1. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BERTONE

Creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes

Quiero destacar que para el pueblo fueguino es altamente positivo el tiempo, el espacio y las medidas que viene adoptando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con respecto a uno de los asuntos de política exterior más antiguo e importante que tiene nuestro país: la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sobre los espacios marítimos circundantes. Esto demuestra un cambio sustancial en relación con la orientación seguida por el anterior gobierno, que se concentró en adoptar medidas que solo han tendido a agradar a los británicos, dejando la cuestión de la soberanía en una política de baja intensidad.
La expresión más acabada de ello es el Acuerdo Foradori-Duncan, del 13 de septiembre de 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Durante nuestra gestión tuvimos que crear en Tierra del Fuego una Secretaría de Estado mediante la ley provincial N° 1.222/2018, votada por unanimidad de todos los bloques políticos , para lo que fue convocado el doctor Jorge Argüello, con el objetivo, entre otros, de visibilizar la postura provincial ante cada acto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el que se ignoraba el llamado de la comunidad internacional a reanudar las negociaciones de soberanía.
En los cuatro años de presidencia de Macri no hubo avances en el reclamo de nuestros legítimos derechos soberanos, como sí los hubo de manera constante y sostenida en las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Luego de esos cuatro difíciles años, nuevamente tenemos un presidente que decidió devolver a la cuestión de Malvinas el lugar que se merece dentro de los intereses estratégicos nacionales de nuestra política exterior.
Los hechos y las palabras del presidente Alberto Fernández son auspiciosos, ya que propone formular una verdadera Política de Estado para la cuestión de Malvinas. Nuestro presidente ha hecho hincapié en el apoyo de los pueblos de América Latina y del mundo. La Argentina ha logrado un importante respaldo en el plano regional, con la CELAC, el Mercosur y la Unasur, y con la OEA en las cumbres de los países africanos, con los países árabes, con el Grupo G-77, como así también con China y la Unión Africana.
Es fundamental potenciar estos apoyos en el ámbito global, en el que esté presente la contraparte británica.
El actual gobierno, y nosotros como Parlamento, tenemos por delante la dura tarea de recomponer estos apoyos y procurar nuevos. Si bien es una tarea complicada, creo que sin duda podrá llevarse adelante dado el nuevo orden de prioridades de la agenda política, que incluye reponer en primera línea la cuestión de Malvinas y hacer de ella, definitivamente, una política de Estado.
Tenemos ante nosotros una posibilidad histórica para salir del inmovilismo. Se ha creado la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur presidida por Daniel Filmus , en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y se ha designado al embajador Javier Figueroa, diplomático de carrera, quien tiene un vasto conocimiento de las cuestiones de Malvinas.
Hay una responsabilidad de toda la clase política de enfrentar el problema y de hacerlo inteligentemente, respetando lo perpetuado por nuestra Constitución Nacional y en memoria de nuestros héroes de Malvinas. El arribo a Ushuaia capital de Malvinas , Tierra del Fuego, del ministro de Defensa, Agustín Rossi, el día 10 de junio, es una clara reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre las islas.
En la actualidad, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en la historia del mundo, como es la pandemia del COVID-19. Esta crisis ha dejado en claro la importancia fundamental de la cooperación y el multilateralismo. Como dijo el Papa Francisco, nadie se salva solo. La Argentina históricamente ha apelado a esta cooperación y multilateralismo a efectos de torcer la intransigencia británica y solucionar la disputa de soberanía.
El 1° de marzo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestó ante este Congreso, al reivindicar extensamente la defensa de los derechos argentinos sobre las Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales involucrados, que no hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI. Esta expresión, junto a los distintos proyectos que se presentaron, que fueron sancionados por el Senado y que hoy abordaremos en relación con la conformación del Consejo Asesor, la demarcación por ley de los límites exteriores de la plataforma continental e insular de la Argentina y el endurecimiento del control en materia pesquera que próximamente abordaremos , demuestra con claridad la importancia que tiene la cuestión de Malvinas para el actual gobierno argentino.
En lo que respecta al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, será presidido por el presidente de la Nación; participarán la oposición a través de sus legisladores , los principales juristas y académicos en el tema, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego y un representante de los excombatientes. En este Consejo se tratarán de delinear las estrategias para una política de Estado en la que la cuestión de Malvinas no esté sometida a los calendarios electorales ni a los vaivenes de los distintos gobiernos.
En cuanto a la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, el proyecto busca contribuir a consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y el subsuelo. La demarcación de este límite reviste una importancia fundamental por razones políticas y económicas. La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias para todo el pueblo argentino. En este sentido, debo reconocer que en el trabajo realizado por la COPLA hubo una política, continuada por todos los gobiernos durante más de veinte años, que dio sus frutos para nuestro país.
A este respecto, se entiende el rol del Congreso como un poder esencial en la cuestión de Malvinas; este tipo de iniciativas colocan al Poder Legislativo como un actor clave en el desarrollo de las políticas de Estado, cuya principal característica debe ser la transversalidad. Estar por encima de diferencias partidarias, para construir consensos básicos en la política doméstica, es un paso ineludible a la hora de abordar políticas a largo plazo que sean emblema nacional y no partidario.
En lo que se refiere a la ayuda humanitaria en el marco de la pandemia, durante la crisis actual del COVID-19 el gobierno argentino demostró correctamente su preocupación por proteger la salud y el bienestar de los habitantes de las islas, de conformidad a lo establecido por las resoluciones de las Naciones Unidas, nuestra Constitución Nacional y la buena fe. Ellos son habitantes del territorio argentino y merecen todo el apoyo para paliar esta grave crisis mundial.
Lamentablemente, el ofrecimiento se encontró una vez más con la arrogancia de la dirigencia isleña, que subordina el interés de la población a quienes dicen representar sus objetivos políticos de mantenimiento de la situación colonial. El gobierno nacional buscó acercar ayuda humanitaria a los isleños en el entendimiento de que si bien las relaciones internacionales se construyen de manera interestatal, no podemos hacer la vista al costado sobre la situación del COVID-19 y la posible necesidad de asistencia a quienes hoy viven en las islas. Ello de ninguna manera claudica ni mitiga el reclamo de soberanía sobre nuestras islas; se trata de una política que rompe el inmovilismo de la gestión presidencial antecedente y constituye un desafío asumido por el presidente Fernández.
Otro elemento fundamental a tener en cuenta será el impacto del Brexit en relación con las Malvinas, y aquí podemos vislumbrar dos tipos de posibles consecuencias: una económica y otra política. Se estima que casi el 80 por ciento de las exportaciones totales de las islas, que ascienden a la suma de 180 millones de euros, tienen como destino la Unión Europea dado sus beneficios arancelarios. Ello implica que casi el 70 por ciento del PBI de las islas depende del acceso al mercado europeo.
La industria pesquera de las islas, por medio de la venta de licencias de pesca que se otorgan por un plazo de 25 años, en contradicción flagrante con las resoluciones de Naciones Unidas, utiliza flotas de otros países para la explotación pesquera. Sin los beneficios de la normativa europea, que permite a las flotas registradas o que enarbolen el pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea operar en las industrias de las colonias británicas, a las Malvinas le sería casi imposible exportar sus productos al mercado europeo. El ilegítimo gobierno de las islas ya ha dicho que cualquier cambio importante que tenga como resultado el acceso a las importaciones o exportaciones menos beneficioso podría ser potencialmente catastrófico para la economía y la población de las Islas Malvinas. Dada la importancia del mercado europeo, el acceso restringido a este mercado en cualquier forma sería potencialmente catastrófico para la economía actual y también para el desarrollo económico continuo de las islas.
Con la imposición de barreras arancelarias o cuotas para sus productos, el mercado latinoamericano se ofrece como una atractiva posibilidad. Sin embargo, para ingresar a dichos mercados se requiere de la anuencia de la Argentina dada la disputa de soberanía y el apoyo regional a la posición nacional.
En materia política, la mayor preocupación del ilegítimo gobierno británico en las islas es que el Brexit eliminaría las obligaciones de otros Estados miembro de reconocer y aceptar que los “territorios de ultramar” son parte del Reino Unido y que, en consecuencia, podrían perder el apoyo del resto de Europa y que esto genere un mayor apoyo a la Argentina en la disputa de soberanía. Sin duda, estos miedos están más que justificados.
Desde la votación del referéndum, la influencia británica y el apoyo de sus ex socios europeos han disminuido considerablemente. Ejemplos concretos de ello son la pérdida del juez británico en la Corte Internacional de Justicia siendo la primera vez en la historia que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no cuenta con un magistrado de su nacionalidad en la Corte de La Haya , la falta de apoyo de los países europeos, la opinión consultiva sobre el archipiélago de Chagos, y por último, el veto otorgado por Bruselas a Madrid en toda decisión respecto a Gibraltar en miras a un posible acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Si bien es cierto que el Brexit despliega un nuevo abanico de posibilidades para la cuestión de Malvinas, con consecuencias aún desconocidas en el comercio y la diplomacia, que podrían permitir nuevas oportunidades para la Argentina con miras a la solución definitiva de la disputa de soberanía, hay mucho trabajo por realizar de parte de Argentina, tanto con cada país de Europa de manera individual como con la Unión Europea como bloque. No solo la Cancillería Argentina tiene esta responsabilidad, sino también esta Cámara de Diputados, con su diplomacia parlamentaria.
En las actuales circunstancias, la Argentina tiene que realizar una precisa evaluación de la situación. El objetivo central e irrenunciable es recuperar el ejercicio de la soberanía de las Islas Malvinas. Ello tiene una dimensión estratégica y cualquier decisión debe ser confrontada con el citado objetivo de recuperar nuestra plena soberanía sobre las Islas Malvinas, que estoy convencida de que más temprano que tarde lo vamos a lograr.

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