11. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MADERA

Indemnización a ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. que no hubieran sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada

Nos encontramos hoy reunidos para tratar un tema trascendental para nuestra sociedad, como es la compensación económica a favor de los ex agentes de YPF Sociedad Anónima que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada. Remarco que se trata de una cuestión de suma importancia porque con este proyecto estamos avanzando en el reconocimiento de un derecho fundamental para quienes sufrieron durante la década de los noventa la política de privatización, reparando así la inequidad que se generó contra los trabajadores que viene luchando hace tantos años por este reconocimiento.
Recordemos que la Ley Nº 23.696 de 1989 estableció las bases conceptuales de los Programas de Propiedad Participada. Por otra parte, la Ley Nº 24.145 de 1992 transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, y dispuso en su Artículo 8° que el capital social de dicha sociedad estuviera representado por acciones de diversas clases, asignando la categoría "C" a las acciones que adquiera el personal de la empresa (hasta el 10% del capital social) bajo el régimen de Propiedad Participada de la Ley Nº 23.696. En este marco, los empleados de YPF pasaron a ser titulares de alrededor de 35 millones acciones clase “C” de la empresa y solicitaron la cancelación del saldo de precio de venta de dichas acciones adeudado mediante su venta.
Sin embargo, en 1997 el Estado Nacional y el Directorio de YPF Sociedad Anónima gestionaron la venta de las acciones clase “C” sin contar con el acuerdo de los trabajadores poseedores de las mismas. Este procedimiento fue ratificado mediante el Decreto Nº 628/1997, que aprobó dicho procedimiento de cancelación y autorizó la venta y transferencia de acciones. Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, de esta operación se beneficiaron sólo 3662 agentes sobre un total de 36.621 trabajadores de YPF; lo que da cuenta de la injusticia que se cometió con los trabajadores.
Cabe destacar que desde hace muchos años los ex empleados de YPF vienen reclamando una compensación por la resolución inequitativa que tuvieron aquellos conflictos mediante el Programa Participativo. Muchos de estos ex agentes de YPF Sociedad Anónima iniciaron acciones judiciales contra el Estado Nacional por considerar que debían estar incluidos en el Programa, solicitando el reconocimiento de sus derechos a las acciones Clase "C" o, en su defecto, el pago en efectivo del valor de tales acciones. Sin embargo, los resultados no fueron favorables.
Fue entonces cuando en 2002, en un intento por dar solución a los conflictos judiciales, se sancionó la Ley 25.471 que determinó cuál era el personal de la empresa que estaba en condiciones de acceder al Programa. Así, se reconoció por parte del Gobierno Nacional una compensación a favor de los ex agentes de YPF SE que no hayan podido acogerse al Programa, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos, estableciendo los lineamientos de la valuación de dicha compensación. Pero además se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Bonos para la Consolidación de la Deuda reconocida por dicha ley a favor de los ex agentes de YPF SA. Finalmente, el Decreto Nº 1077/2003 reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones establecidas por esta ley fijando el valor promedio para el cálculo de la compensación.
Sin embargo, todas estas iniciativas que acabo de enumerar son fueron exitosas ni dieron solución integral al conflicto que viene afectando hace años a los ex agentes de YPF. Nos encontramos entonces frente a un trato desigual entre trabajadores, ya que algunos lograron cobrar mediante el Decreto de 1997 y otros mediante la Ley 25.471, pero otros no recibieron nada. Y esta situación resulta inadmisible en un gobierno que lucha por los derechos todos los trabajadores de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, con este proyecto de ley venimos a reconocer un derecho que ya había sido adquirido por los trabajadores de YPF, el de una compensación económica para quienes no adhirieron al Programa de Propiedad Participada, mediante títulos públicos.
En noviembre del año pasado tuvimos la oportunidad de tratar este expediente en nuestra Honorable Cámara, que fue acompañado por unanimidad. Luego, en su tratamiento en la Cámara de Senadores durante marzo de este año, se introdujeron algunas modificaciones con el espíritu de mejorar esta iniciativa para el beneficio de los ex agentes de YPF. Así pues, se dispuso un valor mínimo de la acción (de $311), atentos a evitar que las variaciones en la cotización de las acciones de YPF afecten fuertemente la compensación a recibir por parte de los ex agentes. Además, se eliminó un artículo que establecía la suspensión de todas las causas judiciales por el término de 150 días hábiles, realizas por los ex trabajadores de YPF para reconocer sus derechos en las acciones del Programa de Propiedad Participada. El accionar de la Cámara de Senadores fue criticado por algunos, cuestionando la dilatación en el tratamiento del proyecto. Pero el tiempo nos dio la razón. En el último año las acciones de YPF alcanzaron un pico de alza a fines de septiembre (llegando a los $558), pero luego tuvieron un valor mínimo de $ 287 a mediados de diciembre, con una tendencia de baja. Por lo tanto, de haberse aprobado tal cual salió de Diputados se hubiese obtenido antes la Ley, pero el resarcimiento hubiese sido menor dada la caída del precio de las acciones.
En definitiva, nos encontramos en el día de hoy ante la oportunidad –y la responsabilidad- de concluir con el tratamiento de este proyecto y reconocer de una vez por todas, la compensación a los ex agentes de YPF. Por lo tanto, como representante de mi pueblo y como parte de este proyecto nacional de crecimiento con inclusión y equidad, no puedo más que acompañar con mi voto afirmativo este proyecto de ley.
 

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