El Senado y Cámara de Diputados...

Articulo 1°. Declarase la Emergencia del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por el término de dos años en la República Argentina.

Articulo 2°. Crease el Consejo Nacional de Emergencia en Niñez y Adolescencia como órgano de asesoramiento en materia de aplicación de los postulados de la ley Nacional Nº 26.061 (ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)

Articulo 3°. Composición del Consejo Nacional de Emergencia en Niñez y Adolescencia:

El consejo estará compuesto por los siguientes miembros:

a) Pertenecientes al Poder Ejecutivo: Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Educación y el Jefe de Gabinete.

b) Pertenecientes al Poder Legislativo: dos representantes de la Cámara de Diputados y dos representantes de la Cámara de Senadores

c) Pertenecientes al Poder Judicial: un representante del Fuero de Familia, un representante del Fuero Penal Juvenil.

d) Pertenecientes a Gobiernos Provinciales: un representante por provincia designado por el/la gobernador/a.

Articulo Nº 4°. Funciones del Consejo

a) Realizar con carácter urgente un diagnóstico de situación multidimensional con identificación territorial de la problemática que impide el pleno alcance de los objetivo de promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes previstos en la Ley Nº 26.061

b) Identificación de los recursos presupuestarios de infraestructura y de recursos humanos disponibles en los diferentes estamentos del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Comunal.

c) Propiciar la creación de una estructura orgánica que, atendiendo las características propias de cada región, favorezca la efectiva institucionalización, fortalecimiento y descentralización operativa de recursos y dispositivos para lograr los objetivos que postula la Ley Nº 26.061 para los diferentes niveles de intervención que prevé la misma.

d) Proponer medidas de emergencia, tanto de financiamiento como operativas, tendientes a revertir las situaciones más críticas, promoviendo tanto en el diseño como en la ejecución la participación de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en la problemática.

Lo actuado y acordado en cumplimiento de las funciones previstas en la presente ley será elevado para su consideración, evaluación y resolución al Señor Presidente de la Nación con copia a los gobernadores y a los Concejos Provinciales de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso que estén conformados en cada provincia.

Artículo Nº 5.- Dé forma.

Señor presidente:

La ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece un régimen normativo tendiente a la promoción y protección integral de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional, mediante la implementación de políticas universales y específicas que garanticen las condiciones básicas para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos.

El plexo normativo hace responsable en forma indelegable al estado nacional de la búsqueda de soluciones para solucionar los inconvenientes de cualquier orden que limiten de hecho la igualdad y la libertad, dificulten el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes y su efectiva participación en la comunidad, y de controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas especialmente en relación a la asignación de recursos que se dispongan.

La misma norma establece distintas medidas de protección integral y excepcionales, como asimismo los procedimientos para llevarlas cabo, y que deben ser aplicadas por la autoridad administrativa competente ante la amenaza o violación de los derechos o garantías, para preservar o restituir a los mismos el goce y ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de sus consecuencias.

En resumen, podemos convenir que la ley de referencia establece procedimientos, estructuras de decisión y participación, y un esquema de responsabilidades políticas y administrativas, que prima facie se pueden entender razonables para el logro de los objetivos propuestos.

Pero en realidad, el solo marco normativo para nada garantiza protección integral de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes radicados en el territorio provincial. La norma debe estar acompañada de una acción política y administrativa que establezca y ejecute políticas de gobierno efectivas, programas de trabajo con adecuada financiación, la afectación de recursos humanos y edilicios en orden a las necesidades determinadas, y una adecuada articulación y coordinación entre los distintos públicos y privados involucrados.

Es precisamente en este punto, en el cual se vienen manifestando desde ya hace varios años los principales problemas que imposibilitan alcanzar los objetivos esperados y propuestos en el marco legal, y que nos ha llevado a la situación de crisis del sistema que atravesamos en la actualidad.

Al respecto, distintas cuestiones que tomaron estado público en los últimos años, expusieron los incumplimientos por parte de las Instituciones del Estado con los derechos de la niñez, que fueron advertidos por distintos espacios políticos y de organizaciones relacionadas a la temática, entre las que se puede señalar a modo de ejemplo el constante vencimiento de los plazos de las medidas excepcionales, las dificultades e insuficiencias de abordar las situaciones por parte de los escasos profesionales afectados, la falta de una infraestructura edilicia adecuada en el ámbito nacional, los inconvenientes derivados de las malas condiciones de alojamiento, la precarización de los trabajadores afectados al área, y la falta de presupuesto suficiente para el financiamiento de los programas, consecuentemente vemos en el proyecto de presupuesto para el año 2019 que hay una fuerte reducción del presupuesto de la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia como es el caso de los programas de Promoción y asistencia especial de primera infancia,

la Política federal para la protección de niñas, niños y adolescentes, la Promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes, además la eliminación del Ministerio de Salud y la Reducción de vacunas del calendario de vacunación.

Lo dicho anteriormente no hace más que potenciar los déficit que se acrecentaron desde 2016, entre ellos la pobreza infantil aumentó al 62,5%, según el Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina (UCA), revela que hay más de 8 millones de niños que padecen serias privaciones en su vida diaria. La situación de los menores de 0 a 17 años se agravó durante 2017 y la tendencia indica que esto se mantendrá o que se agravará.

Las consecuencias del modelo neoliberal ya han encendido todas las alarmas. Entidades no gubernamentales, agrupaciones sociales, veedores internacionales y hasta la Iglesia, le han comunicado al gobierno la situación generada por las medidas tomadas en dos años y medio

Es visible además, la falta de un enfoque de integralidad de la problemática y de una efectiva coordinación entre actores que siguen estando pendientes. Dicha problemática se advierte en la falta de comunicación, acuerdos y delegación entre los distintos responsables gubernamentales y con las instituciones involucradas.

Todas estas cuestiones determinan la existencia de profundas falencias de los responsables políticos en la aplicación de la Ley nacional de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que acompañada del agravamiento de la situación social de los barrios y sectores más vulnerables, y de la falta de logros efectivos de la gestión que permitan acreditar un mejoramiento de la situación de la niñez, juventud y adolescencia, ha impulsado a distintos sectores sociales y políticos a requerir la declaración de emergencia del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

El presente proyecto prevé la declaración de dicha emergencia por el término de dos años, y la creación de un Consejo Nacional de Emergencia como organismo asesor, con el objeto de realizar con carácter urgente un diagnóstico de situación multidimensional y con identificación territorial de la problemática asesorar en materia de aplicación en los postulados de la ley Nº 26.061, determinar los recursos presupuestarios de infraestructura y de recursos humanos disponibles y propiciar la creación de una estructura orgánica que, atendiendo las características propias de cada región, sus capacidades y necesidades, favorezca la efectiva institucionalización, fortalecimiento y descentralización operativa.

Esta declaración pretende, a través de la creación de un organismo asesor, ágil y de rápida resolución, integrado exclusivamente por los distintos estamentos políticos responsables en la materia para disponer las políticas de emergencia, diseñar una rápida reversión de la actual situación de crisis.

La vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, las situaciones de maltrato, abandono, marginalidad, abuso y violencia suceden a diario y demandan de la comunidad la sensibilidad, pero principalmente exigen del Estado la aplicación de todos los dispositivos y recursos para proteger a las víctimas de forma inmediata y adecuada con presencia en todo el territorio nacional.

Deberá atenderse al momento del diagnóstico, y diseño de propuestas lo señalado en las conclusiones de la investigación Bienestar y Pobreza en Niñas, Niños y Adolescentes realizada por UNICEF, que considera la importancia de la Multidimensionalidad atento a que tradicionalmente la pobreza se ha medido usando como criterio el consumo y/o el ingreso de las familias, y como umbral la línea de pobreza.

Hay otros indicadores que no se pueden soslayar y que atienden a diversos aspectos de protección y efectivo goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes tales como salud, educación, saneamiento, vivienda, ambiente, protección frente a la violencia, trabajo infantil e interacción social.

Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.