La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación- al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; a la Ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley; al Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Oscar Finocchiaro; al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al Secretario de Trabajo, Jorge Triaca, al Secretario de Agroindustria, Miguel Etchevehere, al Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein; al Secretario de Modernización, Andrés Ibarra; al Secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel; a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales, acerca de la situación laboral de los trabajadores que se desempeñan en sus Ministerios o Secretarías a su cargo, del cese de contratos y diversas modalidades de despidos de los trabajadores, de la continuidad de las tareas y programas en los que éstos se desempeñaban y su eventual derivación a sectores privados (privatización).

Señor presidente:

Entre los ataques previstos en el presupuesto, habrá un capítulo especial reservado para los trabajadores estatales que se traducirá en nuevos despidos, jubilaciones forzadas y una menor cantidad de recursos para que los organismos funcionen. A ello se suma la ofensiva que significará la reducción de partidas para la obra pública, que traerá decenas de miles de despidos en la construcción y en los trabajadores de los planes sociales –tercerizados o contratados por el Estado. Para completar, la escalada inflacionaria y los tarifazos, han licuado de manera brutal el poder adquisitivo de los salarios, y ahora el gobierno pretende avanzar en una mayor confiscación salarial al generalizar el impuesto a las ganancias sobre todos los ítems del sueldo y anulando ciertas deducciones.

El gobierno nacional, que hace alarde de los valores republicanos, incumple con la ley: el Convenio Colectivo de Trabajo de los estatales nacionales establece que la contratación no permanente no superará el 15% de los cargos de planta permanente. Sin embargo, en la actualidad ese porcentaje se eleva a por lo menos el 70%, ya que no existen datos fehacientes de, por ejemplo, la enorme cantidad de monotributistas, bajo figuras como locación de obra o servicio, asistente técnico, entre otras.

Día a día se acrecienta la embestida contra los trabajadores estatales. La precarización laboral que fue la regla bajo el gobierno kirchnerista, hoy es utilizada por el macrismo para efectuar despidos masivos. Los ejemplos se multiplican en las últimas semanas. Esto ha tenido un episodio reciente en la ofensiva contra el Astillero Río Santiago, donde los trabajadores en lucha llegaron a ocupar el Ministerio de Economía provincial, no sólo contra la tentativa de despidos y la reducción salarial, sino también en reclamo por la puesta en funcionamiento de la fábrica, acorde a su capacidad, contra el vaciamiento en curso.

Los trabajadores del INTA se encuentran movilizados contra 18 despidos del personal de la Fundación Argentinta. Los trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones, han sido recientemente anoticiados de 35 despidos. En este caso, el funcionario que recibió a la delegación, Gastón Fellini (Jefe de Asesores de la Presidenta Silvana Giudici), manifestó la negativa a realizar reincorporaciones –con la única excepción de una compañera en tratamiento contra el cáncer de mama-, al mismo tiempo que ratificó que habrá más despidos en el organismo.

Los trabajadores del ex Ministerio de Agroindustria se han organizado en todo el país y llevaron a cabo numerosas acciones en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias contra los despidos masivos y el cierre de áreas enteras como la Secretaría de Agroindustria Familiar (SAF) –que afecta un trabajo sensible en numerosos distritos del país. Denuncian que el gobierno de Macri está reforzando la precarización laboral y la informalidad de los trabajadores, la falta de mecanismos para la formación y perfeccionamiento de los técnicos, la ausencia de carrera administrativa, etc. Dejando al trabajador desamparado a la hora de terminar su relación contractual (sin indemnización, sin justificación o causal de despido, etc). La situación se recrudece con despidos: 450 el pasado 31 de agosto, más 150 despidos en abril de este año y que se suman a más de 60 compañeros que quedaron sin reincorporar del 2016. Tenemos entonces un desmantelamiento de la SAF, ya que estarían quedando menos de 500 técnicos para todas las provincias, de los cuales anuncian despidos próximos. El ex ministerio argumenta para los despidos e inseguridad laboral que “el trabajo que realizan es temporal” cuando ha quedado demostrado (inclusive la ley que ampara la AF) que el trabajo del sector de Agricultura Familiar es una tarea permanente. Esto evidencia que las variables de ajuste terminan siendo los trabajadores.

Los trabajadores de Vialidad Nacional, que están hace meses en lucha en todo el país contra los despidos y el desmantelamiento del sector, alertan sobre las tentativas del gobierno de privatizar completamente las tareas que realizan desde el organismo. Los trabajadores están sufriendo despidos y pérdidas de conquistas, como la estabilidad laboral y la antigüedad.

En el Hospital Posadas en el último mes hubo 80 nuevos despidos, llevando la suma de cesantías a más de 1.000 desde que asumió el macrismo. A ello se suma el cierre de Cirugía Cardiovascular Infantil y la reducción de otras 10 áreas y la privatización de sectores como Jardines y Mantenimiento.

En la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) acaban de llevar a cabo el despido arbitrario de 232 trabajadores, acompañado también por un parate de inversiones en el mantenimiento y desarrollo de obras de generación de energía atómica. Todo lo cual significa un ataque más profundo, que se completa con la exclusión del Presupuesto 2019 de todo el sector nuclear, que afecta numerosas áreas de trabajo (Hidroeléctrica Argentina, Dioxitex, CNEA, la oficina para la Regulación Nuclear, CONUAR). Están en riego más de 1000 puestos de trabajado, con una particular ofensiva sobre la planta de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén –un objetivo estratégico de la privatización. El segundo paso en carpeta será, entonces, despidos masivos también en esta empresa del complejo atómico argentino.

En los organismos de Ciencia y Tecnología también están llevando a cabo un profundo ajuste, consistente en reducción de presupuesto, privatización de sectores y funciones, abandono de programas y despidos masivos de personal. Esto forma parte de una política de vaciamiento del área de Ciencia y Técnica en nuestro país, contra los trabajadores de numerosos organismos, como el INTA, CNEA, INTI y CONICET.

En el INTI los trabajadores inauguraron el año debiendo salir a la lucha contra el despido de 250 trabajadores, que hoy ya son en total 266. Con un claro plan de privatización de las aéreas, el presupuesto destinado para el aérea de Ciencia y Tecnología es 16 veces menor que el destinado para el pago de los intereses de la deuda.

A más de 100 días de iniciado el conflicto por el despido de 357 empleados de la Agencia Télam y su vaciamiento objetivo, una medida cautelar presentada ante la Justicia Laboral dictaminó la ilegalidad de los despidos, resolvió la reincorporación de un primer grupo de cinco despedidos, e intimó al entonces Ministerio (hoy Secretaría) de Trabajo a la apertura de un Proceso Preventivo de Crisis, con los empleados cesanteados en sus puestos de trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy, las reincorporaciones no han sido efectivizadas.

La brutal ofensiva contra los trabajadores estatales- que aquí ilustramos con sólo algunos ejemplos- se agravará con el presupuesto fondomonetarista que pactaron el gobierno de Macri con los gobernadores. Responde a las exigencias del pacto con el FMI, que plantea una ‘racionalización’ del gasto público, despidiendo trabajadores estatales y privatizando áreas sensibles en beneficio del capital privado. El camino de más devaluación y recesión al que nos lleva la política oficial supone un batacazo descomunal contra la clase obrera: mayor caída de salarios y jubilaciones, despidos y suspensiones y nuevos ajustes sobre la salud y la educación.

Por estos motivos, llamamos a los señores diputados a apoyar este pedido de interpelación pública frente a la Cámara de Diputados del jefe de gabinete, los señores ministros y secretarios para que den una respuesta exigida por el conjunto de los trabajadores estatales.