PROYECTO DE LEY


Expediente 8897-D-2016
Sumario: COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA DE DELITOS VINCULADOS CON EL INCENDIO DE LOS DEPOSITOS DE LA EMPRESA IRON MOUNTAIN. CREACION EN EL AMBITO DEL H. CONGRESO DE LA NACION.
Fecha: 01/02/2017
Proyecto
El Senado y Cámara de Diputados...


CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA DE DELITOS VINCULADOS CON EL INCENDIO DE LOS DEPOSITOS DE LA EMPRESA IRON MOUNTAIN.
ARTÍCULO 1° — Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Investigadora de Delitos Vinculados con el Incendio de los Depósitos de la Compañía Iron Mountain destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país.
ARTÍCULO 2° — La Comisión Bicameral Investigadora estará compuesta por cinco (5) Diputados y cinco (5) Senadores nacionales, designados por el Presidente de cada Cámara, respetando la representación de los bloques políticos de cada Cámara.
La misma será presidida por un miembro de la Comisión elegido por el resto de los integrantes y será acompañado en su gestión por un vicepresidente, también elegido por la propia Comisión, con facultades para sustituirlo en caso de ausencia transitoria.
El quórum de la Comisión se conforma con la simple mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
ARTÍCULO 3° — La Comisión tendrá por objeto investigar las modalidades de un esquema implementado para destruir información y documentación probatoria de diversos delitos fiscales en trámite ante el Poder Judicial, mediante el incendio de los depósitos de la empresa Iron Mountain, donde se almacenaba importante documentación.
Le corresponderá a la Comisión establecer las con-causales en que hubieren incurrido las instituciones facilitadoras de la modalidad de evasión fiscal, en cuanto al ocultamiento y/o destrucción intencional de la documentación que acredite el proceder ilícito descripto.
La Comisión podrá, a los efectos de reconstituir la información perdida, requerir con carácter de orden público, información a terceros en cuyo poder obre total o parcialmente la información siniestrada.
A su vez, también, el trabajo de investigación desarrollado se orientará a delinear la posible existencia de un comportamiento sistémico en el seno del mercado bancario y financiero que opera en Argentina, sobre mecanismos llevados a cabo para promover la salida de capitales evadidos de la tributación, impulsando de ser así, las modificaciones legislativas en materia bancaria, financiera y/o cambiaria que fueran pertinentes, para eliminar este tipo de actividades ilícitas.
ARTÍCULO 4° — La Comisión deberá publicar un informe completo del resultado de su trabajo, dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual.
ARTÍCULO 5° — La Comisión deberá formular dentro de los treinta (30) días siguientes a su constitución, un cronograma de actividades.
Dicho cronograma preverá, en primer término la citación de:
- Los representantes de la empresa Iron Mountain en Argentina.
- Funcionarios públicos y ex funcionarios con responsabilidades directas o indirectas en relación a la habilitación y control de la Empresa en la Ciudad de Buenos Aires.
- Bomberos relacionados con la habilitación, actuación el día del siniestro y peritajes posteriores.
También podrá requerir informes a:
- Comisión Nacional de Valores, como así también, los organismos reguladores del mercado bancario, financiero cambiario y de capitales que considere oportuno citar.
- Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
- Entidades financieras y bancarias con documentación siniestrada.
- Organizaciones empresariales y/o persona humana que hayan perdido documentación respaldatoria de sus actividades económicas o comerciales en el siniestro.
- Expertos y peritos técnicos que considere oportuno y conveniente.
Asimismo, podrá requerir, con carácter prioritario y sujeto al orden público, toda la información que estime pertinente del sector público nacional, provincial o municipal, y del sector privado que haya perdido documentación en el siniestro y/o que desarrolle actividades económicas en el mercado bancario, financiero, cambiario y de capitales, teniendo amplias facultades para evaluar la misma.
ARTÍCULO 6° — En ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, testimonios, documentos o antecedentes de la materia objeto de la investigación. La Comisión podrá recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo de acceso a la información, que se presente durante el curso de su trabajo.
ARTÍCULO 7° — Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3° de esta ley, la Comisión se disolverá debiendo remitir la totalidad de la información y documentación recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga, al Poder Ejecutivo Nacional.
La Comisión antes de su disolución, deberá, en caso de que se advirtiera la eventual existencia de delitos, formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
Cabe como resultado del informe producido, previsto en el artículo 4° establecer recomendaciones al Honorable Congreso de la Nación, sobre la conveniencia de modificar la legislación vigente sobre entidades bancarias, financieras, cambiarias y bursátiles y extra-bursátiles, si se observara un comportamiento sistémico de impulso a la evasión fiscal y la salida de divisas, por parte de las instituciones que operan en esos mercados.
ARTÍCULO 8° — La Comisión tendrá un presupuesto anual que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En caso de resultar necesario, la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará a la comisión los medios físicos y recursos humanos necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 9° — La Comisión que por la presente se crea dictará el reglamento para su funcionamiento interno. A los fines administrativos, será de aplicación supletoria lo normado en el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
ARTÍCULO 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Pasaron tres años del incendio en el depósito de la empresa Iron Mountain del barrio de Barracas. Un incendio que encubre una oscura trama donde se entretejen causas de lavado de dinero que involucran a grandes empresas, falta de controles de parte del gobierno porteño y la muerte de diez bomberos y rescatistas.
Las llamas devoraron millones de papeles que, se sospecha, daban pistas de millones de dólares fugados del circuito legal. El rol del presidente Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno porteño, es crucial tanto en lo vinculado a delitos financieros como a la responsabilidad estatal.
La investigación avanza, no sólo lentamente sino que además no lo hace sobre las responsabilidades de los funcionarios. Los familiares de las víctimas denuncian encubrimiento y dos sobrevivientes se suicidaron.
El incendio en la calle Azara 1245 comenzó la mañana del 5 de febrero de 2014; tres peritajes confirmaron que fue intencional. Pero al día de hoy, la lentitud del Poder Judicial y el blindaje mediático tanto a los supuestos damnificados como al hoy presidente Macri han logrado borrar esta historia emblemática de la agenda pública.
Iron Mountain llego a la Argentina en 1995, cuando construyó un depósito en la calle Saraza 6135. En 1998 construyó un nuevo depósito en Azara 1245, donde se produjo el incendio en 2014.
Luego absorbió otras empresas dedicadas a la custodia de archivos: en 2002 Kestrel Servicios de Archivos S.A. y en 2003 Box Security SA. En 2012, Iron Mountain construyó un nuevo depósito en Carlos Spegazzini, cerca de Ezeiza. Un cuarto depósito, en Amancio Alcorta 2396, tuvo varias etapas de construcción.
Desde sus orígenes la empresa se desarrolló en Nueva York, con una cartera de clientes que va desde bancos a empresas que guardan documentos importantes. Iron Mountain fue, así, pionera en el negocio de protección de documentos. En 1988 absorvió Bell & Howell Records Management, Inc., una filial de Bell & Howell Corporation, que por entonces la aventajaba en varias zonas de Estados Unidos y en 1996 Iron Mountain empezó a cotizar en Bolsa.
Como guardiana de importantes documentos de miles de empresas, Iron Mountain ingresó al sistema de autolegitimación de las corporaciones globales.
Sin embrago hay muchos datos que muestran que Iron Mountain está lejos de ser una simple empresa de guarda de documentos.
Sus directivos mantienen la regla de la puerta giratoria que existe en Estados Unidos por la que hombres y mujeres pasan de funcionarios públicos a gerentes sin solución de continuidad, en este caso, provenientes de agencias de inteligencia. Esto tiene algún deja vú con nuestra Patria: pasan de Ceos a funcionarios.
Por ejemplo, el CEO de Iron Mountain, William Meaney, fue oficial de la CIA. El Jefe de Seguridad Jack A. Faer, es un ex agente especial del FBI. Otro dato notable es la presencia de Iron Mountain a nivel global en una serie de guaridas fiscales, lo que le permite (como a todas las multinacionales) poder controlar sus precios de transferencia y evadir impuestos. La sede central de Iron Mountain esta oficialmente en Boston. Pero tiene oficinas en Bahamas, Delaware, Florida, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Jersey, Luxemburgo, Panamá. Todos, según Tax Justice Network, territorios opacos donde se cometen delitos financieros.
También tuvo incendios en varias de sus sedes. En 1997, tres depósitos en Nueva Jersey, Estados Unidos; en 2006 en Ottawa, Canadá y en Londres; en 2011 en Italia. Varios de ellos se comprobaron que fueron intencionales, pero a diferencia del caso argentino no sólo no murió nadie sino que no se indagó la posibilidad de que los papeles quemados ocultaran pruebas de delitos financieros.
Cuando se difundió la noticia del incendio de Iron Mountain en Argentina, la primera en actuar fue la Comisión Nacional de Valores (CNV), por esos días a cargo de Alejandro Vanoli. La entonces Gerente de Emisoras de la CNV, Karina Bermúdez, mandó a consultar a todas las empresas controladas por el organismo si tenían papeles en ese depósito. Hasta entonces las empresas no estaban obligadas a informar sobre donde guardaban su documentación. Recién el 14 de agosto de 2014, producto de la experiencia de Iron Montain, la resolución 629 de la CNV estableció las normas de guardado de documentación y la obligatoriedad de informarle donde y qué guarda.
La pesquisa dio resultado y fue remitida a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por entonces conducida por Carlos Gonella, desde donde cruzaron los nombres de las empresas con causas abiertas sobre lavado de dinero. Encontraron 29 coincidencias entre clientes de Iron Mountain e investigaciones o denuncias por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios.
Uno de los casos más importantes era del Banco HSBC, del que aún no se conocían las revelaciones de su ex empleado Hervé Falciani sobre el ocultamiento de 4.040 cuentas de titulares argentinos, entre personas y empresas. Aún así, el HSBC ya era investigado por PROCELAC por otras cuestiones. Lo cierto es que el HSBC tenía 46.528 cajas de las que perdió 26.326. O sea, se le quemaron más de la mitad: según el HSBC, eran el 4% de la totalidad de documentación que Grupo HSBC en Argentina que guardaba en distintos depósitos. Sin embargo, las cifras no coinciden en los distintos informes que presentaron.
Iron Mountain informó que las cajas afectadas fueron 26.326. El HSBC le informó al Banco Central que perdió 30.499 cajas y la PROCELAC recibió información de que fueron 30.732. A su vez, el HSBC informó que no tenía un back up de la información que guardaba en Iron Mountain. Así las cosas, la destrucción de esa información generó luego demoras en las investigaciones contra Gabriel Martino, su presidente, y los centenares de argentinos con cuentas sin declarar.
Pese a todo lo anterior, HSBC ocupa el segundo lugar entre los mayores damnificados por el incendio. El primero es el Banco Patagonia, que de las 65.705 cajas que tenía se le quemaron 57.015, el 86%. El Patagonia le informó al Banco Central que no tenía respaldo de toda esa documentación. Lo notable es que era investigado junto a JP Morgan, Merrill Lynch y el Grupo Estrada por lavado de activos, asociación ilícita, administración fraudulenta y publicación de balances falsos.
Esta denuncia se inició con los aportes del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que en 2009 se autodenunció en Argentina como ejecutor de maniobras de lavado y fuga de dinero para decenas de empresas pero que, ante la pasividad del juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán en la investigación, terminó aceptando su extradición a Estados Unidos tras la asunción del presidente Mauricio Macri.
Los bancos HSBC, Patagonia y JP Morgan Chase Bank perdieron documentación clave que no tenía copias, llamativo esto último dada la digitalización de este tipo de información, a los efectos de tenerla disponible inmediatamente y evitar así costos altos relacionados con el desarchivo de la documentación física, resguardas en este tipo de depósitos activos, cuya tecnología central está destinada a protegerla la documentación fundamentalmente de la posibilidad de incendios, así se anuncia en las principales publicidades de estas compañías.
Otro dato notable es que varias de las empresas investigadas por lavado retiraron cajas de ese depósito justo antes del incendio, entre diciembre del 2013 y febrero del 2014.
El JP Morgan Chase Bank retiró 27 cajas con documentación sobre balances y contratos varios. BNP Paribas retiró 12 cajas con información sobre comercio exterior del año 2008; el HSBC retiró llamativamente 249 cajas con documentación a partir del 2010.
Estos no son los únicos casos de empresas con documentación en Iron Mountain que eran investigados por la PROCELAC. Entre otros, están la Compañía General de Hacienda, La República Compañía Argentina de Seguros Generales, Nidera, Indocredit Cooperativa de Crédito, Puente Hermanos Sociedad de Bolsa, Banco General de Negocios, Infin Sociedad de Bolsa, Ipesa, Credit Suisse F. Boston Trading, Preceder, Application Software, Banco Saenz, Endemol Argentina, Bolsafe Valores, Marcos Marcelo Mindlin y Pampa Holding (Edenor). También perdieron documentación en el incendio empresas como Jumbo, Quilmes, Alpargatas, McDonalds, Galeno, Monsanto, Banco Santander Rio, Aerolíneas Argentinas, Telefónica, Cargill, Telecom, DirecTV, Máxima AFJP, Swiss Medical, Mapfre, Deloitte, Mercado Libre, La Caja, Pelikan, Adecco y Edesur.
La propia Iron Mountain tiene una causa por maniobras financieras sospechosas previa al incendio. En 2013, la AFIP detectó algo extraño: un préstamo de más de 17 millones de dólares otorgado a la sede argentina de Iron Mountain por otra subsidiaria de la misma multinacional canalizado desde Suiza a través del HSBC. La sede argentina realizó pagos por 1,8 millones de dólares. Todo esto también llamó la atención de la Unidad de Información Financiera (UIF) en tiempos de José Sbatella, que se presentó como querellante en la causa que cayó en manos del Juez Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano. La causa, al día de hoy, está estancada.
Lo dicho hasta aquí por si solo denota la posibilidad de estar ante graves maniobras contra el interés público, que hacen a este tema una importante cuestión de Estado que amerita la intervención de este Congreso Nacional.
Sin embargo, entendemos que la gravedad de los hechos es aún mayor dado que podrían involucrar directa o indirectamente a funcionarios actuales del Estado Nacional.
En 2009 el entonces Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri condecoró a la empresa por ser una de las primeras en radicarse en el distrito tecnológico diseñado por quien era Ministro de Producción de la ciudad, Francisco Cabrera, que hoy ocupa el cargo homónimo a nivel nacional pero su pasado laboral está ligado a, por ejemplo, el HSBC.
Este distrito tenía como objetivo la radicación de empresas de tecnología en la zona sur de la ciudad, bajo el incentivo de beneficios impositivos como la exención de Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y otros.
Nada explicaría por qué Iron Mountain, que guardaba papeles, tenía beneficios de empresa tecnológica. Lo cierto es que la sede de Iron Mountain que se incendió no estaba dentro del distrito tecnológico, pero como la empresa tenía su domicilio legal en otro depósito que sí quedaba dentro de ese perímetro lograba la exención de impuestos.
Por otro lado, varias cajas con documentación que se perdieron por el incendio eran de empresas pertenecientes al Grupo Macri.
En el ranking de las empresas que más documentación perdieron se encuentra Servicio Electrónico de Pago SA, nombre legal de Pago Fácil, empresa controlada por SIDECO, del Grupo Macri. De las 18.150 cajas que tenía en el depósito se le quemaron 6.585, o sea, el 36%. Si bien los rótulos de las cajas no son determinantes, ya que no es una nomeclatura legal sino que cada empresa pone la referencia que quiera, son más que sugerentes y cobraron otro significado tras las revelaciones de las Panamá Papers y nuevas investigaciones sobre las empresas del Presidente Macri radicadas en guaridas fiscales.
La caja Caja N° KN100156447 tenía el rótulo “VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR”. Las palabras son más que sugerentes. Panamá es donde aparecieron varias sociedades offshore vinculadas al Grupo Macri; Omexil es una de ellas. Había dos cajas cuyos rótulos eran Caja N°: 311842187 INF. DIAR IECSA BCE BRASIL y Caja N° 552218760 BRASIL CTAS. La conexión actual deriva de que la triangulación de negocios offshore de Macri pasaba por Brasil. Según las investigaciones derivadas de los Panamá Papers, el negocio de los Macri en Brasil estaba relacionado con el sistema de Pago Fácil a través de las empresas creadas en paraísos fiscales. Es decir, una hipótesis posible es que en Iron Mountain se quemaron papeles vinculados a las operaciones de Pago Fácil en Brasil. También hay vinculaciones al Grupo Macri desde otro banco que tenía papeles en Iron Mountain mientras era investigado por la PROCELAC: el Banco Interfinanzas Creditanstalt, finalmente comprado por familiares de Macri.
También son observadas las acciones del actual titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien como se sabe llegó a las filas de Presidente Macri en 2012, cuando el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo nombró al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Desde la AGC tenía bajo su responsabilidad el control de depósitos como el de Iron Mountain, que no cumplía con diversas normativas de seguridad.
Lo más notorio en el caso de Juan José Gómez Centurión son dos datos.
Uno, que una vez retirado del Ejército trabajó en varias empresas privadas, entre ellas las cadenas Cencosud y Jumbo y el Banco Velox.
El dato llamativo es que tanto Jumbo como Cencosud tenían cajas en Iron Mountain. Jumbo es la cuarta empresa que más cajas perdió. Tenía en ese depósito 23.416 cajas y se le quemaron 10.541, el 45%. Cencosud, por su parte, retiró 243 cajas del depósito en los días previos al incendio.
Respecto al banco Velox, el Fideicomiso Revel tenía papeles que figuran con el rótulo Velox que se perdieron en el incendio. O sea, empresas donde trabajó Gómez Centurión tenían intereses en Iron Mountain.
El segundo hecho fundamental es su potencial rol como encubridor de las responsabilidades de Macri en particular y del gobierno porteño en general. A partir del impulso de varios legisladores, el 18 de mayo de 2015 (más de un año después del incendio) Gómez Centurión compareció ante la legislatura porteña para dar explicaciones. Aunque lo de explicaciones fue un eufemismo: entre otras cosas, reconoció que el expediente de habilitación de Iron Mountain estaba oficialmente extraviado y lo estaban reconstruyendo. Sobre las muertes de los bomberos, insinuó que fue su propia impericia.
Así las cosas, la fiscal Romina Monteleone decidió finalmente pedir diversas indagatorias. La fiscal consideró “que en la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes, contribuyendo con su obrar no sólo a la producción de pérdidas materiales, sino, y fundamentalmente, al trágico desenlace que supone la pérdida de diez vidas humanas que se encontraban en el lugar brindando un servicio público de protección”.
Por otra parte en la nota publicada por el periodista Andrés Fidanza, en el Diario Digital Perfil titulada “Centurión encubrió lo de Iron Mountain”, (http://www.perfil.com/politica/centurion-encubrio-lo-de-iron-mountain.phtml), se hace referencia al incendio como un hecho intencional, según lo determinó un peritaje. No obstante, sostiene el periodista en la nota, que Gómez Centurión, interpelado en la Legislatura en mayo de 2015, culpó a la gestión anterior de Aníbal Ibarra y al Jefe de los bomberos (uno de los fallecidos) por haber dado la orden de entrar al depósito.
Un dato más a tener presente que describe el perfil de Gómez Centurión, es que se trata de un militar retirado, quien tras el retorno de la democracia en nuestro país, participó de los alzamientos carapintadas que pusieron en vilo al gobierno de Raúl Alfonsín y últimamente ha realizado retrogradas declaraciones con relación a la violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico militar que le valieron denuncias por apología del delito.
Teniendo en cuenta los hechos relatados como así también los hechos ocurridos en las décadas pasadas, con relación al lavado de activos y fugas de capitales en nuestro país que dejaron la economía nacional en situación ruinosa, favoreciendo el enriquecimiento ilícito de sectores oligárquicos, y legándonos una exorbitante deuda pública que recayó sobre las espaldas de los trabajadores; entendemos que resulta urgente que este Congreso de la Nación investigue los hechos acaecidos el día 5 de febrero de 2014 y los meses y años subsiguientes, en los depósitos de la empresa Iron Mountain, para lo cual solicitamos la creación de la COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA DE DELITOS VINCULADOS CON EL INCENDIO DE LOS DEPÓSITOS DE LA EMPRESA IRON MOUNTAIN.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
RECALDE, HECTOR PEDRO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
BRITEZ, MARIA CRISTINA MISIONES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ CORDOBA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
HUSS, JUAN MANUEL ENTRE RIOS FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
GONZALEZ, JOSEFINA VICTORIA SANTA FE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
LARROQUE, ANDRES CIUDAD de BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
DEPETRI, EDGARDO FERNANDO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
VOLNOVICH, LUANA BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
GRANA, ADRIAN EDUARDO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
DOÑATE, CLAUDIO MARTIN RIO NEGRO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
MENDOZA, MAYRA SOLEDAD BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
SORIA, MARIA EMILIA RIO NEGRO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
SOLANAS, JULIO RODOLFO ENTRE RIOS FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
CASTAGNETO, CARLOS DANIEL BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
TAILHADE, LUIS RODOLFO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO
SEGURIDAD INTERIOR
FINANZAS
PRESUPUESTO Y HACIENDA

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