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PROYECTO DE TP
Expediente 5793-D-2019
Sumario: EXPRESAR RECHAZO AL JUICIO CONTRAVENCIONAL QUE SE REALIZA CONTRA LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES Y POLITICAS EN LA PROVINCIA DE JUJUY, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 28/02/2020
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 182
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Rechazar enérgicamente el Juicio Contravencional que se realiza en la Provincia de Jujuy contra organizaciones sindicales, sociales y políticas entre las que se encuentran ATE, CTA, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, la CCC y los partidos del Frente de Izquierda–PTS y PO-, siendo el mismo un procedimiento completamente inconstitucional y arbitrario, que ataca garantías democráticas y constitucionales fundamentales y busca disciplinar a aquellos que protestan.
Acompañar la exigencia de la anulación de la causa y la derogación del inconstitucional Código Contravencional de Jujuy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señor Presidente:
El pasado lunes 10 de febrero del corriente año en la provincia de Jujuy comenzó el Juicio Contravencional en donde se hallan imputadas organizaciones sindicales, sociales y políticas entre las que se encuentran ATE, CTA, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, la CCC y los partidos del Frente de Izquierda –PTS y PO-, quienes vienen denunciando que se trata de un procedimiento completamente inconstitucional y arbitrario, que ataca garantías democráticas y constitucionales fundamentales.
Utilizando nuevamente el Código Contravencional se persigue a organizaciones políticas y sindicatos en una causa armada en el marco de una jornada de protesta convocada contra las políticas de ajuste del gobierno provincial, que en 2017 cerró 5 carreras terciarias, despidió a 338 trabajadores del Ingenio La Esperanza y atacó las condiciones de vida del pueblo trabajador y la juventud de conjunto.
El 4 de abril de 2018 la Policía provincial, por orden del Ejecutivo, valló los ingresos a la Legislatura Provincial impidiendo la libre circulación, para luego reprimir a los manifestantes. Ese mismo fin de semana se produjo un operativo escandaloso que implicó detenciones ilegales de varias personas que se habían manifestado y el armado de causas penales en su contra.
Con la imputación de los artículos 99º, 100º y 113º del Código Contravencional bajo las carátulas de alteración del orden en espacios públicos y obstaculizar la libre circulación, portación de armas y explosivos, se pretende coartar el legítimo derecho a manifestarse, así como transformar a las víctimas de la represión en victimarios.
A todas luces se evidencian las intenciones de amedrentamiento y disciplinamiento de las organizaciones políticas y sindicales, criminalizándolas por el solo hecho de manifestarse. En este juico no se tomaron los mínimos reparos legales para identificar a los presuntos infractores, lo que derivó en el armado de la causa en función de las banderas políticas que pudieron identificar, para apuntar así contra los apoderados legales y secretarios generales.
El Código Contravencional resulta claramente inconstitucional, otorgando a la Policía Provincial facultades extraordinarias, siendo que es esta misma fuerza la que realiza la denuncia, impulsa la causa, actúa como fiscal y determina la elevación a juicio de los presuntos infractores.
No menos susceptible de inconstitucionalidad resulta que la potestad de juzgar está a la cabeza de un funcionario elegido directamente por el Poder Ejecutivo provincial.
Toda la prueba citada por el Departamento Contravencional -imágenes y videos tomados con cámaras de agentes policiales ocultos entre los techos de edificios y con sus propios celulares-, fue obtenida por personal policial de manera completamente violatoria de derechos fundamentales, evidenciando el espionaje ilegal realizado contra las organizaciones perseguidas.
Como ha quedado demostrado en el caso de Milagro Sala -presa política desde hace ya 4 años-, detenida en el 2016 en el marco de una protesta, en Jujuy no se respetan las mínimas garantías constitucionales y se ha instalado un verdadero régimen policiaco, lo que ha ameritado observaciones y denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Código Contravencional persigue a dirigentes sociales, sindicales y políticos pero fundamentalmente a los más afectados por la crisis económica: los vendedores ambulantes, changarines y la juventud de los barrios populares, quienes son criminalizados y hostigados al buscar formas de trabajo informal para sobrevivir, en una provincia donde 9 de cada 10 jóvenes trabajan en negro.
Por todo ello resulta necesario repudiar el juicio contravencional que se está llevando adelante contra las organizaciones sindicales, sociales y los partidos de izquierda, así como la judicialización y persecución que el gobierno de Gerardo Morales ha hecho hábito, tanto como la utilización del Código Contravencional para intentar acallar los reclamos ante el ajuste en curso. Es necesario exigir la anulación de la causa y la derogación del inconstitucional Código Contravencional de Jujuy.
Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| DEL CAÑO, NICOLAS | BUENOS AIRES | PTS - FRENTE DE IZQUIERDA |
| PENACCA, PAULA ANDREA | CIUDAD de BUENOS AIRES | FRENTE DE TODOS |
| DEL PLA, ROMINA | BUENOS AIRES | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
| CALIVA, LIA VERONICA | SALTA | FRENTE DE TODOS |
| ALDERETE, JUAN CARLOS | BUENOS AIRES | FRENTE DE TODOS |
| KOENIG, MARCELO | BUENOS AIRES | FRENTE DE TODOS |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
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