21. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RICCARDO

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para 2016

Oportunamente elevé a la Comisión de Presupuesto y Hacienda sendos pedidos de aumento para las tres finalidades en que aparece distribuido el presupuesto universitario, tal como aparece en el Capítulo II, art. 12 y planilla anexa.
Compruebo apenado que no fueron tenidos en cuenta en el dictamen de la Comisión, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para exponer las razones que los fundamentan.
En el primer caso se trata de la columna correspondiente a la finalidad “Salud”, donde aparece, como es habitual, una asignación para algunas Universidades y no para otras.
Esto es producto de una cuestión histórica, como es que se disponía de una asignación solamente para aquellas que contaban con hospitales universitarios, para sus Carreras de Medicina. Hoy esta situación ha cambiado, y en el país se exhiben distintas modalidades de práctica en el área de Salud, a través de convenios con instituciones de distinto rango y dependencia.
Se solicita en este caso un crédito extra de pesos sesenta y seis millones ($66.000.000.-) para integrar un fondo, al que accederían las instituciones universitarias que actualmente no cuentan con esa asignación.
Proponemos que dicho fondo sea distribuido por la SPU en función de contratos programas entre aquellas casas de estudio que cuenten en su oferta académica con carreras de grado relativas a esta área, tales como Bioquímica, Farmacia, Nutrición, Fonoaudiología, Odontología, Fisioterapia, Enfermería y otras, cuya implementación implica la realización de prácticas médicas en pacientes o servicios de salud comunitarios.
Esta posibilidad se viene discutiendo en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional desde hace muchos años, y reconoce la necesidad de acompañar los importantes costos que implican el sostenimiento de la actividad de formación y los servicios de salud sin financiamiento específico, y posibilitaría la consolidación de las múltiples carreras de esta especialidad, que brindan un servicio social con fuerte impacto comunitario y tienen indudable importancia estratégica para el país.
La ampliación solicitada representa el 20 por ciento del total previsto para la finalidad, y su efecto sería muy grande.
Señalamos de paso un hecho inexplicable: la cifra prevista en la columna Salud en el proyecto de presupuesto es la misma del año pasado, sin reconocer aunque sea la inflación que informa el propio gobierno, ni los mayores costos operativos que se producen por el crecimiento del sistema.
Pasemos ahora al aumento solicitado para la finalidad “Ciencia y Técnica”. El crédito asignado a las universidades nacionales en este rubro constituye el único recurso genuino con el que cuentan para llevar a cabo las políticas institucionales de formación de recursos humanos, investigación y transferencia del conocimiento, articulación científica con otras instituciones, etcétera. Estas actividades no son de aquellas que cada casa de estudios puede llevar adelante o no, de acuerdo a lo que propongan sus cuerpos de conducción, sino que es obligación de la universidad nacional cumplirla, por imperativo de la Ley de Educación Superior. Así lo expresa el art. 27 de la ley 24.521, y más específicamente los incisos b y c del artículo 28. Son propias de su misión y debe garantizársele que lo hagan en el marco de su autonomía.
Debemos recordar que cuando el Estado no tuvo una política en materia de Ciencia y Tecnología fue la universidad, y su financiamiento, la que siguió formando recursos humanos de calidad y sosteniendo grupos de investigación y producción del conocimiento.
Hoy, en un momento en que el Estado realiza un esfuerzo mucho mayor para sostener la expansión del sistema de Ciencia y Tecnología, con nuevos becarios, nuevos proyectos, nueva cooperación, consolidación territorial de los organismos específicos, recae sobre las universidades nacionales un enorme esfuerzo propio como correlato de esa expansión, que no puede financiar correctamente porque, aunque resulte paradójico, el presupuesto de ciencia y tecnología de las universidades nacionales viene cayendo en picada desde hace 20 años -aún en los últimos 12- en términos porcentuales.
Durante los años 2012, 2013 y 2014 el presupuesto se mantuvo constante, y el aumento sancionado para el año 2015 fue de alrededor del 30 por ciento, con lo que ni siquiera se compensó la variación inflacionaria.
Hoy tenemos a consideración un proyecto en el que se reproduce la misma cifra del año pasado. O sea, aumento: cero.
Esto resulta alarmante e incomprensible, por las razones ya expuestas para el pedido en la función Salud (inflación, crecimiento del sistema), y por ser inconsistente con la política de fortalecimiento integral del sistema público de Ciencia y Tecnología. Tómese en cuenta que justamente la promoción que el Estado hace desde otras áreas –becarios, subsidio a proyectos, incentivos- se traduce necesariamente en una mayor demanda de todo tipo de insumos en los laboratorios de las universidades nacionales, mayor consumo de servicios, personal de apoyo, etcétera.
Acá también corresponde hacer una comparación con otras asignaciones: la cifra que se le da a las universidades nacionales para desarrollar su política de Ciencia y Tecnología es prácticamente la misma que la destinada al Programa de incentivos, que es un plus salarial –o sea no se aplica a ninguno de los gastos que conlleva una investigación- y que un reglón agregado en los últimos ejercicios, denominado “Gastos para Ciencia y Técnica”, sí fue aumentado, nada menos que en un 66 por ciento.
No contemplar estas variables pone en riesgo la concreción de uno de sus fines establecidos en la legislación vigente, el ejercicio de su autonomía y la respuesta a las demandas de su medio local o regional.
Es por eso que para el presente año se solicita una asignación para la función de pesos trescientos millones ($300.000.000.-), o sea un modesto 0,60 por ciento del total del presupuesto universitario, distribuidos entre las universidades nacionales con el criterio establecido en el anteproyecto.
Finalmente permítaseme fundamentar un pedido de aumento presupuestario para las Universidades Nacionales de San Luis y de Villa Mercedes, en la finalidad “Educación y Cultura”.
En el primer caso -UNSL- el aumento queda justificado ya que esta universidad ha expandido su oferta académica de grado en un corto período de tiempo, lo que se evidencia en la creación de cuatro nuevas Facultades, dos de ellas en sedes territoriales distintas, y el desarrollo de nuevas carreras de áreas prioritarias para el país y la región; en ninguno de estos casos se le otorgó asignación presupuestaria especial, por lo que fue a costa del presupuesto general de la planilla art. 12 del Presupuesto. Esto amerita considerar el refuerzo presupuestario de un 3 por ciento sobre lo previsto en el anteproyecto, para asegurar la consolidación de este crecimiento, que está muy por encima de la media en el sistema universitario. La suma así calculada sería del orden de los pesos veintiséis millones quinientos diecisiete mil cuarenta y siete ($26.517.047.-) totalizando una asignación en Educación y Cultura de pesos novecientos diez millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos treinta y seis ($910.418.636.-).
La Universidad Nacional de Villa Mercedes, en cambio, está en su etapa de organización, en la que la magnitud de la asignación presupuestaria no puede medirse simplemente en términos del número de carreras, de alumnos o de docentes, sino que sus necesidades están fuertemente condicionadas por los complejos procesos de puesta en marcha de su infraestructura (edificios, laboratorios) así como de promoción de su oferta académica.
Esta Universidad fue creada simultáneamente con las del Oeste, Moreno, José Clemente Paz y la Arturo Jauretche, respecto de las cuales, con el tiempo, ha sido relegada en la asignación de presupuesto específico, quedando actualmente con un asignación de un 50 por ciento en algunos casos y de un 30 por ciento en otros, si lo comparamos con el presupuesto de cualquiera de aquéllas.
Es así que en este caso se solicita un incremento del 10 por ciento de lo presupuestado, o sea de pesos siete millones trescientos ochenta y un mil quinientos sesenta y seis ($7.381.566.-) lo que sumado a la previsto daría un total de pesos ochenta y un millones ciento noventa y siete mil doscientos treinta y uno ($81.197.231.-), con lo que favoreceríamos sus posibilidades de organización y crecimiento en condiciones equitativas con las demás universidades creadas al mismo tiempo.
Con lo expuesto, más las observaciones que hicieron mis colegas del bloque de la UCR, queda fundamentado mi voto.
 

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