El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1º Anúlese el artículo 23 de la Ley N° 27541, llamada “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, por el cual se amplía en 10.000 pesos mensuales el mínimo no imponible a empresas de hasta de 25 trabajadores, acentuando el desfinanciamiento de la ANSES.

ARTÍCULO 2° Anúlense los artículos 55 y 56 de la Ley N° 27541, mediante los cuales se suspende por ciento ochenta (180) días la movilidad jubilatoria.

ARTÍCULO 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La ley ómnibus de emergencias aprobada por impulso del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional –mal llamada de “solidaridad social”- vino a consumar un nuevo fraude a los jubilados, al servicio del pago de la deuda externa usuraria.

Se ha suspendido, por ley, la movilidad jubilatoria para siete millones de trabajadores pasivos que pasaron a tener aumentos fijados discrecionalmente por el gobierno, que ya hemos visto que implican una lisa y llana reducción de los haberes para un amplio universo de jubilados. El aumento anunciado en febrero para marzo confirma la confiscación de no menos de $60000 millones del bolsillo de los jubilados, cuyo destino es cubrir el quebranto de las cuentas públicas, donde sobresalen la deuda externa y los subsidios a los capitalistas. Se trata solo del comienzo, porque la movilidad suspendida por 180 días por la mega ley de emergencias económicas, hace que en junio también se establezca el próximo aumento por decreto.

Estamos ante un claro ajuste contra los jubilados y pensionados, a quienes se les quita la movilidad por 6 meses -que establecía su aumento de acuerdo a la inflación del último semestre de 2019, es decir, la inflación pasada, que ellos ya han debido costear en sus gastos corrientes con el incremento de precios de todos los elementos de consumo básico.

La mal llamada ley “de solidaridad” es al mismo tiempo de una inconstitucionalidad flagrante, puesto que se ataca un derecho adquirido de manera retroactiva, ya que no está en debate la movilidad por la inflación que vendrá, sino de la que ya fueron víctimas los jubilados, el sector más vulnerable de toda la clase trabajadora. Es decir que el presente proyecto, al eliminar los artículos que suspenden la movilidad, defiende ante todo un derecho adquirido.

Esta ley de Alberto Fernández retrocede aún más sobre la reaccionaria reforma previsional en diciembre de 2017 -donde se aprovechó la instauración de un nuevo régimen de movilidad para evitar el pago de la movilidad anterior. Se actúa de la misma manera que el gobierno que centenares de miles de trabajadores repudiaron en las calles aquellas jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017.

La ley aprobada en diciembre pasado (2019) responde a las exigencias del FMI: recortar drásticamente los gastos previsionales hasta convertir los haberes en una subvención mínima a la vejez, y supone meterle de nuevo la mano en los bolsillos a los jubilados, ahora con una impronta “nacional y popular”. Porque es falso de toda falsedad que los jubilados que más tienen deben ser solidarios con los que menos tienen. Todos los jubilados aportaron de acuerdo a sus salarios para jubilarse de acuerdo a ellos, pero esta ley busca bajar el gasto neto para reforzar el erario público en función del repago de los intereses usurarios de la deuda pública que ha llevado el país a la quiebra.

La movilidad suponía, en la sumatoria de marzo y junio 2020, un aumento en los haberes de alrededor del 27% (11,56% y alrededor del 15%, respectivamente) compensatorio -con retraso- de la inflación sufrida por todos los jubilados en el último semestre de este año. Los aumentos que otorgó por decreto el PEN, por el contrario, ni siquiera intentan mantener el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. El 13% anunciado es para la mínima de jubilaciones y pensiones, que la cobra un 50% del total de beneficiarios. Pero quienes cobran más de la mínima, el otro 50%, no son ricos. Cuando la línea de pobreza roza los $40.000, se ha declarado, objetivamente, a los jubilados que cobran menos que ese importe como opulentos destinatarios de la confiscación. Los porcentajes de aumento son violentamente decrecientes a partir de la mínima y llegan en el otro extremo de la mínima a un 3,8 por ciento.

No se trata aquí de “solidaridad” alguna. Los jubilados perdieron en la era Macri un 20,4% del poder adquisitivo de sus jubilaciones y, con los porcentajes de la ley de movilidad, solo recuperaban parte de esa enorme pérdida, con atraso y en cómodas cuotas.

Por otro lado, es pública la intención de “desindexar la economía” a partir de los ingresos de los trabajadores, en lugar de terminar con la dolarización general de la economía y los combustibles, los impuestazos, los tarifazos, las devaluaciones, las tasas siderales de interés, la monopolización de los formadores de precios, etc.

El reemplazo de la movilidad por el aumento por decreto tiene por objeto asimismo permitir que la ANSES utilice el dinero de los jubilados con otra finalidad. Por eso la misma ley ómnibus modifica el límite que existía del 50% para comprar títulos de deuda con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, elevándolo a un 70%. ¡Una disposición para que la plata de los jubilados que está en la ANSES no vaya a financiar los haberes de los jubilados –que aportaron toda su vida- sino a cubrir los agujeros del Tesoro que dejan los pagos de la deuda!

Esto mientras profundizan el desfinanciamiento de la ANSES, porque la nueva ley aumenta el universo de empresas que quedan exentas de aportes a la seguridad social (eleva el monto a $17.000 para las empresas que contratan menos de 25 trabajadores -¡como si muchas de ellas no fueran distintas razones sociales a través de las cuales operan grandes grupos capitalistas!). Es el camino que han reforzado todos los gobiernos desde la rebaja de aportes patronales de Menem y Cavallo en 1994, y que explica en buena medida por qué no hay plata para pagarle a los jubilados.

El cinismo está en que tampoco se menciona el enorme agujero que supone para los fondos de la Anses el alrededor del 35% de los trabajadores que cobra en negro. Con solo atacar ambos problemas, en los que ninguna responsabilidad tienen los jubilados “adinerados” que cobran por encima de $19.000, los fondos del organismo previsional tendrían un crecimiento mayúsculo, pero no es este tampoco un camino que se plantee recorrer el gobierno.

El gobierno de Alberto Fernández presenta a los jubilados como los grandes responsables del desequilibrio fiscal, mientras impone exenciones y rebajas impositivas para capitalistas de todos los rubros: los bancos (renta financiera), las mineras, las petroleras. El FMI y los tenedores de deuda festejaron esta ley, porque está hecha a la medida del pago a los acreedores a expensas de los jubilados y trabajadores.

Desde el Partido Obrero defendemos a las jubilaciones como lo que realmente son: no una asistencia del Estado “a la vejez”, sino un salario diferido donde, encima, el trabajador en actividad aportó toda su vida laboral, y que la patronal debe garantizar cuando ésta culmina. Por eso reivindicamos el 82% móvil. Desde ese lugar y desde ese concepto, y en oposición a este nuevo robo a los jubilados convalidado por el Congreso, promovemos la urgente anulación de los artículos de la ley 27541 que suspende la movilidad jubilatoria.

Defendemos asimismo los regímenes especiales de movilidad –que el gobierno pretendió llevarse puestos en esta ley, y que la enorme conmoción de los trabajadores logró frenar- como es el caso de los docentes, docentes universitarios, científicos e investigadores. Rechazamos las jubilaciones de privilegio reales, no así los casos en los que han quedado conquistas anteriores que atan el haber al salario en actividad, como debería ocurrir con la totalidad de los trabajadores.

Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas nacionales, el acompañamiento del Presente Proyecto de Ley.