10. INSERCIÓN SOLICITAD POR EL SEÑOR DIPUTADO GÓMEZ BULL

Modificación de la ley 20.655, del deporte

El proyecto de Ley que estamos debatiendo tiene como intención actualizar, profundizar y vigorizar el contenido de la ley 20.655, actual ley del deporte, que en el año 1974 sentó las bases de manera fundacional a nivel legislativo para la organización del deporte argentino.
La ley 20.655 fue una de las últimas leyes promulgadas por el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y resultó pionera en su tipo por la conceptualización y reglamentación respecto de la relación entre los estamentos públicos, la organización deportiva y el lugar que el deporte puede y debe ocupar en la organización de las personas y la comunidad toda.
La propia existencia de una ley para el deporte resultó además original en el contexto mundial de entonces a la hora de pensar políticas que hacían al bienestar de las mayorías en la República Argentina. Pero en el propio devenir histórico y político de nuestro país, el golpe militar de 1976 hizo que la ley se cumpliera solo de forma parcial.
Ello, sumado a los más de cuarenta años que han transcurrido, los cambios acontecidos en el propio mundo del deporte y en la sociedad toda, hacen necesaria una actualización de la ley, a fin de reorganizar el propio espacio del deporte, sus diferentes actores y estamentos y sus relaciones con la educación, la salud y el trabajo.
Es necesaria una actualización que reconozca y aliente el surgimiento de nuevas y diversas formas de prácticas deportivas y de la actividad física y sus organizaciones, que le brinde desde la base un reconocimiento, que fomente el deporte en términos de inclusión social, que organice y apoye la existencia de la estructura asociativista deportiva nacional y que a la vez la dote de una mayor apertura a la participación de todos los sectores del deporte en sus espacios de conducción.
A partir de 2003, en la presidencia de Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, comenzó en nuestro país un nuevo camino para el deporte, que al igual que en otras dimensiones de nuestra Patria, delineó un plan de desarrollo del que carecía al servicio de los deportistas en todos sus niveles. Hemos vuelto a pensar al deporte en términos estratégicos bajo la concepción de tres dimensiones de políticas deportivas: el deporte social, el desarrollo deportivo y el deporte de representación nacional. Nuevamente hemos comenzado a pensar el deporte al servicio de la felicidad y la salud física de nuestro pueblo, como una verdadera política de Estado a largo plazo concordante con políticas inclusivas y de equidad social que el gobierno nacional viene implementando desde el año 2003.
Creemos importante continuar en esta senda, la de todo lo realizado y lo que falta por hacer, y en ese sentido el presente proyecto de ley tiene como fin continuar en el camino del desarrollo del deporte argentino.
El presente proyecto es resultado de la realización de casi treinta foros de debate a lo largo y ancho de nuestro país con el nombre de “Conectados por Deporte”, en los cuáles se plantearon los ejes de discusión para la ley y se debatieron con la comunidad deportiva de cada provincia, en clubes, universidades nacionales y estamentos públicos del deporte, y en el propio Comité Olímpico Argentino.
Pudimos allí profundizar el proyecto conociendo cada problemática deportiva, sus fortalezas, debilidades y necesidades, apuntando a una comprensión federal del deporte que brinde mayor oportunidades de acceso no solamente a mayor cantidad de población, sino que también facilite el acceso a los que se encuentran lejos de la ciudad capital de nuestro país.
Fueron invitados a participar clubes, asociaciones y federaciones deportivas de cada provincia, los funcionarios del deporte de cada jurisdicción, así como los legisladores nacionales sin distinción de banderas partidarias, muchos de los cuales ellos concurrieron.
Concluidos los foros y escuchadas todas las voces, el grupo de redacción trabajó profundizando cada punto. El proyecto que aquí presentamos es resultado del trabajo conjunto que durante casi un año llevaron adelante diputados nacionales, el cuerpo de asesores, la Confederación Argentina de Deportes, el cuerpo legal de la Secretaría de Deportes de la Nación, el Observatorio del Deporte y la Actividad Física, de reuniones de trabajo y discusión con miembros del Comité Olímpico Argentino, el área de deporte de CONADIS, distintos especialistas en materia de salud y educación como los del Movimiento Social del Deporte y universitarios como el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda, técnicos de la AFIP (Agencia federal de Ingresos Públicos) y otros muchos actores del deporte y la actividad física.
Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los principios generales que deben guiar la relación entre el Estado y el deporte, al reconocimiento de múltiples formas del deporte y la actividad física en función de las características personales y las necesidades e intereses de sus practicantes a sabiendas de la existencia de una multiplicidad de formas, tipos y estilos de prácticas deportivas.
Estamos presuponiendo una legislación por un lado amplia en el reconocimiento de dichas prácticas, a la vez que pueda clarificar, organizar, potenciar y establecer pautas para un sistema organizado de las instituciones del deporte. Es necesario plasmar el reconocimiento respecto de la existencia del deporte y la actividad física en diferentes ámbitos organizativos e intereses y características: educativo, social y comunitario, laboral, universitario, federado, militar, de alto rendimiento, así como también su promoción y aliento ofreciendo especiales oportunidades a jóvenes, niños en edad preescolar y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Se proponen también una serie de cuestiones que permitirán la agilización de las políticas públicas, como son la necesaria coordinación entre los diferentes estamentos del Estado y entes privados para la implementación de programas escolares y extraescolares y para el uso de instalaciones e infraestructura; la creación de entidades dedicadas a la organización deportiva; la coordinación de planes de urbanismo y ordenamiento rural con relación al ambiente que incluyan las necesidades de la práctica del deporte y la actividad física, y con relación a la salud, la promoción de la medicina del deporte y de profesionales ad hoc y centros de investigación y evaluación integral física. También, velar para que el personal que asuma la responsabilidad profesional de la educación física y el deporte tenga la competencia y la formación apropiadas.

En el Capítulo II referido al órgano de aplicación, se propone la creación del Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, como nuevo órgano de aplicación en tanto organismo descentralizado y autárquico, dotando de esta manera de una mayor autonomía administrativa y de gestión a la autoridad de aplicación del deporte en el país, tal cual ocurre en muchas otros países y a la luz de la experiencia propia de las últimas décadas.
Por otra parte, se revitalizan sus funciones, debiendo velar por la realización del Programa Social y Deportivo “JUEGOS NACIONALES EVITA” previsto por la Ley Nº 26.462 o en la figura del coordinador regional, que se vuelve neurálgica a la hora de conocer la realidad regional y trabajar para plasmar en la conducción del deporte un sentido verdaderamente federal.
A la vez, se propone modificar la composición del Consejo Nacional del Deporte y la Actividad Física y sus funciones, con el objetivo de que allí se encuentren representados todos los sectores del amplio espectro deportivo incluyendo a todos sus estamentos organizativos (deporte adaptado, de adultos mayores, profesionales de las ciencias del deporte, etc.); desde la representación estatal nacional y federal hasta los periodistas deportivos, deportistas, árbitros y directores técnicos, los que hasta el día de hoy no cuentan con representación en el mismo. Estamos convencidos de aque más voces y más actores vinculados al deporte y la actividad física redundarán en un salto de calidad del Consejo, encargado de discutir y asesorar en los grandes lineamientos del deporte.
Proponemos, señor presidente, la creación de los Consejos Regionales del Deporte y la Actividad Física por región deportiva, con la misión de intervenir en la planificación de las políticas regionales plurianuales de fomento del deporte coadyuvando con los distintos niveles de políticas estatales.
El correcto desenvolvimiento de los consejos regionales es la garantía de que las voces de los actores del deporte y las necesidades de sus instituciones deportivas, sean escuchadas y valorizadas por medio de una política deportiva que las tenga en cuenta. Que se conozcan los requerimientos de cada localidad, provincia o región y sea posible accionar en dirección de satisfacer esa demanda puntual y específica. También, la creación de los Consejos Municipales del Deporte y la Actividad Física como entes descentralizados de la Administración Pública Municipal e integrados como proporcionalmente por representantes de los organismos municipales competentes en materia de deporte y representantes de las asociaciones civiles deportivas que tengan domicilio social en el distrito.
Se pretende que tanto los Consejos Municipales como los regionales cumplan efectivamente un rol de base respecto del desarrollo de políticas deportivas e información estadística, colaborando en los proyectos que faciliten la orientación, promoción, asistencia, ordenamiento y fiscalización de las actividades físicas y deportivas como en la evaluación de aptitud médica de las personas que practiquen deporte y actividad física, el ejercicio del poder de policía de los eventos deportivos que se realicen en jurisdicción, etcétera.
La existencia de los consejos municipales deportivos, conformados por la comunidad deportiva y las autoridades municipales de los más de dos mil municipios del país, deben volverse la garantía de una planificación deportiva en términos de infraestructura, elementos deportivos, especialistas técnicos, etcétera, acorde a la realidad de cada localidad.
Estamos proponiendo, señor presidente, la formulación de un Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física integrado por el conjunto de asociaciones civiles deportivas, estructuras asociativas intermedias y superiores y normas y procesos organizativos que interactúen coordinadamente a fin de coadyuvar a la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación del deporte y la actividad física.
Se trata de ofrecer un marco legal, formal y organizado a las diferentes estructuras del deporte que conocemos; en pocas palabras, de reconocer la existencia, características y roles de las asociaciones civiles deportivas de primero, segundo y tercer grado, de representación nacional y superiores, las que en la práctica han organizado mayormente desde sus inicios al deportivo argentino, desde los clubes como instituciones identitarias de base y de contención social y sentido comunitario hasta las de representación nacional: la Confederación Argentina de Deportes, el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.
La modificación propuesta para este capítulo de la ley incluye también la necesidad de democratizar y ampliar el horizonte asociativo de las entidades que integran el sistema, poniendo el acento en la participación ciudadana, la integración política y el reconocimiento de derechos. Es por ello que consideramos central que tanto los clubes como las organizaciones de segundo y tercer grado uniones, confederaciones, asociaciones, ligas, etcétera y las de representación nacional prevean en sus normas de funcionamiento estatutarias disposiciones respecto de su órgano de conducción, que incluyan la representatividad femenina, la de los jóvenes de entre 18 y 29 años y la de las minoría políticas.
En esa dirección se exige que en la confección de los cargos titulares a elegir haya un mínimo de 20 por ciento, entre mujeres y personas de entre dieciocho y veinticinco años, estatutariamente en condiciones de ser electos; y al menos la obligatoriedad de otorgar un cargo titular dentro del régimen electoral de las asociaciones de primer grado para la primera minoría, siempre que reúna un número de votos que represente al menos el 25 por ciento de los votos emitidos.
Con relación a las entidades de segundo grado y de representación nacional, se prevé también la obligatoriedad de representación en sus estatutos de una categoría de asociados compuesta por asociaciones de deportistas, una categoría por entrenadores y técnicos y una categoría de árbitros, en todos los casos que deseen participar por decisión propia y con derecho a elegir un vocal titular, cada categoría, dentro de la comisión directiva. Simultáneamente, las listas que se presenten en las asociaciones de segundo grado y de representación nacional y sus regímenes electorales, deberán también cumplir con las condiciones referidas a las mujeres y representación joven, contempladas para las de primer grado.
Finalmente, los presidentes de las asociaciones civiles deportivas de todos los niveles tendrán una duración máxima de cuatro años en sus mandatos con una sola posibilidad de reelección inmediata. Se atiende así la necesidad de mayor participación y renovación política poniendo un límite a la posibilidad del acceso irrestricto a los principales cargos de conducción de las instituciones deportivas, tal cual ocurre en muchos otros ámbitos de la acción institucional y política de país, incluyendo la primera magistratura.
La necesidad de adecuar los estatutos de todos las instituciones deportivas en todos los niveles no es otra cosa que defender, reforzar y estimular la participación política de forma más igualitaria y amplia, a sabiendas de que la propia fortaleza de nuestras instituciones está dada en gran medida por el tiempo, esfuerzo y capacidad que sus socios y voluntarios les dan.
Debemos expandir y defender el modelo asociativista, y consideramos que para ello es central la mayor participación de los socios y actores del deporte, los que deben tener legislaciones internas que tiendan a habilitar dicha participación. En ese sentido, en ciertas ocasiones la permanencia casi perpetua en cargos y funciones atenta contra la participación masiva de los asociados. Estamos convencidos de que la representación de las mujeres, los jóvenes y las minorías políticas en aquellos casos en los que los estatutos no lo contemplen, constituye un paso importante para el fortalecimiento, la defensa y la organización del sistema asociativo argentino, desde el capital social que representan los clubes hasta la organización en redes federativas y de representación nacional.
En ningún aspecto se trata de interferir en el basamento de libre asociación que se encuentra en los cimientos de las organizaciones deportivas, sino de estipular un marco institucional donde el Estado con la finalidad de que las instituciones puedan acceder a sus programas, beneficios y reconocimiento requiera de las mismas mínimas condiciones de igualdad, democratización y participación para todos aquellos que quieran ser parte.
Se deja también explícitamente escrito en la letra de la ley el reconocimiento de la autonomía de las asociaciones civiles, como ha sido usual a lo largo de nuestra historia. Por ello, y a los fines de ser parte del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, se estipula una disposición transitoria por la cual se establece en un año de plazo desde la promulgación de la ley, con la posibilidad de uno más si el órgano de aplicación lo considerase pertinente, para adecuar los estatutos en dicha dirección. Pero aquellas asociaciones que no quieran hacerlo pueden optar por no realizar los cambios, pero entonces no serán parte del sistema ni podrán recibir beneficios públicos.

Se propone en el proyecto dar rango de ley al Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física creado por decreto PEN 125/12 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Nación, modificando su composición y creando también el Sistema de Información Deportiva con el objetivo de unificar las actividades estadísticas sobre atletas, árbitros, técnicos y entrenadores, asociaciones civiles deportivas, miembros de comisiones directivas e instalaciones deportivas, lo que permitirá contar con información estadística veraz y oportuna para la toma de decisiones estratégicas por parte del Estado y elaborar una planificación de la infraestructura y las instalaciones deportivas adecuada a las necesidades actuales.
En la órbita del Observatorio se organizarán un subsistema de acreditación de las asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, un Registro permanente del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, un censo de atletas federados, árbitros, técnicos y entrenadores, un Registro permanente de fichas federativas y un censo de instalaciones públicas y privadas destinadas al deporte y la actividad física. La existencia de estas herramientas permanentes de tipo estadístico permitirá a los diferentes estamentos del Estado interactuar conjuntamente con la planificación deportiva de los consejos municipales y regionales, conocer la realidad de cada lugar del país y plasmar una política estratégica teniendo como referencia, también, a los “datos duros” obtenidos.
Un punto central del proyecto es la creación de un capítulo previsional impositivo y un régimen promocional del deporte y la actividad física para los agentes del deporte y la actividad física, comprendiendo a atletas, técnicos y entrenadores, árbitros, personal de apoyo a los atletas y conductores de actividades deportivas con el objeto organizar un sistema previsional para todos aquellos que, actualmente y bajo diferentes modalidades, se desempeñan en el ejercicio del deporte y la actividad física.
Se ha trabajado específicamente este capítulo con el asesoramiento técnico de especialistas de la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos). Para ello se incorpora la utilización de la ficha federativa, entendiendo por tal el instrumento que acredita la titularidad registral que tiene una asociación civil deportiva. Se dispone una escala de 25 por ciento al 10 por ciento de reducciones de las contribuciones patronales del régimen general para las instituciones adheridas al Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, según una serie de variables como número de asociados, balance económico-financiero, etcétera, para las asociaciones civiles deportivas y exceptuando desde ya las que tengan deportes profesionales, procurando un beneficio mayor a menor sea la escala de la entidad, con el objetivo de ayudar al desarrollo de las asociaciones más pequeñas.
Resulta claro que esta disposición tenderá a contribuir con la finanza de las entidades pero también a que éstas tiendan a que todas las personas que se desempeñan laboralmente bajo una forma u otra, se encuentren en situación legal. Este capítulo, señor presidente, brinda las herramientas necesarias para que todos los actores del deporte estén dentro del sistema previsional con las consecuencias positivas que todos comprendemos.
Con respecto al deporte en el ámbito educativo, también proponemos incorporar un nuevo capítulo a la ley, ya que resulta vital y necesario vincular al deporte y la actividad física con el sistema educativo por un lado, y con la salud integral de las personas por el otro, para lo cual el proyecto dispone que el Estado nacional, mediante su sistema global de educación, contribuya a la educación física y el deporte.
Es importante establecer un equilibrio entre las actividades físicas reforzando sus vínculos con los demás estamentos de la educación y mediante la creación de la Comisión Nacional de Deporte y Actividad Física en el Ámbito Educativo. Esperamos se pueda atender la totalidad de cuestiones y lineamientos que vinculan la educación con el deporte y la actividad física, desde la planificación y organización de los Juegos Deportivos Escolares en todos sus niveles hasta el trabajo para garantizar en la educación sistemática la difusión, el desarrollo y práctica adecuada de los distintos deportes dentro de las clases de Educación Física.
Desde algunos sectores de la minoría se ha argumentado ausencia de debate, cuando este proyecto fue discutido en todo el país y fueron invitados todos los actores del deporte y la política, tratándose de un proyecto crucial para el deporte argentino, para que brille en todo el mundo con sus logros pero también para que se expanda en millones de deportistas a lo largo de todas nuestras provincias.
Ha sido criticado por diputados de la minoría de forma poco clara, argumentando que se pretende crear una burocracia deportiva cuando casi toda la estructura es la actualmente existente a la que se le está dando rango de ley, o en el caso de los Consejos Municipales, creándolos para que sea posible desde cada municipio de país determinar las necesidades del deporte con un concepto local, más allá de cualquier bandera partidaria y política. O ampliando espacios para dar más lugar a las voces de los distintos actores, lo que no significa burocracia alguna bajo ningún aspecto. O por cuestiones absolutamente secundarias, poco fundadas, como se expresa en los escasamente desarrollados fundamentos de los dos dictámenes de minoría ante la falta, precisamente, de argumentos para oponerse.
Los invito a acompañar este proyecto que significa ampliar derechos y conquistas a más argentinos y argentinas en el campo del deporte, darles un marco normativo asociativo, derechos previsionales, voz y voto en la conducción del deporte en sus distintos estamentos, beneficios previsionales a las instituciones deportivas y la creación de un sistema estadístico deportivo. ¿Quién puede realmente oponerse a ello?
Señor presidente: el presente proyecto de ley de actualización de la ley 20.655 ha sido revisado también comparativamente con las experiencias legislativas de otros países de América y del mundo que han legislado sobre la materia. Dicha experiencia muestra la existencia de numerosos casos de legislación deportiva que ha sido adecuada a los tiempos actuales, y que abordan la mayoría de los puntos que aquí se presentan, siempre con la particularidad de cada país y el punto de vista del legislador y los diferentes poderes políticos.
La densidad con que se ha abordado cada tema, así como el punto de vista de los especialistas en la materia y de los actores del deporte, han sido puntales para la elaboración del proyecto. Estamos convencidos de que una mayor ampliación en la base de deportistas y un más amplio acceso al deporte y a la actividad física por parte de aquellos que por un motivo u otro no lo practican, abordados desde sus distintas dimensiones, son congruentes con una política de inclusión social, de reconocimiento de la diversidad humana y de más actores en la toma de decisión estratégica respecto del deporte tanto en su conducción pública como en sus instituciones formales.
Es por todo ello, señor presidente, porque se trata de una ley fundamental y transformadora para el deporte argentino, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto afirmativo del presente proyecto.


 

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