La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Repudiar la represión desatada por la Policía de la Ciudad contra estudiantes y docentes que se movilizaban en la Legislatura porteña, para expresar su desacuerdo con el proyecto de Unicaba que pone en riesgo en funcionamiento de 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires.

Denunciar la represión a docentes y estudiantes como parte de la política general impulsada por el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires para degradar la educación pública y amedrentar al movimiento estudiantil y docente.

Denunciar las reformas educativas impulsadas por el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires que avanzan en la privatización de la educación, la descalificación pedagógica, el vaciamiento de contenidos y en la precarización laboral de la docencia.

Brindar todo el apoyo a docentes y estudiantes que se organizan en defensa de la educación pública gratuita y de calidad.

Señor presidente:

El 22 de noviembre cerca del mediodía, la Policía de la Ciudad avanzó a palazos contra una multitud de estudiantes terciarios y docentes movilizados contra la aprobación en la Legislatura porteña del proyecto macrista de Unicaba, que supone un ataque en regla de los 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires.

Las golpizas tienen lugar en el marco de un intenso despliegue policial contra la manifestación, y luego de impedir el ingreso al recinto de representantes de los gremios y centros.

La gran marcha se desenvuelve en el marco de un paro de las gremiales docentes UTE y Ademys, y ha sido precedida por un acampe frente a la Legislatura y una contundente movilización de antorchas el martes 20.

Desde hace un año que las y los estudiantes y docentes de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires vienen protagonizando inmensas movilizaciones, jornadas de clases públicas y paros para oponerse a la destrucción de 29 profesorados. Esta reforma empalma con otras, como la secundaria 2030, que pretende generalizar las carreras cortas –chatarras– las evaluaciones externas estandarizadas, la educación a distancia y la precarización laboral docente. En definitiva, están dirigidas a adaptar la educación a las demandas cambiantes de la económica capitalista que requiere una descalificación pedagógica para un mundo del trabajo profundamente descalificado, acorde a las exigencias del FMI y en consonancia con los enormes recortes presupuestarios destinados a la educación.

Los movimientos de lucha en defensa de la educación pública, en particular en la ciudad de Buenos Aires, tienen en su historia haber volteado a la Ley Federal de Educación de los 90´, las luchas en contra de la privatización –escuela shopping de Grosso y Filmus–, la ocupación general de escuelas frente a la NES (aplicación de la Ley de Educación Nacional del 2006), las luchas contra la desvalorización de los títulos de escuelas artísticas y la reforma de los planes de estudio de los terciarios en el año 2014 a nivel nacional y, ahora, contra la aplicación de la secundaria 2030 y los cierres de terciarios y reformas específicas como la Unicaba.

De forma invariable, gobierno tras gobierno, han aplicado las reformas orientadas por los organismos internacionales de crédito, BM, FMI, OCDE, entre otras.

La reforma de la formación docente está inscripta en la propia ley nacional de educación (art.72) y el reciente acuerdo denominado “Marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente inicial” (Resolución 337/18)), firmado por los 24 ministros de educación, junto al Ministro de Educación Nacional Alejandro Finocchiaro, que estipulan 6 capacidades desagregadas en 30 específicas, sobre la formación docente inicial nos hablan de la existencia de un plan organizado para llevar adelante una reforma en todo el territorio, con el aval de todos los bloques políticos.

Queda demostrado que el reforzamiento de las fuerzas represivas mediante decretos y reformas han servido para garantizar la represión de todos los sectores de la población que se dispongan a enfrentar el ajuste en regla acordado con el FMI, el Gobierno Nacional y los gobernadores. Ajuste que pretende descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los estudiantes y docentes.

Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración.