15. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ORTIZ CORREA

Indemnización a ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no hubieran sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada

Como todos sabemos en el año 1990 se produce el proceso de privatización de nuestra YPF Sociedad que era del Estado y que por decreto 2.778 pasó a ser sociedad anónima a partir del primero de enero de 1.991.Dicho proceso de privatización se consolida a través del dictado de la Ley 24.145 por el Congreso de la Nación, y en la cual se establecen específicamente los tipos de acciones del capital social de la empresa: 1. Acciones clase A, que son las acciones del Estado Nacional 2. Acciones clase B, que son las adquiridas por los Estados Provinciales 3. Acciones clase C, que son las adquieren el personal de la Empresa (propiedad participada), hasta el 10% del capital social 4. Acciones clase D, que son las que cotizan en bolsa.
Cuando se pone en marcha la propiedad participada en 1.993 por las resoluciones dictadas por los Ministros de Economía y del Trabajo de ese entonces , se determina que los sujetos que serían los adquirentes de las acciones de propiedad participada eran los que tuvieran relación de dependencia, es decir relación laboral al tiempo de firmar el convenio general de transferencia del 7 de julio de 1.993, resulta que entre aquel primero de enero de 1.991 en que se convierte la sociedad del estado en sociedad anónima y el 7 de julio de 1.993 fecha en que se firma el convenio general de transferencia la planta del personal de YPF se redujo notablemente de casi 40.000 empleados a 10.000, siendo que casi el 70% al 75% de ellos quedó excluido de la propiedad participada de las acciones, una tremenda injusticia. Por supuesto que muchos de nuestro hermanos trabajadores ex agentes de YPF promovieron las pertinentes acciones judiciales, administrativas, ante toda esta situación que se fue dando se trató de resolver la cuestión con la Ley 25.471 que vino en lo posible a subsanar semejante inequidad, siendo reglamentada por decreto 1.077 del año 2003, donde también se fijó el valor promedio para calcular las compensaciones. Mirando la historia debemos tener en cuenta el esfuerzo que en ese momento era mucho para nuestro país que recién empezaba a salir de la crisis 2.001-2.002. Siendo así que llegamos a ubicarnos en el año 2.012, cuando se logra recuperar YPF convirtiéndose nuevamente en una Empresa eficiente siendo un símbolo de recuperación de Soberanía ya que era inconcebible que nuestros recursos estén librados a los designios del mercado , se trata de otra reparación, como tantas otras de la Década Ganada, porque debemos observar en la historia estos hechos que se oponen a años y años de tristes políticas de desfalco, de desmantelamiento, de demolición del Estado propias de un perverso neoliberalismo capitalista, propios de quienes aman el mercado y sus vaivenes desoyendo el clamor del Pueblo en su amor a la Patria, épocas a las que el pueblo debe recordar para no retornar y retroceder. Es sumamente importante que hoy estemos sancionando esta Ley y obviamente considerando las modificaciones planteadas en el Senado de la Nación que vienen a mejorar el proyecto y que mantienen intacto el espíritu que desde sus inicios inspiraba al mismo. Es importante por sobre todo porque implica la reparación del daño causado en aquel equivoco de hombres que tanto daño causaron a nuestros hermanos trabajadores de YPF, quienes padecieron el dolor de la conculcación de sus derechos, en definitiva se conculcó su derecho a una vida digna. Es valorable que se trate durante el Gobierno de nuestra Querida Presidenta Cristina como valorable es la voluntad y decisión de cada uno de los colegas legisladores que acompañarán la reparación. Con relación a las modificaciones se establece un piso mínimo del valor de la acción para evitar el deterioro en el momento de aplicarse la ley y de esta manera no quedar la indemnización sometida a los cambios de la bolsa, esto fue consecuencia de oír las voces de los trabajadores es así que el articulo 3 expresa que no podrá ser inferior a $ 311,00 pesos el valor de la acción; también se prevé que cuando se hubieren percibido en juicio indemnizaciones inferiores puedan compensarse los valores con la diferencia que resultare justa. El artículo 4 que dispone en relación al monto y a la actualización a la que hace referencia el decreto 1077 del año 2003 y establece la forma para determinar lo percibido más la actualización y lo que surja de esta ley.
El Art. 5 hace referencia a los trabajadores que hubieran iniciado acciones judiciales y determina el procedimiento al que deben someterse, respecto al resto de los trabajadores rige la ley de consolidación de deuda pública N° 25.344 debiendo acogerse al procedimiento del decreto 1.116 del año 2000.
Por todo ello y porque no debemos creer en espejitos de colores ni en quienes nos bailan o cantan en torno a falacias que quieren presentarse como mágicas, estas son épocas en que se debe tener más memoria que nunca porque lo mágico ya nos lo contaron pero las Asignaciones Universales no son magia, las jubilaciones no son magia, los aumentos de las jubilaciones no son magia, el retorno y el respeto por las convenciones colectivas de trabajo no son magia y esta reparación de hoy es porque puede y debe ser realidad como cada una de las conquistas de la Década.

 

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