El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°. Derógase el Decreto-Ley “S” N° 2075/58 y sus modificatorias.

Artículo 2°. Los miembros del Cuerpo Federal de Inteligencia Criminal que a través de esta ley se deroga, a los fines de poder permanecer en la fuerza y ser reasignados en sus funciones, deberán estar en condiciones de revalidar su aptitud profesional y ética mediante instancia de adecuación profesional a definir por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Artículo 3°. De forma.

Señor presidente:

Desde 1958 la PFA cuenta con un cuerpo secreto, regulado por una norma también secreta, que en origen se denominó Cuerpo de Informaciones (hoy Cuerpo Federal de Inteligencia Criminal), cuya misión era reunir información indeterminada sobre cualquier aspecto o factor que pudiese considerarse una amenaza a la Seguridad del Estado.

La organización y funcionamiento de este turbio organismo fue establecida inicialmente por el Decreto-Ley “S” 2075/58, luego modificado por otras normas reservadas en 1963, 1967 y posteriores. Vale decir, todos hitos ocurridos bajo períodos de interrupción constitucional y signados por la vara ideológica de la Doctrina de Seguridad Nacional.

El cuerpo de informaciones había sido creado como un Escalafón Secreto con Estado Policial. Sin embargo, en oportunidad de legislarse en 1958 respecto a la estructura orgánica de la Policía Federal, por razones aún debatibles, dicho cuerpo fue excluido de su integración. Así como tampoco fue incorporado a la composición escalafonaria de la fuerza en momentos de aprobarse la Ley de Personal de la PFA en 1979.

Lo especialmente delicado respecto a este cuerpo es que, además de ser secreta la identidad de sus integrantes, su ley orgánica no estableció ninguna incompatibilidad con otros empleos públicos o privados. Más bien pareciera haber implícitamente alentado que los miembros del cuerpo pudiesen tener más de un trabajo a efectos de facilitar las actividades de infiltración.

Algunos de sus integrantes más nefastos tuvieron actuaciones terribles durante la época del Terrorismo de Estado destacándose entre ellos, Luis Falco (apropiador de Juan Cabandie), Juan Antonio del Cerro (“Colores”) y Julio Hector Simón (“Turco Julian”) quienes estuvieron implicados en la operación de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

Un caso que recientemente ha adquirido notoriedad es el del oficial José Pérez que desde la década del ’80 recibió de sus superiores del Cuerpo de Informaciones la orden de infiltrar organizaciones locales de la colectividad judía. Por varios años cumplió esa tarea haciéndose pasar por un joven militante, llegando a integrar espacios de conducción y a ser incluso uno de los responsables de seguridad del edificio de la AMIA antes que éste fuera objeto del atentado en 1994. Como narran los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky en su reciente libro “Iosi. El espía arrepentido”, en curso de su misión José Pérez entregó planos internos del edificio de la mutual a sus superiores, indicándoles además brechas de seguridad. El oficial Pérez está convencido que esa información fue utilizada para planificar e implementar aquel ominoso atentado y ha declarado a fin de colaborar con el avance de la investigación en el año 2014 ante la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA. Actualmente reside con una identidad nueva en algún pueblo desconocido del interior, donde se halla amparado por el programa de protección de testigos.

Otro caso que adquirió dimensión de escándalo en 2013 fue el del oficial Américo Balbuena, también integrante del cuerpo de informaciones, quien infiltró por años la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh.

En este sentido, debe señalarse que este servicio de informaciones e inteligencia dentro de la fuerza policial se encuentra exento casi por completo de controles, más allá del ejercido por los jefes de la institución, y que por ser secreto cercena toda posibilidad de acceso a los “prontuarios” de los ciudadanos que esa área de la PFA confecciona. La lógica que da vida a esta dependencia se basa en que todos los habitantes de la nación son en principio sospechosos. Por ello, los prontuarios son alimentados por los espías o por el registro de simples hechos de la vida cotidiana que imprimen una huella burocrática en la vida de las personas y que la policía captura, acumula y oculta. De esta manera, toda la ciudadanía y su actividad política y social integran un vastísimo cuerpo de informaciones en poder de una fuerza armada que puede usarlo en forma discrecional” .

Como señala Tiscornia, el secreto y las dificultades de acceso a esa información más que deberse a razones de defensa nacional o de seguridad es consecuencia de una pesada herencia inquisitorial que todavía pesa sobre algunas instituciones del Estado democrático que tiende a privilegiar el “derecho” de las instituciones por sobre el de las personas a proteger su vida privada, a la vez de que ese almacenamiento de información secreta resulta en la acumulación de un poder extraordinario que puede ser empleado arbitrariamente para amenazar, coaccionar, presionar y, también, para hacer negocios.

Por otro lado, desde la perspectiva de los propios agentes que integran el cuerpo su actividad no resulta sostenible, toda vez que el secreto de su identidad les ocasionaba (aún lo hace) serios inconvenientes en el desarrollo de su vida personal y familiar y a la hora de alquilar o comprar una vivienda, de solicitar un crédito, o de realizar algún trámite bancario, entre otros. Tampoco sus integrantes existen ante la AFIP, dejándolos en una situación irregular ante el fisco, que raya incluso lo delictual.

En este contexto, entonces, se torna más que improrrogable terminar con esta nebulosa jurídica que tiene al Cuerpo Federal de Inteligencia Criminal de la Policía Federal atado a concepciones caducas y reñidas con el ordenamiento vigente.

Por todo lo expuesto, colegas legisladores, solicito me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.