La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación y rechazo por las obras encaminadas a la explotación del litio en la mina Génesis y alrededores, de San Francisco del Monte de Oro, Ayacucho, Provincia de San Luis, por constituir un grave peligro para la población y el ecosistema.

Señor presidente:

El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, entre ellos los provenientes de la minería.

Pero, el impacto ambiental que su explotación conlleva y la envergadura de las inversiones que requiere hacen que el Estado nacional no se encuentre al margen, y es así que contamos con una cantidad de normas jurídicas que lo muestran. Desde disposiciones que refieren justamente a la protección ambiental (Ley Nacional Nº 24585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera), hasta liberalidades económicas para promover la inversión (liberación de aranceles a la importación de maquinarias, reintegro del impuesto al valor agregado, o eximición de impuestos, en distintos artículos de las Leyes de Actividad Minera 24.196 y 25.249), todas apuntan a garantizar las condiciones de explotación y morigerar las diferencias notables que generalmente hay entre las partes contratantes (provincia y grandes empresas).

Como parte de ese Estado Nacional, no podemos estar al margen de lo que sucede en este sensible sector.

Éste el caso que traemos a consideración de esta Cámara, que se desarrolla en la Provincia de San Luis.

Los vecinos de la zona de San Francisco del Monte de Oro han expresado su preocupación porque se ha reactivado una serie de acciones que indicarían el inicio de la explotación del litio en un espacio aledaño, a cielo abierto, con grave perjuicio ambiental.

Desde el punto de vista económico, la ciudad es una de las más importantes de la provincia. Los atractivos turísticos de la región son notables: extensiones lacustres elegidas especialmente por pescadores de todo el país, turismo de estancia muy buscado por los visitantes extranjeros, numerosas especies de aves para el avistaje, puntos específicos con el Salto escondido, la Pisada del gigante o la Casa de piedra, e incluso visitas guiadas a las minas o canteras.

Para comprender la situación, y la importancia de la declaración que promovemos, tenemos que historiar mínimamente lo sucedido en los últimos años.

En 2015 se instaló la preocupación entre los vecinos, ya que comenzaron trabajos de exploración y apertura de caminos en la mina Géminis. En agosto de ese año se desarrolló la primera asamblea de autoconvocados para solicitar información a la Municipalidad de San Francisco.

Ya en septiembre se procedió al desmonte de una zona protegida, contrariando la Ley de Protección de las Sierras Centrales, por lo que se presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes, donde se señalaban, especialmente, las graves irregularidades en la presentación del estudio de impacto ambiental. Siguieron una serie de acciones que concluyeron a principios de 2016, momento en que se frenó el proyecto y se sancionó a los responsables de lo realizado en contra de la ley.

Las nuevas señales de alarma se produjeron en 2017, cuando la empresa australiana Latin Resources informó que había encontrado litio en minerales de un yacimiento, en la zona de la mina Géminis. En ese momento el gobierno provincial dijo que la firma no poseía autorización legal para la extracción de litio. Así lo expresaba la prensa “El gobierno de San Luis salió al cruce de informaciones difundidas por la minera australiana Latin Resources sobre un “mapeo geológico detallado” y el muestreo de la mina Géminis -que arrojaron indicios “alentadores” sobre la existencia de litio- y negó que la empresa tenga autorización legal para hacer esos estudios. La empresa reportó la semana pasada en su sede de West Leederville, Western Australia, datos favorables referidos a una concesión de 12 hectáreas, ubicada a unos ocho kilómetros al sureste de la localidad de San Francisco del Monte de Oro. Sin embargo, el gobierno provincial aclaró que no se emitieron autorizaciones para el estudio del terreno o la extracción de minerales.” Según esta información, la firma no poseía autorización para el mapeo y muestreo que habrían realizado, no había presentado el estudio de impacto ambiental que exige la ley provincial, ni entregado documentación que permitiera saber qué metodología de explotación usaría.

Es de destacar que la llamada Evaluación de Impacto Ambiental – EIA (Ley IX- 0876 – 2013), es presentada por las propias empresas mineras, y no hay exigencias claras de idoneidad y experiencia de quienes la realicen, ni su antigüedad en el registro, ni el requisito de que no tengan que ver con la empresa cuyo plan se evalúa. Todo esto, claramente las beneficia, y lamentablemente no es San Luis el único caso donde así sucede.

En la nota de la Latin Resources, citada párrafos más arriba, se decía que “El relevamiento para determinar el potencial de la mina se inició luego de que la empresa firmara con el gobierno provincial una carta de intención vinculante, el 8 de agosto pasado, y se expandieron luego a la concesión de exploración Don Gregorio, de 388 hectáreas.” Y por otra parte afirmaba: “La empresa advirtió, no obstante, que el reciente revés del gobierno provincial en las recientes elecciones primarias, provocó “un retraso en el procesamiento de solicitudes de concesiones”, aunque la expectativa es que ese trámite se resuelva “a fines de septiembre”. … “el retraso en la concesión de permisos, debido a los comicios locales, permitirá terminar el estudio de impacto ambiental y empezar a perforar muy pronto”.

Y aparentemente así fue, ya que ahora las actividades se han retomado, y ante las preguntas de los pobladores se les dice que la evaluación de impacto ambiental fue presentada –nadie la conoce- e incluso que se llevó a cabo la audiencia estipulada , convocatoria que no salió en ningún medio público .

Nos dice “Tochi” Moreno, en un artículo : “… la calma de los lugareños desapareció cuando volvieron a ver personas y máquinas trabajando en la Géminis. Fueron a Casa de Gobierno donde les dijeron que la empresa había completado lo faltante, que se había efectuado la audiencia pública prevista en la legislación, aprobado el EIA, estando la autorización definitiva a la firma.”

Por ello los vecinos se declararon en estado de asamblea permanente. El principal cuestionamiento es que la zona de actividad se encuentra a solo 600 metros del Río Juan Gómez, por lo que infieren que se podría contaminar con las sustancias que utilicen para las explotaciones. También temen por la erosión del suelo, en particular por las sierras. El río se usa para la producción agropecuaria y consumo humano.

No han logrado que el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción le aportara datos. No se sabe qué procedimiento usarán para la separación del litio de la roca. El CONICET informa que se pueden utilizar métodos parecidos a los que se usa para separar el oro o el cobre, que comprende elementos muy perjudiciales para el medioambiente y fundamentalmente para el agua.

Existe una posibilidad de que la extracción sea con la metodología de cielo. El ya citado Profesor Moreno afirma que, a su juicio, en la explotación del litio a cielo abierto en San Luis no se usarán elementos químicos contaminantes. “… insisto en afirmar que una mina a cielo abierto, sin usar químicos nocivos, pero instalada en la zona de la que hablamos, destruirá las nacientes de vertientes, arroyos y ríos” … “afectando flora y fauna.”

Las leyes locales exigen que los estudios a realizar, previo a una autorización, deben “identificar, describir y evaluar los efectos directos e indirectos sobre: ser humano, flora y fauna, clima, paisaje, suelo, agua y aire, bienes materiales y patrimonio cultural, la interacción entre todos ellos”, y una mina a cielo abierto afectaría a casi todos los factores listados.

Una explotación como la que se intenta iría en contra de la “preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes” .

Por todo lo expuesto, ante la necesidad de preservar el patrimonio turístico y ecológico de las sierras centrales de San Luis, y especialmente de San Francisco del Monte de Oro, repudiando acciones que comprometería generaciones futuras con la contaminación, la enfermedad y, en definitiva, la degradación social, invito a los Señores Legisladores a acompañar el presente proyecto.