2. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BOYADJIAN

Indemnización a ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no hubieran sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada

Después del proyecto de privatización de YPF en 1991, unos treinta y nueve mil trabajadores de nuestra petrolera de bandera fueron despedidos o virtualmente mal compensados en el año 1993. Sin embargo, no solo fueron despedidos, sino que además fueron estafados en dos oportunidades.

La primera estafa es la que estamos tratando de remediar con la sanción definitiva de este proyecto de Ley en el día de hoy. Se origina en que, luego de interminables promesas por parte del Estado nacional para ser incluidos en distintos regímenes, jamás fueron resarcidos. Primero se les prometió hacerlo por compensación de acciones, luego a través de las distintas leyes como la 23.696 o 25.471 de régimen de propiedad participada.
Para ser claros, la realidad es que estos trabajadores luego de ser desafectados de YPF, no fueron asistidos de ahí en más y quedaron excluidos cuando se dispuso el programa de propiedad participada. El estado les negó no solo sus derechos, sino también el legítimo reconocimiento a quienes por muchos años se esforzaron por contribuir al engrandecimiento del país llevando su esfuerzo a lugares y zonas climáticamente hostiles y bajo condiciones de trabajo desfavorables.
Pero la historia no terminó allí para ellos. A las cesantías masivas y a la falta de reconocimiento del derecho de ser incluidos en el programa de propiedad participada, se les sumo una segunda estafa. A muchos de ellos los convencieron de formar emprendimientos, diciéndoles que les iban a dar trabajo en la empresa YPF privatizada, para luego en menos de un año quedar sin trabajo al verse obligados a participar de licitaciones con grandes grupos empresarios. Así, sometidos a las reglas del mercado, se incrementó aún más la concentración de recursos económicos de esos grupos quienes, luego de la privatización de la empresa, siguieron ganando negocios a costas de los mismos trabajadores despedidos que se encontraban en clara desventaja técnico administrativa y económica para enfrentarlos.
La realidad es que esos trabajadores terminaron desempleados, aun cuando en una primera etapa algunos intentaron sobrevivir sobre la base de emprendimientos cooperativos en el rubro petrolero, mientras que otros lo intentaron poniendo kioscos, remiserías, o cualquier otro emprendimiento laboralmente inestable a efectos de diseñar una estrategia de supervivencia para sus familias.
Estos trabajadores, en definitiva, quedaron doblemente estafados, sin aportes, sin futuro y con una angustia paralizante.
Vengo de una provincia petrolera. Como fueguina me siento orgullosa del esfuerzo que muchos de estos trabajadores hicieron para el desarrollo de YPF en nuestra provincia. También he sido testigo de la angustia de muchas familias, cada vez que me han reclamado acompañar este justo reclamo.
Y llegamos a este día, luego de veinte años de injusticia, a reparar lo que jamás debió haber sucedido. Se trata de otra reparación que acompaña la ley de recuperación por parte del Estado nacional del mayoritario paquete accionario de YPF que, en esta caso además, se fortalece con la existencia de un fallo de la Corte Suprema del año 2001 al cual debe darse cumplimiento. En este fallo se reconoce la mala praxis por parte del Estado nacional, imputándole esa responsabilidad a quienes fueran ministros de Economía y de Trabajo de la Nación en momento de la privatización.
Este proyecto, que oportunamente fuera votado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que viene en revisión del Senado, hay que aprobarlo hoy sin demora alguna. Se trata de un proyecto reparador, que hace justicia y que recompensa en función de acciones de la propia empresa, es decir, de su propio esfuerzo presupuestario como siempre debió haber sido.
Por estas razones dejo asentado mi voto positivo y agradezco al pueblo de mi provincia haberme dado la posibilidad de haber participado de la votación de leyes que, como ésta, se trata de reparaciones y reconocimientos justos que le devuelven al Estado la centralidad en decisiones que jamás debió haber cedido.
 

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