La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar una profunda preocupación por el operativo de evaluación que se realizará en todas las instituciones educativas del país, el próximo 18 de octubre del corriente, a cargo del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, denominado “Operativo Aprender 2016”. Rechazamos cualquier intento de utilizar estas políticas de evaluación para fijar los salarios de los trabajadores de la educación de acuerdo a los resultados obtenidos.

Señor presidente:

Observamos con preocupación las condiciones en la que se va a realizar el Operativo Nacional de Evaluación “Aprender”. El mismo fue diseñado sin tener en cuenta a los docentes, como actores principales del sistema educativo, ni tampoco a los principales sindicatos docentes del país. Según el artículo 98 de la Ley de Educación Nacional N°26.206, en donde se establece la creación del Consejo Nacional de Calidad de la Educación en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, como órgano de asesoramiento especializado, unos de los integrantes del mismo deberían ser las organizaciones gremiales docentes con personería nacional. Precisamente las funciones de dicho Consejo, son las de “proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Educativo Nacional”; “participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional y emitir opinión técnica al respecto”; “asesorar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con respecto a la participación en operativos internacionales de evaluación”, entre otras. Queremos denunciar que no se ha consultado a los docentes, ni a los sindicatos, violando lo estipulado en el mencionado artículo.

Tal como describe la Central de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA) en un comunicado publicado la semana pasada al respecto, entendemos que con este operativo de evaluación se pretende “medir” la “calidad educativa” bajo los principios y mecanismos de la evaluación externa y estandarizada, donde los trabajadores de la educación y los estudiantes son meros objeto de estudio y ejecutores de políticas definidas por los funcionarios que actúan bajo presión de los requerimientos internacionales. Creemos que estas pruebas buscan determinar qué saberes y conocimientos se deben adquirir en las escuelas, independientemente del país, región o provincia de la que se trate. El objetivo último es la elaboración de rankings, generando un contexto de competencia y clasificación de las instituciones, lo que posibilita un escenario propicio para el desarrollo de esquemas privatizadores de la educación.

El sentido de la evaluación se debe construir colectivamente, a partir de una reflexión con la comunidad educativa en su conjunto, buscando generar consensos que permitan arribar a un sistema de evaluación nacional más democrático, que permita aportar datos para la mejora significativa. Entendemos que es necesario contar con información sobre el sistema (cobertura, niveles de inclusión, sobre-edad, ingreso-egreso, inversión-costos, entre otros). Pero, lejos de responder a estándares internacionales, el sistema de evaluación debe poder dar cuenta del impacto que las trasformaciones sociales tienen en el sistema educativo, en la escuela y en el aula, para producir mejoras en el mismo.

Recuperando el pronunciamiento elaborado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) en relación al “Operativo Aprender 2016”, allí se plantea que el mismo “Reduce la participación de la docencia a meros aplicadores y de los estudiantes a simples objetos de estudio”. Allí se denuncia que se “Precariza las condiciones y sobrepasa las obligaciones del trabajo docente al establecer que los rectores/directores serán Veedores de las escuelas donde se aplicará la prueba y los docentes serán Aplicadores designados por la autoridad competente de la Jurisdicción, que evaluarán a los estudiantes de una escuela distinta a aquella en la que dan clase, de este modo se cambia la función de docentes y directivos, que es la enseñanza, obligando a realizar tareas de aplicación de evaluaciones estandarizadas externas”. Utilizar a los docentes como evaluadores, “controladores” de sus pares los sobrecarga con tareas y obligaciones que no son de su competencia, distorsionando su rol como educadores, corriendo el eje del trabajo pedagógico.

Nos oponemos rotundamente, a cualquier intento de implementar políticas de evaluación docente que impliquen atar el salario en función del desempeño obtenido en las evaluaciones.

Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores diputados el acompañamiento a este proyecto.