La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su preocupación por la Resolución 37/2020 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, publicada Boletín Oficial de día 18 de febrero 2020, entendiendo que la misma coloca en una situación de desigualdad en el acceso a los servicios de salud a los futuros jubilados de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANOS - OSPE, y se constituye en un antecedente preocupante para los futuros jubilados de todas las Obras Sociales inscriptas en el Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados.

Señor presidente:

Con profunda preocupación, tomamos conocimiento de la Resolución 37/2020 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, publicada Boletín Oficial de día 18 de febrero 2020.

Dicha Resolución otorga en su artículo primero la baja a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANOS - OSPE del Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados, estableciendo en su artículo segundo que OSPE deberá mantener su obligación respecto de aquellos jubilados y pensionados que a la fecha de publicación de la presente se encuentren afiliados a la entidad.

Lo expuesto, coloca a los nuevos jubilados de OSPE en una situación de desigualdad en el acceso a los servicios de salud, situación que como Legisladores nacionales y garantes del Derecho Humano a la Salud, en los términos del artículo 75 inciso 22 e inciso 23 de la Constitución Nacional, no podemos permitir.

Asimismo, esta Resolución se constituye en un antecedente preocupante para los futuros jubilados de todas las Obras Sociales inscriptas en el Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados.

Los beneficiarios de OSPE y de todas las Obras Sociales inscriptas en Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados, tienen la expectativa legítima de continuar recibiendo los servicios de salud de su Obra Social de origen, y de esta forma continuar la relación sanitaria con los mismos profesionales de la salud que los han atendido durante sus años activos de actividad laboral, destacándose que en la relación médico-paciente el vínculo personal y la confianza son elementos fundamentales.

Por otra parte, no podemos dejar de hacer notar que el Poder Ejecutivo Nacional ha mostrado una conducta recurrente al cambiar las normativas relacionadas con los jubilados, siempre en un sentido perjudicial para los mismos.

En efecto, la suspensión de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales en diciembre de 2019, y la consecuente suba discrecional de las jubilaciones mediante un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, no es otra cosa que un ajuste para una gran parte de los jubilados.

Dicha situación ha sido denunciada por el Dr. Eugenio Semino, funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró que la medida es regresiva y viola los criterios de proporcionalidad y equidad, anticipando que recurrirá a la justicia para que declare la inconstitucionalidad de dicho Decreto.

Finalmente, queremos destacar que desde su asunción, el Poder Ejecutivo Nacional, ha sido consistente en dictar medidas que generan incertidumbre y ansiedad en los jubilados y pensionados, siendo la Resolución objeto de esta declaración, no sólo un ejemplo más de esta tendencia, sino que un ejemplo gravísimo que juega con la salud de nuestros adultos mayores.

Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas que me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.