El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°- Modificase el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 60 bis.- Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran.

Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos/as, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno/a de los/as candidatos/as, donde se manifieste no estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.

Dicha declaración jurada también contendrá las propuestas que componen la plataforma electoral para las categorías nacionales de Presidente, Diputados y Senadores Nacionales. Asimismo, el Presidente de la Nación deberá dar cuenta anual, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, del estado de avance de la plataforma electoral comprometida en la declaración de candidatura presidencial.

Los Senadores y Diputados Nacionales, durante el ejercicio de sus funciones, y en ocasión de la apertura de sesiones de sus respectivas cámaras, deberán dar cuenta pública anual, por escrito, del cumplimiento de la plataforma electoral con que declararon sus candidaturas. Esta rendición de cuentas deberá estar disponible a todos sus electores, al menos a través de medios electrónicos.

Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos/as, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.

No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos/as que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato/a presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.

ARTÍCULO 2°.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley, toma algunos elementos presentes en el Proyecto de Ley, presentado bajo el número de expediente 2464-D-2013, publicado en Trámite Parlamentario N° 36 de fecha: 25/04/2013.

El principal objeto es incorporar la modalidad de presentación bajo Declaración Jurada, de las promesas electorales en la plataforma de campaña de los candidatos a las categorías nacionales de Presidente de la Nación, Diputados y Senadores Nacionales.

Esta exigencia para con los candidatos de llevar a cabo, conjuntamente una plataforma electoral, en el ámbito de la oficialización de sus candidaturas, brinda al elector la posibilidad de elegir en base a ideas y propuestas - que se materializarán en estrategias y tácticas para lograr políticas públicas concretas - y no sólo en función del carisma de quien será elegido o en el sello partidario.

Ello conforma un sustento cierto y necesario en relación al ejercicio de gobierno o legislativo, de modo de evitar las candidaturas carentes de contenido propositivo para puestos de vital importancia para la Nación.

Además, la iniciativa propuesta ofrece a los votantes la oportunidad de ejercer funciones de control sobre las acciones de gobierno de forma regular, lo que, en rigor debiera ser un derecho garantizado a toda la población.

Y ello porque estando el Presidente de la República, tanto como los senadores y diputados nacionales, obligados a rendir cuentas con una regularidad anual sobre los avances logrados en relación a sus programas de gobierno, los argentinos se encontrarían en mejor posición para construir una imagen de fiabilidad o desconfianza alrededor de los mismos, teniendo así mejores herramientas para optar por su reelección o su recambio en ocasión de nuevos procesos electorales.

Lo antedicho entonces significaría que el voto constituiría una expresión de mayor compromiso del candidato con sus electores y el programa dispuesto, lo cual generaría un verdadero efecto vinculante del elegido con la población y le daría a la ciudadanía prerrogativas de control y participación.

Una de las principales causas de la crisis de confianza y legitimidad, es la falta de veracidad en las propuestas que los candidatos presentan en las campañas, así como en la falta de cumplimiento de sus compromisos. En efecto, en mucho contribuyen los candidatos a cargos de elección popular, quienes suelen presentar programas, proyectos o propuestas durante sus campañas, pero en el ejercicio de gobierno no se sienten obligados a cumplirlas, por lo que terminan generando un desánimo generalizado entre la ciudadanía. De hecho, cada vez es más recurrente

que los gobernantes apliquen programas diametralmente opuestos a los prometidos en campaña, convirtiéndose en gobernantes oportunistas que abusan de la voluntad de los ciudadanos al confiarles su representación. Nada le garantiza al ciudadano que las medidas programáticas de los candidatos van a ser cumplidas.

Nada le garantiza al ciudadano que sus políticos, en quien estadísticamente no confían, asumirán sus responsabilidades una vez que asumen el poder. Por ello cada vez son más frecuentes los reclamos de una ciudadanía que se siente engañada y defraudada por tantas promesas incumplidas por candidatos de todos los partidos.

Este choque de expectativas entre gobernantes y gobernados genera que los ciudadanos estén decepcionados no solamente de la democracia, sino de los políticos mismos.

Las promesas electorales de candidatos que tantas veces caen en saco roto al asumir aquellos sus respectivos mandatos - lo cual sucede y ha ocurrido con frecuencia en el ámbito político argentino -, tanto como el total desconocimiento de un aspirante al cargo de gobierno para el cual se postula -, se verían de esta manera jaqueadas por un sistema que premiaría la presentación de candidatos con propuestas con suficiente contenido y su posterior ejecución y publicidad de acuerdo al compromiso efectuado con la población.

Concretamente y tomando al caso argentino, la vulnerabilidad de la representación política puede observarse en las palabras de quienes siendo candidatos, luego consagrados presidentes dieron cuenta del engaño con el único objeto de lograr apoyo electoral y ganar elecciones. “Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie”, dijo el ex presidente Carlos Menem años atrás reconociendo que las promesas de campaña son más slogans para captar votos que verdaderos compromisos de gestión política. Si bien el ex mandatario confesó una realidad que muchos ocultan o niegan, sólo hay que mirar campañas pasadas y contrastarlas con la realidad para corroborar que muchas de las propuestas impulsadas no fueron concretadas.

Hace ya más de tres años, hemos escuchado al actual Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri en el debate presidencial pronunciar las siguientes promesas que con datos suministrados por diversas fuentes oficiales quedan derribadas, a saber:

“Los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias” La cantidad de empleados que pagó el impuesto en 2016, 2017 y lo que va de 2018 es superior a quienes lo hacían a fines de 2015. Cuando Macri asumió, pagaban impuesto a las ganancias unos 1,2 millones de trabajadores; actualmente lo hacen casi dos millones. A esto se suma que en el presupuesto previsto para 2019 la cantidad de sectores que deberían abonar este impuesto se amplía e incluiría a los jubilados que no pagaban ese tributo.

“No vamos a pedir préstamos al FMI”. En entrevista periodística el Presidente Mauricio Macri declaró que no iba a acudir al Fondo Monetario, que solo cumpliría con el artículo 4 que consiste en informar cuales son los números de nuestro país, pero no solicitaría ningún tipo de préstamo. La entrevista tuvo lugar en Marzo de 2016. En Mayo de 2018 inició conversaciones para lograr una línea de apoyo financiero que en la actualidad se traduce en un acuerdo firmado, sin aprobación del Congreso Nacional, en el que contrajo deuda por 57.000 millones de dólares.

No vamos a hacer ajustes". En lo que va de su gestión, Macri sacó los subsidios a los servicios, lo que provocó los tarifazos en agua, luz y gas. Asimismo, también hubo recortes en los programas sociales y en los aumentos de los salarios de nuestros jubilados.

“Yo me comprometo a construir los 3 mil jardines de infantes que faltan”. Los jardines construidos y mejorados en 2016 y los presupuestados para 2017 están muy por debajo del promedio anual que se necesitaría para llegar a ese total.

El Ingeniero Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación advirtiendo que aquellos que aseguraban una devaluación realizaban una "campaña del miedo". El 10 de diciembre de 2015 recibió el país con un dólar a 9,75 pesos y una inflación del 22%, la cual prometió bajar a un dígito porque se trataba de la política económica "más fácil del mundo". Dos años después, luego de atravesar las elecciones de medio término en diciembre de 2017, un dólar equivalía a 17,66 pesos y la inflación anual era del 24,8 por ciento. Hoy, tan solo diez meses después, tenemos un dólar que por momentos superó los $40 y, por el momento, oscila en una banda establecida por el BCRA, que va entre $34 y $44. Mientras que las estimaciones para la inflación de 2018 van de un 40 a un 50 por ciento.

Estos ejemplos son, solo una enumeración a modo de muestra, de una serie de frases que la realidad ha desmentido y demostrado que, el gobierno nacional ha tomado el camino inverso a lo planteado en su campaña electoral.

Volviendo al plano teórico, particularmente cuando hacemos referencia a los conceptos de representación política, representantes y representados nos remitimos particularmente a la teoría del contrato social ampliamente reconocida como uno de los fundamentos de la teoría política moderna. Con matices y diferencias en su aplicación y contenido, fue suscrita por casi todos los filósofos modernos, desde Hobbes hasta Kant (Bobbio, 1985; Bobbio y Bovero, 1987). Contemporáneamente ha sido reconceptualizada por Robert Nozick (1988), James Buchanan (1993), David Gauthier (1994) y John Rawls (1997). Dentro de ese amplio y nutrido espectro de posibilidades teóricas destacan en la historia de las ideas políticas la perspectiva de Jean Jacques Rousseau.

Rousseau apuesta a la autodeterminación como libertad colectiva, y por tanto es un autor, según muchos de sus lectores convencionales, más ligado a la democracia, dado que lo que le interesa es la defensa de la formación de la voluntad general y el bien común. La voluntad rousseauniana expresada en su obra El contrato social es un yo común, materializado a su vez en un cuerpo colectivo común. Este “yo común” no es una simple agregación de individuos, no es una voluntad de todos, sino una unidad colectiva, voluntad general derivada de un contrato legítimo. Por dicho contrato los hombres libres delegan, a través del voto a sus representantes, las facultades que les permiten y habilitan para el ejercicio de la conducción del Estado y por tanto gobernar los destinos de una comunidad que, confía en que las decisiones y medidas que adopte el gobierno, serán un reflejo lo más fiel posible a aquellas promesas vertidas previo al acto por el cual fueron elegidos.

Mas resulta que una vez asumido y transitado los primeros pasos en el poder, los representantes ejecutan medidas contrarias a aquellas por las que fueron electos. Surge así el interrogante acerca de cuanto sustento tiene un gobierno que no cumple con el mandato por el que se obligó en aquel “contrato o pacto” con sus electores.

Hoy la realidad da cuenta que, uno de los mayores peligros que se presentan es el debilitamiento y su manifestación dando por resultado Democracias de baja intensidad.

En América Latina, la democracia fue cada vez más común a partir de finales de los años setenta del siglo XX (Rouquié, 2011). No obstante, su carta de naturalización, ha enfrentado problemas severos precisamente en los años más recientes. Problemas en realidad de representación política: los ciudadanos no se sienten plenamente representados por sus gobernantes. Esto se ve reflejado en fenómenos como: a) la escasa participación ciudadana más allá del espacio electoral; b) la debilidad de muchas organizaciones políticas, sindicales y sociales, sobre todo a partir del ascenso de gobiernos de izquierda; c) el deterioro del aprecio por la democracia expresado en la falta de confianza en las instituciones; d) la debilidad del Estado de derecho que, entre otras cosas, provoca impunidad de los políticos corruptos; e) lejos de distinguirse de sus antecesores (dictadores, caudillos, u oligarcas), los gobernantes han asumido un estatus privilegiado en la dimensión económica; f) en la dimensión política, algunos líderes ya en el poder han adoptado posturas poco o nada democráticas al asumirse como genuinos y únicos representantes del pueblo, bloqueando o reprimiendo a la disidencia, y g) los gobernantes electos por el pueblo no han trabajado para mejorar las condiciones de vida de la mayoría, lo que afecta el funcionamiento de las instituciones y potencia la conflictividad social. Tal vez el problema más evidente de las democracias sea la falta de representatividad de los partidos: como señalan Gunther y Diamond (2001), hoy en día han perdido sus funciones de representación social y solamente conservan las de representación política.

Muchos de estos elementos dieron lugar a un malestar generalizado hacia la política en la democracia, por lo que líderes autodenominados “antisistema” surgieron y lograron un éxito inusitado, llegando incluso a conquistar el poder. Ellos fueron quienes cuestionaron a los partidos de manera más severa y también quienes, ya colocados en las oficinas públicas, buscaron quedarse el mayor tiempo posible como representantes auténticos del interés popular. Así, a partir del malestar por la democracia, estos gobernantes promovieron desde arriba formas de participación directa, tratando de pasar por encima de partidos y ampliando la arena electoral para la participación política.

Por todos los argumentos expuestos desde la teoría política, la filosofía y la lectura de la realidad en nuestro país entendemos que es indispensable adoptar medidas que tengan por objetivo recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes, reforzar la calidad de la democracia argentina con 35 jóvenes años que demanda el compromiso de todos los ciudadanos y otorgar credibilidad al proceso político electoral como principal sustento de la legitimidad de todo gobernante.

Cabe agregar, a modo de conclusión, que la presente iniciativa encuentra sus antecedentes en procesos electorales de otros países, tales como Colombia, México y Chile, lo cual lleva a suponer que podría funcionar de igual manera en la Argentina, alentando la honestidad y decisión de los candidatos en pos de una política planificada, previsible, efectiva y transparente.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Ley.