La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y profunda preocupación por el permiso otorgado por el Tribunal Oral Federal 5 al represor Humberto José Román Lobaiza, condenado a 25 años de prisión por haber perpetrado en varios centros clandestinos de detención los más horrendos crímenes contra civiles durante la última dictadura cívico-militar, para asistir durante una hora al casamiento de la hija de su esposa.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que el día 21 de septiembre de 2016 jueces miembros del Tribunal Oral Federal 5, le otorgaron al represor condenado Humberto José Román Lobaiza el permiso para asistir durante una hora, al casamiento de la hija de su esposa.

Desde el regreso de la democracia a nuestro país, la política de Memoria, Verdad y Justicia representó uno de los pilares del sistema político en la Argentina. Ese proceso iniciado con el juicio a las Juntas y la creación de la CONADEP sin embargo sufrió momentos de fragilidad institucional con la sanción de las leyes célebremente tristes de Obediencia Debida y Punto Final, ciclo completado años después con la infame política de Indultos que intentaron silenciar y borrar de la memoria de la ciudadanía lo que había sucedido en la última dictadura cívica-militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”.

En los últimos años se han profundizado significativamente desde el Estado las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, a tal punto que las mismas han sido reconocidas por la comunidad internacional. La nulidad dictaminada por este Honorable Congreso de la Nación de las leyes de impunidad, la inconstitucionalidad de las mismas dictadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación y la reapertura de las causas judiciales en contra de represores de la última dictadura cívico-militar fueron algunas de las grandes conquistas de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, de la pacífica y persistente lucha de los organismos de Derechos Humanos, y de gran parte de la sociedad que reclamaba un sistema democrático basado en las bases de Memoria, Verdad y Justicia.

Sin embargo, en los últimos meses, estamos asistiendo a un escenario político-social que está signado por declaraciones desde los organismos gubernamentales en todas sus esferas, en los medios de comunicación y en las decisiones judiciales que poco tienen que ver con la justicia y la reivindicación de los Derechos Humanos como basamento del Estado de Derecho.

No podemos ser parte de semejante irresponsabilidad civil, siendo que los condenados gozan de privilegios y consentimientos de todo tipo por la justicia federal que accede a estos pedidos en detrimento de lo que sienten los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

Se le concedió el permiso a un represor encontrado culpable, por entre otras cosas, de 45 hechos de delitos de Lesa Humanidad, y condenado a 25 años de prisión por haber perpetrado en varios centros clandestinos de detención los más horrendos crímenes contra civiles que nuestro país haya tenido recuerdos.

En este hecho que lesiona la convivencia democrática, profundiza e irrespeta el dolor de aquellas familias que aun reclaman por sus víctimas, desnaturaliza el proceso de juicios y castigos que se había llevado a cabo hasta diciembre del 2015 restándole seriedad e importancia, basamos nuestro más profundo repudio.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración. Muchas gracias.