La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos correspondientes, y con la mayor celeridad posible, informe los motivos y razones por los cuales el Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Marcelo Allasino, presentó el Presupuesto de dicho Instituto para el ejercicio 2019 sin la aprobación del Consejo Directivo, conforme lo exige la Ley Nacional del Teatro Nº24.800.

Señor presidente:

Por medio del presente Proyecto de Resolución, solicito al Poder Ejecutivo Nacional, informe a ésta Honorable Cámara, los motivos por los cuales, el Sr. Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Marcelo Allasino, presentó un Presupuesto para el año 2019 sin la conformidad del Consejo Directivo, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional del Teatro Nº24.800.

Este pedido responde al reclamo efectuado por la Confederación Nacional de Teatro, quienes nos han manifestado su preocupación y repudio por la situación en la que se presentó el Presupuesto 2019 del mencionado Instituto.

La comunidad teatral de todo el país se encuentra movilizada y en asamblea permanente, dado que ha sido vulnerada la ley que sustenta su hacer: Ley Nacional del Teatro Nº24.800, y con ella, el Instituto Nacional del Teatro, que se funda a partir de su promulgación, con el objeto principal de promover la actividad teatral a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y garantizar, de esa forma, el derecho de todos los habitantes de Argentina, al acceso a los bienes culturales relacionados con la creación, la dramaturgia, las salas de teatro, los festivales, congresos, becas, la investigación y formación en artes escénicas en todas sus expresiones, y asociada a otras artes como la música, la plástica, la danza, la literatura, la poesía.

En el Capítulo IV de la Constitución Nacional de nuestro país, el artículo 75º, establece que corresponde al Congreso … inc.)19 “in fine” (…) Proveer lo conducente al desarrollo humano… y dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación (…) el patrimonio artístico y los espacios culturales (…)”. Respondiendo a éste propósito es que los oficiantes del teatro desde fines de la década del 40´, comienzan acciones en tal sentido. Tuvieron que pasar cincuenta años para que tantas luchas produjeran el logro histórico de la sanción de la Ley Nacional del Teatro, el 19 de marzo de 1997, la cual representa ni más ni menos, que la creación de un marco legislativo para que el Estado consolide lineamientos de políticas públicas, de promoción y apoyo a la actividad, tal como quedó establecido en el Artículo 1º: “La actividad Teatral; por su contribución al afianzamiento de la cultura, será objeto de la promoción y apoyo del Estado Nacional”. En el prefacio de esta Ley se enuncian principios básicos que nos atañen a todos como pueblo, tal como se expresa en los siguientes pasajes: “(…) Con la sanción de la Ley Nacional del Teatro, se ha reparado la gran deuda que el Estado tiene con la sociedad, que debe reconocer a la Cultura como uno de sus productos de su canasta familiar (…); “(…) A partir de esta Ley se impulsará la actividad teatral favoreciendo su más alta calidad artística y posibilitando el acceso de la comunidad a esta manifestación de la Cultura (…)”; “(…) y se respetarán particularidades locales y regionales con un profundo espíritu federalista (…)”. Es con ese mismo espíritu federalista con que surge la Ley Nº24.800, en relación al derecho de acceso a los bienes y servicios culturales y en igualdad de oportunidades, creándose el Instituto Nacional de Teatro (INT), como organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral, y autoridad de aplicación de la mencionada ley, funcionando en la jurisdicción de la por entonces Secretaría de Cultura de la Nación, hoy Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Según el Artículo 9º de la mencionada Ley, el Instituto Nacional del Teatro estará conducido por el Consejo de Dirección, integrado por 12 (doce) personas: 10 (diez) seleccionados por Concurso (4 representantes del quehacer teatral nacional y 6 representantes de las regionales); 2 (dos) designados por el Poder Ejecutivo Nacional y un representante de la Secretaría de Cultura de la Nación. Ese Consejo de Dirección colegiado tiene, entre otras funciones, las de:

* Disponer la creación de Delegaciones del Instituto Nacional del Teatro en las distintas regiones culturales y subdelegaciones provinciales o municipales (…).

* Administrar y disponer de los fondos previstos en la Ley.

* Velar por el cumplimiento de lo establecido en la misma.

El Instituto Nacional del Teatro, como ente autárquico, federal, es quien gestiona y administra los fondos destinados a cumplir los objetivos trazados por la ley, fondos que no provienen de los impuestos de los ciudadanos, ni de los presupuestos asignados para la Educación, la Salud, la investigación, el Desarrollo Social, ni de ninguna otra cartera del Estado Nacional. Según el Artículo 19º de la Ley 24.800, los recursos del Instituto Nacional del Teatro están integrados principalmente por el 10% del total de las sumas recaudadas en concepto de gravámenes por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual (ENACOM) y el 1% del impuesto que se aplica sobre los premios ganados en juegos de azar (Loteria Nacional).

En cuanto a la presentación del Presupuesto, según el Artículo 23º, el Consejo de Dirección debe remitir anualmente el proyecto a la Secretaría de Cultura de la Nación. Es en ese sentido, el Director Ejecutivo vulnera gravemente lo establecido por la Ley, ya que presentó el presupuesto sin pasar por el Consejo Directivo: dicho presupuesto que recorta 12% nominal, en la partida específica de subsidios que, sumado a la inflación estimada de más del 40% para el año 2018, producirá un recorte real del 50% del presupuesto para el 2019.

El Sr. Director Ejecutivo, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, Sr. Marcelo Allasino, tomó la decisión política y administrativa de forma unilateral, la cual no hubiera sido aprobada por el Consejo.

Está acción efectuada por el Director Ejecutivo, se suma a una serie de otros acontecimientos irregulares: se cerró la subdelegación del Instituto Nacional del Teatro de Santa Fe, que se ocupaba del quehacer teatral del centro y el norte de esta provincia pródiga en producciones, proyectos, festivales, investigaciones teatrales y escénicas; cesanteó a dos miembros del Consejo sin respetar el debido proceso; amenazó con despidos a miembros del Consejo de Dirección, entre otras situaciones.

La Confederación Nacional de Teatro, frente a los hechos mencionados reclama: a)- Garantizar el normal funcionamiento del Consejo de Dirección, como órgano máximo de conducción del Instituto Nacional del Teatro mediante la revocación del dictamen 177/2015, por distorsionar y menoscabar el espíritu federal de la Ley Nº24.800; b)- anular el presupuesto 2019 presentado ante el Ministerio de Hacienda de la Nación por el Director Ejecutivo, ya que el mismo fue elaborado de forma inconsulta y unilateral, con un recorte real del 50% de todos los beneficios; c)- regularizar los pagos de subsidios adeudados con una ampliación presupuestaria que compense la devaluación sufrida el corriente año; d)- saldar la deuda acumulada del Instituto Nacional del Teatro, por estar en riesgo la actividad teatral del país, y por lesionar el derecho legítimo de la sociedad al acceso a la cultura; e)- arbitrar los medios necesarios para otorgar la definitiva autarquía del Instituto Nacional del Teatro; f)- respetar la vigencia de la Ley Nacional del Teatro Nº24.800.

Por otro lado, la Sociedad de Autores señaló la fragilidad en la que se encuentra la institución oficial debido a los recortes y las malas prácticas de los últimos tiempos. el Instituto Nacional del Teatro se encuentra sumergido en una crisis que comenzó hace algunos años pero que en el último tiempo parece ser terminal: falta de presupuesto, ninguneo oficial y un timón que parece haber dejado a la deriva al histórico ente estatal. Los autores argentinos reiteraron su "postura contraria a las políticas de ajuste y recortes que no hacen sino atentar contra los derechos adquiridos de quienes trabajan en la Cultura, en general, y en el teatro, en particular. Logros fundamentales que hoy se ven amenazados y con altas probabilidades de perderse. Las autoridades que integran los órganos de conducción de las instituciones que sufren las actuales políticas son las que deben responder y ofrecer alternativas de sostenimiento y crecimiento a una actividad de fundamental importancia en el tejido social, como es el teatro

Sr. Presidente, el teatro, es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre, ocupaba un gran lugar ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizaban su cotidianeidad. Es sabido que el mundo exalta la trayectoria y desarrollo de las artes escénicas en general, y en particular del teatro “independiente” o “autogestivo” en Argentina, cuya calidad, tanto en la creación como en la formación e investigación, es reconocida como un modelo, incluso en países de gran madurez artística. Nuestro teatro merece que todos tomemos el compromiso de cuidarlo y valorizarlo, respetando el marco legal que legítima y garantiza el derecho de todos al acceso de los bienes culturales.

Por estas razones considero que este pedido reviste el carácter de urgente y por ende solicito a mis pares el acompañamiento con su firma en este Proyecto de Resolución.