La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Expresar su más enérgico repudio ante los graves hechos ocurridos en la provincia de Tucumán de los que ha sido víctima nuevamente la abogada y militante por los Derechos Humanos Dra. Ana Laura Figueroa.

2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que por donde corresponda se asegure:

a) La más completa investigación de lo sucedido y la sanción de sus responsables;

b) La seguridad y protección adecuadas de la Dra. Ana Laura Figueroa y de todas las personas que participaron de las investigaciones judiciales en torno al “Pozo de Vargas” y demás procesos judiciales referidos al juzgamiento de los responsables de crímenes de Lesa Humanidad en Tucumán abarcados desde el llamado “Operativo Independencia” de 1975 hasta la última dictadura cívico-militar-eclesiástica iniciada en 1976;

c) Se haga llegar a esta Cámara los resultados de las investigaciones que se hayan realizado por los delitos cometidos con anterioridad contra la Dra. Figueroa o en su caso las razones por las que esas investigaciones no avanzaron.

Señor presidente:

En la tarde del 13 de agosto se perpetró a plena luz del día un atentado presuntamente realizado por un grupo comando contra la abogada Ana Laura Figueroa, querellante en numerosas causas por delitos de lesa humanidad contra represores del “Operativo Independencia” y la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Como en los peores momentos del Terrorismo de Estado, una patota de seis hombres ingresó de manera forzada al domicilio de la Dra. Figueroa realizando múltiples destrozos en una clara actitud intimidatoria. El ataque se realizó mientras la abogada viajaba de regreso a Tucumán, desde la localidad de Belén, en Catamarca, donde había participado de un homenaje al militante del PRT Juan Carreras, cuyos restos fueron reconocidos en el “Pozo de Vargas”, lugar donde durante la época de la dictadura, bajo la gobernación del genocida Antonio Domingo Bussi, el ejército arrojó cientos de cadáveres de detenidos desaparecidos entre los años 1975 y 1977.

Lejos de tratarse de un caso aislado, este es el tercer ataque sufrido en su domicilio relacionado con las causas relacionadas al “Pozo de Vargas”, lo que confirma el objetivo amenazante de los mismos no solo hacia la persona afectada, sino a todo el colectivo de lucha por los derechos humanos y a la política de estado de memoria, verdad y justicia asumida por la República Argentina.

Por ello resulta imperativa una urgente y profunda investigación de estos hechos, que mediante la amenaza y la violencia buscan lograr la impunidad de los más graves crímenes cometidos contra el pueblo argentino, dejando de relieve además la permanencia de estas estructuras represivas.

No resulta casual que este hecho de hostigamiento se lleve a cabo en un clima de envalentonamiento de los sectores reaccionarios en nuestro país, donde las editoriales de diarios pretenden el regreso de la “teoría de los demonios”, donde un ex ministro de cultura se siente autorizado para discutir de forma vergonzosa la cifra de los detenidos-desaparecidos y en el que el Presidente de la Nación Mauricio Macri utiliza como subterfugio las palabras “guerra sucia” para referirse al Terrorismo de Estado.

A pesar de esto, la lucha por el esclarecimiento de todo lo ocurrido durante los años de la última dictadura militar y de la Triple A, así como el juzgamiento de sus responsables militares, civiles y eclesiásticos debes ser continuada y profundizada. Para ello es menester garantizar la seguridad de aquellos que se desempeñan en estos imprescindibles procesos judiciales, tan necesarios para la comprensión del pasado y la proyección del futuro de los argentinos.

Asimismo es fundamental que las causas que obtienen como respuesta estas violentas intimidaciones sigan adelante con los recursos económicos y técnicos necesarios para su desempeño, siendo esto último una responsabilidad ineludible del Estado argentino.

Ante estos hechos de tamaña gravedad y por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen con su voto el presente Proyecto de Resolución.