31. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA TERADA

Mucho se ha dicho sobre la importancia que tiene el ferrocarril para la vida de todos los argentinos y coincidimos con ello. Es más, somos y seremos defensores del sistema ferroviario por ser conscientes de su importancia en el desarrollo económico, productivo y social a lo largo y a lo ancho de nuestro País. Y por ello que es, nuestra decisión y voluntad de que el Estado Argentino ejerza el control del mismo.
También, recordemos que ha sido un gobierno peronista, el de Carlos Saúl Menem quien ha privatizado en la década del 90 todo el sistema ferroviario, siguiendo en ese momento la doctrina neoliberal, que muchos han acompañado y aplaudido.
Hoy, se ha mencionado en este recinto en forma reiterada, lo expresado por la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el envío de un proyecto de ley para una “ nueva estatización ferroviaria” o nacionalización de la misma; sin embargo, como persona del derecho puedo expresar que esto es una mentira, ya que los ferrocarriles son de propiedad del Estado Nacional y éste, solo ha concedido el uso y goce de los mismos, supuestamente bajo su control, a distintas empresas privadas.
Cabe señalar que en el año 2008 se sanciona la ley 26.352 que tiene como finalidad el reordenamiento de la actividad ferroviaria, ubicando como pieza clave de toda la acción, de los nuevos criterios de gestión y de rentabilidad, la consideración del usuario, conforme las pautas que se fijan.(Art 1°).
Para dicho fin se crea la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (a fines administrativos) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (con fines operativos) Y el Belgrano Cargas (destinado sólo a transporte de cargas).
Es decir, que desde la sanción de dicha ley, el Poder Ejecutivo nacional ya había asumido un compromiso de cambio, pero en realidad, no generó ninguna modificación respecto a los concesionarios y el control por parte del Estado.
La nueva ley, pretende crear un nuevo órgano llamado “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado” a fin de que nuclee a las dos mencionadas y al Belgrano Cargas.
Cuando en los fundamentos habla de la necesidad de que el estado recupere definitivamente la administración de los ferrocarriles por parte del Estado, simplemente está hablando para la tribuna, ya que, desde el 2008 el Estado tiene la potestad para revocar o renovar concesiones; sin embargo, no obstante los accidentes, muertes e incumplimiento de las obligaciones por parte de los concesionarios, nunca hizo uso de dichas facultades, es más recientemente renovó las concesiones a las mismas empresas cuestionadas.
En relación, al artículo 1° del proyecto en tratamiento, cabe destacar, que el término utilizado en su redacción de “declaración de interés público” no obliga al Estado a garantizar la explotación regular, continua y eficiente en todo el territorio nacional; como si lo hace la denominación “servicio público”, que tiene una connotación distinta y una implicancia jurídica totalmente diferente y no solo semántica de la cuestión.
En este punto, cabe aclarar que ni la miembro informante ni quienes desde el oficialismo defienden el proyecto han podido explicar por qué no se utiliza la terminología “servicio público” y no “interés público”. Esto motiva que nuestro interbloque va a votar en forma negativa este artículo si no se acepta la modificación propuesta.
En la nueva ley, se mantienen las concesiones, de hecho el art. 3° de la nueva ley, Faculta al PEN a resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso “renegociar” los contratos de concesión de Nuevo Central Argentino S.A., Ferroexpreso Pampeano S.A. Y Ferrosur Roca S.A., los del Metrovías S.A. Y Ferrovías S.A. Concesionaria. (De más está decir que todas estas concesiones se renovaron y mantuvieron en estos 12 años de Kirchnerismo). Este artículo es copia del artículo 2° de la ley 26.352, la que se encuentra vigente.
El artículo 4° habla del transporte de carga y habilita a “cualquier operador ferroviario”. No se sabe cuáles van a ser los criterios de “habilitación” que permitan una transparencia en el proceso de selección de los interesados como nuevos operadores.
El artículo 5° a su vez la Sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, estará en la órbita del ministerio. Artículos 6°, 7° y 8° hablan de las funciones. (Recordemos que las otras dos OFSE y ADIF también están dentro de la órbita del ministerio.)
El artículo 9° que refiere a la creación de un Directorio al frente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, viola lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional negando representación a las asociaciones de usuarios y de las provincias interesadas. Por lo que este artículo será votado en forma negativa, si no se accede a las modificaciones que se proponen.
Respecto del artículo 10 que alude al presupuesto no figura un compromiso explícito del gobierno de destinar una inversión mínima anual ligada al porcentaje del PBI o a un monto fijo para sostener realmente en el tiempo la nueva política ferroviaria. Para creer la fervorosa defensa de este proyecto realizada por el oficialismo, es indispensable establecer como lo ejecutarán y con qué recursos, lo que de este proyecto no se desprende.
En los artículos siguientes, se observa que la tan mentada estatización, no se concretaría ya que la mención de distintas leyes del ámbito privado a aplicarse a relaciones laborales, la intervención de tercero o asociadas a terceros, no hace más que demostrar que el Estado mantendrá el estado de situación vigente.

CONCLUSIÓN

Somos y seremos defensores del sistema ferroviario en manos del Estado, ya que consideramos que es un motor del desarrollo social, económico y financiero de todo el territorio nacional. Por lo dicho, este punto no está en discusión, motivo por el cual acompañaremos con nuestro voto la aprobación de la Ley en general. No así respecto de los artículos que hemos cuestionado, por los fundamentos ut supra expresados, que refieren a la implementación del sistema propuesto.
 

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