La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio y preocupación por la arbitraria e ilegal suspensión de la República Bolivariana de Venezuela como socio pleno del Mercosur, efectivizada el pasado 2 de diciembre por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que atenta contra las normas fundacionales del Bloque al carecer de legitimidad jurídica, apartarse de la normativa regional, y constituirse en una clara extralimitación de los gobiernos de los socios fundadores, en su afán de sancionar políticamente a la hermana República Bolivariana de Venezuela, violando sus derechos soberanos.

Señor presidente:

El pasado 2 de diciembre los cancilleres de los países fundadores del Mercado Común del Sur – Mercosur – comunicaron a su par de la República Bolivariana de Venezuela el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte de dicho país, lo que constituye uno de los hechos más graves y violatorios de las normas y el espíritu de integración regional desde la firma del tratado de Asunción que creó el Mercosur en el año 1991.

La declaración de referencia marca un punto de inflexión extremadamente peligroso para la integración regional, ya que se trata de una clara sanción política alejada totalmente de cualquier sustento jurídico comunitario, que castiga sin ningún fundamento legal a un Estado Parte por la sola condición de no compartir la ideología política de su gobierno.

Ya el pasado 13 de septiembre en la Declaración relativa al funcionamiento del Mercosur, los cancilleres de los socios fundadores habían adelantado que el 1 de diciembre de 2016 se analizaría nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Bolivariana de Venezuela en el Protocolo de Adhesión al Mercosur en lo que respecta a la incorporación a su ordenamiento jurídico nacional de las normas regionales correspondientes, en un acto de dudosa legitimidad y legalidad respecto a los actos y las normativa regional.

En primer lugar, en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur se fijaron los “principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial” a la vez que establece un límite de tiempo para que efectúe la incorporación normativa, en ningún caso se establece que consecuencias o sanciones jurídicas tendría un incumplimiento de ese plazo. A su vez, no existe en el ámbito de la legislación regional una norma que establezca que tipo de sanciones se aplicarán a los Estados Parte en caso de no incorporar a su legislación nacional las normas sancionadas en el Mercosur, es decir no existe un Protocolo de sanciones a los incumplimientos en cuanto a la incorporación normativa. Si existiera, todos los Estados Partes del Mercosur serían pasibles de ser sancionados ya que todos y cada uno de ellos tienen importantes déficits en lo relativo a incorporar la normativa del Mercosur a su derecho interno. Venezuela no es una excepción.

En segundo término, la distinción discriminatoria entre “socios fundadores” y los demás Estados Partes y/o Asociados es claramente una atribución ilegal e ilegítima, ya que presupone un status diferenciado “superior” de algunos países sobre otros, lo que constituye una clara violación al derecho internacional y a los principios de soberanía de los Estados. En el Mercosur siempre ha primado, hasta ahora, el principio de igualdad entre los países, lo que esta decisión de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay efectiviza es una decisión política sumamente peligrosa al ser evidentemente discriminatoria y al violentar la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

La declaración del 13 de septiembre, a su vez, es violatoria del Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, ya que desconoce el legítimo derecho de Venezuela a ejercer la Presidencia Pro Tempore del Consejo del Mercado Común, creando un mecanismo de conducción compartida que no está previsto en las normas fundacionales. Esta declaración es de dudosa rigurosidad jurídica, en primer lugar porque la misma fue tomada sin la presencia ni el consenso de Venezuela, y en el Mercosur claramente está establecida la regla del consenso de TODOS los Estados Parte (art. 37 del Protocolo de Ouro Preto). A su vez una Declaración tiene una jerarquía jurídica de rango inferior a las decisiones del Consejo del Mercado Común, por lo que el alcance de la misma es claramente violatorio de los estamentos jurídicos del Mercosur.

A todas luces estas declaraciones son un castigo político al gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, por no compartir la ideología del gobierno legítimamente electo. Sin ningún sustento legal es la primera vez que se sanciona a un país por una falta que no está prevista en la normativa del bloque, constituyendo una grave extralimitación de las atribuciones que los gobiernos de los países fundadores del Mercosur, contradiciendo el espíritu y la letra del Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Adhesión de Venezuela y todos los principios democráticos sustentados en las normas fundacionales del bloque.

Esta decisión arbitraria y no ajustada a derecho es injustificable desde todo punto de vista. Venezuela ha incorporado cerca del 92% de las normas comunitarias que le correspondían, incluso el pasado 28 de noviembre la canciller Delcy Rodriguez comunico al resto de los cancilleres del Mercosur que su país estaba en condiciones de adherir al Acuerdo de Complementación Económica Nro 18, que era una de las grandes críticas que se le hacían al hermano país caribeño. No obstante ello, los gobiernos continuaron en su obstinado plan de castigar políticamente a Venezuela.

Todo este proceso ha sido signado por una clara falta de voluntad de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay de establecer condiciones de diálogo y un ámbito de negociación con Venezuela para reclamar y facilitar su adecuación a las normas regionales tal cual lo establecido en su Protocolo de Adhesión al Mercosur. En ningún momento se propició una instancia al más alto nivel político para dialogar con el gobierno del Presidente Maduro, por el contrario, sabiendo de la delicada situación política y económica que atraviesa el hermano país, se le sumó un frente de conflicto adicional para desestabilizar al gobierno legítimamente electo.

La región y el Mercosur están cambiando su paradigma democrático con estos nuevos gobiernos de derecha. Es evidente que existe una estrategia para debilitar e hibernar las plataformas de integración surgidas a partir del segundo milenio como la CELAC y la UNASUR, creadas por la decisión política de líderes progresistas regionales como Néstor y Cristina Kirchner, Lula de Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo entre otros. También de esmerilar al Mercosur y circunscribirlo a un esquema comercial simplemente.

Observamos con preocupación como los nuevos gobiernos se extralimitan en sus atribuciones jugando el rol de juez y parte, avasallando principios democráticos y pisoteando la soberanía de países hermanos, e instamos a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay a no seguir contribuyendo con este tipo de acciones a la estrategia internacional de desestabilización contra el legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sumarse a los esfuerzos de diálogo promovidos por la UNASUR y el Vaticano.

Por eso, es que hoy queremos manifestar con firmeza nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo y el gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, y solicitamos el acompañamiento del Cuerpo al presente proyecto.