La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar al plan de control migratorio que el gobierno busca poner en marcha a partir del mes de septiembre del corriente que, a través de una aplicación de teléfonos celulares para policías provinciales, médicos de hospitales y fuerzas de seguridad nacional, buscar ser un nuevo instrumento de aplicación de la política persecutoria y expulsiva hacia los migrantes que diseñó el decreto 70/2017.

Denunciar los alcances profundamente anti-democráticos de estas medidas, que vulneran derechos humanos fundamentales para los migrantes en nuestro país, como el derecho a la salud y la educación y el respeto a las garantías constitucionales contra persecuciones arbitrarias.

Instar a esta Cámara a dar inmediato tratamiento al proyecto de ley -Expte. 3193-D-2018- de anulación del DNU 70/2017 que crea un nuevo andamiaje legal en materia de políticas migratorias inspirado en la persecución y la vulneración de derechos a los trabajadores migrantes.

Señor presidente:

El pasado 19 de agosto los medios de comunicación informaron que el gobierno nacional aplicará a partir del mes de septiembre un plan para reforzar medidas de control migratorio, que consistirá en una aplicación que tendrán en sus celulares los policías provinciales, médicos de hospitales y fuerzas de seguridad nacional. Según trascendió, se trata de una política elaborada por el Ministro de Interior, Rogelio Frigerio junto con la Dirección Nacional de Migraciones, que preside Horacio García.

Con esta app se quiere aplicar un plan de control masivo y sistemático contra los migrantes, que revestirán automáticamente la categoría de “sospechosos” por el solo motivo de su nacionalidad. Todo el plan se funda en una premisa criminalizadora y estigmatizante de los migrantes, y apunta a facilitar trámites de extradición y expulsión del país. Los agentes de aplicación serán los policías provinciales o federales y los médicos de hospitales.

Según se informó, con este mecanismo los migrantes que no hayan podido completar sus trámites de radicación serán instados, so pena de ser expulsados del país, a completarlos con un plazo de 30 días como intimación para regularizar su situación, ¡pero el trámite para obtener en documento para estar legalmente en el país suele durar entre 30 y 40 días! Regularizar la situación tampoco es gratuito: tiene un costo de 3.000 pesos para ciudadanos del Mercosur y 6.000 pesos para los extraMercosur. En septiembre de 2017 las tasas migratorias aumentaron de 200% a 6.000% y luego volvieron a incrementarse gracias al tarifazo que implementó el gobierno en el mes de junio –también por decreto- en materia de tasas migratorias (Decreto N° 475/2018). Con ello se colocó al migrante pobre en la imposibilidad de pagar y se lo sometió a solicitar, sin otra opción, un nuevo turno con una demora que implica doce meses más, conllevando en muchos casos a que por falta de recursos económicos caiga en una situación migratoria irregular.

Resulta evidente que las nuevas medidas son parte de una política persecutoria para habilitar expulsiones express del país de los migrantes pobres. Infobae (19/08/2018) informa que “en el caso de que el inmigrante tenga antecedentes penales y se encuentre cerca de la frontera se lo trasladará a un auxiliar de migraciones para iniciar el trámite de expulsión con un procedimiento judicial”, y agrega que a su vez: “está contemplado que esta persona sea puesta a disposición de las autoridades judiciales para eventualmente accionar la deportación”.

El diario La Nación amplía información en el mismo sentido: “Según los funcionarios migratorios, si se identifica a un extranjero con ingreso ilegal circulando cerca de un paso fronterizo, en flagrancia, se lo podría expulsar del país hasta que haga su ingreso legal. En caso de ser residentes ilegales se les dará un plazo de 30 días para radicarse. Suelen encontrarse casos en hospitales, donde se atienden: los médicos los podrían detectar con la aplicación de su celular.”

Esta escalada persecutoria contra los migrantes también implicará un ataque a derechos elementales como el acceso a la salud. Es un paso adelante en las políticas xenófobas que ya están queriendo aplicar gobiernos provinciales con la restricción de la atención sanitaria a los migrantes pobres –como hemos visto en Jujuy- y que cuentan con el auspicio del gobierno nacional, como parte del desguace del sistema de salud pública que vienen aplicando quienes nos gobiernan sistemáticamente desde hace décadas. En este congreso nacional hay proyectos presentados para darle status legal a discriminaciones de este tipo contra los migrantes.

Las nuevas medidas se inscriben en la aplicación del decretazo anti-migrantes 70/2017 sobre política migratoria y de ciudadanía por naturalización. Cuando éste fue publicado, denunciábamos en el proyecto de anulación que instamos a que esta cámara trate, que se trataba de “la antesala de persecución de cualquier inmigrante con o sin antecedentes, con radicación regular o irregular”. El DNU de 2017 no sólo agrava las causas que restringen el ingreso y permanencia de los extranjeros en el país, sino que colocó mayores trabas para la radicación. Ahora una simple contravención, sujeta a la arbitrariedad policial (que en este país se dictan por el “delito” de pintar una pared, o por ejercer la prostitución “en un lugar inadecuado” –es decir, fuera del alcance de las redes de trata y la correspondiente coima policial), es suficiente para la punición. Actualmente, ese DNU se halla sujeto a revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de haber sido declarado nulo en la Sala V de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal.

La expulsión de toda persona que esté procesada (sin que se haya comprobado su culpabilidad) implica que se invierte la carga de la prueba: todo inmigrante bajo acusación o procesamiento es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por el solo hecho de ser extranjeras, algunas personas serán destinatarias de un castigo diferente, especial y desigual.

El resultado de esta política es que en los últimos tres años el Gobierno avanzó en la radicación de 530.000 extranjeros en la Argentina. En el 2016 hubo un total de 1.200 expulsados por tener antecedentes penales y está en proceso de "extrañamiento" unas 600 personas que tienen condenas.

El objetivo detrás de estas medidas es reforzar la asociación del migrante con la criminalidad –en un país donde reina la impunidad para las grandes bandas de narcos y los responsables del delito organizado, que han gozado incluso de sucesivos blanqueos de capitales. Toda esta política contra los migrantes retrotrae, en sus principios y planteamientos, a la fascistizante Ley de Residencia de inicios del siglo pasado y a la Ley de Migraciones de la última dictadura cívico-militar.

En el marco de la brutal ofensiva que quieren aplicar Macri, los gobernadores y el FMI contra la clase obrera, la escalada anti-migrantes ataca a los trabajadores provenientes de otros países para facilitar su sobreexplotación en todos los planos. El trato que reciben éstos no es el mismo trato que reciben las multinacionales mineras, petroleras, comerciales o bancarias de origen extranjero, que forman parte del circuito del delito organizado como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, etc.

La persecución al extranjero sólo apunta a deprimir, todavía más, el piso de la condición de vida y de trabajo de toda la clase obrera. Defendemos la unidad en la lucha de los trabajadores nativos y extranjeros.

Por estas razones solicitamos el acompañamiento de los señores Diputados/as.