La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio al operativo realizado por efectivos de Gendarmería requisando un colectivo de la Línea 22 en el Barrio Marqués de Sobremonte de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el día lunes 22 de octubre de 2018.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto expresar el repudio de esta Honorable Cámara ante el operativo realizado por tres efectivos de la Gendarmería en un colectivo de la Línea 22, ya de público conocimiento, en el Barrio Marqués de Sobremonte de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el pasado día lunes 22 de octubre del corriente año.

El operativo se realizó en el marco de un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Provincia de Córdoba, conocido como “Comando Unificado Córdoba” (CUC), suscripto el 25 de abril del corriente año con la finalidad de instrumentar la colaboración entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales de seguridad. En ese marco, desembarcaron 300 gendarmes en nuestra Provincia que están realizando distintos tipos de operativos en la Terminal de Ómnibus, el transporte público y las calles de nuestros barrios.

Durante el operativo en cuestión, los gendarmes pidieron el DNI a los pasajeros, al tiempo que les revisaban sus carteras, bolsos y mochilas, y les pedían que saquen todos los elementos de los mismos y los pongan a un costado, todo ello, sin mediar justa causa o sospecha de la comisión de algún delito. Ante esto los efectivos no pudieron dar ninguna respuesta a los pasajeros que consultaban la razón de este operativo en un colectivo urbano, lleno de trabajadores y estudiantes que se dirigían a sus empleos e instituciones educativas. Por supuesto, no encontraron nada sospechoso y todo resulto una requisa cuyo único logro fue la intimidación.

Desde los organismos de Derechos Humanos de la Ciudad de Córdoba, nucleados en la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos afirmaron que se trata de un nuevo intento de militarizar el territorio del país con la excusa de la persecución al narcotráfico y la inseguridad, en una franca actitud intimidatoria hacia los ciudadanos contrario a derechos constitucionales y la libre circulación. Además, sostuvieron que las autoridades provinciales y nacionales pretenden “hacernos creer que la fuerza sospechada del asesinato de Santiago Maldonado va a garantizar la seguridad de los ciudadanos”. Para los organismos, no es más que un nuevo pretexto qué pretende acompañar con represión social las medidas de ajuste del Gobierno Nacional, por otro lado, hacer uso electoral con un problema tan sensible y dejar sin resolver los problemas de fondo que vive el pueblo argentino.

Desde su punto de vista, este tipo de operativos lejos de resolver la problemática de seguridad, “Ante el crecimiento de la desigualdad y la protesta, la respuesta del Estado es las calles con armas”.

Adherimos al análisis de los organismos de Derechos Humanos, y en razón de todo lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.