26. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SCAGLIA

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para 2016

Hoy, como lo indica la Ley de Administración Financiera, se discute el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2016. Es de mi especial interés plantear mi posición en relación a la asignación presupuestaria para la ejecución de políticas vinculadas al desarrollo sustentable y cuidado del ambiente.
La pregunta que me surge al evaluar el monto asignado es qué importancia damos al cuidado de nuestros recursos naturales, fuente de nuestra mayor riqueza y de los cuales nuestras futuras generaciones dependen.
Los argentinos fuimos agraciados con recursos naturales abundantes distribuidos a lo largo y ancho de nuestro territorio, cuya explotación sostenible posibilitaría a sus provincias el fortalecimiento de las economías regionales y el federalismo. Sobran ejemplos de la contribución de nuestros recursos naturales en el PBI, la exportación de productos del campo, la minería e incluso los hidrocarburos. A su vez, vivimos en un mundo de escasez de recursos, donde muchos países impactaron negativamente sus ecosistemas y se encuentran compelidos a encontrar soluciones para abastecer a su población de recursos vitales como el agua dulce.
Ante este escenario, me resulta inentendible el escueto monto equivalente al 0,3 por ciento del total del presupuesto que estamos asignando al cuidado de la preservación de nuestro ambiente para el año 2016. No es novedad que las cuestiones ambientales no están en agenda de los gobiernos que hemos tenido en funciones de poder en los últimos veinticinco años; lo que sí es novedad es la situación crítica en la que se encuentra el planeta como consecuencia de los impactos del cambio climático, que ya comenzaron a dejar huella en nuestro país en las inundaciones ocurridas durante 2015.
En la lectura del proyecto de presupuesto queda en evidencia que el cambio climático no es una prioridad en la política nacional argentina. Pareciera que a nivel político no se le da la importancia que merece, aunque a nivel técnico se avance con las investigaciones. Como demostraré a continuación, queda en evidencia la falta de voluntad de las autoridades para garantizar la aplicación de la normativa ambiental aprobada por este Congreso.
Quisiera traer a conocimiento de este recinto algunas áreas ambientales que meritan una mayor atribución presupuestaria en razón de la urgencia e importancia actual y de los impactos negativos que puede acarrear la acción tardía.
En primer lugar, propongo que analicemos la situación de nuestros bosques nativos.
Nuestra Ley de Bosques –N° 26.331 sancionada hace siete años con amplia participación ciudadana, establece en su artículo 31 inciso a) el deber legal de asignar anualmente partidas presupuestarias superiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional a fin de dar cumplimiento a la ley. Una vez más y como ya parece ser costumbre desde su sanción el valor asignado en el presupuesto nacional al cuidado de nuestros bosques nativos es notoriamente inferior al establecido legalmente, oscilando entre el 4 y 5 el por ciento de lo que le corresponde por ley. La insuficiente asignación de recursos constituye una de las mayores dificultades que presenta la implementación de la norma.
Las consecuencias están a la vista: según el informe de la ONU de Evaluación de los Recursos Forestales mundiales 2015 presentado a inicios del mes septiembre, la Argentina se encuentra ubicada entre los diez países que más deforestan en todo el mundo. Cada año se deforestan casi 300 mil hectáreas. El balance es que en el último cuarto de siglo la Argentina ya perdió el 22 por ciento de sus bosques, o sea unas 7,6 millones de hectáreas. A este ritmo, en cien años no quedaría un solo árbol en el país.
Especialistas ambientales atribuyen la gravedad de las inundaciones ocurridas en Córdoba a la desforestación de la provincia, dado que el 95 por ciento de los bosques naturales de Córdoba fue talado o depredado. El cambio climático impacta principalmente en las áreas más vulnerables, y los ecosistemas que ya se encuentran alterados o bajo alto nivel de estrés tendrán menos posibilidades de mostrarse resilientes ante el aumento en número y magnitud de eventos naturales. La conservación de nuestros bosques es crucial para asegurar a nuestras poblaciones la superación de catástrofes naturales.
Además, los bosques prestan numerosos de los servicios ambientales con un valor económico sustancial que no estamos cuantificando ni valorando en la asignación de nuestro presupuesto para asegurar su cuidado. Los bosques incrementan la fertilidad y favorecen la formación del suelo, son fundamentales para regular el ciclo hidrológico, permiten la infiltración gradual de la lluvia en el suelo lo cual favorece la recarga de los acuíferos y el mantenimiento de los ríos y manantiales, lo que a su vez impide la formación de escurrimientos superficiales que en grandes volúmenes ocasionan la erosión del suelo y las devastadoras inundaciones cuenca abajo , contribuyen al mantenimiento de la calidad del agua y funcionan como sumideros y reservorios del excedente de dióxido de carbono atmosférico.
Las medidas de mitigación de cambio climático propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático –IPCC sugieren para la Argentina la conservación de los bosques nativos como sumideros de gases contaminantes, entre otras medidas. Según informe del IPCC, el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en territorio argentino.

Sigamos ahora analizando el cuidado que damos a nuestros glaciares. La ley sobre Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial N°26.639 establece un régimen específico de protección para estos ecosistemas. Para ello se considera indispensable la realización del inventario de glaciares, reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
Lamentablemente, la realización de este inventario se encuentra impedida por la ausencia de asignación de una partida presupuestaria desde la sanción de la ley en 2010.
La Ley de Glaciares establece en su artículo 6° que si no se ha realizado el inventario que individualice todos los glaciares y geoformas periglaciales no podrán autorizarse proyectos mineros. La falta de inventario de glaciares por ausencia de presupuesto ya está teniendo consecuencias negativas, y ejemplo de ello es la actual situación de la provincia de Jujuy. Numerosas organizaciones ambientalistas cuestionan una ley provincial que pretende desvirtuar este artículo 6° al establecer, ante la falta de inventario, la posibilidad de llevar adelante actividades industriales o mineras en áreas de glaciares o periglaciares con autorización de un funcionario público. Este avance ilegitimo sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental se explica en el afán desmedido del actual gobierno de impulsar la minería como una de las formas de mejorar la balanza comercial y de ingresar dólares al país a cualquier precio ambiental. Recordemos que la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, vetó el primer proyecto de ley de glaciares sancionado por este Congreso. Esa es otra prueba de la resistencia que ejerce el actual gobierno a la aplicación de la ley de protección de glaciares.
Quisiera enfatizar que los glaciares cumplen un papel trascendente en el desarrollo regional en nuestro país. Entre otros atributos, estos cuerpos de hielo son reconocidos como componentes cruciales del sistema hidrológico de montaña y constituyen reservas estratégicas de agua para las zonas bajas adyacentes en gran parte de la diagonal árida del país. En otras palabras, los glaciares aseguran nada más y nada menos que el acceso al agua potable derecho fundamental por parte de las comunidades que se asientan en zonas áridas de nuestro país.
El IPCC da cuenta también que los glaciares y los campos de hielo en los Andes extratropicales de la Argentina se enfrentan a retrocesos significativos como consecuencia del cambio climático, afectando el abastecimiento de ríos y la consiguiente disponibilidad de agua dulce en zonas áridas altamente dependientes de estos cursos de agua. De allí la importancia de asignar los recursos presupuestarios necesarios para asegurar la implementación de la ley N° 26.639. Analicemos ahora la situación de las energías renovables y eficiencia energética.
En materia de energía, en el presupuesto actual solo se mencionan el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) y el Proyecto de Energía Renovables en Mercados Rurales (PERMER) destinado a garantizar el suministro de energía eléctrica y térmica a poblaciones rurales a través de fuentes de energía renovable. Cabe mencionar que ambos programas se encuentran financiados en un 70 por ciento por fondos internacionales BID, Banco Mundial , demostrando que nuestro gobierno no está haciendo un esfuerzo presupuestario trascendente en el desarrollo de las energías renovables.
Al analizar la asignación de recursos a los servicios económicos en el presupuesto 2016 se puede constatar que el foco de los servicios económicos está puesto en la energía, el combustible y el transporte, los cuales cuentan con 89 por ciento del total de los recursos asignados, mientras que ecología y ambiente solo cuentan con el 1,75 por ciento del total.
En un contexto de crisis energética se elige dar preeminencia a combustibles fósiles importados y a los subsidios a su consumo en vez de desarrollar el altísimo potencial que tiene nuestro país en energías renovables. Las crecientes importaciones de gas y petróleo crudo y refinado, con la consecuente salida de divisas y emisiones contaminantes, constituyen a su vez una traba a cualquier intento de implementar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
Es por ello que recientemente presentamos un proyecto de ley de fomento a generación eléctrica a partir de biomasa (2525-D-2015) cuyo objeto es impulsar la transición hacia una matriz diversificada aprovechando las enormes potencialidades con las que cuenta nuestro país para generar energías limpias y sustentables que permitan llegar al autoabastecimiento y así recuperar la soberanía energética, preservando a la vez el medio ambiente y sin incrementar la complejidad de operación del despacho nacional de energía eléctrica.
Los nuevos hallazgos del IPCC demuestran que es crucial que los Estados reorienten las inversiones y los subsidios destinados al desarrollo de energías fósiles como el carbón o el petróleo, al despliegue de energías renovables y la eficiencia energética. De acuerdo al informe, esto no solo traería soluciones climáticas a escala global sino además la creación de significativos nuevos puestos de trabajo, al mismo tiempo que contribuiría a una mayor seguridad energética.
A modo de conclusión me gustaría remarcar el contexto en el que estamos asignando un presupuesto miserable a nuestro ambiente.
El próximo 30 de noviembre se realizará en París la Conferencia de las Partes COP 21 , donde los Estados participantes centrarán esfuerzos en concretar un acuerdo global que incluya los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el período 2020-2030. El objetivo es lograr mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, ya que de no lograrse, el cambio climático podría causar impactos catastróficos en los ecosistemas.
La mayoría de los países del mundo, a diferencia de la Argentina, ha demostrado seriedad en los compromisos asumidos para la reducción de gases de efecto invernadero previos para la COP21. Nuestro país asegura poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en adelante, GEI en un 15 por ciento hacia 2030, y plantea poder alcanzar el objetivo de un 30 por ciento, en caso de obtener financiamiento externo. Estas metas figuran entre las más pobres de la región y del mundo.
En paralelo, la ONU acaba de lanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible y previamente a ello el Papa Francisco publicó la Encíclica Laudato Si. Ambos documentos enfatizan la importancia de modificar nuestras conductas y de modificar los procesos productivos atendiendo al cuidado y preservación de nuestro ambiente.
La riqueza de las naciones radica en el cuidado que éstas hacen de sus recursos naturales. Por ello considero crucial que destinemos un monto mayor a la protección de nuestro patrimonio natural para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales que lo protegen y que incluyamos un programa serio de gestión del cambio climático contemplando la diversificación de nuestra matriz energética, entre otras medidas.
Reafirmo mi compromiso con un desarrollo sostenible, y es por ello que daré mi voto negativo al proyecto de ley en referencia.
 

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