PROYECTO DE RESOLUCION


Expediente 6186-D-2018
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE UN RELEVAMIENTO DE PENSIONES POR INVALIDEZ EXISTENTES EN EL SISTEMA DESDE DICIEMBRE DE 2003 A LA ACTUALIDAD, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 04/10/2018
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que corresponda, se sirva informar acerca de las pensiones por discapacidad, los siguientes. Interrogantes:
1.- ¿Se ha realizado un relevamiento a los efectos de saber la cantidad exacta de pensiones por invalidez existentes en el sistema desde diciembre de 2003 a la actualidad?
2.-En el caso de ser afirmativo, que resultado arrojo. En caso negativo, explique los motivos.
3.- ¿Se ha realizado un relevamiento para saber si en ese tiempo se han producido bajas o suspensiones?
4.- En caso de bajas o suspensiones ¿Que parámetros de carácter social y legal se tuvieron en cuenta?
5.- ¿Se notificó previamente de la suspensión y/o baja de las mismas a los afectados?
6.- ¿Se sabe con exactitud la cantidad de pensiones dadas de baja durante ese período que debieron ser dadas de alta nuevamente?
7.- ¿Las mismas que tiempo debieron esperar para que se le restableciera la misma.
8.- ¿En la actualidad siguen trabajando los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado?
9.- ¿Se ha realizado un relevamiento al efecto de saber el número de solicitudes de pensiones por invalidez que se ingresaron desde el 2015 a la actualidad y cuántas de esas solicitudes fueron resueltas de manera favorable?
10.-¿Se ha establecido en qué lugar del país existen otorgamientos y bajas de pensiones por discapacidad con mayor asiduidad?
11.- ¿Qué requisitos rigen para el otorgamiento y baja de las pensiones?
12.- En caso de existir, se han respetado los mismos?
13.-En el caso de las bajas ¿Fueron decisiones de oficio, sin posibilidad de defensa por parte de los perjudicados?
14.- ¿Se ha realizado un relevamiento a los efectos de saber si desde 2015 a la actualidad se han otorgado menos pensiones?
15.- Y en caso de ser así ¿cuáles son los motivos y que cantidad?
16.- Y en caso de que hayan existido abusos, decisiones erróneas, apresuradas, sin respetar las normas y métodos para el otorgamiento, baja o suspensión, ¿Existe algún órgano ocupado de supervisar y realizar las sanciones correspondientes?
17.- Y en caso de ser así ¿cuáles han sido las mismas y si se han corregido con prontitud dichos errores?

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Es de fundamental importancia para adentrarnos en esta temática hacer algunas consideraciones.
Se ha recibido información referente a estas pensiones expresando que durante el kirchnerismo, las pensiones por invalidez pasaron de 180 mil a casi dos millones.
Sólo casos de guerras o catástrofes podrían explicar un incremento de tal magnitud en este tipo de beneficios.
En los últimos días el Gobierno inició una revisión de la nómina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas "no contributivas".
Esto fue debido a que percibió un singular crecimiento, incompatible con un país que no ha sufrido catástrofes humanas de ninguna índole que las justificaran.
Según dio cuenta en un informe el economista Federico Muñoz, entre 1999 y 2002 el total de perceptores del subsidio, por diferentes grados de incapacidad, osciló entre 72.000 y 79.000 personas.
Pero con la llegada a la presidencia de Néstor Kichner comenzó un ciclo de incorporación a un ritmo inédito: 81.359 en los siete meses de gestión en 2003 hasta 230.847 al fin del mandato.
Un estudio privado detectó que durante el gobierno de Néstor Kirchner las pensiones por invalidez se elevaron de 79.000 beneficiarios a más de 230 mil; y en los 8 años de presidencia de Cristina Kirchner se sumaron más de 800 mil personas.
El proceso se intensificó en los ocho años de gobierno de Cristina Elizabet Kirchner, porque incorporó unas 500 mil personas en sus primeros cuatro años y agregó otras 350 mil en el siguiente.
Sin embargo, los números que difundió el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que desde diciembre de 2015 conduce Carolina Stanley, quien luego da la instrucción de pago a la Anses, parten de 180 mil beneficiarios en 2003 y escalan hasta 1,8 millones doce años después.
Tal dinámica no se corresponde con un escenario de paz y ausencia de catástrofes que provocaran un crecimiento de esa magnitud de la incapacidad laboral de la población argentina.
Se sabe que históricamente la administración pública no se ha caracterizado por la excelencia, y por tanto no sólo se destaca el despilfarro de los ingresos que se obtienen por la vía de impuestos, como también por el endeudamiento desmedido y la emisión descontroladas; sino también por desatender las reales necesidades de muchos trabajadores y de familias argentinas.
A partir de allí, y de la contundencia de las estadísticas oficiales sobre el crecimiento de las pensiones no contributivas, el Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso de depuración de la nómina, para que el beneficio alcance exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, y en los términos que define la legislación vigente.
En relación a los supuestos recortes de pensiones por invalidez debido a razones presupuestarias, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aclaró que: El Gobierno asegura que “no está dando de baja pensiones por cuestiones económicas”.
En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica.
Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios. De esta forma, en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones.
El padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes.
El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo en declaraciones radiales que "en 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido".
"Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo", agregó Badino. El objetivo de la actual gestión es brindar transparencia al sistema, de manera de asegurar su sustentabilidad y de evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las pensiones.
Es importante destacar que si algún pensionado es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos.
Las suspensiones no suponen la quita de las prestaciones médicas del Programa Incluir Salud, las que se mantienen mientras el pensionado solicita la rehabilitación.
Todas estas situaciones han provocado incertidumbre, desazón y preocupación entre las personas que poseen este tipo de pensión.
Agencia Nacional del Discapacidad dispuso como condición para seguir cobrando las pensiones, actualizar los datos de domicilio. Sin embargo sólo se comunicó a través de una aclaración impresa en el recibo que emiten los cajeros.
El texto impreso en el comprobante aclaraba: “Agencia Nacional de Discapacidad informa deberá actualizar datos de domicilio en centro de atención más cercano plazo 30 días a partir de hoy”. La oficina nacional no utilizó las redes sociales para informar al respecto, no se publicó la medida en medios masivos de comunicación ni tampoco se emitió un comunicado oficial
Esta falta de información ha provocado que numerosos beneficiarios al no hacer este tramite quedaran fuera del sistema.
Cabe recordar, que la interrupción de los pagos a los prestadores empezó en diciembre de 2017 cuando el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, dio de baja las pensiones no contributivas de 170 personas. En ese entonces, la funcionaria anunció que la medida iba a ser revisada pero la mayoría siguió sin recibir las pensiones.
La Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad presentó un amparo y ganó en todas las instancias, pero el Gobierno apeló en cada caso en el que se ordenaba restituir las pensiones. Finalmente, lla Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social falló a favor de restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.
Nuestro objetivo a través del presente pedido de informes es saber y conocer todo lo referente a las pensiones por discapacidad, su baja, permanencia y toda cuestión referente la misma.
De acuerdo a lo expresado públicamente por las autoridades de la Comisión y del mismo Ministerio de Desarrollo la baja tiene que ver con supuestas irregularidades en las condiciones que tienen que cumplirse para ser beneficiario de la misma. Para ello, invocan el Decreto N° 432 del año 1997 que establecía ciertos temas patrimoniales al momento de poder acceder al derecho de pensión.
Según el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFIses), Gabriel de Vedia “El decreto de Carlos Menem sobre el que se apoya la medida, que según el Gobierno es para evitar “incompatibilidades e irregularidades detectadas”, está mal aplicado porque prevé regulaciones y limitaciones a una ley previa- en referencia a la Ley 13478. Se trata de una legislación “vieja reglamentada muchos años después con un decreto de dudosa constitucionalidad”.
Si además de eso, tenemos en cuenta que la pensión por invalidez no es una dádiva, ni un subsidio sino un derecho que está amparado constitucionalmente a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por la Convención Internacional de Discapacidad que nuestro país suscribió en 2014, se concluye que nuestro país se ha comprometido, ante otros Estados, a respetar este tipo de derechos.
También nuestro objetivo es saber a través del presente si se han respetado las formas para tomas esas decisiones.
La mayoría de las personas a las que se le dieron de baja estas pensiones se enteraron cuando fueron a cobrarla. Fueron decisiones de oficio, sin posibilidad de defensa por parte de los perjudicados.
Asimismo, ante un error de la baja los perjudicados debieron esperar mucho tiempo para que le restableciera la pensión.
A la situación de baja y suspensión de las pensiones por invalidez que estaban vigentes tenemos que agregar también que desde diciembre de 2015 a la fecha se otorgan menos pensiones y que se desmontaron los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado.
Es de fundamental importancia decir que pueda haber habido errores en los otorgamientos, pero dado que las pensiones se otorgan en razón de la vulnerabilidad, el Ministerio debe analizar caso por caso antes de tomar una decisión que afecta a una persona de un colectivo vulnerable, puesto que se le debe garantizar a través del estado el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en igualdad de condiciones que los demás. Esto supone no quitarle su pensión por los ingresos de un familiar.
Lo correcto hubiera sido citar a las personas, intimarlos a que presenten la documentación necesaria, hacer la investigación y recién después dar de baja el beneficio; situación que no ocurrió y sumió a personas con discapacidad en una profunda tristeza, desazón, inestabilidad y desprotección.
Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
BIANCHI, IVANA MARIA SAN LUIS UNIDAD JUSTICIALISTA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
DISCAPACIDAD (Primera Competencia)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

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