La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros disponga la realización de una auditoría integral de la obra "Recuperación y ordenamiento del espacio público: Carril Godoy Cruz", Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza, financiada con recursos presupuestarios aportados por el Estado Nacional, a fin de determinar si en la ejecución de la obra se han producido irregularidades administrativas, el incumplimientos de normas legales nacionales, provinciales y/o municipales, en especial relativas a la normativa que regula el financiamiento otorgado, y la posible comisión de ilícitos que puedan tener relación con graves incumplimiento de los plazos y posibles sobrecostos de las obras.

Señor presidente:

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto instar al Poder Ejecutivo Nacional a concretar una profunda auditoria sobre una importante obra pública que se está ejecutando con serias dificultades en el Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza, bajo la denominación de "Recuperación y ordenamiento del espacio público: Carril Godoy Cruz". Tal obra fue profusamente anunciada por las autoridades provinciales y municipales como la obra del Metrobus del Área Metropolitana de Mendoza, siguiendo el modelo importado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Motivan el presente Proyecto claros y precisos objetivos de transparencia en la utilización de fondos aportados por el Estado Nacional, dado que se trata de una obra con un millonario presupuesto que exhibe flagrantes incumplimiento de los plazos de ejecución estipulados en la licitación, lo que está provocando gravísimos impactos negativos en una importantísima zona del Área Metropolitana de Mendoza.

En el Presupuesto Nacional del año 2017 aparece la referida obra con un presupuesto total de $ 320.000.000 (Trescientos Veinte Millones de pesos). Según informa el mismo municipio, entre las características principales del proyecto incluye la concreción de 12.500 metros de instalación cloacal; 23.000 metros de instalación de agua; 14.000 metros de cordón, cuneta y banquinas; 29 apeaderos; con una longitud total de 6600 metros intervenidos en esa importante arteria. También se informa que el plazo de obra incluye su finalización entre fines del año 2018 y principios del 2019.

Según ha sido denunciado en el H. Concejo Deliberante de Guaymallén, la obra se ha licitado y comenzado a ser ejecutada sin cumplir con los requerimientos legales mínimos que exige la legislación provincial para obras de gran envergadura. En efecto, la obra no contaría con Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley provincial 5961 (Ley General de Ambiente) ni con la evaluación de impacto territorial que exige la Ley provincial 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo.

A los incumplimientos legales se suman gravísimas demoras en la ejecución. En relación con la primera etapa, la obra ha tenido una ejecución que no excede el 30 % en el plazo en que se debería haber cumplido con la ejecución total de dicha primera etapa. Tal situación está provocando graves perjuicios a los frentistas de la obra que han visto paralizada la circulación vehicular en una de las más importantes arterias del municipio por largos meses, sin perspectivas de que se habilite por varios meses más. Así mismo resulta sumamente dificultosa y peligrosa la circulación peatonal. Se trata de una importante zona comercial que está sufriendo un durísimo impacto de la actividad económica, a tal punto que se han producido cierres de comercios y una situación económica calamitosa para los comerciantes que aún sobreviven.

Este panorama se presenta desde el comienzo de la obra en el mes de abril de 2017 hasta el presente, y se preanuncia que podría prolongarse hasta los primeros meses del año 2019.

Se verifica, además, el inicio de obras correspondientes a la segunda etapa, lo que hace temer a los pobladores de la zona que las consecuencias nefastas de las demoras en las obras se proyecten a un área mucho mayor aún. Todo lo descripto evidencia una inadecuada planificación de la obra, una morosa ejecución y abre interrogantes sobre posibles sobrecostos que tales situaciones provocarían.

Consideramos que la realización de la auditoría que solicitamos permitirá establecer si, de haberse cumplido con los requisitos de la normativa mencionada, se podría haber previsto las demoras que se están generando, si las mismas son responsabilidad del Municipio por falta de experticia, o por incumplimientos de parte de los contratistas de la obra. Así mismo, permitirá establecer los responsables del sobrecosto financiero o económico que se generan por no poder cumplir con los plazos y si los mismos pudieron ser evitados.

Cabe ser destacado que la situación descripta está provocando serias dificultades en diversos centros educativos y sanitarios que se encuentran localizados sobre esa arteria, lo que afecta la funcionalidad de esas instituciones.

Por lo antes expresado solicitamos a la H. Cámara la aprobación del presente Proyecto de Resolución.