La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la actual Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, y del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) sirva informar por escrito lo siguiente:

1- Qué mecanismos de control han realizado para velar por el cumplimiento por parte de las compañías eléctricas de las regulaciones, normativas y contratos de concesión vigentes, especialmente en lo atinente a cortes de suministro eléctrico.

2- Qué sanciones se han aplicado a dichas empresas con respecto a los numerosos cortes de servicios detectados en el último mes.

3- Que inversiones se han realizado para mejorar el servicio de la red eléctrica durante el período 2016-2018. Y cuales se planean realizar en el futuro, en igual sentido.

Señor presidente:

Según informes de diversos organismos tanto públicos como privados, en 2018 hubo 3.570.854 usuarios que sufrieron al menos un corte en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lo que significa un aumento del 39% respecto de los 2.575.893 usuarios de 2016. A los que se suman los casi 500 mil usuarios afectados solo en el mes de enero de 2019.

En el mismo período, debido a los enormes aumentos de las tarifas de la energía, la demanda residencia cayó en megavatios un 17%, pasó de un consumo de 1.933.671 en el 2016 a un consumo de 1.614.022 en el 2018. Asimismo, como contrapartida, las compañías que tienen a cargo la distribución de energía Edenor y Edesur en CABA y Gran Buenos Aires, incrementaron sus ingresos por servicio un 1.118% y 821%, respectivamente; y tuvieron un incremento de sus resultados operativos del orden del 223% y 215%, respectivamente.

Analizando los datos expuestos, queda en evidencia tanto la falta de control por parte de los organismos correspondientes, como la falta de inversión por parte de las empresas concesionarias, las cuales han obtenido enormes ganancias a raíz de los grandes aumentos de tarifas tanto al público residencial como comercial e industrial, que no se ven reflejadas en las mejoras del servicio a los usuarios, por el contrario, han empeorado todas las estadísticas.

Teniendo en cuenta la baja del consumo, el aumento injustificado de tarifas generando grandes ganancias a las empresas y el aumento de cortes de servicio, no queda más que concluir en la complicidad entre las empresas y el poder ejecutivo nacional a fin de configurar una verdadera estafa energética, en beneficio de dichas empresas y en perjuicio de todos los ciudadanos. Con las empresas cada vez ganando más dinero a costa del bolsillo el ciudadano, y los usuarios con cada vez peor servicio y tarifas impagables.

De lo que resulta también una evidente falta de control por parte del Estado para que dichas empresas cumplan con la normativa vigente.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de resolución. -