Establecer un cordón sanitario en la República Argentina para evitar las consecuencias de la fiebre amarilla.

Señor presidente:

Ante el rebrote de la enfermedad en Paraguay, más de 800 personas provenientes del país vecino ya fueron inmunizadas; el gobierno misionero espera vacunas.

El gobierno del Brasil intensificó ayer una campaña nacional contra la fiebre amarilla, tras la sospecha de un nuevo caso de contagio en el estado de Minas Gerais, en el sudeste del país. Al mismo tiempo, centenares de personas asustadas hicieron fila en puestos de salud para vacunarse en Brasilia y Goiania.

Las autoridades sanitarias brasileñas informaron que se había creado un “gabinete de crisis” para afrontar el problema y el laboratorio estatal Fundación Oswaldo Cruz anunció que producirá 30 millones de dosis de nuevas vacunas contra esta enfermedad infecciosa, que puede ser mortal.

“Si usted no ha sido vacunado contra la fiebre amarilla en los últimos diez años, la recomendación es que busque los puestos de vacunación”, dijo a los periodistas el secretario de Vigilancia en Salud, Gerson Penna. Además agregó que necesitará vacunarse “quien viaja por turismo o por trabajo a áreas endémicas, principalmente aquellos que van a entrar en los bosques”.

Según el ministro de Salud, “los casos de fiebre amarilla urbana en Brasil fueron erradicados en 1942”. Actualmente sólo existiría la fiebre amarilla “silvestre”, en la vegetación.

–A Comisión de Acción social y Salud Pública.

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a través de la autoridad correspondiente, se sirva informar a los miembros de esta Honorable Cámara:

1. Las medidas preventivas que se han adoptado en la zona de las llamadas “rutas del Mercosur”, en relación a la fiebre amarilla.

2. Se informe sobre la situación epidemiológica actual por la que atraviesan los países vecinos, como Paraguay y Brasil, y qué acciones conjuntas se llevan a cabo.

3. Qué responsabilidad tienen los llamados “promotores de la salud”, que realizan los controles especiales, en puntos geográficos específicos.

Señor presidente:

La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa aguda de origen viral que dura poco, pero que puede ser grave, ya que la infección puede convertirse en una intoxicación, con síntomas de insuficiencia hepática y renal.

Ante el rebrote de la enfermedad en Paraguay, más de 800 personas provenientes del país vecino ya fueron inmunizadas; el gobierno misionero espera vacunas.

Más de 800 personas provenientes de Paraguay fueron vacunadas esta mañana contra la fiebre amarilla en la provincia de Formosa, mientras que las autoridades de Misiones pidieron al gobierno nacional el envío de vacunas.

El ministro de Salud formoseño, Aníbal Gómez, dijo que el operativo se realizó esta mañana el paso fronterizo San Ignacio de Loyola, situado cerca de la localidad de Clorinda, hasta donde se acercaron policías y funcionarios.

En ese lugar hay filas de más de 150 metros de gente que aguardaba recibir la dosis, dijo el funcionario, al tiempo que agregó que también se realizan campañas de fumigación y se entregan repelentes.

Gómez recorría hoy la zona de Nanawa, Chacoí, Falcon y Beterete Cué junto a su par paraguayo y médicos de ambos países.

El ministerio de Salud Pública de Misiones, solicitó ayer a la Nación la provisión de reactivos químicos para poder realizar en la provincia el diagnóstico de la fiebre amarilla.

Según el subsecretario de Salud, Carlos Báez, los reactivos “llegarán en las próximas horas” a Misiones y “será muy importante contar con ellos porque nos permitirá realizar un diagnóstico mucho más rápido cuando aparezcan casos sospechosos”.

Sin embargo, el funcionario aclaró que “no es necesario montar un laboratorio de alta complejidad porque en Misiones no tenemos casos humanos altamente sospechosos”.

Agregó que “los reactivos serán enviados al hospital de la localidad de El Dorado, ciudad estratégica y equidistante de las localidades de mayor de riesgo”, en el norte de la provincia.

Si bien hasta ahora no se confirmó ningún caso de fiebre amarilla en la región, los expertos estudian con atención los síntomas de un joven de 18 años, oriundo de la localidad de San Vicente, que se encuentra internado en una clínica privada de la capital provincial.

El joven fue trasladado a una clínica de Posadas por precaución y ante un fuerte cuadro febril, aunque funcionarios del ministerio de salud adelantaron que puede tratarse de un caso de hepatitis.

Con respecto a la campaña de vacunación, el funcionario afirmó que “continúa en todo el territorio provincial”, y que “con las 50 mil dosis que estamos esperando desde el ministerio de Salud Pública de la Nación, pensamos inmunizar a casi la totalidad de la población misionera”, aseguró.

–A la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que, por medio del área que corresponda, se sirva informar sobre las siguientes cuestiones vinculadas al de- salojo violento de los llamados cartoneros que se encontraban en las Barrancas de Belgrano, el día viernes 22 de febrero de 2008.

a) Qué autoridad impartió la orden para que la Policía Federal interviniera en el desalojo de personas, con sus pertenencias y elementos de trabajo, ubicadas en un espacio lindero a las vías del ferrocarril y las calles Pampa y Virrey Vértiz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Qué instrumento legal respaldó la intervención de la fuerza pública.

c) Por qué razón se permite a la empresa concesionaria de ferrocarriles, TBA, suspender la circulación de formaciones especiales (que utilizan los cartoneros) con traslado desde el norte del conurbano bonaerense hasta el barrio porteño de Retiro, pese a existir una orden a TBA de la jueza federal en lo civil y comercial de San Martín, María Isabel Forns, de restablecer ese servicio ferroviario.

Señor presidente:

El repudiable desalojo de 90 personas, y entre ellas al menos 30 menores, en el que se combinaron las acciones entre el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas policiales configura un episodio represivo de nulo sustento normativo.

El gobierno de Macri afirmó en un primer momento, como consta en una gacetilla, que el operativo contaba con el permiso judicial correspondiente. Sin embargo, Guillermo Reineque, jefe de prensa de la Fiscalía Contravencional Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora Marcela Solano, declaró a la prensa que “no había ocupación indebida del espacio público, porque para que exista esta contravención debe constatarse una actividad lucrativa (como la que desarrollan los vendedores ambulantes) y eso no ocurría”.

Luego, el mismo gobierno reconoció que “se actuó en base a un decreto administrativo que no estaba suscrito por los funcionarios correspondientes y no se había emitido la notificación a las partes, tal como requiere la ley”. Este hecho motiva preguntarnos qué autoridad impartió la orden para que la Policía Federal interviniera en el desalojo de personas, con sus pertenencias y elementos de trabajo.

¿Por qué razón la Policía Federal se prestó a este operativo ilegal?

Por su parte, la empresa concesionaria de trenes TBA –que, aunque indirectamente, tiene enorme responsabilidad en lo sucedido– afirma que ha suspendido la formación ferroviaria que transportaba diariamente a los cartoneros, inexplicablemente llamada “tren blanco”, porque estos últimos se dedicaron a desguazar poco a poco los vagones hasta hacerlos peligrosos.

Y si TBA lo afirma hay que leer con atención, pues parece saber de lo que está hablando. Sucede que esta empresa concesionaria tiene reiterados incumplimientos en materia de inversiones y mantenimiento, detectados por la Auditoría General de la Nación, pero además fue denunciada por venta ilegal de material ferroviario. Transcribo a continuación un extracto de la denuncia pública formulada por el señor Américo Victoria: ¹

“En el caso de TBA –Trenes de Buenos Aires, concesionario del ramal Mitre– , ellos, en los primeros días, sacaron de los talleres Victoria varios tornos de primera línea, los cuales hoy no figuran en la empresa, y ni hablemos del levantamiento de vías, por lo cual TBA tiene una denuncia por robo de rieles. La empresa, a cara descubierta, levantó en varios tramos, kilómetros de vías laterales o de los terceros andenes, como en la estación Mitre, donde no dejaron ni los durmientes. Esas vías siempre tuvieron un funcionamiento, en una época no muy lejana, para los trenes lecheros, y más reciente como vía de uso para los trenes urbanos; claro está que, hoy, con la reducción de servicios no se usaba, pero eso no da derecho a que saquen los rieles.

”En la localidad de Luján han cometido el mismo acto de levantamiento de varios kilómetros de vías, como en los galpones de la estación San Martín, del ramal Mitre, que durante unos días salieron varios camiones cargados con durmientes que tenían destino para los negocios del dueño de TBA, Claudio Cirigliano, y así podemos enumerar desde cosas claves para el ferrocarril hasta materiales de las estaciones, como campanas y relojes, que hoy han desaparecido” ².

La confusión se disipó cuando el legislador porteño de PRO-Recrear Marcelo Meis presentó un proyecto para que los cartoneros no puedan entrar más a la Ciudad, en un plazo de dos años y gracias a una “política social”, a pesar de sostener –en su página web oficial–: “Mi compromiso es trabajar por una ciudad abierta y pluralista... donde exista trabajo, dignidad, e igualdad de oportunidades”. Curioso lector del Evangelio, el legislador Meis: el 1° de abril de 2007 se saca una foto en la iglesia María Auxiliadora y el 22 de febrero de 2008 presenta un proyecto para que se prohíba la entrada de pobres en una ciudad cuya Constitución evidentemente jamás leyó, a pesar de ser profesor de la Facultad de Derecho desde hace 16 años.

Esta iniciativa, de un legislador que responde al macrismo, da cuenta del pensamiento verdadero de quienes gobiernan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de la telaraña de excusas y pretextos pueriles que presentaron a posteriori del desalojo violento de los recolectores y sus familias.

Funcionarios de la jefatura de gobierno que conduce Mauricio Macri opinaron que esas familias de cartoneros protagonizaban una ocupación indebida de espacio público urbano que no debía permitirse. En realidad, los cartoneros que estaban en el lugar desarrollaban una protesta por la decisión de la hipermultada concesionaria de ferrocarriles, TBA, de cancelar el así llamado “Tren blanco”, la formación especial que los cartoneros utilizaban para trasladarse.

Lo que hacían estas personas era manifestar su desacuerdo, volviéndolo visible en una zona determinada de Buenos Aires. Su condición de pobres hace que no dispongan de muchas alternativas para sortear la invisibilidad, que sí tienen otras corporaciones o ciudadanos, tales como espacios pagos en televisión, publicidad en estadios de fútbol, solicitadas en la prensa, oficinas de prensa y difusión ministeriales, etcétera. Esta asimetría de posibilidades se convierte en los hechos en una diferencia de libertades, y por esa razón la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos –dos tribunales observados desde aquí– se mostraron siempre preocupados por establecer el principio de equidad en el acceso al espacio público, particularmente cuando es utilizado como multiplicador de un mensaje de carácter colectivo.

El Gobierno de la Ciudad lee otra bibliografía. Y su mensaje, el mensaje del poder –invariable desde el comienzo mismo de la humanidad–, es que sus acciones son en cuidado y beneficio de sus destinatarios. Aunque para hacerles el bien, en ocasiones haya que recorrer un sinuoso camino de despojos, castigos y confiscaciones, saliéndose él mismo del orden de la legalidad.

Pero ningún gobierno es capaz de proteger más a las personas de lo que la propia Constitución lo hace. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Que toda acción pública debe guiarse por los principios de igualdad y libertad; que el derecho a trabajar, el derecho a unas condiciones dignas y equitativas de labor, el derecho de peticionar a las autoridades, los derechos de niños, niñas y adolescentes, y asociarse con fines útiles son parte de ella, y ninguna razón administrativa o paternalista pueden tergiversar sus propósitos.

–A la Comisión de Legislación Penal.

1. Repudiar, por violatorio al orden constitucional, la irrupción en la Iglesia Catedral de Buenos Aires de manifestantes que reclamaban por presuntos beneficios demorados, faltando el respeto que merece toda propiedad y todo templo religioso, como ámbito consagrado al culto, violando así las exigencias que imponen la convivencia democrática, la moral y el orden público.

2. Requerir que, por medio del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se informe con precisión a esta Honorable Cámara lo ocurrido en la Iglesia Catedral, indicando los autores de la profanación, sus cómplices y encubridores, la motivación o pretexto, como las medidas que se adoptaron en la situación.

Señor presidente:

A fines del mes de enero próximo pasado, tomó estado público una versión que señalaba la irrupción, en la Iglesia Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, de un grupo de manifestantes, entre los que se habría identificado a la señora Hebe de Bonafini, reclamando por la demora o no entrega de fondos o recursos para planes de vivienda u otros beneficios, los que, según la misma versión, les estaba adeudando el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La versión se confirma con la nota del rabino Sergio Bergman en el diario “La Nación”, intitulada La Catedral y los cómplices, que acompaño a este proyecto, integrando su fundamentación.

Aun desde el más puro laicismo que profeso, el hecho se inscribe como un atentado al orden institucional, perpetrado contra un ámbito religioso con el subalterno propósito de extorsionar a la autoridad para obtener una prestación, prometida o no, sobre la que se tiene, o no, derecho.

Para potenciar el reclamo, los manifestantes habrían ingresado al templo, llegando a colocar un baño químico detrás del altar, lo que evidencia una actitud premeditada de ocupación y permanencia hostil, con componentes suficientes como para ofender en sus legítimos sentimientos a los fieles católicos que han visto profanado su templo.

Es por todos conocido y además compartido el principio constitucional que garantiza a los ciudadanos el derecho a profesar libremente su culto (artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional), derecho que supone y exige el respeto de los demás, sin el cual resultaría meramente una idea, un consejo, y no una garantía, como es la que mencionamos.

Esa garantía a que me refiero resulta violada cuando se menoscaban las creencias y los valores de otros con hechos que, bajo la apariencia o pretexto del ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades, avasallan un templo violentando el orden constitucional, que no admite derechos absolutos, y donde los reconocidos tienen como límite infranqueable los derechos de los demás.

Es también conocido, aunque muchas veces olvidado, que el orden constitucional supone obligaciones cuya observancia dignifica al ciudadano. Las recuerda el valiente rabino que inspira este proyecto al referirse tanto a los deberes de las personas con la comunidad y el respeto de los derechos y libertades de los otros, como a la obligación de cumplir las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática (artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Desde el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (también incorporada a la Constitución Nacional) se recuerda: “El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad” y, precisando los límites, indica en su artículo 28: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”.

Por lo señalado, y entendiendo que los hechos descritos constituyen una inequívoca afrenta al orden constitucional que esta Honorable Cámara debe garantizar y proteger, solicito el apoyo de mis pares para este proyecto de resolución frente al atentado a la moral, al orden público, a la convivencia democrática y a la libertad de cultos que, obviamente, comprenda el respeto a los templos y lugares consagrados al mismo.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Rechazar la actitud del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por no dar información pública y desalojar de la residencia de Olivos al periodismo nacional e internacional, convocado a la Cumbre Tripartita de Argentina, Brasil y Bolivia, atentando contra la libertad de prensa y vulnerando el espíritu de la publicidad de los actos de gobierno, esencia del sistema republicano, sin cuya existencia no existen los demás derechos, en un tema de interés público como el gas.

Señor presidente:

El gobierno argentino ordenó el desalojo de la residencia de Olivos de periodistas nacionales e internacionales que acudieron a la cumbre, para transmitir la reunión de los tres presidentes, de la Argentina, de Brasil y de Bolivia, sobre un tema de interés público: el gas.

La prensa brasileña no salía de su asombro. El histórico columnista del diario “Folha de Sâo Paulo”, Clovis Rossi, estaba indignado, aunque sin perder el buen humor y la simpatía carioca. “Es ridículo, incomprensible, es primitivo”, señaló, en Aeroparque. Agregó Rossi que “el gobierno argentino no tiene noción de que debe rendir cuentas sobre un tema de interés público, como el gas. No se decidía acá un secreto de Estado”. (Diario “La Nación” del 24-2-2008.)

Veterano de varias batallas, Rossi habla un perfecto castellano por haber sido corresponsal en la Argentina de ese diario durante años. Incluso en la época de la dictadura militar. “Hemos venido desde Brasil a una reunión de tres presidentes. No nos pueden echar así. ¿Qué cuesta informar lo que se decidió? Olivos se ha vuelto un escondite”, agregó. El contraste fue total. Lula da Silva cumplió amablemente con la norma democrática de informar actos públicos de su gobierno. (Diario “La Nación” del 24-2-2008.)

Evidentemente, el gobierno argentino se ha equivocado una vez más, siendo autoritario, echando a la prensa, para no informar sobre un tema que nos incumbe a todos los argentinos, como es el del gas.

La esencia del sistema republicano de gobierno, es la libertad de prensa, y sin ella no podrían existir otros derechos. La prensa debe publicar sus ideas sin censura previa, según establece el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional; es por ello que el gobierno debe informar cuando corresponda a la prensa y no limitar su actividad protegida por nuestra Carta Magna, porque avasallar este derecho implica también arremeter contra otros derechos consagrados.

Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

–A la Comisión de Libertad de Expresión.

26/02/2008 - (TP 174)

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Créase la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

Art. 2° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá constituir delegaciones en el interior del país que dependerán en forma directa de la misma.

Art. 3° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia.

Art. 4° – Serán funciones de la agencia nacional de seguridad vial:

a)Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional;

b)Propiciar la actualización de la normativa en materia de seguridad vial;

c)Proponer modificaciones tendientes a la armonización de la normativa vigente en las distintas jurisdicciones del país;

d)Evaluar permanentemente la efectividad de las normas técnicas y legales;

e)Establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional;

f)Autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar la licencia nacional de conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas;

g)Colaborará con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Sumarios y el Consejo de Seguridad Interior, para coordinar las tareas y desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial;

h)Diseñar el sistema de puntos aplicable a la licencia nacional de conducir, conforme a los principios generales y las pautas de procedimiento establecidos en la presente ley y su reglamentación;

i)Coordinar el funcionamiento de los organismos integrantes del sistema nacional de seguridad vial y representar, con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, al Estado nacional en el Consejo Federal de Seguridad Vial;

j)Entender en el registro de las licencias nacionales de conducir;

k)Entender en el registro nacional de antecedentes de tránsito;

l)Entender en el registro nacional de estadísticas en seguridad vial;

m)Crear un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de emisión,entrega, carga y digitalización así como el seguimiento de las mismas hasta el efectivo juzgamiento, condena, absolución o pago voluntario;

n)Coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del sistema de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos;

ñ)Autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de infracciones y el uso manual de estos sistemas por las autoridades de constatación; siendo la máxima autoridad en la materia, sin perjuicio de la coordinación de las pautas de seguridad, homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales competentes en la materia y le conformidad con las leyes 19.511 y 25.650;

o)Coordinar el sistema de control de tránsito en estaciones de peajes de rutas concesionadas conforme lo determine la reglamentación, para lo cual las empresas concesionarias deberán facilitar la infraestructura necesaria para su efectivización;

p)Participar en la regulación, implementación y fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital de vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional, con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial;

q)Coordinar la emisión de los informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, como requisito para gestionar la licencia nacional de conducir, la transferencia de vehículos, con los organismos que otorguen la referida documentación;

r)Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial y los organismos nacionales con competencia en la materia, la formulación de un sistema de control de jornada y descanso laboral, su implementación y fiscalización. -Tendrá por objeto registrar por medios comprobables el cumplimiento de la jornada laboral, de las horas de efectiva conducción y del descanso mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional;

s)Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar un programa anual de control efectivo del tránsito para el eficaz cumplimiento de la presente ley, encontrándose facultada a consultar, requerir la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo deberá ser informado anualmente al Honorable Congreso de la Nación, tanto de su contenido como de los resultados obtenidos en su ejecución;

t)Diseñar e implementar un sistema de auditoría nacional de seguridad vial;

u)Realizar y fomentar la investigación de  siniestros de tránsito, planificando las políticas estratégicas para la adopción de las medidas preventivas, pertinentes y promoviendo la implementación de las mismas, por intermedio del observatorio permanente en seguridad vial;

v)Realizar recomendaciones a los distintos organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial en materia de seguridad de los vehículos, infraestructura, señalización vial y cualquier otra que establezca la reglamentación;

w)Organizar y dictar cursos y seminarios de capacitación a técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño se vincule o pueda vincularse con la seguridad vial;

x)Elaborar campañas de concientización en seguridad vial y coordinar la colaboración, con los organismos y jurisdicciones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales competentes en la materia, en la elaboración de campañas de educación vial destinadas a la prevención de siniestros viales;

y)Suscribir convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra entidad, nacional y/o internacional, a los efectos de realizar programas de investigación y capacitación, de personal en materia de seguridad vial.

Art. 5° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será presidida por el ministro del Interior, quien se encuentra facultado para:

a)Presidir las sesiones de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo, con voz y voto;

b)Solicitar sesiones extraordinarias de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo;

c)Designar y convocar al Comité Consultivo.

Art. 6° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 7° – El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá los siguientes deberes y funciones:

a)Ejercer la representación y dirección general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actuar en juicio como actora y demandada en temas de su exclusiva competencia, quedando facultado para absolver posiciones en juicio pudiendo hacerlo por escrito;

b)Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes;

c)Elaborar el plan operativo anual;

d)Convocar las sesiones de los comités de políticas, ejecutivo y consultivo, y participar en ellas con voz y voto;

e)Convocar al Comité Consultivo por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su consulta las políticas planificadas y las que se encuentran en ejecución;

f)Convocar al Comité de Políticas y al Comité Ejecutivo y someter a su consideración las políticas planificadas y las que se encuentren en ejecución;

g)Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

h)Promover las relaciones institucionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas, o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia;

i)Poner a consideración del Comité de Políticas el plan estratégico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

j)Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

k)Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros;

l)Requerir a los distintos organismos de la administración pública nacional la comisión transitoria de personal idóneo en la materia que fuere necesario para el funcionamiento de la autoridad.

Art. 8° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será el organismo responsable de la coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado por el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.232 del 11 de septiembre de 2007.

Art. 9° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será asistida por un comité de política, que tendrá como función proponer lineamientos de armonización federal en materia de seguridad vial, respetando las autonomías provinciales, y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de las siguientes jurisdicciones ministeriales, con rango no inferior a secretario: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de Economía y Producción representante de mayor jerarquía del Consejo Federal de Seguridad Vial.

Art. 10. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será asistida por un comité ejecutivo, que tendrá como función coordinar la implementación de las políticas nacionales en materia de seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de la Secretaría de Transporte, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Organo de Control de Concesiones Viales, de la Dirección Nacional de Vialidad y el Consejo Federal de Seguridad Vial.

Art. 11. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial será asistida por un comité consultivo, que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la temática de la seguridad vial y estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la seguridad vial, que serán invitadas a integrarlo por el presidente de la agencia de seguridad vial.

Art. 12. – Los recursos operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial serán los siguientes:

a)Las partidas presupuestarias asignadas por la ley de presupuesto o leyes especiales;

b)Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las tasas administrativas que se establezcan en acuerdo con las autoridades locales en materia del sistema único de infracciones, licencias de conducir y otros servicios administrativos;

c)Las donaciones, aportes no reembolsables y legados que reciba y acepte;

d)Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos y/o activos;

e)Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores, provenientes de la gestión del organismo.

Art. 13. – Los ingresos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no estarán sujetos al impuesto a las ganancias, y sus bienes y operaciones reciben el mismo tratamiento impositivo que los actos y bienes del Gobierno nacional.

Art. 14. – Derógase el inciso 37 del artículo 22 del título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modificatorias.

Art. 15. – Incorpórase al artículo 17 del título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modificatorias, como inciso 26 el siguiente:

Inciso 26: Entender en la elaboración y aplicación de políticas estratégicas de armonización federal, la coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos al Sistema Nacional de la Seguridad Vial; concertar con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de las funciones de prevención y control del tránsito, sin que el ejercicio de tales funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones locales.

Art. 16. – Registro nacional de licencias de conducir. Créase el Registro Nacional de Licencias de conducir en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual deberán inscribirse la totalidad de los datos de las licencias nacionales de conducir emitidas, los de sus renovaciones o cancelaciones, así como cualquier otro detalle que determine la reglamentación.

Art. 17. – Registro nacional de estadísticas en seguridad vial. Créase el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá como misión recabar la información relativa a infracciones y siniestros de tránsito que se produzcan en el territorio nacional, de conformidad a lo que prevea la reglamentación.

Art. 18. – Observatorio de seguridad vial. Créase el Observatorio de Seguridad Vial, en el ámbito de la Agencia Nacional de Aeguridad Vial, el cual tendrá por función la investigación de las infracciones y los siniestros de tránsito, de modo tal de formular evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen adoptar en la materia y realizará anualmente una estimación del daño económico producido por los accidentes viales en el período.

Art. 19. – Transfiérese el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito de la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Art. 20. – Modifícase el artículo 2° de la Ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas, contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.

El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asimismo, podrá asignar las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a Gendarmería Nacional y otros organismos existentes, sin que el ejercicio de tales funciones desconozca o altere las jurisdicciones locales. Las autoridades locales correspondientes podrán disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrán dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente.

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el espíritu de esta ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas normas sobre uso de la vía pública deben estar claramente enunciadas en el lugar de su imperio, como requisito para su validez.

Art. 21. – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6°: Consejo Federal de Seguridad Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación y acuerdo de la política de seguridad vial de la República Argentina. Estará integrado por un representante de cada una de las provincias, un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo nacional. Los representantes deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo de su jurisdicción.

El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá su sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y recibirá apoyo para su funcionamiento administrativo y técnico.

Art. 22. – Deróganse los incisos e) y f) del artículo 7° de la ley 24.449.

Art. 23. – Modifícase el artículo 8° de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 8°: Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Créase el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNAT), el que dependerá y funcionará en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley, el cual registrará los datos de los presuntos infractores, de los prófugos o rebeldes, de los inhabilitados, de las sanciones firmes impuestas y demás información útil a los fines de la presente ley que determine la reglamentación.

A tal fin, las autoridades competentes deberán comunicar de inmediato los referidos datos a este organismo.

Este registro deberá ser consultado previo a cada trámite de otorgamiento o renovación de licencia nacional de conducir, para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la materia y/o para todo otro trámite que exija la reglamentación.

Adoptará las medidas necesarias para crear una red informática interjurisdiccional que permita el flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras en los trámites, asegurando al mismo tiempo contar con un registro actualizado.

Art. 24. – Modifícase la denominación del capítulo II del título III de la ley 24.449, por la siguiente:

Licencia Nacional de Conducir.

Artículo 25. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 13: Características. Todo conductor será titular de una licencia nacional de conducir ajustada a lo siguiente:

a)La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos provinciales autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitarán a conducir en todas las calles y caminos de la república, así como también en territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscripto el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo establezca la reglamentación;

b)La licencia nacional deberá extenderse conforme a un modelo unificado que responderá a estándares de seguridad, técnicos y de diseño que establezca la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se individualizará por la mención expresa, en campo predeterminado, de la autoridad local emisora y el número de documento nacional de identidad del requirente;

c)Las licencias podrán otorgarse con una validez de hasta cinco (5) años, debiendo en cada renovación aprobar el examen psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en cantidad superior a la que se determine por vía de la reglamentación, se deberán revalidar los exámenes teóricoprácticos;

d)Los conductores que obtengan su licencia por primera vez deberán conducir durante los primeros seis meses llevando bien visible, tanto adelante como detrás del vehículo que conduce, el distintivo que identifique su condición de principiante;

e)A partir de la edad de sesenta y cinco (65) años se reducirá la vigencia de la licencia nacional de conducir. La autoridad expedidora determinará, según los casos, los períodos de vigencia de las mismas, dentro de los parámetros que establezca la reglamentación;

f)La emisión de la licencia nacional de conducir y sus renovaciones se realizarán asignando a cada uno de sus titulares una cantidad fija y uniforme de puntos, a través de un sistema cuyas condiciones y características se determinarán en la reglamentación;

g)Todo titular de una licencia deberá acatar los controles y órdenes que imparta la autoridad de tránsito en el ejercicio de sus funciones;

h)La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga de carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal facultad en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley y su reglamentación permitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por intermedio de la autoridad de aplicación y comprobación correspondiente, restringir la circulación en jurisdicción nacional del titular de la licencia otorgada en infracción, y a la vez, hará visible al o a los funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan.

Art. 26. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 14: Requisitos:

a)La autoridad emisora debe requerir del solicitante:

1.Saber leer y para los conductores profesionales también escribir.

2.Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se refiere expresamente la reglamentación.

3.Asistencia obligatoria a un curso teóricopráctico de educación para la seguridad vial, en una escuela de conducir pública o privada habilitada, cuya duración y contenidos serán determinados, auditados y homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

4.Un examen médico psicofísico que comprenderá: una constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.

5.Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudadana, conducción, señalamiento y legislación.

6.Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los elementos de seguridad del vehículo y de las funciones del equipamiento e instrumental.

7.Un examen práctico de idoneidad conductiva. Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás personas con capacidades limitadas que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante específica; asimismo, para la obtención de le licencia profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad de dos (2) años.

8.La Agencia Nacional de Seguridad Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos exámenes señalados en los incisos 4, 5, 6 y 7.

b)La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo, todo aquel requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate.

Antes de otorgar una licencia se deberá requerir al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones penales en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la categoría solicitada.

Art. 27. – Incorpórase como último párrafo del artículo 26 de la ley 24.449, el siguiente:

Artículo 26: …

Queda prohibida toda clase de publicidad relativa a bebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, o que sin estar localizadas en las áreas indicadas puedan ser visualizadas desde las mismas, sea que se encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción de la Nación, las provincias o sus municipios.

Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras previstas por la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo.

Art. 28. – Incorpórase como artículo 26 bis de la ley 24.449, el siguiente:

Artículo 26 bis: Venta de alcohol en la vía pública. Queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en estaciones de servicio, paradores, restaurantes u otros tipos de establecimientos, que tengan acceso directo desde caminos, rutas, semiautopistas o autopistas sea que se encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción de la Nación, las provincias o sus municipios.

Las violaciones a esta prohibición serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras previstas por la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo.

Art. 29. – Incorpórase como último párrafo del artículo 29 de la ley 24.449, de condiciones de seguridad el siguiente:

Artículo 29: …

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático de luces, un sistema de desgrabación de registros de operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación y conforme los plazos de implementación que se acordarán con las terminales automotrices y los importadores de automotores.

Art. 30. – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 71: Interjurisdiccionalidad. Todo imputado, que se domicilie a más de sesenta kilómetros del asiento del juez competente que corresponda a la jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ejercer su defensa por escrito mediante el uso de un correo postal de fehaciente constatación.

Cuando el imputado se domicilie a una distancia menor, está obligado a comparecer o ser traído por la fuerza pública ante el juez mencionado en primer lugar.

Asimismo cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayor de sesenta (60) días, salvo serias razones que justifiquen una postergación mayor.

Para el caso de las infracciones realizadas en la jurisdicción nacional, será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema. El domicilio será el que conste en la licencia nacional de conducir o el último que figure en el documento nacional de identidad si el cambio de este último fuere posterior al que obra en la licencia de conducir y anterior a la fecha de la infracción. Cuando el conductor no hubiese sido identificado en el momento de la infracción el domicilio que se tendrá en cuenta será el del infractor presunto de acuerdo con la información suministrada por el Registro de la Propiedad Automotor.

Cuando el juzgamiento requiera el conocimiento del lugar donde se cometió la infracción el juez actuante podrá solicitar los informes pertinentes al juez o a las autoridades de constatación locales.

La reglamentación establecerá los supuestos y las condiciones para ejercer esta opción.

El Estado Nacional propiciará un sistema de colaboración interprovincial para las notificaciones, juzgamiento y toda otra medida que permita homogeneizar los procedimientos previstos a los fines del efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley y su reglamentación.

Art. 31. – Incorpóranse como apartados 7 y 8 del inciso c) del artículo 72 de la ley 24.449, los siguientes:

7. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso p) del artículo 77 de la presente ley. En dicho caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá circular, siempre y cuando desciendan del mismo las personas que sean necesarias para adecuar el número de ocupantes a la capacidad para la cual fue construido.

8. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso r) del artículo 77 de la presente ley. En dicho caso, luego de labrada el acta, el vehículo será removido y remitido al depósito que indique la autoridad de comprobación donde será entregado a quien acredite su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos que haya demandado el traslado.

Art. 32. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley 24.449, el siguiente:

Artículo 72 bis: Retención preventiva - boleta de citación del inculpado - autorización provisional: En los supuestos de comisión de alguna de las faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o), s), w), x) o y) del artículo 77 de la presente ley, la autoridad de comprobación o aplicación retendrá la licencia para conducir a los infractores y la reemplazará con la entrega, en ese mismo acto, de la boleta de citación del inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha de su confección.

De inmediato, la autoridad de comprobación o de aplicación remitirá la licencia para conducir y la denuncia o acta de infracción respectiva al juez o funcionario que corresponda.

Dentro del referido plazo de treinta (30) días corridos, el infractor deberá presentarse personalmente ante el juez o funcionario designado y podrá optar por pagar la multa correspondiente a la infracción en forma voluntaria o ejercer su derecho de defensa.

En caso de optar por ejercer su derecho de defensa, el juez o funcionario designado podrá otorgar, por única vez, una prórroga de no más de sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la boleta de citación del inculpado para conducir. La prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten emitir la resolución, en cuanto al fondo del asunto, dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha en que se confeccionó la boleta de citación.

La vigencia de la prórroga no podrá exceder nunca el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de citación.

En caso de que el infractor no se presentara dentro del término de treinta (30) días establecido en el presente procedimiento, se presumirá su responsabilidad.

La licencia de conducir será restituida por el juez o funcionario competente, si correspondiere, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

a)Pago de la multa;

b)Cumplimiento de la resolución del juez o funcionario competente;

Si el infractor no se presentara pasados los noventa (90) días corridos desde la fecha de confección de la boleta de citación, se destruirá la licencia retenida y caducará la habilitación para conducir hasta tanto obtenga una nueva licencia de conformidad con el procedimiento establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo podrá otorgarse si previamente se abonó la multa o se dio cumplimiento a la resolución del juez o funcionario competente.

En el supuesto del inciso x) del artículo 77, además del pago de la multa o cumplimiento de la sanción que corresponda, el infractor deberá acreditar haber dado cumplimiento a la revisión técnica obligatoria.

Para los supuestos de retención cautelar de licencia no se aplicará la opción de prórroga, de jurisdicción contemplada en el artículo 71.

Art. 33. – Incorpóranse como incisos m) a y) del artículo 77 de la ley 24.449, los siguientes:

m)La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales;

n)La violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos en esta ley, con un margen de tolerancia de hasta un 10 % (diez por ciento);

ñ)La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una distancia del vehículo que lo precede menor a la prudente de acuerdo con la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la presente ley y su reglamentación;

o)La conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos;

p)La conducción de vehículos transportando un número de ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido el vehículo;

q)La conducción de vehículos utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación manual continua y/o pantallas o monitores de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor;

r)La conducción de vehículos propulsados por el conductor, tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial por lugares no habilitados al efecto;

s)La conducción de motocicletas sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario;

t)La conducción de vehículos sin que alguno de sus ocupantes utilice el correspondiente correaje de seguridad;

u)La conducción de vehículos transportando menores de diez (10) años en una ubicación distinta de la parte trasera;

v)La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar los requisitos establecidos por la presente ley;

w)La conducción de vehículos a contramano;

x)La conducción de un vehículo careciendo del comprobante que acredite la realización y aprobación de la revisión técnica obligatoria;

y)La conducción de un vehículo careciendo del comprobante que acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo 68 de la presente ley.

Art. 34. – Modifícase el artículo 84 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 84: Multas. El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF, cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.

Las multas serán determinadas en la reglamentación desde un mínimo de 50 UF hasta un máximo de 5.000 UF.

Se considerarán como agravantes los casos en que la responsabilidad recaiga sobre los propietarios.

Para las comprendidas en el inciso l) del artículo 77, la reglamentación establecerá una escala que se incrementará de manera exponencial, en función de los mayores excesos en que los infractores incurran, con un monto máximo de 20.000 UF.

Accesoriamente, se establecerá un mecanismo de reducción de puntos aplicable a la licencia nacional del conducir conforme a los principios generales y las pautas de procedimiento que determine la presente ley y su reglamentación.

Art. 35. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 85: Pago de multas. La sanción de multa puede:

a)Abonarse con una reducción del cincuenta (50) por ciento cuando corresponda a normas de circulación en la vía pública y exista reconocimiento voluntario de la infracción. En todos los casos tendrá los efectos de una sanción firme;

b)Ser exigida mediante un sistema de cobro por vía ejecutiva cuando no se hubiera abonado en término, para lo cual será título suficiente el certificado expedido por la autoridad de juzgamiento;

c)Abonarse en cuotas en caso de infractores de escasos recursos, la cantidad de cuotas será determinada por la autoridad de juzgamiento.

La recaudación por el pago de multas se aplicará para costear programas y acciones destinados a cumplir con los fines de esta ley. Sobre los montos provenientes de infracciones realizadas en jurisdicción nacional se podrá afectar un porcentaje al sistema nacional de seguridad vial, conforme lo determine la reglamentación, o en su caso a la jurisdicción provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o local que haya intervenido en el juzgamiento en el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 71. La Agencia Nacional de Seguridad Vial celebrará los convenios respectivos con las autoridades provinciales.

Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 89: Prescripción. La prescripción se opera:

a)A los dos (2) años para la acción por falta leve;

b)A los cinco (5) años para la acción por falta grave y para sanciones;

En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo o judicial.

Art. 37. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, las reglamentaciones existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán aplicándose hasta su reemplazo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente.

Art. 38. – Adhesiones. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de la República a adherir a la presente ley.

Art. 39. – EL Poder Ejecutivo nacional en el plazo de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la presente deberá proceder a su reglamentación.

Art. 40. – La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijará las pautas de control y fiscalización del período transitorio en el que se mantendrán vigentes las licencias de conducir emitidas conforme la normativa anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

–A la comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda.

La Cámara de Diputados de la Nación

Su enérgico repudio al violento desalojo de un grupo de más de cincuenta familias de cartoneros del predio ubicado entre las calles La Pampa, Virrey Vértiz, Sucre y las vías del ferrocarril Mitre, donde se encontraban en protesta por la suspensión del servicio del “tren blanco” línea Mitre de la empresa TBA.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

Señor presidente:

En enero pasado la empresa TBA dispuso la suspensión del servicio del “tren blanco” de la línea Mitre, el cual permitía, desde el año 2004, el traslado de alrededor de 630 cartoneros.

A partir de esta decisión distintas familias elevaron un amparo a la justicia, el cual fue resuelto a favor por la jueza Martina Isabel Fons, del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, ordenando que se “restituya de forma inmediata” el servicio. La empresa de ferrocarriles hizo caso omiso a dicho fallo.

Frente a esta situación de imposibilidad de traslado, y en desacuerdo con la alternativa ofrecida por el Gobierno de la Ciudad de la utilización de camiones, más de 50 familias decidieron ocupar, en forma de protesta, el predio ubicado en la intersección de la calle La Pampa y las vías del tren.

La mañana del 22 de febrero de 2008, en vísperas de la celebración de una reunión entre el gobierno de la ciudad y los trabajadores con el fin de dialogar sobre la situación de estos últimos, y en virtud de una resolución efectuada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal Argentina desalojaron violentamente a los ocupantes del mencionado predio, golpeando a quienes allí se hallaban, en flagrante violación de los derechos humanos fundamentales, proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos internacionales, y nuestra Constitución Nacional.

El hecho puntual, que hoy nos toca describir, es un eslabón más en la cadena con la que los diversos poderes de turno han amarrado sus políticas al muelle de la desidia y la indiferencia.

A partir de la crisis económica y financiera del año 2001, el número de trabajadores de la actividad se ha incrementado enormemente debido a la falta de alternativas laborales que los capitanes de dichos buques no supieron/quisieron generar.

La situación se agrava aún más, ante el desconocimiento reinante. Se desconoce la función ecológica que el trabajo de recolección informal de residuos urbanos cumple. De hecho, la misma se reconoce en la ley 992 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, en su publicación “La justa” de junio de 2007 planteaba “…las 400 toneladas que recuperan cada noche los cartoneros de la ciudad, no solo aportan a la actividad empresaria, sino que reducen en casi un 10 por ciento el volumen que a diario parte hacia los rellenos sanitarios…”

Quizás, como lo señala Tamar Pitch, en el prefacio de su libro Responsabilidades limitadas. Actores, conflictos y justicia penal estamos viviendo el regreso de la vieja clasificación entre pobres dignos y pobres indignos, en donde estos últimos “[…] vienen a constituir las nuevas ‘clases peligrosas’ […]”. Al menos así, pareció quedar evidenciado en la resolución del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hablaba del peligro para la higiene y salubridad, y en el accionar de la Policía Federal Argentina por un lado, en tanto consideró que se trataban de un peligro para la seguridad pública, y por el otro, el posterior procedimiento de personal de limpieza que fumigó el lugar inmediatamente.

Se configura así el silogismo perverso de la exclusión social: los sucesivos gobiernos nacionales con la falta de políticas públicas “obligaron” a los grupos más desaventajados a buscar alternativas laborales que hoy en día pretenden erradicar; los cartoneros existen por la desidia y es ella misma quien pugna por hacerlos desaparecer.

El actual gobierno nacional, productor de un discurso inclusivo, protector de los derechos humanos, permitió la suspensión del servicio de trenes, que posibilitaba el traslado a los cartoneros. Su discurso parece congruente con la realidad: hoy vivimos una inclusión más en la lista de excluidos. El gobierno de la ciudad, en cambio, parece no incurrir en dicha paradoja discursiva, excluye sin más.

Por todo ello solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

–A la Comisión de Legislación Penal.

La Cámara de Diputados de la Nación

Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través de quien corresponda, tenga a bien facilitar la información que a continuación se requiere.

Que habida cuenta del desalojo llevado a cabo por la Policía Federal Argentina el 22 de febrero de 2008, en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informe:

1. La dirección del lugar donde se llevó a cabo dicho procedimiento, indicando calles, número, etc.

2. En virtud de qué orden se llevo a cabo el procedimiento, especificando si se trató de una resolución administrativa o judicial. Adjuntar copia de la misma.

3. Quién fue el/la firmante de la orden.

4. La fecha y hora en que recibieron la orden.

5. La dirección en la cual, según figure en la orden de desalojo, debía efectuarse el procedimiento.

6. Si los desalojados fueron notificados previamente. Indicar fecha, firmante, destinatarios, y dirección a la que iba dirigida dicha notificación, en su caso.

7. Qué cantidad de personas fueron arrestadas, cuánto tiempo permanecieron detenidas, en dónde, y pórque motivos.

8. Los motivos del arresto de un vecino del barrio. Indicar el lugar donde estuvo detenido y por cuánto tiempo.

9. Si hubo reportes de heridos. Indicar a dónde fueron trasladados.

10. Cuántas personas fueron desalojadas. Dónde fueron llevadas.

11. Si se hallaba en el lugar personal del Cuerpo de Infantería y, en su caso, cuáles fueron las razones de su presencia.

12. Dónde fue alojado el material de trabajo de los recicladores de basura.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

Señor presidente:

El día 22 de febrero de 2008 en horas de la mañana, la Policía Federal Argentina procedió a desalojar a unas 50 familias de recolectores informales de basura (“cartoneros”), que se hallaban ocupando un predio en el barrio porteño de Belgrano.

El procedimiento, según versiones de quienes allí se hallaban al momento del operativo, se realizó sólo en función de una orden administrativa dictada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del gobierno de la ciudad.

En virtud de dicha resolución, la Policía Federal Argentina desalojó violentamente a los ocupantes del lugar, arrestando a 9 personas, y ocasionando heridas a otras tantas, que debieron ser hospitalizadas.

Las fuerzas de seguridad, en un Estado de derecho, no pueden sino respetar los derechos humanos de las personas. Pero al parecer, eso está lejos de ser una realidad. Señala Eugenio Raúl Zaffaroni, en su Tratado de derecho penal que “[…] la policización es un proceso de asimilación institucional, violatoria de derechos humanos y tan selectivo como la criminalización y la victimizacion […] Quizás hallemos aquí la razón por la que los efectivos de la Policía Federal Argentina actuaron con semejante brutalidad.

Que lejos de respetar las declaraciones, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, el accionar de las fuerzas de “seguridad” violó manifiesta y organizadamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto lejos estuvo el Estado de asegurarles protección y cuidado a los niños que se hallaban en el lugar mientras se efectuó el procedimiento.

Quizás, como lo señala Tamar Pitch, en el prefacio de su libro Responsabilidades limitadas. Actores, conflictos y justicia penal estamos viviendo el regreso de la vieja clasificación entre pobres dignos y pobres indignos, en donde estos últimos “[…] vienen a constituir las nuevas ‘clases peligrosas’ […]” Al menos así pareció quedar evidenciado en la resolución del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hablaba del peligro para la higiene y salubridad, y en el accionar de la Policía Federal Argentina por un lado, en tanto consideró que se trataban de un peligro para la seguridad pública, y por el otro, el posterior procedimiento de personal de limpieza que fumigó el lugar inmediatamente.

Se trató de “desintoxicar”, de “limpiar”, de “barrer”, de “armonizar”, de “asegurar“. Se trató, en definitiva, de excluir y de expulsar, sin importar que para ello sea “necesario” vulnerar derechos humanos.

Es por la gravedad de lo expuesto que solicito a esta Honorable Cámara tenga a bien acompañar este proyecto en defensa de los derechos humanos fundamentales.

María F. Reyes. – Claudia Gil Lozano. – Susana R. García. – Horacio Alcuaz. – Héctor Flores. – Fernando Sánchez. – Elisa B. Carca. – María V. Linares.

–A la Comisión de Legislación Penal.

La Cámara de Diputados de la Nación

1. Instrumentar los mecanismos administrativos que correspondan, con el objeto de permitir que las comisiones permanentes de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación que se detallan en el artículo 2º del presente proyecto, sesionen al menos una vez al año en la Antártida Argentina.

2. Las comisiones que sesionarán anualmente en el Continente Antártico son las siguientes: Relaciones Exteriores y Culto; Ciencia y Tecnología; Defensa Nacional; Energía y Combustibles; Economías y Desarrollo Regional; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Turismo.

Sergio A. Basteiro. – Leonardo A. Gorbacz. – Carlos Raimundi. – Julián M. Obiglio. – Hugo N. Prieto. – Luciano R. Fabris. – Fernando Sánchez. – Susana Genem. – Gloria M. Bidegain. – Sergio Varisco.

Señor presidente:

El 12 de noviembre de 2004, en el año en que la Argentina cumplió el centésimo aniversario de presencia ininterrumpida en el Continente Antártico, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de esta Honorable Cámara de Diputados de La Nación sesionó en la Antártida, siendo aquella la primera vez en la historia que se realiza una sesión parlamentaria en ese territorio.

El hecho histórico de que éste sea el primer Parlamento del mundo que realizó actividades legislativas en ese continente ha motivado la presentación del presente proyecto, en la convicción de que tal acontecimiento reviste una gran importancia material y simbólica, por los argumentos que se detallan infra.

En este sentido, es importante destacar que el presente proyecto ha sido firmado en el propio suelo antártico por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación.

Lo anterior nos lleva a la ineludible necesidad de analizar la importancia de la presencia de legisladores argentinos en esa región, en especial aquellos que integran comisiones que, por sus características, fortalecen la vigencia plena del Tratado Antártico que consagra a la Antártida como un continente de paz e investigación científica.

La protección de los recursos vivos marinos y del medio ambiente antártico en general, en razón de la fragilidad de los ecosistemas antárticos y la influencia de los ambientes marinos y terrestres antárticos en el clima mundial, son realidades que merecen ser tratadas in situ.

También es importante la presencia de legisladores en esa región, para mostrar nuestro compromiso en la necesidad de encontrar soluciones racionales y duraderas, tendientes a evitar las preocupantes consecuencias ambientales que provoca la actividad humana, que se manifiestan en forma amenazante e imprevisible en el medio ambiente polar.

El hecho de que representantes del pueblo legislen en la Antártida Argentina contribuirá a que la población tome conciencia de la importancia que tiene para nuestro país la soberanía de su territorio y, en especial, esta región del denominado Continente Blanco.

Considerando además que este Congreso adhirió al Año Polar Internacional que se celebró en 2007, resulta oportuno que este Congreso de la Nación continúe dando señales concretas con relación a su interés en esa región inhóspita pero a la vez estratégica del planeta.

Para concluir, teniendo en cuenta que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación realizó una sesión especial en dicho territorio el pasado viernes 22 de febrero, cuando se celebra el Día de la Antártida Argentina y se cumplen 104 años de presencia ininterrumpida en suelo antártico, nos parece ocasión pertinente para dar impulso a este proyecto.

El presente es una representación del expediente D.-7.814/04, el cual ha perdido su estado parlamentario.

Por todo ello, señor presidente, solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente proyecto de resolución.

Sergio A. Basteiro. – Leonardo A. Gorbacz. – Carlos Raimundi. – Julián M. Obiglio. – Hugo N. Prieto. – Luciano R. Fabris. – Fernando Sánchez. – Susana Genem. – Gloria M. Bidegain. – Sergio Varisco.

–A la Comisión de Petición, Poderes y Reglamento.

La Cámara de Diputados de la Nación

Su preocupación por la endemia en el territorio del Paraguay, ante el estado de emergencia debido a la confirmación de veinte casos mortales de fiebre amarilla selvática y la posible llegada a zonas urbanas.

Instar a las autoridades nacionales para que instrumente los mecanismos necesarios para evitar la potencial expansión a nuestro territorio.

Señor presidente:

Ante la terrible situación por la que está atravesando el vecino país del Paraguay, es menester tomar medidas extremas de prevención a través de los organismos nacionales pertinentes, para evitar la propagación de este flagelo a nuestro territorio nacional.

La fiebre amarilla es una de las graves enfermedades tropicales del mundo, la cual es provocada por el arbovirus que se encuentra en estado de latencia en el mono aullador. Estos simios no transmiten en forma directa la enfermedad, pero sí puede ser transmitida por mosquitos de género haemagogus, que compartirían el hábitat con el primate. Dicho insecto actúa como agente transmisor del mal al picar a una persona; de esta manera pasa al área urbana y aunque el ser humano tampoco transmite la enfermedad a sus congéneres en forma directa, sí podrá hacerlo el Aedes aegypti (mosquito).

Esta enfermedad se caracteriza por un cuadro de súbita fiebre elevada acompañada de escalofríos violentos, dolores de cabeza, lumbares y musculares en general, postración, náuseas y vómitos. A continuación se produce una ictericia moderada y luego más severa. La muerte se produce de 7 a 10 días, luego del inicio de la enfermedad. La tasa de mortalidad en adultos no vacunados puede superar el 50 %.

Recordamos que la fiebre amarilla como el dengue son enfermedades eminentemente tropicales, agudas y graves, transmitidas por el mosquito cuyo vector principal es el Aedes aegypti.

En la Argentina se han registrado en varias ocasiones casos epidémicos: la más importante epidemia de dengue del año 1916, en ambas márgenes del río Uruguay, y las epidemias de fiebre amarilla urbana en 1871, en Buenos Aires, y de fiebre amarilla selvática en 1966, en las provincias de Misiones y Corrientes.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta el alerta en la República del Paraguay, instamos a nuestras autoridades a tomar medidas precautorias ante el potencial avance en virtud a las cercanías geográficas, así como también, realizar campañas para alertar a la población a los fines de reconocer los síntomas ante las primeras sospechas, y de esa manera asistir a los centros de salud más cercanos.

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Objeto. El presente proyecto tiene como objeto crear la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros.

Art. 2° – Sustitución de la libreta de trabajo. Sustitúyase la libreta de trabajo establecida en el decreto 1.335/73, y la resolución MTE y SS 17/98, por la modalidad de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros mencionada en el artículo precedente.

Art. 3° – Provisión de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros. Es obligación del empleador, a su costa, la provisión de la Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros, validada por la autoridad de aplicación. La misma tendrá carácter personal e intransferible.

Art. 4° – Requisitos. La Tarjeta Magnética de Trabajo para el Transporte Automotor de Pasajeros, contiene los siguientes requisitos:

–Nombre y apellido del titular

–C.U.I.L.

–Registro de conductor

–Legajo

–Fecha de ingreso

–Base a la que pertenece

–Nombre de la Empresa y C.U.I.T.

Art. 5º – Comisión Administradora. Créase la Comisión Administradora del sistema de la Tarjeta Magnética para el Transporte Automotor de Pasajeros, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Estará integrada por:

–Un (1) representante del MTEySS.

–Un (1) representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

–Un (1) representante de la/s entidades sindicales con personería gremial.

–Un (1) representante de la/s entidades sindicales sin personería gremial.

–Un (1) representante de las asociaciones civiles abocadas a la problemática de la seguridad vial.

–Un (1) representante del sector empresarial.