La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, sobre la deuda que la Agencia Nacional de Discapacidad mantiene con los titulares y con los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, a través del organismo correspondiente, informe:

• Cuáles son los motivos del atraso en los pagos a los titulares y a los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

• De qué manera prevé la Agencia Nacional de Discapacidad cancelar las deudas que mantiene con los titulares y con los prestadores de servicios de salud del Programa Federal Incluir Salud que corresponden a prestaciones realizadas en 2016.

• De qué manera prevé la Agencia Nacional de Discapacidad cancelar las deudas que mantiene con prestadores de servicios de salud del Programa Federal Incluir Salud que corresponden a prestaciones realizadas en 2017.

• De qué manera prevé la Agencia Nacional de Discapacidad cancelar las deudas que mantiene con prestadores de servicios de salud del Programa Federal Incluir Salud que corresponden a prestaciones realizadas en 2018.

• Cuándo prevé la Agencia Nacional de Discapacidad regularizar la totalidad de los pagos atrasados a titulares y a los prestadores de servicios de salud incluidos en el Programa Federal Incluir Salud.

• A través de qué mecanismos prevé la Agencia Nacional de Discapacidad cancelar la totalidad de los pagos atrasados a los titulares y a los prestadores de servicios de salud del Programa Federal Incluir Salud.

• Qué mecanismos prevé para evitar que se vuelvan a generar atrasos en los pagos a los titulares y a los prestadores de servicios incluidos en el Programa Federal Incluir Salud.

Señor presidente:

Distintas organizaciones e instituciones prestadoras de servicios que trabajan con personas con discapacidad se encuentran en una situación de extrema gravedad debido a la deuda que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mantiene con ellos.

Estas organizaciones e instituciones prestan servicios a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Este es un programa de la ANDIS que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas. Este Programa incluye a las personas con discapacidad con invalidez laboral. Incluir Salud es, en la mayoría de los casos, la única cobertura de salud a la que este grupo de personas pueden acceder. Según los datos que figuran en la página web de la ANDIS, el Programa “transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad”.

ASAC, AIEPEsA, la Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, ATAECADIS, CAIDIS, CEMARID, la Federación Converger, FENDIM, HODIF, la Obra Don Orione y CASAIE son instituciones que integran el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 31 de agosto próximo pasado emitieron un comunicado en el que manifestaban su preocupación con respecto al comunicado de prensa emitido por la ANDIS que afirma que “ya comenzó a regularizar los pagos atrasados con los prestadores de servicios para personas con discapacidad beneficiarios del Programa Incluir Salud” y que recién “durante la segunda semana del mes de septiembre” se cancelarían las deudas existentes con los prestadores de servicios para personas con discapacidad “correspondientes al período enero-mayo, y parte del mes de junio”.

El jueves 30 de agosto próximo pasado se realizó más de 6000 personas se movilizaron frente al Congreso de la Nación. El Padre Pablo Molero, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, institución integrante del Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pidió a las autoridades de la ANDIS “que la semana próxima llegue dinero a las instituciones para paliar la asfixia económica en que se encuentran. Dos semanas para disponer de la partida de dinero para pagar, sumado al proceso administrativo que se requiere para efectivizarlo, es muchísimo tiempo para tanto atraso”.

Actualmente, la ANDIS adeuda una importante suma de dinero no solo a las familias de las personas con discapacidad, sino también a las instituciones y organizaciones que los asisten, a los transportistas y a los profesionales que las atienden. El monto total de la deuda incluye prestaciones realizadas en 2016, 2017 y 2018 y genera una situación extremadamente grave, ya que impide a las familias y a las instituciones que atienden a las personas con discapacidad hacer frente a cuidados y prestaciones que son imprescindibles para su correcta atención: desde la atención profesional –de distintos grados de complejidad- hasta la alimentación y el transporte.

Desde el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncian que la situación de “asfixia económica” en que se encuentran ha puesto en peligro el pago de los honorarios profesionales, de los sueldos y de las cargas sociales de sus empleados; la compra de insumos, el transporte de las personas con discapacidad, y muchas otras prestaciones.

El contexto económico actual de alta inflación y de aumento de costos constantes, la deuda que la ANDIS mantiene con los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud no hace más que agravar la situación. Amparándose y justificándose en cuestiones técnico-administrativas y burocráticas desde la ANDIS se descuida, se falta el respeto y se somete a las personas con discapacidad a un trato cruel.

En junio de 2008 fue promulgada en Argentina la Ley 26.378 a través de la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. Mediante la Ley 27.044, aprobada en noviembre de 2014, se otorgó jerarquía constitucional a esta Convención que obliga al Estado argentino a cumplir con una serie de obligaciones.

Sobre los derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad quiero referirme especialmente a cuatro de ellos: al derecho a la salud, al derecho a la habilitación y rehabilitación, al derecho a la educación; y, por último, al derecho a un nivel de vida adecuados y a la protección social.

Esta situación de extrema injusticia social que se ha generado a partir de la deuda que la ANDIS mantiene con los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud pone de manifiesto dos de las obligaciones estatales que se vuelven aquí particularmente relevantes: la de asegurar a las personas con discapacidad la igualdad ante la ley y la de fomentar el respeto hacia ellas.

Los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad son los que merecen nuestra mayor atención, el mayor respeto y los mejores cuidados por parte del Estado. La intervención estatal es imprescindible e irreemplazable. Y no puede esperar. Ninguna excusa es válida, no hay argumento razonable que pueda explicar el abandono, la falta de respeto y el trato cruel que están sufriendo las personas con discapacidad y sus familias por parte de los funcionarios de la ANDIS.

Señor Presidente, es inaceptable e indignante la situación de injusticia que están padeciendo las personas con discapacidad y sus familias. La respuesta del Estado y la solución de sus problemas no pueden esperar los tiempos de la burocracia. La justicia social debe ser ejecutada de manera urgente, de lo contrario se seguirá tolerando una situación sumamente injusta.

Si el Estado no actúa o no cumple con su obligación, abandona. Es mi deber como representantes de todos los habitantes de la Nación Argentina, trabajar y agotar todas las herramientas que están a mi alcance para velar que se les garantice el acceso y el disfrute de los derechos humanos.

Porque es imprescindible que el Estado cumpla con sus obligaciones hacia las personas con discapacidad y por la importancia que reviste la irreemplazable, permanente y urgente presencia del Estado junto a los sectores más vulnerables y más necesitados, pido a mis pares que me acompañen en este proyecto.