7467-D-2006

Proyecto
El Senado y Cámara de Diputados...


Artículo 1° - Constituir una comisión bicameral especial destinada a mantener informado al H. Congreso de la Nación sobre el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el secuestro y desaparición del señor Jorge Julio López y el secuestro y posterior aparición con vida del señor Luis Angel Gerez, sin que ello importe el desplazamiento de los respectivos órganos naturales a cargo de la investigación.
Artículo 2° - La Comisión se constituirá por seis diputados y seis senadores que reflejen en conjunto la composición política de ambas Cámaras.
Artículo 3° - Inmediatamente de constituida la comisión designará a sus autoridades, aprobará un reglamento interno y fijará los días de reunión.
Artículo 4° - La Comisión tendrá todas las atribuciones necesarias para cumplir sus objetivos, cuidando en todos los casos de no obstruir el curso regular de la actividad llevada a cabo por el Ministerio Público y los Jueces intervinientes, pudiendo solicitar la colaboración de personas, instituciones y organismos.
Artículo 5° - La Comisión tomará conocimiento de las actuaciones cumplidas hasta la fecha de su constitución por la Justicia y cualquier otro organismo público que participare en la investigación.
Artículo 6° - La Comisión informará mensualmente en al Congreso de la Nación de lo actuado, siempre que no se viole el secreto del sumario impuesto en las actuaciones judiciales. En este último caso, deberá reservar el informe hasta que se disponga su levantamiento.
Artículo 7° - Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión podrá afectar al personal del Honorable Congreso de la Nación.
Artículo 8° - Invitar a la Honorable Cámara de Senadores a nombrar a sus representantes para integrar la Comisión Bicameral Especial de Investigación de los ilícitos referidos en el artículo 1°.
Artículo 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


La lamentable situación creada por los secuestros de Jorge Julio López y Luis Angel Gerez y las contingencias que rodearon a ambos hechos nos crea el convencimiento de la imperiosa necesidad de conformar en el ámbito del Congreso Nacional una comisión especial, bicameral, destinada al seguimiento de las investigaciones que se llevan a cabo en orden a ambos delitos, con el objeto de mantener debidamente informado al Cuerpo y, con ello, a toda la sociedad.
En efecto, producido el secuestro del señor Jorge Julio López, la familia del nombrado asumió una postura errática sosteniendo la posibilidad de que, a consecuencia de un shock emocional sufrido a raíz de su declaración en la causa Etchecolaz que pudiera haberle causado una pérdida de memoria o alguna otra forma de extravío, o bien simple y puro miedo y que López decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena a Etchecolaz.
Estas declaraciones familiares resultaron sugestivas por la gravedad de los hechos, apareciendo para muchos como que se les habría dado un aviso de que se mantuvieran tranquilos y que a la brevedad López aparecería.
No era ésta la opinión de las organizaciones de derechos humanos, que desde un principio sostuvieron la desaparición forzada por parte de sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. No obstante estos reclamos, la justicia, llamativamente persistía en caratular la causa como una simple averiguación de paradero hasta que el tiempo transcurrido habría demostrado que no era así y que correspondía pasar las actuaciones a la Justicia Federal luego de la intervención de la Corte Suprema adjudicándole el carácter de secuestro político.
Viene al caso señalar que por esta época en la Provincia de Santa Fe apareció un volante con la foto de Jorge Julio López y la leyenda: “Jorge Julio López, terrorista 30.001 ¿quién será el 30.002?”.
A su vez, según se desprende de la edición del diario Clarín del 29-9-06, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, lanzó una campaña nacional para hallar al testigo desaparecido, y recordó que era el primer desaparecido del 76 “que desaparece de nuevo en democracia”. Esta presunción fue respaldada por el Ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
Obsérvese la contradicción entre las primeras versiones, que suponían una ausencia voluntaria, hasta la aserción de que era el primer desaparecido en democracia, lo que nos deja sumidos en una gran incertidumbre, máxime cuando hasta el presente esa situación se prolonga sin que se adviertan avances en la investigación.
Producido el secuestro de Luis Angel Gerez, los medios de comunicación televisivos informaban que, según el gobierno este caso sería resuelto rápidamente, en forma distinta a lo ocurrido con López, debido a que habían tomado intervención inmediata y no se habían dejado estar como en el supuesto de este último, que los había tomado desprevenidos.
Y fue evidente que se actuó de modo diferente, la edición de Ambitoweb.com del 28-12-06 informaba que “el propio presidente Néstor Kirchner se encargó de la ‘coordinación inicial’ del operativo”,y que “tanto las miradas oficiales como las de exponentes de los derechos humanos se direccionaron a responsabilizar por la situación a ‘grupos de ex represores de las fuerzas policiales y militares”, mientras que el diputado Miguel Bonasso hizo “responsable por la vida y la integridad del ciudadano Luis Gerez a Luis Abelardo Patti”. Al mismo tiempo, en Escobar aparecían pintadas con la frase “5 x 1 no quedará ninguno M.P.L. Montoneros” y “Patti cuidate volvimos JP EVITA”, entre otras (ver La Nación 4-1-07, página 8).
En la edición del 29-12-06, La Nación señala que “Néstor Kirchner se lo dijo a su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al gobernador bonaerense, Felipe Solá: Es un ataque político al Gobierno. Nos quieren desestabilizar. Meter miedo”, y que “Se hizo un análisis de los pocos datos que tenían y Kirchner dijo que este hecho era ‘gravísimo’ y que lo consideraba un ataque a la política de derechos humanos del Gobierno”.
Eso se condice con el discurso pronunciado por el señor Presidente de la Nación minutos antes de la liberación de Gerez, en el que acusaba directamente a grupos vinculados con las fuerzas armadas y de seguridad.
Como si todo esto fuera poco, en la edición infobae.com del 1-1-07, bajo el título “Desde la Corte avalan la pista paramilitar en secuestros”, se transcriben las expresiones de la Ministra Carmen Argibay, que sostuvo: “Hay grupos que tienen operatividad, aunque no tengan demasiado poder pueden secuestrar o hacer desaparecer a una persona o mantenerla escondida ... Son pequeños grupos que en algún determinado momento llamamos la mano de obra desocupada que siguen estando ... Pueden estar vinculados a la Policía bonaerense, porque es curioso que tanto López como Gerez declararon contra efectivos de esa fuerza ... El problema de la investigación es que no queda precisamente en manos de la Justicia sino que actúan fuerzas de seguridad”.
Nosotros pensamos que, entre otros, el problema grave es tener una justicia direccionada y que esté prejuzgando, como el caso de la Dra. Argibay, lo que suma mayor inquietud.
No obstante que desde un principio se dirigió la investigación en un solo sentido, que claramente era posible, pero descartando cualquier otra, también factible, pues la metodología utilizada no fue resorte exclusivo del terrorismo de estado, sino también del terrorismo subversivo, llámese Montoneros, ERP y otros, y desconociéndose un principio rector de toda investigación criminal, consistente en determinar qué intereses se ven perjudicados o beneficiados por el hecho delictivo, no por mero voluntarismo ni apreciaciones personales, sino a través de un análisis riguroso y crítico, la realidad está demostrando otra cosa.
En principio, la confusión es terrible, los interrogantes se suman, las explicaciones son pueriles y el 87% de los encuestados no cree en aquellas que hasta el presente brindó el gobierno, a lo que debe añadirse la falta de credibilidad generalizada en la Justicia.
Ello se ve corroborado con lo publicado en el matutino La Nación de fecha 5-1-07, a través de la nota titulada “En el gobierno de Solá desconfían de Gerez y sospechan de una pelea local” (página 10), en la cual citando a fuentes gubernamentales que pudieron acceder al expediente judicial se sostiene que “creemos que es un caso político a nivel local, no tiene nada que ver con su testimonio contra Patti ... la declaración de Gerez no se sostiene, no es creíble en muchos puntos, no cierra”.
Después de la ligereza y acusaciones tendenciosas e infundadas de parte de los gobiernos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, después de las manifestaciones en igual sentido de un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostenemos que los componentes ideológicos que han puesto todos ellos en evidencia conspiran contra una investigación imparcial que tienda al real esclarecimiento del caso.
A ello se suma la aparición de leyendas claramente vindicativas que nos retrotraen a una época de horror a la que no queremos volver de ninguna forma, ni aún tangencialmente.
Por lo expuesto, consideramos imprescindible la creación de esta Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de las investigaciones que rodean a ambos hechos con el fin no sólo de que la ciudadanía esté debidamente informada sino también con el de, tal vez, poder evitar que otros de igual característica puedan repetirse en el futuro.
Proyecto

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