1. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ABDALA DE MATARAZZO

Indemnización a ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no hubieran sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada

Estamos reunidos nuevamente en esta cámara para dar un paso más en acciones de justicia social, reparando los daños producidos por políticas llevadas a cabo de espaldas a los trabajadores y al pueblo en general.

En la década del 90 muchas empresas estatales históricas pasaron a manos privadas con el discurso de que con eso íbamos a resolver nuestros grandes problemas económicos, entre ellas, YPF.
No está de más recordar la importancia que tiene esta empresa en nuestra historia, como ejemplo de soberanía política, garante de la independencia económica y articuladora de la justicia social.
Esa posición relevante fue nuevamente puesta al servicio de la patria con la decisión tomada por nuestra presidenta; Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 y que fue aprobada por este Congreso Nacional, mediante la sanción de la ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera.
Por su parte, este proyecto apunta a reivindicar a la otra gran parte de esta empresa; sus trabajadores, que han sido relegados a partir de su abrupta cesantía.
Esta reivindicación ha derivado en la presentación de una gran cantidad de proyectos que han sido tratados pero que no han llegado a sancionarse. Es seguramente en el afán de lograr la mayor justeza en esta indemnización, que este mismo proyecto ha tenido un largo y arduo debate en este Congreso Nacional, motivo por el cual ha sido modificado tanto en esta cámara como en el Senado.
Este reclamo de los ex trabajadores de YPF se origina desde el momento que se privatiza la empresa y se crea el Programa de Propiedad Participada. Recordemos que en 1997, algunos trabajadores que aún estaban activos en YPF cobraron esas acciones, pero no así los trabajadores que habían sido despedidos. De ello resulta que se beneficiaron solo 3.662 agentes, sobre un total de 36.621.
Luego de una larga disputa jurídica, la ley 25.471 puso fin a la controversia judicial aclarando el alcance de la ley 24.145 y determinando cuál era el personal de la referida empresa que estaba en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada.
En consecuencia, la mencionada ley reconoció por parte del gobierno nacional una compensación a favor de los ex agentes de YPF SA que no hayan podido acogerse al programa. Esta sentencia de fines del 2001 otorgo a los trabajadores el reconocimiento de este derecho, pero la crisis social y económica que azoto a nuestro país postergo que se haga efectiva la indemnización.
Luego, el decreto 1077/2003 reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones establecidas por la ley 25.471. El decreto citado fijó la cantidad de 956 acciones por beneficiario.
Es por ello que no se está creando un nuevo derecho, sino que estamos procediendo a hacer efectivo un reclamo que tiene reconocimiento legal y ha sido ratificado por la justicia nacional, estableciendo un piso mínimo de $311.- por acción para el monto a cobrar, como también un plazo máximo de 120 días para hacer efectivo el pago.
Ahora si quiero hacer referencia a los sucesos que se derivaron del tratamiento del proyecto, en donde han surgido modificaciones conceptuales y otras estrictamente monetarias, es decir que impactan directamente en el monto que percibirán los ex empleados de YPF.
Estando fijada la cantidad de acciones que le corresponden a cada beneficiario, ha sido objeto de discusión que el valor final que reciba cada uno corresponda a las pautas que se establecieron para un justo resarcimiento. Si bien este punto no había sido objeto de análisis en el debate inicial en esta cámara, la Honorable Cámara de Senadores considero necesario incluir un piso mínimo para el valor de estas acciones. Esta modificación tiene base en las fluctuaciones en el valor de las acciones, producto de las variables externas que afectan ese valor, como el precio internacional del petróleo.
También se ha modificado la exigencia de la suspensión de los juicios, quitándola del texto del proyecto, a la vez que se aclara que los beneficiarios de esta indemnización no deben realizar el importe a las ganancias.
Todas estas modificaciones tienen un solo objetivo, elevar al máximo posible la indemnización que perciban estos trabajadores, por lo que son totalmente beneficiosos para ellos.
Sin embargo hemos escuchado en el debate realizado en la Cámara Alta, que estas modificaciones no eran sustanciales, y que era mejor aprobar el texto de la ley sin las mismas, argumentando que si se le realizaban las modificaciones debía volver a esta Cámara y ello derivaría en que la ley no se apruebe.
Pero acá estamos, realizando un acto de justicia social con estos emblemáticos trabajadores, sin dilaciones y con la sensación de la misión cumplida por su trayectoria, por su lucha y por su patriotismo.
 

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