Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría: expediente 4.088-S.-05 presentado el 02/02/06, disposiciones anticipadas o testamento de vida.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Será considerada mala praxis profesional el no cumplimiento a las directivas anticipadas o testamento vital, otorgados en plena capacidad de hecho y de derecho por instrumento público, presentadas por pacientes con enfermedad terminal o en estado de inconsciencia irreversible o dependiente de medios mecánicos externos para la sobrevida.

Art. 2º – La empresa médica que no diera cumplimiento a lo expresado en el artículo anterior será asimismo responsable en el fuero civil.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La humanidad en estos días ha comprendido que así como se tiene derecho a una vida digna, también se lo tiene a morir dignamente.

Existe un tipo de documento jurídico bioético llamado “Disposiciones anticipadas o testamento vital”, que consiste en la expresión de la voluntad del paciente, para ser utilizado cuando éste ya no pueda darse a entender en forma verbal o escrita.

No trata este proyecto de ningún tipo de eutanasia, sino de respetar la voluntad del paciente, para no ser resucitado por la tecnología con que hoy se cuenta, ni ser mantenido con vida artificialmente.

Son numerosos los casos que llegaron a distintos tribunales, por ejemplo, el recientemente despachado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires (causa Ac. 85.627 S.M.d.C.), en que el esposo y curador de una mujer en estado vegetativo irreversible desde hacía cinco años, había solicitado permiso para interrumpir la asistencia mecánica al enfermo. Si bien la Corte rechazó el pedido, dejó asentada la existencia de un vacío legislativo en la materia que regule los testamentos de vida de nuestra legislación.

Está fuera de discusión que no hay derecho más personalísimo que el derecho a la vida (artículos 33 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; artículo 4º, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 6º, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Este derecho, para ser respetado en su totalidad, comprende en su contracara el derecho a morir.

Es justo que el titular de la vida sea quien tenga el derecho final sobre la misma.

Santo Tomás Moro dijo: “Cuando a los males incurables se les añade sufrimientos atroces, los magistrados y sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle y tratan de hacerle ver que ya está privado de los bienes y funciones vitales y puesto que su vida es un duro tormento, no debe dudar en aceptar la muerte, no debe dudar en liberarse a sí mismo o permitir que otros lo liberen. Esto es: la muerte no lo apartará de las dulzuras de la vida sino del suplicio. Y la obra de dar muerte será piadosa y santa”. Es sabido que actualmente la Iglesia Católica es totalmente contraria a la eutanasia y al suicidio.

En este proyecto no proponemos quitar la vida ni proporcionar la asistencia al suicidio.

Al respecto, en la encíclica Evangelium vital, Su Santidad dice: “Por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de evitar cualquier dolor. De la eutanasia debe distinguirse la decisión de renunciar al ensañamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar; o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia”.

La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica, el 5 de marzo de 1980, con la aprobación de Juan Pablo II, expresa: “Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios empleados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia”.

Nos limitamos a obtener mediante esta legislación que se respete la voluntad de un paciente de no ser mantenido con vida artificialmente y a dejar que la naturaleza siga su curso. Se funda en la idea de la autodeterminación del sujeto. De esta forma también evitaremos el encarnizamiento terapéutico que impide una muerte digna.

Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.

–A la comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-4.086/05 presentado el 1/2/06, “Establecer un sistema de evaluación para los jueces de los tribunales inferiores de la Nación y otras cuestiones conexas”.

Sin otro particular lo saludo muy atentamente.

Artículo 1º – Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación que hayan sido nombrados con anterioridad a la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y, por tanto, no han sido seleccionados en concurso público, deberán someterse a una evaluación ante el sector académico y científico de dicho consejo, que comprobará el nivel de actualización de los mismos para el desempeño de sus funciones.

Art. 2º – La evaluación referida en el artículo anterior tendrá el objetivo de asegurar la reactualización en doctrina jurídica de los señores jueces y los evaluadores se limitarán a señalar las falencias, si las observaran, a fin de lograr el mejor nivel de excelencia. En ningún caso la evaluación podrá dar lugar a ejercer facultades disciplinarias ni a vulnerar la inamovilidad de los jueces.

Art. 3º – Los miembros del sector académico y científico del Consejo de la Magistratura no percibirán remuneración especial por el desempeño de la actividad evaluatoria.

Art. 4º – La totalidad de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación deberán someterse a la evaluación referida en los artículos anteriores una vez cada cinco años de permanencia en el mismo cargo.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Una de las medidas más celebradas por la sociedad, como fue la renovación del más alto organismo judicial de la Nación, es decir la Corte Suprema, plantea la necesidad de continuar el fortalecimiento institucional de los poderes del Estado, procurando devolverle la credibilidad y prestigio social de que gozara en el pasado.

Consciente de que los cambios en la Justicia, producidos con la reforma constitucional de 1994, al introducir el sistema de concursos de antecedentes y oposición para acceder a las ternas que se postularán para ejercer la magistratura, cerraron una brecha histórica, dejando atrás las sesiones secretas para el nombramiento de jueces, considero no obstante, que se ha provocado un efecto colateral involuntario al generar dos categorías de magistrados: la de aquellos surgidos por concursos, conviviendo con los designados por voluntad política.

No caben dudas de que el sistema reformado en 1994, al crear el Consejo de la Magistratura, significó un sustancial avance en sus objetivos de jerarquizar tan importante poder de la República.

Sin embargo, el constituyente no previó una equiparación de los jueces designados antes y después de la reforma constitucional, no advirtiéndose quizás en el marco de otras urgencias, que los jueces son inamovibles, porque hasta esa fecha eran designados por personas con relativa inmunidad y desde esa realidad los jueces son inamovibles.

Muchos de ellos, que no enfrentaron concursos ni exámenes, continúan en sus funciones, lo que no constituye un demérito.

No consideramos mácula que un juez surgiera de la voluntad política. Precisamente porque la decisión política era de determinados hombres con mandato limitado en el tiempo, contrariamente a la inamovilidad de los jueces, que siguen en el cargo en forma vitalicia o hasta la jubilación, y sólo pueden ser removidos por delitos o mal desempeño, mediante un jurado de enjuiciamiento.

Es poco probable que un senador haya dado acuerdo a un juez pensando en su propia protección, cuando su cargo fenece y el juez es inamovible.

No creemos que los jueces que surgieron por voluntad puramente política tengan una capitis diminutio ni hayan sido fruto de favores interesados, ni moneda de cambio, al menos en la mayoría de los casos.

Pero, más allá de posiciones doctrinarias, quienes militamos en política desde el campo del conocimiento jurídico, estamos seguros de que el sistema anterior empleado para decidir las designaciones de los jueces de la Nación dejaba dudas en cuanto a la prioridad en las calificaciones y los méritos profesionales del postulante, por lo cual considero que aquellas valiosas reformas quedaron incompletas al no advertirse que podía ser vulnerado un principio liminar de nuestra Constitución Nacional: aquel que establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Porque como lo expresáramos en párrafos anteriores, en la actualidad cohabitan en el Poder Judicial dos categorías de jueces: aquella que integran hombres y mujeres del derecho cuyas capacidades y facultades fueron expuestas a través de exámenes y antecedentes, a la luz pública de colegas competitivos, y la de los restantes magistrados cuyas capacidades y méritos para el ejercicio del cargo deben darse por ciertas, sin más trámite, aun sin la debida evaluación previa de su idoneidad.

Es por eso que entendiendo el reclamo social de dotar de mayor transparencia a nuestras instituciones y en grado sumo al Poder Judicial, garante y vigía de los deberes y derechos de los ciudadanos ante la ley, venimos a proponer este sistema evaluatorio para todos aquellos magistrados que fueron designados sin concursar sus cargos, mediante el sistema vigente hasta la creación del Consejo de la Magistratura.

Muy lejos de nuestras intenciones está el objetivo de poner en crisis el principio de inamovilidad de los jueces en sus cargos. Antes bien, se trata de efectuar un relevamiento de las reales capacidades intelectuales y físicas de nuestros magistrados, atento al derecho vigente de desempeñarse en sus cargos hasta alcanzar los 75 años, procurando establecer fehacientemente el nivel real de sus calificaciones académicas, su nivel de capacidad y actualización que garanticen el adecuado cumpli- miento de su tarea.

Insistimos en que se advierte una desigualdad ante la ley. Unos están sin haber probado su idoneidad, los que fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura debieron competir, presentar antecedentes y rendir exámenes.

Reiteramos que resultará conveniente para la mejor administración de justicia que los jueces que entraron sin concursar estén sujetos a una evaluación para demostrar o conseguir, en su caso, estar actualizados. El derecho es dinámico, y las personas, en general, tendemos con el paso del tiempo a la pasividad y a aferrarnos a preceptos rígidos que la sociedad en sus costumbres y formas de convivencia pronto superan.

En años recientes supimos de algunos jueces destituidos de su cargo por contratar servicios de terceros, ajenos al Poder Judicial, para la redacción de sus sentencias. También conocemos las numerosas quejas de los judiciables en las distintas jurisdicciones, por la existencia de algunos casos donde las causas no son seguidas por los principales magistrados, quienes resumirían su tarea en firmar aquellos expedientes que redactarían sus subordinados, corriendo el riesgo de pretender procesar a personas fallecidas, como lo difundiera la prensa a nivel nacional.

Por ello son necesarias las evaluaciones que impulsan a actualizarse, a perfeccionarse. Lo son para los jueces que entraron sin examen y también para quienes habiendo concursado llevan más de un quinquenio en el mismo cargo, decidiendo sobre la libertad, el estado y los bienes de sus semejantes.

Creemos que en algunos casos podría tratarse de la virtual burocratización de algunos magistrados, en la delicada tarea de administrar justicia. Por ello estamos convencidos de que esta norma nos permitirá dar un salto cualitativo en la jerarquización del Poder Judicial y contribuirá a consolidar la excelencia de sus integrantes, para de ese modo avanzar en su fortalecimiento institucional, devolviéndoles la credibilidad y prestigio social de que merecen como pilar fundamental de la democracia.

La fundamentación de la norma propuesta en el sentido de que los evaluadores sean sólo los miembros del sector académico y científico del Consejo de la Magistratura se basa en eliminar toda posibilidad de influencias partidarias o supuestamente corporativas.

Este proyecto es a nuestro criterio completamente independiente del que ya hemos aprobado en la Cámara de Senadores para reducir el número de miembros del Consejo de la Magistratura, cuya finalidad es otra, dinamizar el desenvolvimiento del mismo con un importante ahorro de recursos.

–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-4.026/05 presentado el 20/12/05, “Elección de los titulares de los órganos de gobierno de las universidades nacionales”.

Sin otro particular lo saludo muy atentamente.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 54 de la ley 24.521/95, por el siguiente:

Artículo 54: El rector o presidente, el vicerrector o vicepresidente, y los decanos o titulares de los demás órganos unipersonales de gobierno, serán elegidos por medio de elecciones directas, con sistema de voto ponderado, secreto y universal, en función de la representación que tengan los distintos claustros, de conformidad a lo que determinen los estatutos, y durarán en sus funciones cuatro (4) años como mínimo. El cargo de rector o presidente será de dedicación exclusiva y para acceder a él se requerirá ser o haber sido profesor regular. La elección de representantes para los cuerpos colegiados de gobierno se regirá por el sistema proporcional D’Hont. Las universidades nacionales deberán adecuar sus estatutos al sistema de elección directa.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El proyecto de ley que elevamos a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación tiene como fundamento principal la intención de reformar el artículo 54 de la ley 24.521/95 –Ley de Educación Superior–, para introducir el sistema de elección directa, con voto ponderado, secreto y universal, de los rectores o presidentes, vicerrectores o vicepresidentes y los titulares de los demás órganos de gobierno unipersonales de las universidades nacionales, con el objeto de que el claustro estudiantil, fin de la universidad, obtenga mayor prevalencia y pueda ser escuchado, deba ser informado y se le posibilite ejercer control sobre las acciones de las autoridades que surgen de los comicios.

Los sistemas de elección indirecta, vigentes en la mayoría de las universidades, no contribuyen suficientemente a democratizar profundamente el gobierno de las mismas.

Con la legislación actual, a la hora de elegir autoridades, se pueden dar acuerdos de cúpulas, que en privado se admiten como necesarios, suelen generarse cuerpos colegiados que pretenden intervenir en todas las decisiones, grandes y pequeñas, de organizaciones que son cada vez más complejas, comportamientos institucionales que podrían ocultar mal los intereses corporativos a los que en verdad responderían. Estos intereses corporativos son de los claustros “dominantes”, es decir, del profesorado y de los no docentes sindicalizados; en cambio, los estudiantes, quienes más luchan y constituyen el sentido de la universidad, no pueden ejercer influencia sin contralor.

Los sistemas de elección indirecta se prestan con frecuencia a las más variadas componendas electorales, para que algunos de los sectores que participan en el juego llegue al poder. Tomando el poder, los representantes estudiantiles, por la minoría de su representación, dejan de tomarse en cuenta, cuando fueron previamente arengados para batirse en verdaderos duelos electorales.

Los sistemas de elección directa, con voto ponderado, secreto y universal, que están adoptando con indudables ventajas algunas instituciones, son más democráticos y menos manipuladores con los jóvenes alumnos.

Permiten proponer a la comunidad universitaria programas de gobierno que no están luego condicionados y pueden, en consecuencia, llevarse más fácilmente a la acción y sobre todo les otorga más poder al destinatario de la universidad: los estudiantes.

Esta modalidad de elección directa constituye una novedad importante que puede ayudar a mejorar el gobierno de las universidades nacionales. La elección directa es coherente con los cambios producidos en el país.

En la Constitución Nacional de 1994 se estableció el sistema de elección directa del presidente y vicepresidente de la Nación, en reemplazo del colegio electoral.

A la vez, en las universidades nacionales de Río Cuarto, Villa María, Luján, La Pampa, Salta, Misiones y Santiago del Estero, rige el sistema de elección directa con voto ponderado, secreto y universal, de los cargos unipersonales establecidos en sus respectivos estatutos.

En nuestras universidades, los cuerpos colegiados tienen intervención en todo tipo de decisiones académicas y no académicas, estratégicas y rutinarias, importantes y secundarias. Esto lleva a un sistema de gestión lento y poco eficiente.

Hay otras formas de organizar la toma de decisiones, que tienen ventajas y de ningún modo pueden ser consideradas menos universitarias.

Distinguir más claramente entre decisiones académicas y decisiones propias de los procesos de gestión, y traducir ello en la estructuración de los órganos de gobierno de las universidades es un paso importante, aunque la distinción no es siempre clara.

No debemos olvidar que el objetivo del trabajo de las universidades son sus estudiantes, que deben ser interpretados e informados para que hagan sus mejores aportes, incluyendo el contralor de las autoridades.

Con las elecciones indirectas suele utilizarse a los estudiantes como “carne de cañón” en los cónclaves universitarios, para luego ser ignorados por las autoridades electas, y convirtiéndose en instrumentos inocentes, ya que la verdadera información la tienen los claustros dominantes.

El presente proyecto tiene como similar el presentado por el diputado (m. c.) Orlando Aguirre en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que lamentablemente no fuera aprobado y pasado a archivo.

Por las razones expuestas precedentemente y en defensa de los estudiantes argentinos solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación proceda a la pronta reglamentación del artículo 28 de la ley 26.198, presupuesto 2007, la cual otorga al Poder Ejecutivo nacional la facultad de disponer de incrementos en las deducciones del artículo 23 y las consecuentes modificaciones al artículo agregado a continuación del mismo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones.

La celeridad del trámite se fundamenta en que el Poder Ejecutivo nacional sólo cuenta con ciento veinte días (120) desde la promulgación de la ley, acaecida el 8/1/2007, para ejercer dicha facultad que además no es obligatoria, ya que el artículo en cuestión, es su último párrafo establece que se podrá ejercer dicho mandato en caso de considerarlo procedente, por lo cual el Poder Ejecutivo nacional podría no hacer uso de la facultad conferida, aun a sabiendas de que dicha disposición traería alivio a los alicaídos salarios de los trabajadores argentinos, que muchas veces ven neutralizados los incrementos salariales otorgados por el consecuente aumento progresivo de las sumas pagadas en el impuesto a las ganancias.

Señor presidente:

El artículo 28 de la ley 26.198, presupuesto 2007, dispone la suspensión para el ejercicio de 2007 de la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152 y delega en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de utilizar los recursos del referido fondo para compensar parcialmente, en su caso, la reducción de la recaudación tributaria producto de eventuales incrementos en las deducciones del artículo 23 y las consecuentes modificaciones al artículo agregado a continuación del mismo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones. Asimismo otorga al Poder Ejecutivo nacional, un plazo de ciento veinte (120) días a computarse a partir de la promulgación de la ley de presupuesto, para dictar, en caso de considerarlo procedente, las normas reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior.

Similar medida fue tenida en cuenta en la ley de presupuesto 2006, 26.078, la cual en su artículo 24 dispuso: “Suspéndase para el ejercicio de 2006 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción de la afectación de los recursos provenientes de las concesiones en los términos que establece el referido artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento global de la administración nacional sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero, el Poder Ejecutivo nacional destinará al Fondo Anticíclico Fiscal el excedente financiero no aplicado. El Poder Ejecutivo nacional utilizará el referido fondo para compensar parcialmente la reducción de la recaudación tributaria producto de incrementos en las deducciones del artículo 23 y modificaciones al artículo agregado a continuación del mismo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones y en los artículos 24 y 25 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales (t. o. 1997) y sus modificaciones”.

En el último párrafo señalaba que el Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley, dictará, en materia de su competencia, las normas reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior.

El Ejecutivo a través del decreto P.E.-314/2006 hizo uso de dichas facultades conferidas y elevo los mínimos y deducciones del impuesto a las ganancias.

Nótese que el artículo 28 de la ley 26.198 señala que el Poder Ejecutivo nacional, tendrá un plazo de ciento veinte (120) días a computarse a partir de la promulgación de la ley de presupuesto, para dictar, en caso de considerarlo procedente, las normas reglamentarias pertinentes, esta frase introducida innova con respecto a la redacción similar del artículo 24 de la ley de presupuesto de 2006, introduciendo un elemento discrecional a favor del Poder Ejecutivo nacional por el cual y a modo de ejemplo si por razones de priorizar una mayor recaudación en un año electoral el Poder Ejecutivo nacional considera mantener los mínimos y deducciones de 2006 y no otorgar nuevos incrementos, esto será perfectamente valedero ya que la redacción de la norma no lo obliga a usar dicha facultad.

Es por ello que propiciamos este proyecto de comunicación para el Poder Ejecutivo nacional, a fin de que en uso de las facultades conferidas por este Honorable Congreso proceda a incrementar los mínimos y deducciones del impuesto a las ganancias y bienes personales.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Solicita al Ministerio de Salud de la Nación la colaboración para acrecentar el efectivo cumplimiento de la ley 24.836 (Convenio en Materia de Salud Fronteriza y su Protocolo Adicional) suscrito entre la República Argentina y la República del Paraguay, atento al estado de emergencia nacional durante 60 días declarado por las autoridades paraguayas, ante la propagación del dengue en su territorio, considerando lo expresado en el artículo 1º, incisos 1 y 5 del citado acuerdo.

Señor presidente:

El gobierno de la hermana República del Paraguay ha promulgado la ley que declara el estado de emergencia nacional durante 60 días, ante la propagación del dengue en el territorio guaraní, a causa de la grave situación provocada por el fallecimiento de personas por dengue clásico y también por dengue hemorrágico, además de los estimativamente 15.000 enfermos reportados hasta la fecha.

Ante el brote epidémico que asuela al vecino país, el Poder Ejecutivo de Formosa a través de sus autoridades sanitarias, ha adoptado medidas de prevención y control del Aedes aegypti, considerándose nuestra provincia, por su ubicación geográfica y limítrofe como barrera sanitaria.

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud de la Nación, posee el Programa Nacional de Vigilancia y Control de Aedes aegypti - Prevención del Dengue, es vital y prioritaria la colaboración de este organismo para la lucha contra la citada enfermedad y el efectivo cumplimiento de la ley nacional 24.836 que aprueba el Convenio en Materia de Salud Fronteriza y su Protocolo Adicional suscritos entre la República Argentina y la República del Paraguay.

Por lo brevemente expuesto y la gravedad de la situación sanitaria planteada solicito la urgente aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

De interés parlamentario al Simposio “Urbanismo en las orillas”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de marzo próximo en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito IX, invita a reflexionar sobre nuestras ciudades.

Debemos reflexionar acerca del paisaje, de la conservación del medio ambiente, pensar más en entornos urbanos que en normativas o en edificios.

Existen orillas textuales, las del mar, las del río, las orillas de las montañas o de los valles. Tenemos también el sentido orillero del suburbio, de la periferia, de las zonas no centrales.

Cuando vemos revistas de arquitectura, obras de gran escala, la de la mayor y más actual tecnología, la de los arquitectos estrella, no podemos evitar una comprobación sombría: no podemos acceder a ella.

En estas orillas nuestras, estamos faltos de diálogo, de horizontes, de proyecciones. Y esto no es malo. Simplemente, si no los tenemos hay que hacerlos, y de eso se trata.

Tenemos una Ley de Uso del Suelo, tenemos realidades difíciles de solucionar, como la falta de servicios, la semiurbanización, los asentamientos de pobreza, la despreocupación de emprendedores y comitentes, y fundamentalmente dos falencias: la falta de dinero y la imposibilidad de experimentación.

Esta última es tal vez la única variable que podemos controlar, y es allí donde debemos aplicar la imaginación. Que pensar las orillas se transforme en una fuente de posibilidades.

Dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro país, solicito a los señores senadores su adhesión mediante la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

De interés legislativo la Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CRIC 5), que se llevará cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 12 al 21 de marzo de 2007, en el Predio Ferial La Rural.

Señor presidente:

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía fue adoptada en París el 17 de junio de 1994, y se puso a disposición para su firma en octubre del mismo año. Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, noventa días después de materializarse la 50ª ratificación. A la fecha han ratificado esta Convención 191 países.

Asimismo, cabe destacar que nuestro país ha ratificado esta Convención mediante la ley 24.701, incorporando al marco normativo nacional la temática de la lucha contra la desertificación.

La desertificación es la degradación de tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y se debe a diferentes factores tales como las actividades humanas y las variaciones climáticas. Los ecosistemas de tierras secas, que cubren más de la tercera parte de las tierras firmes del mundo, son sumamente vulnerables a la sobreexplotación y el aprovechamiento inadecuado de la tierra. La pobreza, la deforestación, el pastoreo excesivo y las prácticas deficientes de riego pueden socavar la productividad de la tierra.

Más de 250 millones de personas se hallan directamente afectadas por la desertificación. Combatir la desertificación es también disminuir los índices de pobreza y sus consecuencias. La lucha contra la desertificación es imprescindible para garantizar la productividad a largo plazo de las tierras secas habitadas.

El Comité de Examen de la Aplicación de la Convención –CRIC– fue establecido en el año 2001, como órgano examinador de los informes nacionales que describen la aplicación e implementación de la Convención de Lucha contra la Desertificación por los Países Partes (191 países a la fecha). A los participantes les brinda la oportunidad de intercambiar información, experiencias y lecciones aprendidas. También genera un espacio para destacar los esfuerzos, las limitaciones, y los desafíos en la implementación de la Convención, y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el trabajo en esta área.

Permite aumentar el perfil de la UNCCD y acelerar su implementación, además de aumentar la concientización pública, movilizar los recursos, fortalecer la base científica y priorizar la lucha contra la desertificación a nivel nacional e internacional.

Todo este importante cúmulo de actividades tendrá lugar en la reunión de Buenos Aires. La relevancia mundial del evento y el alto nivel de funcionarios asistentes permitirá, entre otras razones, mantener y acrecentar el posicionamiento del país en la temática. También mediante las sesiones paralelas al mismo permitirá presentar las actividades desarrolladas por nuestro país en lo que respecta al cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, como los proyectos en la Patagonia, el Gran Chaco Americano, la Puna, Proyecto LADA, entre otros destacados por su relevancia mundial. Asimismo se podrá identificar potenciales fuentes de financiamiento para la continuidad de las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas áridas y semiáridas.

Por último, cabe señalar que una de las recomendaciones centrales de la Convención se refiere a la elaboración de programas de acción nacionales, como instrumentos idóneos para hacer efectivos los objetivos consagrados en ese acuerdo internacional.

El objetivo central del programa de acción nacional de nuestro país consiste en luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida de la población.

Por todo ello, el presente proyecto de declaración no sólo pretende declarar de interés legislativo la Quinta Sesión del Comité de Revisión de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, sino que representa también una manifestación institucional acerca de la importancia de la preservación de los recursos naturales de nuestro país.

Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, brinde informes sobre las medidas adoptadas por la Nación con el fin de brindar asistencia sanitaria a las provincias del Nordeste Argentino frente al brote de dengue que se ha producido en dicha región.

Señor presidente:

La Nación y las provincias afectadas deben aunar criterios y establecer políticas de trabajo en forma conjunta y no por separado debiendo agotar todos los esfuerzos necesarios debido a que “los daños y perjuicios de esta enfermedad pueden ser muy graves y causar estragos en una región subtropical como lo es el NEA”.

Profesionales y especialistas de la UNNE alertaron a la sociedad sobre los efectos que podría ocasionar el presente brote de dengue que se está extendiendo en las provincias del Nordeste de nuestro país si no existe un verdadero compromiso de evitar la proliferación del vector en las casas. Calificaron la situación de “muy grave”. Los especialistas, en su mayoría miembros del Instituto de Medicina Tropical de la UNNE, aseveraron que “el brote epidémico ya existe”, y que se podrían dar incluso casos de dengue hemorrágico, los de mayor gravedad como en Paraguay.

Asimismo señalaron la necesidad de avanzar en la implementación de políticas de Estado a largo plazo, ya que se podría dar un panorama similar al que se vive en el Paraguay, donde la enfermedad se halla fuera de control.

No importa si los casos registrados son autóctonos o no, sino el hecho de que el virus está presente así como el vector.

Ante este crítico cuadro, la principal barrera sanitaria la deben instrumentar los ciudadanos en sus domicilios, ya que la eliminación de los criaderos es la vía más importante para evitar una propagación. Asimismo el Estado debe acompañarlos con políticas a largo plazo que permitan avizorar lo que podría pasar a futuro con el problema, ya que de concretarse un brote masivo, se tardaría años en erradicar la enfermedad.

Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

De interés cultural la XXII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizada por el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y reconocido por la FIAPF (Fédération International des Associations des Producteurs de Films), a realizarse desde el 8 al 18 de marzo de 2007, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Señor presidente:

El XXII Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es una nueva edición de un acontecimiento cinematográfico que se realiza año tras año en la ciudad de Mar del Plata y que está previsto, en esta oportunidad, realizarse desde el 8 al 18 de marzo del corriente año.

Este festival cuenta con una larga y rica historia. El primero se llevó a cabo durante la presidencia del general Juan D. Perón, en la ciudad de Mar del Plata, desde el 8 al 14 de marzo de 1954. No fue un festival competitivo, sino una muestra en la que la cinematografía fue asumida particularmente en su calidad de “espectáculo”, de allí la notable presencia del estrellato mayor de la pantalla mundial. Ya en sus comienzos produjo el acercamiento de grandes figuras del cine mundial. Hollywood se vio representado por Errol Flynn, Mary Pickford, Joan Fontaine, Claire Trevor, Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Anne Miller, Walter Pidgeon y Jeannette MacDonald. Francia, por Viviane Romance y Jeanne Moreau. Italia, por Gina Lollobrigida, Isa Miranda, Lucía Bosé y Alberto Sordi. Gran Bretaña, por Trevor Howard.

España, por Fernando Fernán Gómez, Aurora Batista y Ana Mariscal. Como invitados especiales podemos citar a Lil Dagover de Alemania, actriz de Das Kabinett des Doktor Caligari –El gabinete del Dr. Caligari– y Norman McLaren de Canadá.

Impulsado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina –entidad privada– se realiza el segundo festival a partir del 11 de marzo de 1959 que, desde esta edición, es reconocido como competitivo por la FIAPF. Durante ocho años los festivales expresaron culturalmente a un país que estaba a la altura de su tiempo, en cuyo momento, el fervor de los años 60 asume su protagonismo con alegría, desprejuiciadamente decidido a cumplir con su rol, incluso a partir de sus errores. En esos ocho años aquellos factores se mantuvieron con actualizada coherencia, configurando un estilo abierto, sin sectarismos excluyentes, alentando un frontal debate de opiniones y estableciendo relaciones internacionales especializadas, que mucho contribuyeron a la difusión del cine argentino y al conocimiento de producciones vanguardistas de difícil distribución, como el New America Cinema, con la presencia de Jonas Mekas.

Durante este período el festival invitó a singulares personalidades de la cultura como el premio Nobel de literatura John Perse, el argentino Ernesto Sabato y el escritor italiano Vasco Pratolini y grandes figuras como Harriet Andersson, Paul Newman, Alberto Sordi, Pier Paolo Pasolini, María Schell, Vittorio Gassman, Toshiro Mifune, Francois Truffaut, Karel Reisz, Tony Richardson, Tom Courtenay, Ugo Tognazzi, Catherine Deneuve, Antonio Bardem, Anthony Perkins, Jean Paul Belmondo, Pierre Kast, María Callas, Cantinflas, Valerio Zurlini, Elsa Martinelli, Andrzej Wajda, Marie Laforet, Jacques Tati, Edouard Molinaro, Jacques Doniol Valcroze, Lee Strasberg, George Hamilton, Curd Jurgens.

El golpe militar del 28 de junio de 1966 tendió una sombra extensa y oscura sobre el país. El Instituto de Cine asumió la presidencia del Festival en sus ediciones décima y undécima, de los años 1968 y 1970. En los años 1967 y 1969 se realizaron festivales en Río de Janeiro ya que, por disposición de la FIAPF, los dos festivales sudamericanos debían alternarse.

Durante el período de gobierno militar el Festival se degradó y finalizó otra etapa con el undécimo evento. En varias oportunidades se trató de reinstalar esta fiesta del cine pero por razones políticas o económicas durante 25 años el Festival de Mar del Plata no se realizó.

El 7 de noviembre de 1996, después de superar el intervalo más largo de su historia, comenzó la 12° Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y una nueva etapa en su historia. Entre los cambios de estos años habría que destacar que el Festival, en la edición XVI, volvió a realizarse en el mes de marzo, su fecha histórica en el calendario. En la edición XIX, el nombre del premio oficial, hasta ese entonces el “Ombú”, paso a llamarse “Astor”, en homenaje al músico Astor Piazzolla, nacido en la ciudad de Mar Del Plata. El Festival se estableció definitivamente en estos últimos años.

En esta nueva oportunidad contamos con una particularidad: la inclusión de un nuevo premio. A partir de esta edición se agregará a los antiguos premios (Astor de oro al mejor largometraje, Astor de plata al mejor director, Astor de plata a la mejor actriz, Astor de plata al mejor actor, Astor de plata al mejor guión), una nueva sección competitiva enfocada exclusivamente a Latinoamérica, que otorgará el Premio Che Guevara. Esta nueva sección busca estimular la producción audiovisual de nuestro continente con un premio equivalente a u$s 50.000 para la película ganadora.

Los objetivos a cumplir por parte del Festival, en su carácter internacional, son presentar una sustancial y enriquecida cantidad de filmes extranjeros de largometraje acompañados por sus correspondientes representantes, contribuyendo de esta forma con el progreso de la industria cinematográfica mundial y con su difusión en América Latina y por otra parte ser la base de lanzamiento de la industria cinematográfica local que, tras más de un siglo de historia, apunta a su renovación artística y técnica.

Este año el Festival contará con 300 películas provenientes de todo el mundo, en distintos géneros y formatos que incluyen drama, comedia, ficción, documental y animación. Asimismo llegarán invitados –directores, actores, músicos, productores– de diversas nacionalidades.

El Festival contará con numerosas secciones:

– Competencia oficial: Tradicional competencia del Festival en la que un jurado internacional premia películas de todo el mundo.

– Competencia latinoamericana: Esta nueva sección busca estimular la producción audiovisual de nuestro continente con un premio equivalente a u$s 50.000 para la película ganadora.

– Punto de vista: Películas ganadoras de premios clave en el circuito cinematográfico internacional.

– Heterodoxia: Radicalidad en la forma y originalidad estética para la exploración de nuevos territorios cinematográficos.

– Ventana documental: Un riguroso panorama internacional con documentales que abordan las diferentes propuestas políticas, éticas, estéticas y culturales que hoy se abren a discusión.

– Vitrina argentina: Una mirada a nuestro cine independiente

– Cerca de lo oscuro: Esta sección tiene como premisa expandir la percepción sobre los géneros.

– Soundsystem: Sección que se nutre de la música, la culturarock, así como de la compleja elección de un puñado de canciones, sonidos y silencios.

– Italia en foco: Una mirada a la reciente producción del cine italiano.

– Mirada interior: Espacio generado para abordar la riqueza cultural de nuestras provincias a través de sus diferentes temáticas y expresiones.

– Retrospectivas: Un lugar ideal para valorar las creaciones pasadas, programándolas en función de su herencia cultural para el cine del presente y del futuro.

– Lo que vendrá: Alumnos de escuelas de cine de todo el mundo presentarán sus trabajos de tesis.

– Caloi en su tinta: Sección dedicada al cine de animación de autor nacional e internacional.

– Homenajes: Se llevarán a cabo reconocimientos a Gustavo Santaolalla, Lita Stantic, Fabián Bielinsky, Eduardo Mignogna, Gogó Andreu, Norma Aleandro, Emilio Balcarce, Enerc y Escuela de Cine de Londres.

Es de público conocimiento que este Festival es el más importante, en lo que a cine se refiere, de la Argentina, y uno de los más reconocidos de Latinoamérica también.

La posibilidad de que tantos argentinos, interesados en la materia, puedan disfrutar de filmes de todo el mundo, es una oportunidad única. Es una forma de enseñanza y aprendizaje maravillosa, una manera de adquirir y compartir una cultura singular. Así como también está la sección especial dedicada al cine italiano.

El nuevo premio a entregarse, Premio Che Guevara, es un estímulo para la producción cinéfila latinoamericana muy importante. Además de ser otra forma de compartir con nuestros hermanos Latinoamericanos.

También es un espacio para la discusión de ideas y objetivos, con “Ventana documental” se abre un panorama internacional con documentales para abordar diferentes propuestas políticas, éticas, estéticas y culturales.

La estimulación del autor independiente no es olvidada en el Festival. La sección “Vitrina argentina” abre la posibilidad a pequeños directores para que puedan presentar sus proyectos, filmes, ideas, y ser evaluadas por el respectivo jurado. Es de gran importancia el estímulo a la producción independiente.

Al tratarse de un evento artístico no queda de lado el momento musical. En la sección “Soundsystem” aparece la música, se eligen canciones, sonidos y silencios.

Al tratarse de un evento cultural no queda de lado nuestra cultura, justamente. En la sección mirada interior se aborda la riqueza cultural que esconden todas las provincias de nuestro país. Es un interesantísimo impulso a la unión de los argentinos de distintas partes del mundo, para el conocimiento de todas las culturas que hay en nuestro país, por parte de personas de todas ellas. Sin duda un momento único para compartir y aprender unos de otros.

El espacio para los jóvenes también está presente en “Lo que vendrá” y es una de las secciones más importantes, ya que la posibilidad de que chicos estudiantes de cine puedan presentar sus tesis, es una oportunidad única para ellos y es un estímulo más al trabajo y el esfuerzo de los jóvenes.

Por todas las razones expuestas, absolutamente convencido de la relevancia del cine en el acervo cultural argentino y latinoamericano, y fundamentalmente por la trascendencia del más importante festival de cine que presenta nuestro país, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Su adhesión a la VII Edición de la Muestra Lechera Mercoláctea 2007 a realizarse en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, del 10 al 13 de mayo de 2007.

Señor presidente:

La ciudad de San Francisco, situada en el este cordobés, es la cabecera del departamento San Justo, que cuenta en su vasta geografía, con extensiones de una tierra fértil y pródiga, que además de ser propicia para las actividades agrícolas ganaderas, lo es también para el desarrollo de establecimientos industriales, cuya producción es de reconocida calidad, al interior y exterior de nuestro país.

Esta ciudad cuenta con el orgullo de ser la anfitriona de una de las exposiciones más importantes donde converge todo lo referente a la industria lechera, por ser una de las actividades más representativas de esta región.

En este evento se ha contemplado la participación de todos los sectores involucrados a dicha industria donde más de 300 expositores y miles de visitantes, a la vez que se dan a conocer, aprovechan estos espacios para la capacitación y la mejora de sus actividades.

Poder acreditar un premio o mención de algunos de sus concursos como la Jura Ganadera, el Nacional de Forrajes Conservados, Nacional de Quesos, o de Dulce de Leche, es para el productor un motivo de orgullo y una manera de certificar el esmero y la dedicación con que se han elaborado esos productos.

La preocupación por avanzar en los conocimientos sobre el tema, se canaliza en esta exposición, a través del Mayor Seminario de Capacitación Lechera del País, y de la V Edición de las Olimpíadas Lácteas que este año consistirá en una competencia dirigida a las escuelas agrotécnicas; con el soporte de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA y el INTA Castelar se trata de integrar a la juventud lechera en el ámbito productivo, ya que ellos representan el futuro de la actividad.

Año a año la revista “Infortambo” y el diario “La Nación”, con el auspicio de la municipalidad de San Francisco y el gobierno de Córdoba, convocan a esta muestra, que difunde y valoriza la actividad agropecuaria de nuestra provincia y de todo el país.

Por los argumentos anteriormente expuestos es que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Industria y Comercio.

Su adhesión a la XXVII Edición del Rally de la República Argentina a realizarse en la provincia de Córdoba entre los días 3 y 6 de mayo de 2007.

Señor presidente:

Como parte del Campeonato Mundial de Rally organizado por la FIA, la XXVII Edición del Rally de la Argentina tendrá lugar en la provincia de Córdoba entre el 3 y 6 de mayo próximos.

Esta importante competición automovilística, que se viene desarrollando en el país de manera ininterrumpida desde 1980, es un orgullo para Córdoba que desde hace 23 años ha sido elegida como sede del evento, probando ser el escenario natural más adecuado para este tipo de competencia.

Los valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita, con caminos trabados, ríos sinuosos sorteados por vados y una naturaleza pródiga en paisajes, ofrecen un marco especial para el vértigo y la aventura que despierta esta carrera en espectadores y competidores.

Año tras año se incrementa la asistencia de público lo que produce una incidencia considerable en la economía de la zona. A su vez, la excelente infraestructura hotelera y gastronómica y la esmerada atención al turista, convierten a este espectáculo en una tentadora alternativa para cualquier visitante.

Asimismo, la competencia ofrece la posibilidad de mostrarnos al resto del mundo, ya que su desarrollo se transmite por diferentes cadenas televisivas internacionales estimando que más de dos billones de televidentes en el mundo siguen cada presentación.

Por las razones expuestas y por la importancia de este evento internacional, donde no sólo se ponen en juego las aspiraciones de los equipos sino que también abre un abanico de oportunidades para movilizar la economía regional, es que solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Artículo 1º – Es objeto de la presente ley regular en forma preventiva la instalación, funcionamiento y reubicación de antenas de telefonía celular en todo el territorio de la Nación Argentina.

Art. 2º – Prohíbase la instalación en cualquiera de sus formas de antenas satelitales de telefonía celular o similares, soportes de antenas, emisora, receptoras y/o retransmisoras de ondas de cualquier tipo en los centros urbanos y zonas rurales pobladas en todo el territorio nacional.

Art. 3º – Otórgase un plazo no mayor a un (1) año, desde la aprobación de la presente ley para la reubicación total de las mencionadas antenas, las que deberán ser instaladas a una distancia que no podrá ser inferior a los quinientos (500) metros de los centros urbanos o zonas rurales pobladas.

Art. 4º – La instalación de las antenas citadas o la ampliación de su capacidad no podrá ser realizada sin un informe previo y una autorización expresa de la autoridad competente a tal efecto. Simultáneamente se deberá solicitar opinión a un ente no gubernamental, el que tendrá amplia difusión por medios gráficos y orales del lugar. Su opinión no será vinculante.

Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en forma regular campañas de difusión de carácter preventivo sobre los efectos o perjuicios que traería aparejado la instalación de equipamientos de esta naturaleza, con el objetivo de asegurar publicidad, el acceso a la información, proteger la salud de la población y del medio ambiente.

Art. 6º – Créase el Registro Nacional de Antenas de Telefonía Celular Móvil, dentro de la Secretaría de Comunicaciones que contendrá de entre otras la siguiente información:

a) Titularidad;

b) Lugar de emplazamiento de antenas;

c) Informe técnico de las características de cada estación base;

d) Mediciones de radiaciones y ondas electromagnéticas emitidas.

Las empresas tendrán un plazo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente, para entregar la información que requiere este artículo.

Los gastos que demande el presente artículo serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

Art. 7º – El incumplimiento de lo establecido en la presente ley traerá aparejada la aplicación conforme a la gravedad, desde decomiso hasta multas progresivas, que establecerá la reglamentación. Todo ello sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes por daños en la salud que, organismos legitimados, particulares o personas de existencia ideal, pudieran deducir ante la Justicia.

Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comunicaciones de la Nación juntamente con la Secretaría de Salud.

Sin perjuicio de las acciones concomitantes que podrán ejercer las provincias y los municipios.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto surge de insistentes inquietudes recibidas por la suscrita en su trabajo legislativo de la misma gente y de organizaciones no gubernamentales que advierten constantemente sobre el peligro que suscita la proliferación de instalaciones de antenas satelitales de telefonía celular en nuestro país sin haber una regulación normativa sobre su ubicación por ley.

Para comenzar queremos poner de manifiesto que no desconocemos que este tema genera un gran debate por los grandes y profundos intereses económicos que toca. No obstante ello es necesario, creemos, darlo, poniendo todos los elementos en la mesa, y en todo caso, que en el transcurso de la dinámica parlamentaria tengamos finalmente como resultado la mejor ley.

Estamos convencidos de que el marco y sustento legal actual, dado entre otros por la resolución 530/2000 en consonancia con la resolución 202/95, ambas de la Secretaría de Comunicaciones, resulta incipiente.

La CNC. Recomendó limitar la potencia de los equipos para cuidar la salud.

Después de estudiar la legislación de numerosos países y de una indagación bibliográfica relativa a las consecuencias de las radiaciones sobre la salud humana, la CNC emitió un documento que establece claramente que las emisiones electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía pueden ser perjudiciales sino se limita y controla la potencia de los equipos, llegando a las siguientes conclusiones:

– Que la exposición a ondas de radio puede ser peligrosa si es intensa. Los posibles daños incluyen, cataratas, quemaduras externas e internas y golpes de calor.

– Que los efectos biológicos de las ondas de radio dependen de la tasa de energía absorbida por el cuerpo humano, independientemente de la frecuencia irradiada y de la duración de la exposición.

– Que existe suficiente investigación para establecer normas de seguridad.

El daño ambiental, dice la doctrina, es una especie del daño injusto, consiste en una agresión directa al ambiente, provocando una lesión indirecta a las personas o cosas por una alteración del ambiente, “a veces visible y otras invisible”, o en lo que denominamos impacto ambiental, que consiste en la afectación mediata de la calidad de vida de quienes habitamos el planeta. El rol del Estado en la tutela ecológica resulta innato. No obstante ello, la acción de los particulares, a través de modernas herramientas jurídicas, se transformó en un hace unos años impensado mecanismo de control social y surgente instrumento de “presión preventiva” sobre la actividad del agente contaminante por excelencia, la empresa.

Es entonces el Estado, en su Poder Legislativo, quien debe dictar las normas para ser cumplidas evitando y previniendo los consecuentes problemas que pueden acarrear en el futuro posibles daños irreversibles.

En materia ambiental debemos prevenir la producción de los daños y no estar detrás de los mismos porque aunque los alcanzáramos, lo más probable sería que nunca pudiéramos arreglar el desastre producido con o sin intención. (Bustamante Alsina, Jorge, El daño ambiental y las vías procesales de acceso a la jurisdicción; Franza, Jorge Atilio, Manual de derecho ambiental, Ediciones Jurídicas, 1997).

Estamos haciendo hincapié en el aspecto preventivo porque en esa dirección se inscribe el presente proyecto, no obstante el convencimiento de que existe indiscutiblemente en el orden académicocientífico del daño en la salud, que producen estas antenas colocadas en zonas inadecuadas.

Comparativamente por ejemplo en Nueva Zelanda las antenas repetidoras deben estar a 500 metros de distancia de las escuelas. En España se han comenzado a resituar las antenas ante numerosas quejas vecinales. En Toronto (Canadá) se proponen definir distancias mínimas para la instalación de antenas de los centros urbanos. El gobierno británico ha realizado una revisión de los lugares de emplazamiento para evitar su cercanía a escuelas y zonas habitadas.

Demás esta decir que uno de los riesgos contemporáneos más preocupantes es la contaminación electromagnética que producen las diferentes antenas que cumplen servicios de comunicaciones satelitales o celulares, que no tienen regulación en cuanto a potencia y lugar de instalación. La instalación de estos equipos, a partir de la falta de regulación por ley general, se ha desarrollado en la totalidad de los centros urbanos del país, ocupando espacios físicos rodeados de viviendas, escuelas centros de salud y otras instituciones (centros urbanos densamente poblados), desconociendo la existencia de estudios científicos que advierten sobre los riesgos en la salud que ésta acarrea (insomnio, malformaciones congénitas, leucemia, aumento de abortos espontáneos, etcétera), incluso la investigación de las muertes causadas por arritmias e infarto agudo de miocardio ha permitido establecer que hay relación con exposición acumulativa a este tipo de contaminación, ya que la exposición prolongada a campos electromagnéticos de baja intensidad es potencialmente nociva. Esto está demostrado por numerosos trabajos experimentales y estudios epidemiológicos realizados por científicos de la OMS, el doctor Andrei Tchernitchin, académico del Laboratorio de Endocrinología y Patología Ambiental del Instituto de Ciencias Biomédicas de Medicina de la Universidad de Chile.

Mencionamos también otros estudios científicos tales como: OMS, año 1996. Estudio de los efectos de campos electromagnéticos, Ministerio de Sanidad Británico y auditorías ambientales realizadas en Cataluña, Aragón, Asturias y Alemania, acusaron a las antenas satelitales de la extinción masiva de pájaros y malformaciones congénitas en terneros. Rusia aplica el principio de precaución en la reunión de abril del 2003, el Comité de Protección de Rusia aconseja sobre medidas de seguridad en el uso de teléfonos celulares. El doctor Neil Cherry de la Universidad Lincoln de Nueva Zelanda, en julio del 2000, realizó un estudio sobre la disminución de la hormona melatonina sometida a radiación de campos electromagnéticos de bajo nivel; además presentó un estudio sobre antecedentes documentados de casos de leucemia y la radiación electromagnética. El doctor Mark Pinsky en el año 1995 presentó un libro, The EMF Book, donde describe cómo las células cancerosas crecen y se reproducen más rápido cuando se las expone a campos electromagnéticos.

Pero el problema principal de esta especie de contaminación es que la misma no puede percibirse por los sentidos, por lo cual los cuerpos la reciben a diario sin mostrar signos iniciales de afectación. Esta radiación traspasa paredes, vidrio, chapas, dejando a nuestro organismo expuesto constantemente.

Esta radiación imperceptible para el ser humano, es perfectamente detectable por instrumentos específicos y existen estudios científicos que han aportado pruebas suficientes de que es necesario adoptar un principio de precaución frente a este riesgo. Para ello es necesario establecer reglas claras para que las empresas que instalan estas antenas y equipos ajusten sus operaciones técnicas a principios que preserven la salud y la calidad ambiental.

Como paso inicial, y ante los numerosos sucesos ocurridos en distintas localidades de nuestro país por todos conocidas por la amplia difusión que han tenido por la prensa, es imprescindible prohibir de modo absoluto que se instalen antenas y equipos de esta naturaleza en centros urbanos y se proceda a la reubicación del/las existentes.

Para finalizar creemos que es posible humanizar la tecnología para ponerla al servicio de los seres humanos logrando que el emplazamiento de las antenas se realice en forma tal que no afecte la seguridad y el bienestar de la comunidad, tomando las precauciones y políticas necesarias para evitar males mayores.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

Artículo 1º – Declárase la necesidad de la sanción de planes reguladores en defensa del interés público de la seguridad aeroportuaria.

Art. 2º – Se establece la Política Federal de Planes Reguladores Aeroportuarios a fin de: (i) brindar una herramienta que permita colaborar en el desarrollo económico, social y turístico conjunto e interrelacionado de las comunidades y los aeropuertos a las cuales estos sirven; (ii) expandir en esta materia una política aeroportuaria nacional y brindar las soluciones definitivas respecto de los problemas que se presenten en los entornos de los distintos aeropuertos del país, y (iii) controlar, limitar y/o erradicar la infraestructura urbanoinmobiliaria existente o a crearse, la instalación de asentamientos urbanos, basurales, plantaciones y desarrollo de actividades en el entorno de los aeropuertos que afecten o pudieran afectar la seguridad operacional, etcétera.

Art. 3º – Los planes reguladores que se confeccionen para los entornos de los aeropuertos en los términos de esta ley incluirán los siguientes rubros:

1.Determinación de las necesidades en materia de despeje de obstáculos y remoción de aquellos que se encuentren en violación a las normas vigentes.

2. Análisis de los desarrollos urbanos, suburbanos y/o rurales aledaños a los aeropuertos.

3. Determinación de las necesidades de remoción de basurales y asentamientos naturales (lagunas, ríos, etcétera) o artificiales (canteras, plantaciones, etcétera) que afecten o pudieran afectar la seguridad operacional.

4. Establecer las necesidades en materia de desarrollo de infraestructura aledaña y vías de acceso y salida hacia y desde los aeropuertos (caminos, rutas, etcétera) y sistemas de transporte.

5. Determinación de las necesidades en cuanto a la seguridad y vigilancia en las zonas aledañas a los distintos Aeropuertos.

6. Determinación del impacto ambiental del desarrollo de la actividad aeronáutica y aeroportuaria en las zonas aledañas a los aeropuertos.

7. El resguardo del normal funcionamiento de las radioayudas instaladas o que se prevean instalar a fin de no afectar la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones aéreas.

Art. 4º – Créase el Consejo Federal de Planes Reguladores (Cofeplar), a cargo del cual se encontrará la confección y el seguimiento del desarrollo de los planes reguladores de los distintos aeropuertos de la República Argentina, conforme a lo previsto en el presente.

Art. 5º – El Cofeplar estará formado por los siguientes miembros: un (1) representante de la Comisión de Transporte y un (1) representante de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, un (1) representante de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Honorable Senado de la Nación, un (1) representante del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, un (1) representante de la Secretaría de Transporte de la Nación, un (1) representante del Organismo Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos (ORSNA), un (1) representante de cada una de las provincias en las cuales exista uno o más aeropuertos, un (1) representante de la Fuerza Aérea Argentina, un (1) representante del operador aeroportuario que represente la mayor cantidad de tráfico aéreo anual. Una vez convocado, el Cofeplar establecerá su reglamento de funcionamiento y modalidad de participación de los miembros plenos así como de los invitados que se señalan en el siguiente artículo.

Art. 6º – El Cofeplar aceptará la participación en colaboración de otras autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes en las materias que afecten el entorno aeroportuario (aviación civil, infraestructura, economía, medio ambiente, etcétera) y asociaciones de usuarios debidamente registradas e inscriptas conforme la legislación vigente, los cuales podrán participar –con voz pero sin derecho a voto– en las reuniones plenarias que lleven a cabo los miembros mencionados en el artículo anterior, según lo reglamente el Cofeplar.

Art. 7º – La autoridad aeronáutica podrá requerir la colaboración de organismos públicos provinciales y/o municipales para la ejecución de actos mediante los cuales se disponga –en protección del interés público de la seguridad aeroportuaria y aeronáutica– la remoción de todo bien, cosa u objeto y/u omitir desarrollar o llevar a cabo acciones que imposibiliten, dificulten u obstaculicen el adecuado funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias y/o la seguridad aeronáutica.

Art. 8º – Modifícase el artículo 32 de la ley 17.285 (Boletín Oficial del 23/3/67 y las modificaciones posteriores) por el siguiente texto: “La autoridad aeronáutica y/o la autoridad competente de oficio o a instancia del explotador del aeropuerto y/o el propietario del aeropuerto podrán declarar la necesidad de remover, reparar, modificar, cerrar, demoler, eliminar una obra, construcción, asentamientos naturales y/o artificiales (lagunas, ríos, basurales, plantaciones, canteras, etcétera) u ordenar abstenerse de ejecutar actividades que resulten o pudieren resultar perjudiciales para la seguridad operacional, ampliación y/o instalación de un aeropuerto y/o la seguridad operacional de las aeronaves de cada aeródromo público existente o que se construya, así como de sus modificaciones posteriores”.

Art. 9º – Modifícase el artículo 34 de la ley 17.285 (Boletín Oficial del 23/3/67 y las modificaciones posteriores) por el siguiente texto: “Si con posterioridad a: (i) la aprobación de las superficies de despeje de obstáculos en un aeródromo público, y/o (ii) la declaración de la necesidad de remover, reparar, modificar, cerrar, demoler, eliminar una obra, construcción, asentamientos naturales y/o artificiales (lagunas, ríos, basurales, plantaciones, canteras, etcétera) u ordenar abstenerse de ejecutar actividades que resulten o pudieren resultar perjudiciales para la seguridad operacional, ampliación y/o instalación de un aeropuerto y/o la seguridad operacional de las aeronaves, se comprobase el incumplimiento o la infracción a las disposiciones adoptadas en los términos de los artículos 30, 31 y 32 de este Código, la autoridad competente y/o el explotador del aeropuerto y/o el propietario del aeropuerto intimará por medio fehaciente al responsable a la eliminación del obstáculo y/o acatamiento efectivo de las medidas solicitadas para subsanar la situación planteada. La intimación será por un plazo razonable acorde las circunstancias de cada caso. Si el responsable hiciera caso omiso a la intimación mencionada anteriormente, la autoridad competente y/o el explotador del aeropuerto y/o el propietario del aeropuerto requerirá judicialmente la eliminación del obstáculo del que se trate, sin que ello otorgue al responsable derecho a indemnización alguna. En el caso en que el responsable de la irregularidad no pudiera ser identificado, la autoridad competente y/o el propietario del aeropuerto y/o el explotador del aeropuerto podrán acudir directamente a la Justicia a fin de subsanar la situación planteada”.

Art. 10. – A los efectos de la solicitud judicial en defensa del interés público de la seguridad aeroportuaria y aeronáutica prevista en el artículo 10 de la presente, se establece el siguiente procedimiento: en los casos en que se hubiese cumplido con la intimación establecida en el artículo 10 de la presente y el responsable no hubiese eliminado el obstáculo y/o acatado las medidas pertinentes para subsanar la situación planteada, la autoridad competente y/o el explotador del aeropuerto y/o el propietario del aeropuerto, podrá requerir a la Justicia la inmediata subsanación de la situación planteada. Efectuada dicha presentación, el juez competente, sin más trámite, ordenará la regularización de la irregularidad en cuestión con el auxilio de la fuerza pública. Será de aplicación para el proceso judicial el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 11. – A fin de cumplimentar lo estipulado en la presente ley, las autoridades competentes en la materia deberán adaptar en el ámbito de sus competencias todas aquellas acciones y/o medidas que sean necesarias a fin de lograr que los Planes Reguladores que se implementen cumplan con los objetivos trazados al momento de su confección.

La autoridad de aplicación del presente régimen será la Secretaría de Transporte autorizándose la delegación en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial.

Art. 12. – La presente ley se reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Como es público y notorio, la modernización y optimización de todos los aeropuertos existentes en nuestro país es una necesidad imperante en relación al desarrollo de las distintas comunidades que a su alrededor se constituyen.

Un aeropuerto, señor presidente, es una industria para el desarrollo de la ciudad –y el país– y como tal, debe regirse por parámetros de seguridad, eficiencia, productividad y competitividad.

Dentro de la totalidad de los rubros que requieran de una mejora en el ámbito de los aeropuertos del país, la seguridad aeroportuaria y aeronáutica poseen un papel preponderante, habida cuenta de que el bien tutelado es nada más ni nada menos que la vida de las personas.

Asimismo, cabe destacar que el objetivo primordial de la presente es contemplar, resguardar y priorizar el interés público que posee la comunidad respecto de la seguridad que debe brindarse en el ámbito aeroportuario de nuestro país.

Como usted conocerá, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 375/97 del día 24 de abril de 1997, se llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y funcionamiento de los aeropuertos integrantes del Grupo “A” de Aeropuertos del Sistema Nacional del Aeropuertos.

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que no se ha otorgado al concesionario de dichos aeropuertos un régimen que permita sancionar e imponer las correspondientes penas a todo aquel que con su actuar genere un riesgo que ponga en peligro la seguridad aeroportuaria.

Cabe destacar que el concepto de sistema aeroportuario que en nuestro modelo se desarrolla –en el cual una sola unidad operativa se hace responsable de varios aeropuertos en forma simultánea– se encuentra mundialmente reconocido como un buen método en el mercado aeronáutico y aeroportuario internacional.

La falta de definición de planes reguladores en los distintos aeropuertos –concesionados y no concesionados– es sin duda alguna una fuente fundamental de problemas de seguridad de las aeronaves en vuelo y los terceros en la superficie, daños al medio ambiente y con ello a las poblaciones que se desarrollan en el entorno del aeropuerto, todo lo cual deriva en restricciones de infraestructura, operativas y económicas perjudiciales para el servicio aeroportuario que en definitiva funcionan como cortapisas para el logro de la finalidad antes señalada: el progreso y el desarrollo de las comunidades.

Lamentablemente, el crecimiento de infraestructura urbanoinmobiliaria, la instalación de asentamientos humanos, la creación de basurales, etcétera, en forma descontrolada y sin la necesaria planificación y coordinación de esfuerzos y políticas locales de beneficios y desarrollo conjunto, impidieron a los aeropuertos –y continúan impidiéndolo– desarrollarse de forma tal que permitan ajustarlos en forma precisa a los parámetros recomendados en materia de seguridad, operación y calidad de servicio aeroportuario.

Por otra parte, entendemos que el concesionario de los aeropuertos mencionados anteriormente debería contar con una ley que posea las características propias de la ley 17.091, mediante la que se dispone un procedimiento in audita parte a través del cual el Estado nacional restituya de forma expedita los bienes inmuebles que hubieren sido cedidos en concesión por aquél.

Tanto es así que cuando un aeropuerto se explota y se prevé su expansión es importante considerar no sólo los efectos y bondades que ello tendrá para el aeropuerto en sí, sino también que debe considerarse el impacto en la comunidad que lo circunda.

Cabe destacar que en el Código Aeronáutico de la República de Chile se prevé un procedimiento según el cual la autoridad aeronáutica, el propietario o administrador de un aeropuerto, pueden denunciar el emplazamiento de los obstáculos y en caso de no obtener resultados hincar una acción de remoción, mientras que el Código brasilero de Aeronáutica prevé que las propiedades vecinas de los aeropuertos se encuentren sujetas a restricciones especiales, facultándose a la autoridad aeronáutica a embargar por cuenta y riesgo del infractor las obras o construcciones de cualquier naturaleza que contradiga los planes básicos o especiales de cada aeropuerto, o exigir su eliminación, sin preverse el requerimiento judicial para la adopción de esa medida.

Como el señor presidente podrá apreciar, la tendencia tanto en Chile como en Brasil es proteger el interés público aeroportuario y aeronáutico, facilitando esa acción no sólo a la autoridad estatal sino a los propietarios y administradores de los aeropuertos, a todos con el mismo procedimiento sumarísimo y especial, ampliamente protector del interés público.

Por todo lo expuesto, entendemos que resulta de trascendental importancia la necesidad de contar con una ley nacional de planes reguladores que facilite herramientas no sólo para la confección de los planes reguladores, sino también para el adecuado control del desarrollo de aquéllos.

Por estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

01/03/2007 - (DAE 2)

Artículo 1º – Ambito de aplicación. El ejercicio de la profesión de terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional queda sujeto a lo que establezca la presente ley en el marco general del ejercicio profesional y a las disposiciones que en lo sucesivo se dicten en todo el territorio nacional, además de las que requirieren específicamente las jurisdicciones provinciales.

Art. 2º – Objeto. En el ámbito sometido a la jurisdicción nacional el ejercicio de la terapia ocupacional libre o en relación de dependencia queda sujeto a las disposiciones de la presente ley y de la reglamentación que en su consecuencia se dicte.

Art. 3º – El ejercicio de la terapia ocupacional comprende las funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud realizadas en forma autónoma dentro de los límites de su competencia que derivan de las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes.

Se entiende por ejercicio de la terapia ocupacional el estudio, análisis e instrumentación de las actividades y ocupaciones que realizan las personas en el transcurso de la vida, como forma de promover la salud, prevenir la enfermedad, asistir y rehabilitar la salud.

Además del conocimiento de las funciones biopsicosociales y culturales que necesitan las personas para su realización, como los requerimientos que tales actividades y ocupaciones les exigen. También será considerado ejercicio profesional la docencia, investigación, planificación, dirección, administración, evaluación, asesoramiento y auditoría sobre temas de su incumbencia. Así como la ejecución de cualquier otro tipo de tarea que se relacione con los conocimientos requeridos para las acciones enunciadas anteriormente, que se apliquen a actividades de índole sanitaria, social y jurídicopericial.

Art. 4º – Títulos habilitantes. El ejercicio profesional de la terapia ocupacional sólo se autoriza a aquellos que posean:

a)Título habilitante de terapista ocupacional, terapeuta ocupacional o licenciado en terapia ocupacional otorgado por universidad nacional, provincial o privada habilitada por el Estado conforme a legislación vigente, y título equivalente expedido por la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, dependiente del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación;

b)Título otorgado por instituciones universitarias que integran el sistema nacional de acuerdo al artículo 26 de la ley 24.521;

c)Título expedido por instituciones universitarias de acuerdo con las atribuciones fijadas en el artículo 29, incisos d) y f), y el artículo 40 de la ley 24.521;

d)Títulos expedidos por universidades extranjeras que, en virtud de tratados internacionales en vigencia, hayan sido revalidados por una universidad nacional.

También pueden ejercer profesión:

a)Los profesionales extranjeros con títulos equivalentes, que estuviesen en tránsito en el país y fueran oficialmente requeridos en consulta para asuntos de su especialidad. La autorización para el ejercicio profesional es concedida por el período suficiente para el cumplimiento de tales fines;

b)Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con fines de investigación, docencia y asesoramiento. Esta habilitación no avala al profesional extranjero a ejercer independientemente su profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que ha sido requerido.

Art. 5º – Se considerará como uso del título toda manifestación que permita inferir o atribuir a una o más personas el propósito o la capacidad para el ejercicio de la profesión en el ámbito y en el nivel que son propios de dicho título, en particular:

a)Empleo de leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie;

b)La emisión, difusión o reproducción de las palabras terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional.

Art. 6º – Desempeño de la actividad profesional. El/la terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional puede ejercer su actividad autónoma en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de profesionales o especialistas en otras disciplinas o de personas que voluntariamente soliciten su servicio profesional. Todo ello, sin perjuicio del ejercicio en otras tareas que se reglamenten.

Art. 7º – Establécese para toda academia o instituto de enseñanza no universitario que promueva cursos de aprendizaje vinculados a las actividades propias de esta profesión o equivalentes, la obligación de advertir fehacientemente a todo alumno o postulante que ni la enseñanza impartida ni el certificado que otorguen, habilitan para ejercer y tampoco son válidos para obtener la matrícula.

Art. 8º – Ejecución personal. El ejercicio profesional consistirá únicamente en la ejecución personal de los actos enunciados en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo de la firma o nombre profesional a terceros, sea terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional o no.

Art. 9º – Para emplear el título o certificado de especialista y anunciarse como tales, los profesionales que ejerzan la terapia ocupacional deberán acreditar alguna de las condiciones siguientes para obtener la autorización del Ministerio de Salud y Acción Social:

Poseer certificación otorgada por comisiones especiales de evaluación designadas al efecto por la autoridad de aplicación, en las condiciones que se reglamenten, las que deberán incluir como mínimo acreditación de 5 (cinco) años de egresado y 3 (tres) de antigüedad de ejercicio de la especialidad; valoración de títulos, antecedentes y trabajos, y examen de competencia.

Poseer título de especialista o de capacitación especializada otorgado o revalidado por universidad nacional o privada reconocida por el Estado.

Ser profesor universitario por concurso de la materia y en actividad.

Poseer certificación otorgada por entidad científica de la especialidad reconocida a tal efecto por la autoridad de aplicación, de acuerdo a las condiciones reglamentarias.

Poseer certificado de aprobación de residencia profesional completa, no menor de 3 (tres) años, extendido por institución pública o privada reconocida a tal efecto por la autoridad de aplicación y en las condiciones que se reglamenten.

La autorización oficial tendrá una duración de 5 (cinco) años y podrá ser revalidada cada 5 (cinco) años mediante acreditación de antecedentes que demuestren continuidad en la especialidad y una entrevista personal o examen de competencia, de acuerdo a la reglamentación.

La autoridad de aplicación elaborará una nómina de especialidades reconocidas, actualizada periódicamente con la participación de las universidades e instituciones reconocidas, dentro de las siguientes áreas de intervención: general; psicosocial y salud mental; físicocorporal; educacional; laboral; jurídicolegal; comunitaria; pediátrica y gerontológica.

El Ministerio de Salud y Acción Social, a través del organismo competente, llevará un registro actualizado de especialistas.

Art. 10. – Inhabilidades. No pueden ejercer la profesión de terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional:

a)Los condenados por delitos contra las personas, el honor, la libertad, la salud pública o la fe pública, hasta el transcurso de un tiempo igual al de la condena, que en ningún caso podrá ser menor de dos años;

b)Cuando padezcan enfermedades incapacitantes y/o invalidantes y/o infectocontagiosas determinadas a través de una junta médica mientras dure el período de contagio.

Art. 11. – Incompatibilidades. Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión sólo pueden ser establecidas por ley.

Art. 12. – Derechos. Son derechos de los/as terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales y licenciados/as en terapia ocupacional:

a)Ejercer su profesión o actividades de conformidad con lo establecido en el marco de la presente ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes con sus incumbencias profesionales;

b)Negarse a realizar o colaborar con la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño en el paciente;

c)Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada, con adecuadas garantías que aseguren o faciliten el cabal cumplimiento de la obligación de actualización permanente a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 13. – Obligaciones. Los/as terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales y licenciados/as en terapia ocupacional están obligados a:

a)Comportarse con lealtad, probidad, buena fe en el ejercicio profesional, respetando en todas sus acciones la dignidad de la persona humana, sin distinción de ninguna naturaleza, el derecho a la vida y a su integridad desde la concepción hasta la muerte;

b)Efectuar interconsultas y/o derivaciones a otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del problema así lo requiera o cuando ello resulte conveniente para una mejor evolución;

c)Guardar secreto profesional sobre aquellas informaciones de carácter reservado o personal a las que puedan acceder a través del ejercicio de su profesión;

d)Prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de emergencia;