PROYECTO DE TP


Expediente 6182-D-2018
Sumario: ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACION, LA PARTICIPACION PUBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. - ACUERDO DE ESCAZU -, SUSCRIPTO EN EL MARCO DE LA 73 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. RATIFICACION.
Fecha: 04/10/2018
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 135
Proyecto
El Senado y Cámara de Diputados...


ARTÍCULO 1º.- Ratificase el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. (Acuerdo de Escazú) suscripto en el marco de la 73°Asamblea General de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El 27 de septiembre próximo pasado en el marco de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 países de América Latina y el Caribe, suscribieron el Acuerdo Regional de Escazú que garantiza y promueve el acceso a información, participación y justicia en temas ambientales.
Nuestras sociedades demandan cada vez más y mejor acceso a información adecuada y confiable, así como más y mejores oportunidades para participar de manera significativa en las decisiones que les afectan.
Para apoyar esta senda de desarrollo más igualitario, inclusivo y sostenible, América Latina y el Caribe cuenta hoy con este instrumento multilateral sin precedentes. Adoptado en marzo de este año en Escazú, Costa Rica, este acuerdo ofrece a nuestros Estados y sociedades una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información, a la participación más allá de la consulta y a la justicia ambiental.
Buscando garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú apunta al fortalecimiento de capacidades y refuerza la cooperación entre los países de la región. También plasma nuestras prioridades y aspiraciones comunes y demuestra la vigencia del multilateralismo regional para el desarrollo sostenible.
Y es que la región tiene buenas razones para sentirse orgullosa de este instrumento: además de ser el único tratado emanado de Río+20, es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Esto es de especial relevancia en una de las regiones más críticas para quienes defienden el ambiente y la tierra, ya que garantiza y brinda herramientas para que todas las personas, especialmente aquellos excluidos o en situación de vulnerabilidad, tengan acceso confiable a información, puedan participar de manera efectiva en procesos de toma de decisiones, y, además, acceder a la justicia, permitiendo una distribución equitativa de los costos y los beneficios del desarrollo.
Este acuerdo, cuenta como elementos centrales:
- Vínculo entre derechos humanos y medio ambiente
- Derecho de la población a la información ambiental
- Garantía de la consulta a la población
- Participación en la construcción de decisiones que afecten su calidad de vida
- Mecanismos para acceder a la justicia en asuntos ambientales
- Obligaciones de los estados con sus sociedades
- Obligaciones entre los estados en cooperación y fortalecimiento de capacidades y crear un estándar común para la implementación.
Se trata de una respuesta inmediata por parte de los países ante el explosivo aumento de conflictos ambientales en América Latina y el Caribe, y a los millones de personas que sufren de las consecuencias de la contaminación y la presión por recursos naturales en una región donde la conflictividad ambiental, lejos de disminuir, se ha ido incrementando de manera considerable.
Este tratado es una herramienta que impulsará la creación de marcos legales para la protección del ambiente en aquellos países que aún no cuentan con normativa suficientemente desarrollada, mientras que, al mismo tiempo, será un potente instrumento para mejorar la implementación y el cumplimiento de las normas en aquellos Estados que, como en el caso de Argentina, se encuentra entre los mejor posicionado de la región en el desarrollo legislativo con instrumentos como:
-La Constitución Nacional, en su artículo 41 expresa:” Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”
- Ley N° 27275 de “Derecho de Acceso a la Información Pública”
-Ley N° 25831 de “Libre Acceso a la Información Publica Ambiental”.
El acuerdo es un hecho significativo para la sociedad civil de América Latina y el Caribe, cuyos representantes formaron parte de la negociación del presente acuerdo, a través de sus representantes electos y el apoyo de la CEPAL en su calidad de secretaría técnica, el Acuerdo de Escazú pretende llegar a los sectores más vulnerables, marginalizados y excluidos a través de medidas afirmativas, y aspirando a remover aquellas barreras que impiden o dificultan el pleno ejercicio de derechos. Se trata de una fiel expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie atrás.
Transitar hacia modelos más justos y sostenibles de desarrollo con la participación oportuna e informada de todos los sectores de la sociedad será fundamental para afrontar temas tan urgentes como la vulnerabilidad climática, el incremento de los desastres (particularmente en el Caribe y en Centroamérica), la acidificación de los océanos, la erosión de los suelos o la pérdida de la biodiversidad.
Como todo acuerdo internacional, su entrada en vigencia se producirá según las reglas establecidas en el propio instrumento. En este caso, cuando se haya alcanzado la ratificación de al menos 11 países de la región de América Latina y el Caribe.
La República Argentina ha sido uno de los países que suscribieron el acuerdo, compromiso que ahora deberá refrendar mediante la ratificación de dicho acuerdo por parte del Congreso de la Nación.
Por todo lo expresado solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto, a fin de ratificar el Acuerdo de Escazú, afianzando nuestro compromiso con una región más prospera, inclusiva e igualitaria.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
BORSANI, LUIS GUSTAVO MENDOZA UCR
NEGRI, MARIO RAUL CORDOBA UCR
ECHEGARAY, ALEJANDRO CARLOS AUGUSTO BUENOS AIRES UCR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia)
RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
Fecha Movimiento Resultado
30/10/2018 INICIACIÓN DE ESTUDIO Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría
Trámite
Cámara Movimiento Fecha Resultado
Diputados SOLICITUD DE SER ADHERENTE DEL DIPUTADO VILLALONGA (A SUS ANTECEDENTES)