La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio al procesamiento y eventual expulsión del país de Felipe y Eduardo Puelo Artigas (venezolanos), Luis Fretes (paraguayo) y Anil Baran (turco), detenidos de forma arbitraria en las inmediaciones del Congreso –y sin ninguna prueba de que hayan cometido delito alguno-, cuando la policía avanzaba contra la manifestación en repudio al Presupuesto el pasado 24 de octubre.

Su denuncia ante este grave hecho que representa un salto en calidad no sólo en términos de avasallamiento de las libertades democráticas –como el derecho a la protesta y la movilización- sino también en la ofensiva xenófoba contra los trabajadores migrantes que este gobierno ha reforzado con el decreto 70/2017 –declarado inconstitucional por fallo judicial- y el reciente lanzamiento de una app para acelerar expulsiones.

Su absoluto rechazo a una “nueva reforma migratoria integral” que, según ha trascendido, estarían acordando el gobierno nacional con sectores de la oposición peronista, encabezados por el Senador Miguel Ángel Pichetto, que profundizaría los preceptos reaccionarios del DNU 70/2017 para acelerar los procesos de expulsión de migrantes, quitando instancias de apelación, habilitando detenciones arbitrarias e instaurando trámites de expulsión exprés –entre otros.

Señor presidente:

Tras la represión a la movilización popular del pasado 24 de octubre en los alrededores del Congreso, en rechazo al Presupuesto hambreador del FMI, Macri y los gobernadores, el gobierno nacional lanzó una furiosa campaña contra cuatro extranjeros detenidos arbitrariamente por haber participado de la protesta. El operativo xenófobo no es inocente, sino que cumple una función política muy clara que pretende desviar la atención sobre las consecuencias desbastadoras que traerá consigo la política de ajuste contenida en el Presupuesto -que votaron el oficialismo y buena parte de la oposición del PJ. Con este tipo de campañas, buscan contraponer a la bronca popular contra el gobierno y la clase social capitalista que quiere condenar a la mayoría trabajadora al hambre y la miseria; la bronca y la pelea entre “los de abajo”, con un discurso y una política que responsabiliza a los extranjeros pobres de todos los males que nos aquejan: la falta de trabajo, el narcotráfico, etc. La xenofobia, como el machismo y otras ideologías interesadas del capital, buscan dividir a los explotados y desviar una lucha común contra los explotadores.

Las víctimas de este operativo son los hermanos venezolanos Felipe y Eduardo Puelo Artigas, el paraguayo Luis Fretes y el turco Anil Baran, detenidos de forma arbitraria en las inmediaciones del Congreso, cuando la policía avanzaba contra la manifestación y levantaba a manifestantes y transeúntes al voleo.

Los migrantes fueron acusados por los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad) en una conferencia de prensa en la que no exhibieron, sin embargo, prueba alguna. Los ministros defendieron los atropellos policiales y sostuvieron que los cuatro detenidos pertenecerían a “grupos violentos que intentaron poner en riesgo el ejercicio de la democracia” y que por lo tanto esperaban “poder expulsarlos del país lo más rápido posible”, cuando no cuentan siquiera con una condena por delito alguno. El plan de deportación exprés supone la cancelación inmediata de su residencia (ya anunciada) y la realización de un “juicio abreviado”. El término es mentiroso, ya que para ser un “juicio abreviado” debería haber acuerdo de los acusados; lo que espera el gobierno, que ya los condenó de antemano, es un juicio sumario. No hay pretensión alguna de calificar y resolver hechos en base a pruebas. Horacio García, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, fue claro: “sería una solución para poder expulsarlos y que tengan su debido proceso judicial” (nótese el orden de las acciones).

El ataque gubernamental contra los cuatro detenidos vino acompañado por un sinfín de calumnias e intrigas contra los migrantes en los medios oficialistas, para crear un clima condenatorio. Infobae publica que los hermanos Artigas “serían agentes desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro” porque “una fuente segura de la AFI contestó con un lacónico ‘sí, es lo más probable’ a la consulta” de si lo eran (¡!), lo que le bastó al ministro de Justicia porteño Martín Ocampo para sugerir un complot continental: “si hay una organización vinculada al Estado venezolano que viene a la Argentina a realizar actos de violencia, ya es un conflicto internacional”. En clave de espionaje macartista, La Nación (lo mismo Clarín) busca demonizar al turco Baran a partir de sus publicaciones de Facebook: “se lo puede ver como partícipe de marchas, como la de repudio a la llegada de Obama en 2016 y en una visita a la casa de Ernesto “Che” Guevara en Alta Gracia” (La Nación, 26/10). Y aprovecha para hacer referencia a “una de las hipótesis que barajaban en el gobierno respecto de que los detenidos podrían haber ingresado al país recientemente para ocasionar disturbios en repudio de la cumbre del G-20”, incluso cuando el mismo artículo debe reconocer que la residencia de Baran y del paraguayo Fretes refuta esa “hipótesis”.

También dirigentes de la “oposición” se sumaron a esta ofensiva racista. El senador del PJ Miguel Ángel Pichetto, de extenso historial xenófobo, sostuvo que esperaba que “ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país”, denunció la marcha contra el Presupuesto como un “hecho preinsurreccional” y protestó porque entren venezolanos al país. A ello le siguieron las declaraciones de Jorge Macri (intendente de Vicente López) y luego del propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que reforzó en sus declaraciones la línea xenófoba, primero con la excusa de la “reciprocidad de los países de origen” –una coartada con la que buscan también recortar derechos sociales como el acceso a la salud y la educación para los residentes migrantes. Luego se manifestó desde Córdoba contra los migrantes “que no vienen a trabajar, sino a delinquir, y nos complican la vida” reforzando la asociación entre migrantes y criminalidad –un prejuicio arbitrario, que no se apoya en ninguna evidencia, pero que resulta muy cómodo al poder que ampara el delito organizado.

El 27 de octubre el diario Clarín informa que el gobierno estaría trabajando en una iniciativa común con el peronismo alineado con Pichetto para impulsar una “reforma migratoria integral”, que permita acelerar los procesos de expulsión de migrantes. La norma contendría los lineamientos del decreto 70/2017 -declarado inconstitucional por fallo judicial-, para avanzar en deportaciones aceleradas incluso en base a penas menores y con condenas que no estén firmes, quitando instancias de apelación, habilitando detenciones arbitrarias e instaurando trámites de expulsión exprés. Las deportaciones ya se han incrementado de manera preocupante en el país: según informaron desde el Ministerio del Interior, ya van 150 en lo que va del año y estiman llegar a las 200 (La Nación, 2/11)

Toda esta campaña y la persecución encumbrada desde los ministerios contra los cuatro extranjeros movilizados, recuerdan ineludiblemente a la nefasta Ley de Residencia de 1902, que habilitaba a la expulsión de inmigrantes sin juicio previo. Dicha ley, pedida desde hacía años por la Unión Industrial Argentina y los más destacados cuadros de la oligarquía, apuntaba a golpear al movimiento obrero por la vía de la deportación de luchadores anarquistas y socialistas provenientes del exterior, en el cuadro de crecientes luchas de los trabajadores abierto por la huelga ferroviaria de 1888.

Esta ofensiva contra los cuatro extranjeros está dirigida no sólo contra los trabajadores migrantes, sino contra la movilización popular en su conjunto. El movimiento popular debe quebrar esta política de conjunto con el paro y la huelga general.

Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración.