3598-D-2017

Proyecto
El Senado y Cámara de Diputados...


Ley de emergencia laboral: prohibición de despidos y suspensiones; estatización de toda fábrica que cierre y reparto de las horas de trabajo con igual salario.
ARTÍCULO 1º: Prohíbanse los despidos y suspensiones contra cualquier trabajador en relación de dependencia -tanto en el ámbito público como privado-, sean registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios, monotributistas o bajo cualquiera otra forma contractual. Caso contrario, el despido o suspensión será declarado nulo de nulidad absoluta, debiendo el empleador proceder a la reincorporación inmediata del trabajador en su puesto normal y habitual bajo la fuerza pública.
ARTICULO 2º: Toda empresa o establecimiento que cierre o despida pasará a la órbita del estado nacional y con los fondos necesarios estatales y bajo control de sus trabajadores, comenzará nuevamente la producción o actividad, poniendo la misma al servicio de satisfacer las urgentes necesidades populares.
ARTÍCULO 3º: Procédase al reparto equitativo de las horas de trabajo entre toda la demanda de mano de obra disponible, estableciéndose la reducción de la jornada laboral con igual salario, hasta alcanzar el valor de la canasta familiar.
ARTÍCULO 4º: De forma.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda presenta este proyecto que ataca de raíz el flagelo de la desocupación y frena las arbitrariedades de las patronales que siguen haciendo fabulosas ganancias a costa de los despidos y suspensiones. Todo con la complicidad del gobierno y del Ministerio de Trabajo, los dirigentes sindicales vendidos y los políticos de la oposición patronal que dejan correr estas políticas anti obreras. Junto a Macri, el Frente Renovador, el PJ, el FpV y el resto de los políticos patronales se niegan sistemáticamente a tratar este tipo de proyectos porque están a favor que se ataquen los derechos laborales en pos de seguir engordando las ganancias de las patronales.
Estamos ante una ola de despidos. Solo en la última semana fueron 2.000 los nuevos despidos que se sumaron a la ya larga lista de meses atrás. Lidera el ranking la multinacional estadounidense Pepsico, que acaba de dejar en la calle a 600 trabajadoras y trabajadores. Se suman los 51 despedidos de Walmart en Sarandí; 637 operarios de Atucha por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina; el cierre de Atanor en Baradero dejó a 60 trabajadores en la calle; Carboclor a unos 150 e Ingredion a 186 entre las plantas de Baradero y Chacabuco; hay posibles despidos en Argensun (Luján), etcétera. Esto se suma a la larga lista de suspensiones en automotrices y autopartistas, entre otros lugares de trabajo, y a los despidos que las patronales en complicidad con los gobiernos ejecutan ante luchas justas, como la reciente de las trabajadoras y choferes de la UTA Córdoba donde decenas fueron despedidos por enfrentar el 8% de aumento para 2017 que firmó la burocracia central. Esto sin contar los despidos y precarización en el ámbito estatal.
A pocas semanas de la visita al país de la canciller alemana Angela Merkel, quien celebró la “apertura de la economía al mundo” de Mauricio Macri y diagnosticó “condiciones más favorables” para la llegada de inversiones al país, la alemana Lanxess anunció el cierre de su planta en la localidad bonaerense de Zárate y despidió a 170 trabajadores.
De acuerdo a los datos oficiales del Indec, para el primer trimestre del año 1.7 millones de personas no tiene trabajo y la tasa de desempleo ascendió a 9.2%, siendo mucho mayor el porcentaje cuando se trata de mujeres y jóvenes. Hay 48.706 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y marzo de 2017. Con el denominado “Plan de reconversión industrial” basado en una mayor productividad (léase súper explotación laboral) peligran 364.000 puestos de trabajo, ya que en determinadas industrias se pretenderá reducir el 50% del personal. Según un sondeo de Sel Consultores sobre 1.400 firmas, el 62% de las grandes y el 50% de las Pymes “ajustó sus costos laborales” con rebaja de horas extras, despidos y suspensiones de personal (Clarín, 3/7). A su vez, la cifra del empleo en negro se mantiene en un 33.3%. Esto significa que 4 millones de asalariados no cuentan con aportes jubilatorios ni acceso a la seguridad social. El kirchnerismo ya había dejado allanado el camino a Macri con un 30% de trabajadores tercerizados y un 40% de trabajadores en negro cuando dejó el gobierno.
Esto se suma al escandaloso robo salarial. Las últimas estadísticas oficiales señalan que el promedio salarial es de $12.695 (mucho menos de la canasta familiar que asciende a $25.000); la mitad de los trabajadores percibe $9.700 promedio y quienes lo hacen en negro, $6.919 (el 27% de estos últimos perciben menos de $3.600), mientras se calcula que con las medidas oficiales desde que asumió este gobierno hubo una transferencia de 16.000 millones de dólares desde los trabajadores y sectores populares a las grandes patronales, petroleras, mega mineras y bancos. Esto ha llevado a que el 10% más rico tenga ingresos 22 veces superiores al 10% más pobre, acrecentándose la desigualdad social y por ende la miseria y pobreza.
Esta ley, en primer lugar, tiende a tomar medidas urgentes y de emergencia para frenar la ola de despidos y suspensiones. No puede ser que las mismas empresas que hicieron ganancias en todos estos años, ahora, ante la no reactivación de la economía y alegando “una crisis”, usen de variable de ajuste a los trabajadores. Prohibir por ley los despidos y suspensiones es una medida ultra necesaria para evitar que se siga adelante con la desocupación.
El Ministerio de Trabajo es cómplice de los despidos y suspensiones. No solo deja correr los ataques laborales sino que los fomenta. Dice que son “conflictos entre privados” para dejar las manos libres a las patronales para despedir. Es el mismo ministerio que se entromete para frenar los aumentos en las paritarias cuando superan el techo salarial (bancarios) o iniciar juicios políticos a jueces cuando fallan para evitar los descuentos de los días de paro, como ocurrió con los docentes bonaerenses.
En segundo lugar, la presente ley dispone que toda fábrica que cierre o despida masivamente debe pasar a manos del estado, para seguir manteniendo las fuentes de trabajo y la producción. No puede ser que la trasnacional yanqui Pepsico, con el objetivo de desprenderse de sus empleados y de la comisión interna combativa, presentó un “Procedimiento Preventivo de Crisis” (protocolo que las patronales utilizan para despedir trabajadores a bajo costo), con el aval del gobierno y en acuerdo con la cúpula del sindicato. Una empresa que facturó en 2016, a nivel global, 10.000 millones de dólares y un ocho por ciento (800 millones de dólares) proviene de sus filiales latinoamericanas, donde la de Argentina es una de las estrellas en producción y ventas. Pepsico no tiene ninguna crisis como lo resaltan los trabajadores y todo esto es un fraude, avalado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en complicidad con el burócrata Rodolfo Daer.
El sindicato de la Alimentación, con Daer a la cabeza, decidió entregar los puestos de trabajo sin luchar, llamando a que los obreros acepten “indemnizaciones dignas”, desestimando el pedido de un paro general del gremio, un plan de lucha hasta reincorporar a los despedidos y el aporte solidario del 2% al fondo de lucha, mandato de la comisión interna. En lo que va del año, 7.000 trabajadores de la alimentación perdieron sus empleos, pero Daer les pide a los despedidos que no luchen y que expresen su bronca “en las urnas” mientras él apoya las listas del PJ de Randazzo. Acá no hubo nada de “preventivo (al otro día de la presentación judicial dejaron en la calle a 600 familias) ni de “crisis” (porque la multinacional yanqui tiene ganancias millonarias).
Lo mismo ocurrió con AGR-Clarín, donde se despidieron a todos los trabajadores (380 familias) sin que haya ninguna crisis, al revés, se trata de un multimedio que está haciendo fortunas. En estos casos, esas empresas deben pasar a manos del estado para que sigan produciendo (alimentos la primera, impresiones la segunda) para el pueblo trabajador.
En tercer lugar, para dar empleo a toda la mano de obra disponible, se hace necesario repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores en condiciones de prestar servicios. Terminando con la paradoja de que hay trabajadores con jornadas agotadoras y extenuantes y miles de trabajadores que están desocupados. Esta medida permitiría combatir inmediatamente el problema del empleo. Y llevaría necesariamente a la reducción de la jornada laboral, con igual salario.
Esto evitaría lo que ocurrió en General Motors, una empresa estadounidense que recibió préstamos y pago de parte de los salarios por parte del estado. Resulta que suspendió a 350 trabajadores (que serán despedidos dentro de poco) y los ritmos de producción aumentaron para la menor cantidad de trabajadores que sigue trabajando en la plata de Alvear-Rosario, quienes sufren, además, enormes accidentes laborales.
Las medidas que proponemos en el presente proyecto evitarían estos casos aberrantes como tantos otros que se dan bajo este plan de ajuste capitalista que aplica Macri de la mano de las patronales y de la burocracia sindical, a lo que se agregan los cambios en los convenios colectivos con quita de conquistas y mayor flexibilización laboral.
Las medidas de emergencia que proponemos en este proyecto las consideramos parte de un plan alternativo obrero y popular para combatir a las patronales capitalistas y sus planes de explotación de la mano de los gobiernos de turno y de la burocracia sindical. Y una contribución al apoyo a las luchas en curso contra los despidos y suspensiones y los atropellos patronales.
Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.
Proyecto

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