La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional para que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros y demás organismos competentes, informe a esta H. Cámara, acerca de los diferentes aspectos relacionados a la continuidad de los contratos de “locación de obras y servicios” enmarcados en las leyes 23.283, 23.412, 25.363, cuyo objetivo es con el objeto de proveer de funcionamiento y modernización a Administración Publica Nacional a través de convenios con los entes cooperadores, a saber:

1. ¿Qué cantidad de empleados se encuentran hoy bajo esta modalidad de contratación?

2. ¿Considerando que esta modalidad de contratación suele ser anual, que cantidad de estos contratos concluirán antes del 1° de enero de 2019??

3. ¿En qué porcentaje del total serán renovados los contratos anteriormente nombrados?

4. ¿Cuál sería el destino laboral de las personas que no pudieran renovar dicho vínculo contractual?

5. ¿Se está evaluando prohibir la contratación de personal a través de entes cooperadores?

6. ¿De qué manera se garantizará el correcto funcionamiento del Programa "Las Víctimas contra las Violencias"?

7. ¿Cuál es el esquema que se planea para sostener el trabajo de los más de 90 centros de Acceso a la Justicia?

Señor presidente:

El presente proyecto de Ley tiene como objeto esclarecer el futuro de más de 10 mil trabajadores hoy bajo contrato con los entes cooperadores de la Administración Publica Nacional a través de la modalidad de “locación de obras y servicios”. Recientemente han salido a la luz notas periodísticas que indican el peligro de que este tipo de contrato sea extinguido de la administración pública nacional a más tardar el 1ro de enero de 2019, algo que no haría más que perjudicar a dichos trabajadores y a los miles que se benefician secundariamente del flujo de fondos que esos trabajos generan en un momento en que la población está sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales llevadas adelante por el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el Presidente Mauricio Macri.

Ante el temor de diputados y trabajadores por el futuro de dichos puestos laborales es que solicito a la jefatura de gabinete de ministros que esclarezca esta situación.

Es importante destacar que entran en riesgo las áreas destacadas en la atención a la Violencia de Género, ya que debido al conflicto que suscita este decreto desde el viernes, la línea 137 y el 0800-222-1717 están atendidos sólo por seis coordinadores.

"Las Víctimas contra las Violencias" es el programa con el que desde 2006 el Ministerio de Justicia de la Nación responde a situaciones de violencia familiar y abusos sexuales. Con un promedio de más de mil atenciones mensuales, en doce años sus profesionales asesoraron en más de 200 mil casos e intervinieron directamente en más de 43 mil casos en todo el país. Pero el programa podría desaparecer, como muchos otros del Ministerio de Justicia, y por eso los y las trabajadoras están en cese de actividades. Tal como destaca en su nota el diario Clarin .

Sus trabajadores explicaron en un comunicado:

"Ante el peligro de la pérdida de 10 mil puestos de trabajo en el Estado, lxs trabajadorxs del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias estamos organizadxs y, por primera vez en 12 años, con cese de actividades. Desde 2006, el Programa acompaña a víctimas de violencia familiar y sexual ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Nos vemos obligadxs a tomar estas medidas en defensa de nuestros puestos de trabajo y de las políticas públicas que garantizan los derechos de las víctimas".

Asimismo, más de 90 Centros de Acceso a Justicia (CAJ) en todo el país corren el mismo riesgo. Se trata de espacios que brindan servicios de atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, vivienda, trabajo, documentación. Asesoran a personas que viven en zonas vulnerables y que no tienen otro acceso. Ayudan en divorcios, tenencias de niños, certificados de convivencia, todo tipo de violencias, documentación, discapacidad, residencias de migrantes, tarifas sociales, viviendas, desalojos, procesos penales. Sus trabajadoras y trabajadores a su vez, también emitieron un comunicado:

"Lxs trabajadorxs de los Centros de Acceso a la justicia, administrativxs, trabajadorxs sociales, piscologxs y abogadxs que realizamos asesoramiento, asistencia y acompañamiento a personas, familias y comunidades en situaciones donde se encuentran vulnerados sus derechos, nos encontramos en estado de alerta y movilización debido a que nuestros puestos de trabajo se encuentran en peligro".

En muchas otras reparticiones públicas ya empezó a conocerse la letra del decreto que ha sido difundido por las notas citadas anteriormente con el objetivo de rescindir contratos masivamente antes de fin de año. Esto genera angustia e incertidumbre en toda la clase trabajadora y sus familias, actualmente en muchos lugares de trabajo ya se están poniendo en pie asambleas para debatir cómo enfrentar este nuevo ajuste, y es imperativo que el Congreso busque certezas ante esta situación realmente desesperanzadora.

El Gobierno de Mauricio Macri debe deponer la actitud clasista en contra de los trabajadores y comprender que son estos quienes han puesto a la Argentina entre los principales países del mundo a través de su esfuerzo propio, y no el mercado, única entidad a la cual esta administración parece responder.

Por todas las razones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.