6. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA JOURY

Hoy, cientos de jardines maternales, jardines de infantes e instituciones de primera infancia de gestión privada están en riesgo de desaparición por la crisis económica desatada como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Esta situación no hará más que agravar la ya deficitaria oferta educativa del nivel inicial en los establecimientos de gestión estatal, por lo que miles de niños y niñas quedarán fuera de los jardines maternales y de infantes el próximo año, violándose su derecho básico de acceso a la educación.
No descubrimos nada si afirmamos que la educación en la primera infancia es fundamental para el desarrollo de niños y niñas. Esto es reconocido en nuestro país desde los grandes educadores del siglo XIX como Domingo Faustino Sarmiento o la propia Juana Manso hasta la actualidad.
Muchas de esas ideas se vieron reflejadas en las primeras legislaciones nacionales, fundamentalmente en la Ley de Enseñanza Común Nº 1420, de 1884, que estableció la educación primaria, gratuita y obligatoria y se constituyó en la piedra angular de nuestro sistema educativo.
Nuestro país fue pionero en la región en tener un sistema educativo moderno e inclusivo, que desde 1870 en adelante destacó la importancia de la educación inicial, en un primer momento con una lógica más de cuidado personal y, con el tiempo, con una perspectiva más pedagógica.
Es por eso que hoy nos vemos en la obligación de plantearnos una serie de cuestiones vinculadas al rol del Estado como garante del acceso y permanencia de todos los niños y niñas en la educación inicial. Y creo que estaríamos todos de acuerdo en esta Honorable Cámara, en asumir que la educación inicial es un derecho básico de los niños y niñas, y que por ese motivo es una responsabilidad ética, social y política del Estado.
Durante estos más de 130 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchas familias vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de ejercer sus trabajos, y dejaron de pagar o se atrasaron en el pago de las cuotas de los jardines.
En nuestro país existen muchas instituciones educativas que brindan cuidado y educación a la primera infancia, que no cuentan con ningún tipo de subvención estatal y que se autofinancian completamente con el pago de las cuotas de las familias de los alumnos. Incluso muchos jardines que cuentan con algún porcentaje de subvención estatal están en la misma situación complicada que los que sí reciben la ayuda del Estado.
El Ministerio de Educación de la Nación informó el 21 de mayo que 2.393 jardines solicitaron la asistencia estatal enmarcada en el Programa ATP para el pago de salarios de 125.390 trabajadores. A dos meses de esa información no sabemos cuántos de esos jardines pudieron acceder al beneficio y cuántos se quedaron afuera.
Esperamos con ansias nueve meses la visita del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a esta Honorable Cámara, y en el caso particular de los Jardines de Infantes, esperábamos que aquello que no contestó en el Senado en junio pueda ser contestado aquí en este recinto.
Por lo informado la semana pasada por el jefe de Gabinete, sabemos que se inscribieron 486 Jardines en todo el país para recibir los beneficios del Programa ATP del Ministerio de Desarrollo Productivo. Lo que nos llamó la atención fue que en el primer tramo se hayan aprobado solo 294 expedientes y en el segundo tramo esa cantidad fue aún más baja, ya que se aprobaron 258.
Lamentablemente, el jefe de Gabinete prefirió seguir echándole la culpa al gobierno anterior con una serie de frases abstractas y acusaciones infundadas, en vez de dedicarse a cumplimentar su mandato constitucional, contestando lo que los diputados nacionales de la oposición le estábamos solicitando. En este caso en particular, el motivo del rechazo de 192 expedientes para el primer pago y el de 228 para el segundo pago.
Más allá de que no contamos con esa información oficial completa, está claro por lo que ya se comunicó que hay cientos de instituciones educativas del nivel inicial de gestión privada, cooperativa o social que todavía no pudieron acceder a los beneficios del Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) aun cuando pudieron inscribirse al mismo, y ni hablar de las instituciones que ni siquiera tuvieron la posibilidad de hacerlo.
Esta preocupante situación, reconfirmada por los cientos de trabajadores del sector que nos manifestaron sus inquietudes y temores, nos llevó a presentar un proyecto el pasado mes de junio en esta Honorable Cámara, junto a varios diputados nacionales de mi interbloque de Juntos por el Cambio, donde le solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que evalúe la posibilidad de flexibilizar los requisitos de ingreso al Programa ATP y de incrementar los montos del subsidio de dicho programa.
Pero como sabemos que estas medidas que está implementando el Gobierno Nacional no alcanzan a cubrir las necesidades de todos los jardines, solicitamos y recomendamos la implementación de otro tipo de asistencia económica durante y sobre todo después- del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Una medida que se podría empezar a implementar como complemento a la ayuda económica brindada por el ATP, es el otorgamiento de créditos bancarios a tasa cero para que todas las instituciones puedan seguir pagando los sueldos y seguir funcionando.
Otras medidas que nos parecen fundamentales y que se podrían aplicar, en los seis meses posteriores a la culminación del aislamiento, es la postergación de las contribuciones patronales y la exención del pago del impuesto a los ingresos brutos para todas las instituciones educativas de gestión privada, cooperativa o social, dedicadas a la educación y al cuidado de la primera infancia.
En este contexto, resulta imprescindible arbitrar todas las medidas necesarias para contribuir al sostenimiento de jardines maternales o instituciones de primera infancia, no solo por la importancia que reviste la educación inicial para el desarrollo de niñas y niños o por el riesgo inminente de pérdida de cientos de fuentes laborales, sino porque estas instituciones contribuyen en gran medida a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Déjenme invitarlos a reflexionar brevemente sobre esta situación particular y a plantearnos una serie de interrogantes: ¿qué creen que va a ocurrir cuando se confirmen el cierre de cientos de instituciones de primera infancia en todo el país, como ya viene sucediendo desde el comienzo de la pandemia? ¿Cómo va a hacer el gobierno para asegurar el acceso a la educación inicial de los niños y niñas si ya cerraron más de 150 establecimientos de este tipo en todo el país? ¿Cómo evitar que el ya frágil sistema educativo público del nivel incial termine de colapsar por el traspaso de alumnos y alumnas que estaban en la enseñanza privada? ¿De qué forma se va a incrementar la oferta pública si la inversión y los esfuerzos en salvar a las instituciones privadas son realmente insuficientes?
Este contexto crítico no es un fenómeno único de la región del AMBA porque se repite en todo el país, en muchas provincias.
Por todo esto necesitamos que el gobierno responda a estos interrogantes, que marque el camino, que explique cuál es el plan, cuál es la salida de este laberinto en el que nos encerró la crisis pandémica, las decisiones gubernamentales y la consecuente crisis económica.
Le pedimos al gobierno que actúe ya para evitar que sigan cerrando guarderías, jardines maternales y de infantes. Le pedimos que no abandone a esas instituciones. Defendamos la educación y el cuidado de la primera infancia, que es la mejor forma de defender el futuro de nuestro país.

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