El Senado y Cámara de Diputados...

LEY DE BONIFICACIÓN POR DESFAVORABILIDAD EN JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA REGIÓN PATAGÓNICA

Artículo 1°: Sustitúyase el artículo 1º de la Ley Nº 19.485 el quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 1º.- Establécese el coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y la pensión honorífica para veteranos de guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a los beneficiarios que residan en las Provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.".

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La región patagónica de nuestro país posee particularidades geográficas y climáticas que desde hace décadas son tenidas en cuenta a la hora de planificar políticas públicas para su desarrollo.

Bajo el lema “hay que poblar la Patagonia”, como eje fundamental para el ejercicio de la soberanía política y territorial, y a su vez como un ejercicio fundamental del federalismo, se fueron tomando a lo largo del último siglo numerosas medidas que fomentan el crecimiento económico y demográfico: beneficios impositivos, programas de inversión, subsidios, fondos especiales para infraestructura, entre otras. Diversas medidas impulsadas desde el Estado para asegurar las condiciones económicas y sociales para el pleno desarrollo de la región. Entre ellas, se encuentra el Decreto-Ley 19.485 promulgado en 1972 por el entonces gobierno cívico-militar de Alejandro Agustín Lanusse, que establecía un plus del 20% en el pago de jubilaciones y pensiones de residentes patagónicos, atendiendo a la necesidad de afrontar los elevados costos de vida de los habitantes de la región en comparación con el resto del país. En este sentido, las grandes distancias para la provisión de bienes y servicios, sumadas a las complejidades geográficas y a las inclemencias climáticas que en época invernal dificultan el tránsito e impiden muchas actividades productivas, fueron determinantes para promover un beneficio que atendiera las necesidades de jubilados y pensionados patagónicos y los pusiera en un lugar de igualdad con el jubilados y pensionados del resto del país.

Con estos mismos argumentos, en el marco de la recuperación del sistema previsional que estaba en manos de las AFJP y entendiendo que la brecha en el costo vida de la Patagonia en relación al resto del país no era sólo del 20%, durante la gestión de Cristina Fernández se elevó por decreto el coeficiente a 1,40, mejorando en un 100% el beneficio del plus por desfavorabilidad establecido en el decreto-ley 19.485.

Sin embargo, desde que asumió la gestión de Mauricio Macri, un sinnúmero de políticas públicas pensadas y destinadas al crecimiento y desarrollo de la Patagonia entraron en cuestionamiento. Y sistemáticamente se propusieron eliminarlas, bajo el pretexto de la “justicia” y la “igualdad” se materializaría eliminando los “privilegios”. Nada más desigual que esa visión de la justicia social.

En ese sentido, la actual administración avanzó en la eliminación de los beneficios impositivos para los trabajadores patagónicos en el pago del impuesto a las ganancias, abrió importaciones que perjudicaron directamente en las economías regionales, y avanzó fuertemente contra el plus por desfavorabilidad en las asignaciones familiares, entre otras. Todas estas medidas, que garantizaban derechos, pese a establecerse por normativa reglamentaria propia del Poder Ejecutivo ningún gobierno había puesto en duda. La promulgación del Decreto 702/18 y las disposiciones reglamentarias de ANSES y demás organismos avanzaron en la eliminación -o la reducción al máximo posible- de los beneficios que son un derecho adquirido para los habitantes de la Patagonia, materializando el sesgo unitario y centralista de este gobierno.

Es por ello que, ante la manifiesta intención de la gestión de Mauricio Macri de pulverizar los derechos de los habitantes patagónicos, es que es necesario que en ejercicio y resguardo del federalismo consagrado como principio rector en nuestra Constitución Nacional, el Congreso tome cartas en el asunto y materialice en una Ley los derechos adquiridos e irrenunciables de los habitantes del sur de nuestro país.