PROYECTO DE RESOLUCION


Expediente 5611-D-2018
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL SE ABSTUVO DE CERRAR EL REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE VENTAS AL EXTERIOR "- DJVE -", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha:
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe a través del organismo que corresponda:
1. El motivo por el cual se abstuvo de cerrar el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, DJVE, los días 30 y 31 de agosto pasados.
2. Informe cuántos días estuvo cerrado el Registro durante el mes de septiembre.
3. Informe el promedio de toneladas de granos declaradas mediante las DJVE durante los primeros 29 días del mes de agosto.
4. Informe el total de toneladas de granos declaradas en los días 30 y 31 de agosto.
5. Informe el promedio de toneladas de grano declarado durante los primeros 29 días de agosto por las siguientes exportadoras: Aceitera General Deheza S.A; Oleaginosa Moreno Hnos SA; Bunge Argentina SA; ADM Agro SRL; Cofco Internacional Argentina; Cargill SA; LDC Argentina SA; Asociación de Cooperativas Argentina y Amaggi Argentina SA.
6. Informe, discriminando por tipo de grano a exportar, el total declarado por dichas empresas los días 30 y 31 de agosto.
7. Informe a cuánto ascendería el monto de las retenciones que le corresponderían a estas exportaciones si estuvieran gravadas con las alícuotas vigentes al 31 de agosto y a cuánto con las que se aplicaron a partir del 1° de septiembre.
8. Informe si se le ha solicitado a las empresas mencionadas que acrediten el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 26.351 que exige acreditar la tenencia o adquisición previa de la mercadería a exportar antes de que se produzca el incremento de las alícuotas.
9. En caso de ser afirmativo informe cuál ha sido la respuesta de éstas exportadoras.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


A pesar de haberlo negado sistemáticamente, el Presidente de la Nación dispuso incrementar las alícuotas de las retenciones a la exportación de cereales. La medida se tomó dentro de un paquete mayor, a efectos de superar la crisis fiscal, financiera y política por la que se encuentra atravesando el actual gobierno.
Según el propio mensaje presidencial, las medidas van a provocar un fuerte ajuste socio económico que habrá de provocar un mayor incremento de la pobreza.
Como siempre ocurre en el capitalismo de mercado serán los sectores más desprotegidos los que se verán más afectados; mujeres, jóvenes y trabajadores en general pagarán el ajuste en mucha mayor medida que las grandes empresas y los sectores financieros y extractivos.
Las grandes compañías exportadoras de cereales han sido uno de los sectores que más se ha beneficiado con las políticas de este gobierno y con la brutal suba del valor de la moneda norteamericana. Al anunciarse recientemente la aplicación de nuevas alícuotas de retenciones para sus exportaciones creímos ver que las cerealeras también iban a pagar el costo del ajuste, pero de manera casi inmediata nos enteramos que el Registro de DJVE se mantuvo abierto para que las exportadoras se beneficiaran declarando anticipadamente operaciones a futuro.
Las cereales ya habían actuado de manera similar durante el anterior gobierno cuando les comenzaron a aplicar las retenciones, declarando operaciones de exportación aún antes de haber adquirido los granos, beneficiándose con la no aplicación de los nuevos aranceles. Ello así hasta la sanción de la Ley 26.351 denominada Ley Martínez Raymonda en homenaje a su autor, el demoprogresista santafesino. Mediante esta norma sancionada en enero de 2008, se obligó a los exportadores la acreditación fehaciente de la tenencia o adquisición de los productos con anterioridad a la presentación de la DJVE en caso de existir un incremento de las alícuotas en los aranceles a las exportaciones en el periodo comprendido entre la declaración y la destinación de embarque. Es decir, a partir de esa ley, la regla general es que en caso de operar un incremento de las retenciones entre la declaración jurada y la oficialización de la operación, los exportadores deberán pagar la nueva alícuota. Sólo podrá eximirse del nuevo arancel el exportador que cuente con el producto o acredite fehacientemente que lo compró al tiempo de anotar la operación.
Para evitar que se produzcan situaciones litigiosas, es costumbre que el Registro (que funciona online) se deshabilite durante los días previos a un cambio en la política arancelaria. Ello efectivamente fue cumplido por este mismo gobierno en oportunidades anteriores (cuando a la postre no se cambió la política), pero no fue hecho en esta oportunidad (cuando sí se cambió la política). Recién después que las cerealeras hubieran declarado más de 8,5 millones de toneladas los días 30 y 31 de agosto, se procedió a cerrarlo el día lunes 3 de septiembre.
Solamente estos 8,5 millones de toneladas declaradas habrán de significar un beneficio para las exportadoras equivalente a 2.000 millones de pesos. Entre Cargill; Aceitera Gral Deheza; ADM y Bunge se reparten un regalo de parte del gobierno de más de 1.000 millones de pesos. Como se ve, el ajuste no es igual para todos.
El responsable del área de agricultura de este gobierno ha sido cuestionado aún por la actual Oficina Anticorrupción (OA) por su relación con su ex empleadora, la Sociedad Rural Argentina, de la que cobró una importante suma de dinero días antes de asumir en su cargo. A pesar de haber mentido públicamente al sostener que se trataba de un honorario pendiente, la OA dictaminó que "La retribución no tuvo contraprestación aparente, no registra precedentes y se produjo en el marco del traspaso del agente de una Institución al área de gobierno con atribuciones sobre la Sociedad Rural Argentina y sus representados"
La OA también le aconsejó a Luis Etchevehere “que evite conflictos de intereses con el sector privado “como asimismo le reiteró que “en virtud de la trascendencia de sus funciones sobre el sector agropecuario, deberá evitar la compra de acciones en empresas relacionadas con la actividad, así como integrar asociaciones vinculadas al sector que regula. Los intereses públicos que debe tutelar –culmina la nota- resultan incompatibles con cualquier interés sectorial”.
El mantenimiento del Registro de DJVE para favorecer a las cerealeras puede enmarcarse dentro de los innumerables conflictos de intereses que afectan a este funcionario, motivo por el cual solicitamos se brinden las respuestas con la mayor urgencia.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el presente pedido de informes.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
CONTIGIANI, LUIS GUSTAVO SANTA FE FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
AGRICULTURA Y GANADERIA (Primera Competencia)

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