La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo disponga dejar sin efecto los Decretos Nros. 145 y 149 publicados en el Boletín Oficial de día 17 de febrero 2020, entendiendo que los mismos afectan la seguridad jurídica y la estabilidad económica de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Señor presidente:

Con profunda preocupación, tomamos conocimiento del dictado de los Decretos 145/2020 y 149/2020 publicados en el Boletín Oficial N° 34.309, del 17 de febrero del 2020.

Estos decretos constituyen, bajo la apariencia de legalidad de un acto administrativo, una acción de amedrentamiento dirigido contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deben ser analizados en conjunto con otra serie de medidas y manifestaciones expresadas desde el Poder Ejecutivo Nacional en contra los intereses de los vecinos de la Ciudad.

El Decreto 149/2020 instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a que, en un plazo máximo de 60 días, revise la legalidad de los procesos de disposición de bienes inmuebles transferidos por el Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 10 de diciembre del 2015, hasta el 10 de diciembre del 2019, es decir durante todo el gobierno de Mauricio Macri. Si la decisión del Poder Ejecutivo Nacional es cuestionar el proceder de la AABE por un eventual exceso en sus competencias, lo que corresponde es revisar todas las transferencias realizadas desde el día de su creación (Decreto 1382/12, firmado por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner) e incluso no solamente aquellas que se hubieran realizado en favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en favor de otras jurisdicciones.

Este tipo de medidas del Poder Ejecutivo Nacional reflejan un patrón de conducta que busca perjudicar los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que afecta los derechos de sus vecinos y ciudadanos; y desconoce el estatus jurídico de la Ciudad asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2019, al declarar que tiene la misma posición que las provincias en el sistema normativo.

Estos decretos publicados son un ejemplo de la conducta persecutoria en términos políticos de la que es víctima la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su gobierno y sus ciudadanos, sin mayores fundamentos que los caprichos del Poder Ejecutivo Nacional, que adopta actitudes y acciones intimidatorias hacia las jurisdicciones provinciales y mediante las cuales afecta sus recursos presupuestarios y los priva de mecanismos legítimos de financiación de obras. La transferencia de bienes ha mejorado la calidad de vida de las personas que transitan la Ciudad de Buenos Aires, ya que ha permitido la realización de obras que benefician a los vecinos de la Ciudad y a los ciudadanos viajan todos los días desde la Provincia de Buenos Aires.

No resulta casualidad que en momentos que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra encarando una política de ajuste y atravesando una crisis en materia fiscal, a la vista de todos, se elijan estos mecanismos para castigar a aquellas jurisdicciones que no presentan el mismo color político y que han demostrado una eficiente gestión de sus recursos, tal como es el caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy queremos dejar en evidencia estas conductas que perjudican a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es necesario que se busquen mecanismos transparentes de acuerdos entre las diferentes jurisdicciones, que se resguarden los intereses de las partes, y que siempre se prioricen los intereses de los vecinos, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto los decretos en cuestión.

Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.