La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y demás organismos competentes, actualice de manera urgente el valor de los aranceles vigentes del Sistema de prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad instituido por la ley nacional 24.901.

Señor presidente:

La Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, promulgada el 2 de diciembre de 1997, establece que se instituya un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Según la mencionada ley, las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tienen a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en dicha ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas. Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tienen derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la norma, a través de los organismos dependientes del Estado.

Los entes obligados por dicha ley deben brindar las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo a los criterios definidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente. Si bien las obras sociales son responsables de realizar los pagos, en algunos casos no lo hacen, o lo hacen a 3 o 6 meses vencidos.

Esta situación se ve agravada por la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que establece cuál es la cifra en pesos que resulta obligatorio reintegrar por cada prestación brindada a una persona con discapacidad. Los profesionales que brindan prestaciones de apoyo tuvieron un sólo aumento en 2017 que fue del 5 por ciento, y ninguno en 2018.

Por ejemplo, para la prestación de apoyo están cobrando $475 por hora desde el 1 de octubre de 2017, fecha en el cual recibieron el último aumento, ya que hasta esa fecha el valor era de $452, lo que implica un aumento del 5 % en 18 meses. Las categorías que obtuvieron un aumento desde el 1 de abril del 2018 fueron: la de Transporte, que se incrementó de $16,24 por kilómetro a $16,47, es decir que éste fue de aproximadamente el 1 por ciento; la de Rehabilitación-Internación, cuyo aumento fue del 31 por ciento; y algunas de las categorías de Hogar obtuvieron distintos porcentajes de aumento.

Estas situaciones generan el hecho de que cada vez más los profesionales soliciten a las familias que se hagan cargo de aquello que el Estado no está realizando, lo que es prácticamente imposible para la mayoría de las familias, especialmente para las de menores recursos.

Organizaciones, instituciones, profesionales y transportistas que brindan atención a personas con diferentes discapacidades, se movilizaron a la Plaza de Mayo y a este Congreso de la Nación en cinco oportunidades en lo que va de este año 2018, siendo la del último día 21 de noviembre la última realizada bajo el lema “Hagamos visible lo invisible”, denunciando la falta de pago a las prestaciones lo que dificulta la puesta en marcha de los tratamientos y procesos pedagógicos, ya que sin esos fondos no les es posible pagar los salarios de los profesionales médicos y educativos, ni sostener el material pedagógico y los alimentos que se le brindan a niños y jóvenes concurrentes a las instituciones.

Marcharon Escuelas Especiales, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Transportistas, Centros de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar, Residencias y profesionales nucleados en: FORO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: AIEPEsA – Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires – ATAECADIS – CAIDIS – CEMARID – Federación Converger – FENDIM – HODIF – Obra Don Orione – CASAIE-

La preocupación manifestada por parte de Acompañantes Terapéuticos y Acompañantes Personales no docentes (APND), por la desactualización prolongada en el tiempo de los aranceles, atentan contra la sustentabilidad de los servicios, dado que los aumentos del 5% en el año 2017 y 0% en lo que va de este año, imposibilitan afrontar la inflación acumulada de casi un 75% para el mismo período.

Como agravante mencionan el hecho de que hay instituciones que están retirando un plus de entre mil y dos mil pesos (en el mejor de los casos), que aplicaron por sobre el nomenclador en el segundo semestre del 2017 hasta que se concretara la actualización de aranceles.

Asimismo, los profesionales que realizan los apoyos ven pasar mucho tiempo luego de la prestación de servicio realizada para recibir el pago correspondiente por parte de las Obras Sociales. Ante el contexto inflacionario en el que se encuentra el país, estos profesionales se ven obligados a dejar de prestar sus servicios a los usuarios.

Señor presidente

Es preocupante el grave perjuicio que se le está generando a las Personas con Discapacidad, producto de la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad y la situación de precarización laboral en la que se encuentran los profesionales que trabajan atendiendo a esta población. Los apoyos profesionales son fundamentales para que las personas con discapacidad logren los avances por los cuales ellos, sus familias y las organizaciones luchan. Esta situación cercena y/o limita sus derechos reconocidos por la ley 24.901.

Las personas con discapacidad no pueden esperar, ya que el tiempo que pierden hoy en cuanto a recibir las intervenciones profesionales terapéuticas, no lo pueden recuperar mañana y sólo logramos ahondarles la brecha y las posibilidades de inclusión en la sociedad.

Solicito me acompañen mis pares diputadas y diputados en este pedido para que de inmediato se adopten las medidas concretas necesarias y efectivas a fin de regularizar esta situación.