La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir en los términos de nuestra Constitución Nacional, remita la Carta de Intención, el Memorándum de Policitas Económicas Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre la Argentina y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, y toda documentación relevante del último acuerdo anunciado el 26 de septiembre de 2018, para su tratamiento en este Honorable Congreso de la Nación.

Encomendar al Poder Ejecutivo que acate el artículo N°4 y los incisos 4 y 7 del Artículo N° 75 de la Constitución Nacional, y envíe todo proyecto para contraer deuda externa con organismos multilaterales de crédito, préstamos bilaterales o a través de los mercados financieros, para su aprobación en este Honorable Congreso de la Nación de forma previa a su otorgamiento.

Encomendar al Poder Ejecutivo que se abstenga de recibir cualquier tipo de desembolso del FMI hasta que dicho acuerdo haya sido aprobado por este Honorable Congreso de la Nación, por ser dicho memorándum improcedente e inconstitucional en los términos del artículo N°4 y los incisos 4 y 7 del Artículo N° 75 de la Constitución Nacional.

Expresar preocupación por la situación económica y social que se encuentra atravesando la sociedad argentina a raíz del acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI.

Expresar rechazo por la pérdida de soberanía que implica el acuerdo con el FMI y los condicionamientos sobre el federalismo y los futuros gobiernos.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar preocupación por las consecuencias económicas y sociales del nuevo acuerdo realizado entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la República Argentina, a espaldas de este Honorable Congreso de la Nación y del Pueblo. Asimismo, requerimos al Poder Ejecutivo Nacional que envíe a este Honorable Congreso la Carta de Intención, el Memorándum de Políticas Económicas Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre la Argentina y el FMI del último acuerdo suscripto, para su tratamiento correspondiente en función del Artículo 4° de la Constitución Nacional.

Según las propias declaraciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, el nuevo acuerdo alcanzado ascendería a US$57.100 millones, de las cuales sólo US$5.900 millones corresponden al período 2020-2021. Es decir, el financiamiento es exclusivo los años 2018 y 2019, período del mandato de Mauricio Macri. Sin embargo, las condicionalidades y obligaciones son establecidas para el futuro Gobierno. Quien sea electo Presidente en las próximas elecciones deberá pagar esta deuda sin haber percibido los beneficios económicos del financiamiento.

En este sentido, se encomienda al Poder Ejecutivo que rechace cualquier crédito otorgado por el FMI, en virtud de la cesión de soberanía política y económica que implica y el condicionamiento para futuros gobiernos, y las implicancias de las condicionalidades macroeconómicas sobre la realidad de los trabajadores, los jubilados, el mercado interno, la producción y el ingreso nacional.

Es importante mencionar que el nuevo acuerdo contiene metas aún más leoninas que las contenidas en el anterior, según se desprende de las declaraciones y presentaciones públicas de los funcionarios del gobierno nacional, las cuales tendrán duros efectos sobre los ciudadanos argentinos. Según la poca información que ha sido anunciada sabemos que: se propone el “déficit fiscal 0” para 2019, tal como se expresa en el proyecto de ley de Presupuesto que actualmente se encuentra en debate, congelamiento de la base monetaria hasta junio de 2019 y tasas de interés de Leliq superiores al 65%. Todo ello implica una severa recesión económica, la cual impactará en el empleo y en los salarios reales. A su vez, se especificó una banda cambiaria que estará entre $38 y $48 aproximadamente a fines del corriente año, la cual habilita a una depreciación del peso argentino de hasta 17% respecto del valor actual. Tal tipo de cambio implicaría una depreciación interanual de 170%, una licuación general de los salarios, y grandes beneficios para los exportadores y para las empresas de sectores con ganancias dolarizadas (como, desde los cambios de regulación del presente Gobierno, las proveedoras de servicios públicos).

Los trabajadores ya han sido castigados con paritarias por debajo de la inflación (25% para todo el año en el sector privado y 15% para el público, con una inflación que, según el INDEC, alcanzó 24,3% en sólo 8 meses, y que de acuerdo con las expectativas relevadas por el Banco Central de la República Argentina alcanzaría un valor en torno del 45%), una pobreza del 27,3% sólo en el primer semestre (cuando aún no se ha realizado el ajuste anunciado), un desempleo del 9,6% y una subocupación demandante de 7,7%. Es decir, la política económica oficial ha generado una crisis de proporciones significativas, y promete ir por más.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como suele suceder, implicó un fuerte deterioro de todas las condiciones de vida para los sectores más humildes. Desde la corrida cambiaria que nos llevó a pedir financiamiento en el FMI, la tasa de interés se disparó de 40% al 65%, el tipo de cambio, que se encontraba en el rango de $25 a $28, alcanzó los $40-$42, impulsando una inflación que, según el consenso de consultoras privadas, será superior al 45% interanual para diciembre. Todo ello con el objetivo explícito de reducir el poder adquisitivo del trabajador. Tal como sostuvo el ministro Nicolás Dujovne: “si no hay pesos, no habrá con qué comprar dólares”. Es decir: se le retirarán los pesos a los sectores populares y medios, quienes no podrán comprar dólares, si acaso algunos pocos lo hacían, teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales del Banco Central demuestran que menos del 1% de las personas acceden, en nuestro país, a la compra de divisas, pero esencialmente las grandes mayorías nacionales no podrán comprar alimentos, vestimenta, pagar los servicios o los alquileres, todos ellos con precios ajustados por inflación y la devaluación.

Asimismo, resulta difícil confiar en los pronósticos establecidos, ya que el Gobierno ni siquiera pudo cumplir por un trimestre con las metas establecidas por el FMI en el acuerdo anterior. Repasemos: mientras el FMI exigía alcanzar una inflación entre 27% y 31,75%, actualmente la misma supera ampliamente el valor estimado. En el acuerdo se preveía un crecimiento del PBI de entre 0,4% y -1,3%, mientras las actuales proyecciones del Gobierno son de una caída de -2,4% (e incluso algunas consultoras poseen pronósticos aún más pesimistas). Las reservas internacionales deberían finalizar 2018 entre US$65.400 millones y US$54.300 millones, cuando en un solo trimestre, el Gobierno dilapidó los US$15.000 millones del primer desembolso, por lo que, en la actualidad, las reservas alcanzan apenas los US$48.992 millones.

El propio Fondo Monetario explica en el memorándum que un shock “macro-fiscal” combinado llevaría la deuda externa al 103% del PBI, zona en la que es “probable que detone una crisis”. Según el Observatorio de la Deuda Externa (ODE) de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), la relación deuda / PBI alcanzará el 110% para fin de año. Para la más optimista calificadora de riesgo Moody’s, “los riesgos son fuertes” y la deuda pública en relación con el PBI “será del 80% en 2019, o tal vez 90%”, superior a países semejantes en calificación crediticia.

Asimismo, tampoco hubo mejoras en materia de acceso al financiamiento externo: el riesgo país era de 535 puntos básicos el día en que el FMI desembolsó los US$15.000 millones, mientras que en la actualidad el riesgo asciende a 621 puntos básicos, habiendo llegado a máximos de 780 puntos. El mercado reconoce que sólo los deudores insolventes e incapaces de pagar son los que acuden al Fondo Monetario. El FMI, en lugar de un shock de “confianza” generó expectativas claramente negativas en el sector financiero.

Tampoco el acuerdo con el Fondo Monetario mejoró la preferencia de los argentinos por el peso. Desde junio, la Formación de Activos Externos neta del Sector Privado No Financiero suma US$9.216 millones, más elevada aún que la del trimestre anterior, signado por la corrida cambiaria.

Finalmente, debemos destacar que las medidas anunciadas conllevan una absoluta entrega de la soberanía monetaria y fiscal nacional. No es claro por qué el gobierno solicita créditos en divisas a fin de afrontar los gastos corrientes del Estado, los cuales se encuentran en moneda nacional. La emisión de deuda interna en moneda nacional en el mercado local debería ser suficiente (así lo evidencias los stocks de bonos emitidos por el Banco Central) para afrontar el déficit fiscal que sea necesario a fin de mantener un sano nivel de actividad económica. Tanto el Ministro de Economía, Nicolás Dujovne, como el Jefe de Gabinete, han intentado fundamentar esta insensatez a través de complejas teorías de equilibrios que apelan más a la creencia mística que a la experiencia propia de la gestión del aparato estatal. Es por ello que consideramos existe el riesgo concreto de que los recursos provenientes del endeudamiento externo sean utilizados (como lo han sido hasta ahora) para financiar indirectamente la fuga de capitales del sector privado, específicamente a través de la venta de divisas en el mercado. Las consecuentes exigencias de “déficit fiscal cero” y congelamiento de la base monetaria, con liberalización de tasas de interés y limitaciones en la intervención y regulación del mercado cambiario, implican una entrega absoluta de soberanía monetaria y cambiaria a las fuerzas del mercado, lo cual no es otra cosa que un eufemismo respecto de los agentes del sector privado.

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario tiene especificaciones no aclaradas ante el público y no debatidas ante este Honorable Congreso de la Nación. Dado que las consecuencias de dichas cláusulas pueden ser perjudiciales para el patrimonio público, para los trabajadores y los sectores populares, y para futuros gobiernos, resulta imprescindible que el Gobierno los haga públicos y los someta a debate en el Poder Legislativo, conforme a nuestra Constitución Nacional.

Es necesario repudiar este intento de acuerdo con el FMI que condicionará la política económica a los futuros gobiernos, mientras perjudica a los trabajadores, a los jubilados, y a las grandes mayorías nacionales, beneficiando a los acreedores externos, quienes podrán cobrar sus deudas a costa de las carencias a las que la política oficial, en acuerdo con el FMI, somete a los argentinos en un contexto de ajuste fiscal y monetario que impacta sobre todas las áreas sensibles y la sostenibilidad del empleo y las más elementales necesidades para el sostenimiento de una vida digna.

En defensa de la independencia económica y la soberanía política, severamente lesionadas por un acuerdo negociado a espaldas del Pueblo y en contra de sus intereses, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de resolución.