La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, se sirva contestar las preguntas que a continuación se detallan, relativas a la “Diplomatura de Gestión Clínica” que se dictará junto con la Escuela Andaluza de Salud, de acuerdo a lo anunciado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación:

1- ¿Cuál fue el criterio utilizado para elegir a la Escuela Andaluza de Salud?

2- ¿Se evaluó la posibilidad de conveniar con instituciones públicas nacionales a fin de desarrollar la Diplomatura?

3- ¿La Escuela Andaluza de Salud percibirá algún tipo de retribución monetaria o en especie por el dictado de la Diplomatura? En caso afirmativo, ¿cuál es retribución? ¿Cómo se hará efectiva y cuándo?

4- ¿Cómo fueron seleccionados los 60 becarios que participarán de la Diplomatura? ¿Deberán los becarios afrontar alguna erogación para participar de la misma?

5- ¿Se evaluó la posibilidad de que haya un conflicto de interés por parte del Secretario Rubinstein, dado que se desempeñó como docente de dicha institución?

Señor presidente:

El pasado 20 de noviembre del corriente año la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación anunció la creación de la “Diplomatura de Gestión Clínica” que se dictará junto con la Escuela Andaluza de Salud .

De acuerdo a la comunicación oficial de la Secretaría, la propuesta tiene por objetivo “la capacitación en gestión clínica porque está vinculado con la ampliación de la cobertura efectiva de salud y con la estrategia de cobertura territorial y prestacional”. Y en tal sentido, se eligió a la institución española dado que “con la Escuela Andaluza tenemos criterios e ideas comunes sobre cómo llevar adelante este proceso”, según declaró el secretario de Coberturas y Recursos de Salud, Luis Alberto Giménez.

Ahora bien, sin desconocer la importante trayectoria de la Casa ibérica, cabe preguntarse por qué se eligió para desarrollar esta Diplomatura a una institución extranjera, cuando nuestro país cuenta con prestigiosas y reconocidas universidades y escuelas especializadas en esta temática.

En tal sentido –y considerando especialmente el recorte presupuestario en salud y la degradación del área del rango de Ministerio al de Secretaría- cabe indagar también sobre el costo que ello podría implicar para el erario público.

Finalmente entendemos pertinente preguntar si se evaluó un posible conflicto de intereses, dado que el Secretario Rubinstein fue docente de dicha casa de estudios.

Por todos estos motivos y apelando a la imprescindible defensa de la salud pública por parte de los y las legisladores nacionales, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Resolución.