribunales de cuenta y demás organismos de fiscalización son sujetos pasivos para la contribución establecida por la Ley de Impuesto a las Ganancias, excluyendo de los alcances del impuesto (a diferencia del proyecto que esperaba sanción en el Senado) a los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se hizo eco de esta nueva y restringida propuesta (CD-164/02) y emitió dictamen, publicado en el Orden del Día 19/03 el 14/04/03. Pero esta nueva Orden del Día tampoco recibió tratamiento en la Cámara de Senadores.

Finalmente y habiendo caducado ambas órdenes del día –la 1.684/02 por tener como antecedente en la Cámara de Diputados un proyecto ingresado en el año parlamentario que culminó el 28 de febrero de 2002 (CD-13/02) y la 19/03 (CD-164/02) por renovación parcial de esta Cámara– en el año 2004 la Comisión de Presupuesto y Hacienda puso a consideración de la nueva composición del Senado el CD-164/02.

El tratamiento en dicha comisión se extendió por varias reuniones que incluyeron la participación de todos los sectores involucrados. Luego de los debates, se emitió dictamen publicado en la Orden del Día 207/04 aconsejando modificaciones al CD-164/02 que sólo imponía la contribución del impuesto a los integrantes de Organismos de Fiscalización, como fue explicado. Por un lado, se incorporaron modificaciones a los incisos a) y c) del artículo 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias a fin de incluir también a los magistrados y funcionarios judiciales al pago del impuesto. Asimismo, se agregó una disposición que establecía cuales eran los rubros que integran la remuneración que correspondía considerar como ganancias, y otra que otorgaba un plazo de 30 días para que las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, si correspondiera, definieran los conceptos remunerativos asimilables a los previstos en esta ley para los funcionarios nacionales.

La Orden del Día 207/04 se trató y sancionó en la sesión del Senado del 21 de abril de 2004. En esa oportunidad expresé mi opinión sobre este tema enfatizando dos cuestiones. Por un lado, sostuve que “está norma debió haber existido siempre. Por eso, en realidad, hoy estamos reconociendo como una inequidad la situación que ha existido hasta el presente, en el sentido de que ciertos ciudadanos estén privilegiados por una exención en algún momento autoimpuesta”. Por otro lado, en relación con el orden del día en tratamiento y sus diferencias con el Orden del Día 1.684/02 –que había acompañado con mi firma– cuyo antecedente de la Cámara de Diputados caducó, expresé: “Esa sanción era más amplia; en ella se incorporaban todos los rubros respectivos y no se dejaban afuera los correspondientes a la antigüedad y al título. En cambio, en el dictamen en consideración se los deja afuera de la base imponible. Obviamente uno puede chocar con la pared de lo confiscatorio, pero por otro lado también con la pared de la desproporción […] Pero según los números que tentativamente he podido establecer se trataría de una alícuota bastante más baja que la que normalmente cualquier ciudadano estaría tributando […] Creo que efectivamente es muy malo que existan ciudadanos que estén privilegiados y que no paguen impuestos. No sé si la norma está alcanzando con la justicia y la igualdad que corresponden.

Finalmente, la sanción del Honorable Senado que modificaba el CD-164/02, y en consecuencia volvió a la Cámara de Diputados, caducó en el periodo parlamentario 2005.

Una última reflexión que cabe formular respecto a que la aplicación del tributo sobre las ganancias obtenidas por los magistrados es una cuestión legislativa y no judicial, es que la propia Ley de Impuesto a las Ganancias, previo a la modificación realizada a través de la ley 24.631, establecía explícitamente la exención del pago del tributo sobre los sueldos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y las provincias. Si dicho tributo hubiese sido considerado violatorio de la “intangibilidad” sostenida por el máximo tribunal, la exención establecida originalmente hubiera carecido de sentido. Esta observación cabe tenerla en cuenta ante el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por conjueces, al tratar el caso de un juez jubilado de San Juan que se opuso a las retenciones de ganancias que le realizaba la ANSES a base de las previsiones de la Constitución provincial.

Por último, y retomando lo expresado en aquella sesión del Senado de abril de 2004, considero que es falaz utilizar el argumento de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados judiciales para evitar la tributación impositiva, que debe alcanzar a todos los ciudadanos a base de los principios de igualdad, equidad y solidaridad social en el cumplimiento de las cargas públicas. De otro modo, queda desvirtuada la naturaleza de dicha norma que está específicamente prevista para asegurar la independencia del Poder Judicial, y no para incorporar privilegios ajenos al espíritu del constituyente.

En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del artículo 8º de la ley 13.512, el siguiente:

Las contribuciones a las expensas de uso y mantenimiento ordinario que se establezcan conforme a esta ley o reglamento de copropiedad, en ningún caso podrán imponerse a los propietarios, cuando no tengan o estén imposibilitados de recibir, utilizar o acceder a las partes comunes del edificio o a servicios que generan dichas expensas.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 13.512, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 9º: Al constituirse el consorcio de propietarios, deberán acordar y redactar un reglamento de copropiedad y administración, el que se instrumentará por acto de escritura pública debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble, idéntico criterio deberá seguir cuando se practiquen modificaciones al reglamento, el que sólo podrá realizarse por decisión de la mayoría.

El reglamento deberá contener:

a)Designación de un representante de los propietarios, que puede ser uno de ellos o un extraño, quien tendrá facultades para administrar las cosas de aprovechamiento común y proveer a la recaudación y empleo de los fondos necesarios para tal fin. Tendrá a su cargo elegir el personal de servicio de la casa y despedirlo. Los administradores deben obrar con lealtad, con responsabilidad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren al cumplimiento de sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión;

b)Determinar las bases de remuneración del representante y la forma de su remoción, debiendo nombrarse en su caso el reemplazante por acto de escritura pública. La remoción del representante se realizará por decisión de la mayoría de los propietarios, en cualquier tiempo, sin invocación de causa. El reglamento de copropiedad y administración no puede establecer cláusulas restrictivas para la remoción de los administradores;

c)La forma y proporción de la contribución de los propietarios a los gastos o expensas comunes;

d)La forma y periodicidad de convocar la reunión de propietarios y la persona que presidirá la reunión.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto se aprobó el 29 de octubre de 2003 en la Cámara de Senadores y al no recibir tratamiento en la Cámara de Diputados caducó al finalizar el periodo parlamentario 2006. El proyecto aprobado tuvo origen en uno de mi autoría como senadora nacional (S.-426/03) y en otro proyecto (S.-3/03) del senador (mc) Usandizaga. Ambos recibieron tratamiento en la Comisión de Legislación General del Honorable Senado y se sancionó el texto que se propone.

El presente proyecto tiene por objeto modificar el artículo 8º de la ley 13.512, Ley de Propiedad Horizontal, a los efectos de obtener la liberación del pago de servicios no prestados a algunas unidades que por reglamento no tienen acceso a los mismos, pero sin embargo pone a cargo de todos los propietarios la totalidad de las expensas comunes en proporción al valor de sus unidades.

El caso clásico de unidades que no usan determinados bienes y servicios es el de los locales con entrada directa de la calle. Ellos no utilizan el palier del inmueble, ascensor, agua caliente central, etcétera, que sólo son comunes a las unidades destinadas a vivienda.

La modificación al artículo 9º de la ley 13.512, flexibiliza los mecanismos para la modificación del reglamento de copropiedad.

La redacción actual de la norma mencionada determina las materias que obligatoriamente debe contener el reglamento de copropiedad y administración, estableciendo que el primer reglamento sólo puede modificarse con una mayoría no menor de dos tercios de los copropietarios.

Se ha verificado, a través de denuncias y consultas recibidas por las asociaciones de defensa del consumidor y por la Secretaría de Defensa del Consumidor, que en los consorcios se presentan diversos problemas derivados de la relación con el administrador. Algunos de los conflictos son en torno de sobreprecios en las expensas, omisión del pago de las obligaciones a cargo del administrador: impuestos, cargas sociales, prima de seguro contra incendios, entre otros.

La designación del administrador está impuesta por la ley, se trata de una representación de carácter legal, un mandatario, y las relaciones jurídicas que de ello derivan, frente a los mandantes y terceros, se rigen por las normas del contrato de mandato establecidas en el Código Civil.

La ley 13.512 establece en forma precisa las funciones de los administradores; de su actuación puede resultar una multiplicidad de situaciones cuyo incumplimiento puede traer como consecuencia la responsabilidad personal del administrador o del consorcio. Por ello, los poderes de representación se encuentran limitados al objetivo de asegurar a todos los comuneros el máximo uso y goce de sus propiedades y de los servicios comunes, por lo que cualquier otra actividad, que exceda las atribuciones mencionadas, en el caso de que no se encuentren previstas en el reglamento, deberán ser sometidas a consideración de la asamblea, a fin de no incurrir en responsabilidad directa y personal.

En razón de que las obligaciones que asume el administrador son obligaciones de resultado, la mera inejecución de las mismas trae aparejada su responsabilidad, respondiendo por las consecuencias inmediatas de su incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 903 del Código Civil, salvo que demuestre que la misma no le es imputable por caso fortuito o fuerza mayor. En cuanto a las consecuencias mediatas, sólo generarán su responsabilidad si ha habido dolo, en la medida que las haya previsto o podido prever, actuando con diligencia y previsión.

Habitualmente, la redacción e inscripción del primer reglamento en el Registro de la Propiedad, en el cual debe designarse al administrador, en virtud del artículo 9º inciso a) de la ley que aquí se proyectó modificar, la efectúa el propietario único del inmueble que se subdivide y luego al momento de la compra, adhieren los posteriores adquirentes. Asimismo, en dicho reglamento se establecen mayorías elevadas para la remoción del administrador.